Por María Teresa García

Pese a tratarse de un tema de interés nacional, el fujimorismo se opuso rotundamente a que se hiciera público el informe final de la comisión que investigó las contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con empresas chinas por más de 10 mil millones de soles.

Tal como lo prometió en semanas anteriores, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, puso en debate el citado informe; sin embargo, sus propios colegas de la bancada de Fuerza Popular (FP) se opusieron a que se retirara la reserva para hacer públicas las recomendaciones y conclusiones del documento, que se encontraba lacrado.

La comisión investigadora, liderada por el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, analizó los contratos realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante los periodos de gobierno comprendidos entre 2018 y 2022.

Determinó que en el MTC existía un total de 93 contratos de obras por un valor de S/ 10,123’305,826.31 en el periodo 2018-2022, firmados entre el Estado peruano y 13 empresas chinas.

Otra de las conclusiones señala que, producto de las pesquisas realizadas, se “ha logrado determinar la existencia de tres organizaciones criminales enquistadas dentro del aparato estatal del MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, las cuales se encontrarían lideradas por Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando fue presidente de la República”.

Oposición fujimorista

Durante la sesión plenaria, varios congresistas –entre ellos José Cueto (Honor y Democracia), Edward Málaga y el propio Héctor Valer– solicitaron que el debate fuera público, como se había hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, las legisladoras fujimoristas Patricia Juárez y Martha Moyano se opusieron, señalando que ello contravenía el Reglamento del Congreso.

“Estamos en un momento electoral donde cada uno quiere mostrar su mejor rostro y abrir todos los temas. Sí, tal vez los ciudadanos podrían tener interés en este tema, pero hay un artículo en el Reglamento que señala que no se puede hacer público el informe de una comisión investigadora. Esto sería ir en contra del Reglamento. (…) No se trata de un afán de encubrir absolutamente nada, sino de acostumbrarnos a respetar nuestras propias disposiciones”, señaló Patricia Juárez.

Su colega, la legisladora Martha Moyano, indicó que no se podía hacer un “circo” del informe final, más aún cuando se atraviesa una campaña electoral.

“Todos sabemos que los informes de las comisiones investigadoras son reservados y que la reserva se levanta con mucho cuidado. No podemos hacer de esto un circo, de un debate nos gusten o no las empresas chinas, en plena campaña electoral. Aquí se van a sacar los ojos y la prensa va a estar atenta a todo eso, y esto va a generar morbo afuera. (…) Como es un informe final que va a tener que ir a una instancia judicial, se caería si en este momento hacemos público todo; entonces se caería el proceso, o ¿queremos eso?”, preguntó.

Visiblemente sorprendido, el congresista José Cueto respondió que en más de una ocasión se levantó la reserva en casos de igual importancia y nadie se opuso.

“Me sorprendo porque el Reglamento es una ley orgánica, pero hay muchos antecedentes. Recuerden el voto digital; el Reglamento dice que, aprobada la primera votación, hay que esperar una semana para la segunda, pero se hizo al día siguiente, se publicó ese sábado y el lunes ya estaba en el diario oficial. Nos dijeron que era práctica parlamentaria y que eso se podía hacer. Acuérdense de los informes de Lava Jato, de Luciana León: todo se levantó (la reserva) y no pasó nada”, recordó Cueto.

En primera votación, con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 8011 y 9357. La iniciativa propone fortalecer y dinamizar la reactivación económica agraria y promover la inversión privada en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas, iniciativas impulsadas por la congresista Cruz María Zeta Chunga (bancada FP) y el parlamentario Darwin Espinoza Vargas (bancada PP), según la nota de prensa del Congreso.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Agraria, Jeny López Morales (bancada FP), defendió el texto sustitutorio elaborado por su grupo de trabajo y explicó que la propuesta busca reforzar el marco jurídico que permita impulsar la producción agrícola y promover inversiones en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas, en concordancia con las disposiciones establecidas en las leyes 27887 y 28042.

“La propuesta tiene por objeto fortalecer y dinamizar el marco jurídico para promover la reactivación económica agraria y la inversión privada en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas”, sostuvo la legisladora durante su exposición ante la representación nacional.

El dictamen establece, entre otros aspectos, que el proyecto especial podrá realizar de manera extraordinaria la venta o adjudicación directa de tierras con fines agrícolas dentro de su ámbito territorial. Según la iniciativa, esta facultad se aplicará por un periodo de cinco años desde la entrada en vigencia de la norma y permitirá formalizar la situación de productores que actualmente desarrollan actividades agropecuarias en dichos terrenos.

Asimismo, la propuesta contempla que pequeños agricultores, asociaciones agrarias, empresas del sector y comités de productores sin tierras podrán acogerse al proceso de adjudicación directa siempre que acrediten posesión continua, pacífica y pública hasta el 31 de diciembre de 2019 y que mantengan actividades productivas permanentes.

El dictamen también precisa que esta medida no interferirá con los procesos de adjudicación directa que actualmente se desarrollan en el marco del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional de Áncash. De igual manera, las áreas que no sean objeto de venta o adjudicación continuarán sujetas al régimen de subasta pública establecido por la legislación vigente.

Durante el debate parlamentario, la congresista Kelly Portalatino (bancada PL) planteó la necesidad de realizar ajustes al dictamen y anunció la presentación de un texto sustitutorio para corregir aspectos relacionados con la determinación del valor de los predios.

“Hemos podido observar que el costo del predio de estos hermanos posesionarios se atribuye al Ministerio de Vivienda. Consideramos que esa facultad corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”, señaló la parlamentaria, quien también advirtió que los actuales procesos de adjudicación no deben verse afectados. Sin embargo, la propuesta de modificación no fue incorporada por la presidencia de la comisión.

Por su parte, el congresista Elías Varas (bancada JPP-VP-BM) destacó la importancia del proyecto para su región y recordó que el Proyecto Especial Chinecas es una iniciativa que lleva décadas en proceso de desarrollo.

“El proyecto Chinecas de mi región Áncash es un proyecto agrario que lleva 40 años esperando su realización. Esta propuesta busca formalizar a quienes hoy tienen posesión de la tierra pero no cuentan con un marco legal”, afirmó.

El legislador precisó que la iniciativa no pretende interferir con los procesos de formalización ya iniciados por entidades como Cofopri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el gobierno regional, sino brindar seguridad jurídica a productores que actualmente carecen de reconocimiento legal.

Con la aprobación en primera votación, el dictamen continuará su trámite legislativo y deberá someterse a una segunda votación luego de siete días calendario, conforme a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

Durante la sesión del Congreso llevada a cabo este cinco de marzo, la bancada fujimorista votó en contra de una cuestión previa donde solicitaba que se lleve a cabo un debate público sobre el informe final de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en licitaciones y obras de empresas chinas sea pública. De esta manera, la reserva de los detalles contenidos en el informe no serán levantados por el momento.

Los congresistas que votaron en contra fueron ocho: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Auristela Obando, Jeny López, Magally Santisteban, Patricia Juárez, Tania Ramírez y Martha Moyano.

Fue justamente esta última parlamentaria mencionada quien participó del debate oponiéndose al levantamiento del secreto: «No podemos hacer esto un circo. Nos guste o no nos guste las empresas chinas. (…) Yo considero que esto no deberíamos someterlo a votación. Porque no es correcto. (…) Podría caer incluso la situación, porque es un informe que iría a una instancia judicial. Y caería el proceso si se hace público. ¿Acaso queremos eso?», señaló.

Investigación a empresas chinas

Un informe del programa televisivo Cuarto Poder reveló que el Gobierno de Dina Boluarte otorgó a la empresa China Gezhouba Group la adjudicación de una obra valorizada en más de 600 millones de soles, pese a que la compañía arrastraba cuestionamientos públicos, deudas con la Sunat y sanciones administrativas. Al respecto, el congresista Héctor Valer, presidente de la Comisión investigadora de estas empresas, recordó que el Parlamento ya había elaborado un informe en el que se investigaba a esta firma junto con otras compañías de origen chino, como China Civil Engineering Corporation y Sinohydro Corporation Limited.

Durante una sesión del Pleno del Congreso, que en ese momento era dirigida por Alejandro Soto, se inició la discusión de dicho informe. No obstante, la bancada de Fuerza Popular pidió un cuarto intermedio, lo que terminó paralizando tanto el debate como la votación del documento. Como consecuencia, el tema dejó de tratarse en la agenda parlamentaria.

En declaraciones a un medio local, Valer explicó que, tras el escándalo de la organización criminal vinculada a Odebrecht, estas empresas chinas ingresaron rápidamente al país junto con dos entidades bancarias de China para participar en licitaciones de distintos sectores. El legislador señaló que las doce bancadas del Congreso investigaron a diez compañías que habían suscrito contratos por más de 10 mil millones de soles en transporte y comunicaciones, y que casi todas abandonaron las obras luego de recibir adelantos del erario público.

Los 85 millones de soles destinados a la remodelación del hemiciclo del Congreso de la República del Perú han generado cuestionamientos luego de que se difundieran imágenes del antes y después de la sala de sesiones, donde los cambios visibles parecen mínimos. En las comparaciones difundidas se observa que la estructura general, la distribución de curules y varios elementos del recinto se mantienen casi iguales.

La remodelación forma parte de las adecuaciones previstas ante el retorno del sistema de bicameralidad en 2026 e incluye mejoras tecnológicas, eléctricas y de infraestructura dentro del Palacio Legislativo. Sin embargo, la aparente similitud entre el estado anterior y el actual del hemiciclo ha provocado críticas y dudas sobre si el elevado monto de la inversión pública está justificado.