Una investigación periodística expuso que varios militantes de Fuerza Popular —partido liderado por Keiko Fujimori— que figuran como trabajadores del Congreso acudieron en distintos días al local partidario ubicado en Santa Beatriz, Cercado de Lima, en lugar de presentarse a cumplir las funciones por las que son remunerados por el Estado.
Los señalados son Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz, quienes fueron grabados realizando coordinaciones y actividades internas del partido dentro del establecimiento fujimorista, según el programa Cuarto Poder.
El dominical reportó que en las oficinas parlamentarias donde estos trabajadores deberían cumplir funciones “nadie sabe de ellos”, ni siquiera “sus propios jefes, los congresistas”. Un caso es el del legislador Auristela Ana Obando Morgan. Al ser consultada por Jorge Llerena Portugal —registrado en planilla como auxiliar de su despacho con un salario superior a S/3 500— la congresista respondió: “Nunca lo he escuchado”. Solo tras insistencia del reportero reconoció su nombre, aunque no pudo explicar cuáles son sus tareas.
“En el portal del Congreso no figura ningún descuento (por inasistencias). Parece recibir su pago completo como si realmente cumpliera funciones en el despacho de la congresista”, precisó el reportaje.
La situación se repite en el caso de Geraly Ulloa Depaz, quien aparece contratada como técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con un sueldo mensual de S/ 6 007. Sin embargo, cuando el programa contactó a dicha comisión, un trabajador afirmó: “Aquí no hay ninguna Geraly Ulloa”. El dominical verificó que Ulloa estuvo en el local partidario los días 19, 20 y 24 de noviembre, durante pleno horario laboral.
Por su parte, Leticia Leyva Baylón, también militante fujimorista, figura en el régimen laboral del Parlamento como asesora II del despacho del congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas, con un salario de S/10 502. Según el programa, Leyva “coordina, recibe invitados y pasaría largas horas” en el local de Fuerza Popular, igualmente durante el horario de trabajo.
Una acalorada sesión en el Congreso de la República dejó un momento insólito. El abogado del expresidente Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, hizo comentarios sobre los parlamentarios que provocó su expulsión del Hemiciclo.
El letrado comparó las actividades cómicas de los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza con lo realizado por los parlamentarios indicando que «hablan las mismas huevadas que ustedes».
La comparación, destinada a desacreditar al Congreso, provocó la inmediata reacción del tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, quien interrumpió al abogado para exigir respeto.
Fue precisamente Jorge Luna quien reaccionó al momento tenso en el Parlamento, alegando en un primer momento que no sabía si sentirse ofendido o halagado.
“Oye, después de navegar un poquito por las redes sociales, haciendo un trabajo de investigación, me he dado cuenta de lo grande que fue lo que pasó en el Congreso ayer. Nos mencionaron… una locura realmente”, señaló en un principio.
Posteriormente, fiel a su estilo, hizo una declaración que se viralizó en minutos.
“No sé si sentirme ofendido o halagado. Me han comparado con esas basuras, con esas porquerías”, dijo el comediante.
Lo dicho por Jorge Luna rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en burlarse del momento insólito en el Congreso.
Aunque no se pronunció de inmediato, Ricardo Mendoza, compañero de Luna en ‘Hablando Huevadas’, también fue mencionado durante el altercado en el Congreso.
En la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, la Gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado fue duramente cuestionada, y practicamente la hicieron «aterrizar» para que explique por qué se encuentran paralizadas 18 obras en diferentes puntos de la región Lima.
Le preguntaron dónde están las obras que prometió, y «en su propia cara», le remarcaron que no responsabilice al Congreso de la República por sus desaciertos al frente de Lima Provincias.
«No se trata de falta de dinero, hablamos de incapacidad para gestionar, de incapacidad para invertir en proyectos. En lo que va de su gestión han sido devueltos al Estado millones de millones, por la falta de gestión y proyección para sacar adelante a la jurisdicción», le manifestaron.
Aquí la sesión Completa, sin editar para Ud. saque sus propias conclusiones, y sepa a quien elegir en las próximas elecciones que se vienen.
La gobernadora Rosa Vásquez deberá presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para rendir cuentas sobre su gestión.
La ciudadanía de la Región Lima espera su asistencia puntual, así como explicaciones claras y transparentes sobre las decisiones y acciones tomadas durante su administración.
La rendición de cuentas no es solo un acto formal; es un derecho de la población y una oportunidad para fortalecer la confianza en la gestión pública.
La región —que enfrenta desafíos urgentes— merece claridad, responsabilidad y presencia.
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicitan que se les otorguen facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días.
«Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación», escribió el presidente José Jerí en su cuenta oficial en X.
El oficio, con fecha 20 de noviembre, va dirigido al primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro. «Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de muy urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución Política del Perú», se lee.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la «crisis de seguridad ciudadana sin precedentes» generada por el incremento exponencial de los hechos delictivos en el Perú.
«La causa principal de este fenómeno es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos penales que, con el transcurso del tiempo, han fortalecido sus estructuras operativas y ejercen hegemonía delictiva a nivel nacional», dice el documento.
Se advierte que los delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato muestran indicadores estadísticos alarmantes y preocupantes.
En cuanto al tema de crecimiento económico responsable, el Gobierno indica que, aunque la actividad económica del Perú está en proceso de consolidación y cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, existen diversos factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de expansión económica para el 2025 y 2026, entre ellos conflictividad social e inseguridad ciudadana, las condiciones climáticas adversas, como la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña, el contexto internacional adverso, caracterizado por una menor demanda externa, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas e intensificación de la guerra comercial arancelaria.
Respecto al fortalecimiento institucional, el proyecto remarca la urgencia de consolidar un «aparato estatal moderno, eficiente y articulado».
Por mayoría, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Víctor Cutipa aprobó el predictamen que busca una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 o hasta que entre en vigencia la Ley Mape, tal y como lo demandan miles de mineros artesanales en las calles del Cercado de Lima. En total, fueron 18 votos a favor, 3 encontra y 1 abstención.
Las bancadas que respaldaron el avance de esta norma fueron el bloque sólido de Juntos por el Perú, Podemos, la Bancada Socialista, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Somos Perú. A este grupo se sumaron Fuerza Popular, Honor y Democracia y Renovación Popular, mientras que desde la vereda contraria estuvieron Avanza País, Acción Popular y el Bloque Democrático Popular.
Si bien la parlamentaria Diana Gonzáles pidió votar por separado la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos del registro por no cumplir requisitos mínimos, su cuestión previa no fue admitida. El resultado no la acompañó, ya que siete congresistas respaldaron su pedido e igual cantidad de legisladores lo rechazó. No obstante, el voto dirimente del presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, definió el entrampamiento.
«La Comisión de Energía y Minas concluye que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia», se lee en la exposición de motivos de la norma.
No es la primera vez que el Congreso aborda la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala. En varias oportunidades, han buscado resolver la falta de consenso de la Ley Mape, pero, los meses avanzaron y finalmente, no les quedó otra opción que continuar en el círculo vicioso de más prórrogas del Reinfo.
A la par que la Comisión de Energía y Minas discutía la ampliación del Reinfo, cientos de mineros se movilizaban. Foto: John Reyes/LR
Este mecanismo, que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal, culmina su vigencia el 31 de diciembre de este año. Si a eso le sumamos que legislatura vence este 15 de diciembre, estaba claro que el tiempo apremiaba. Con una protesta de miles de mineros ubicados frente a la sede de Palacio Legislativo, la presión era inminente y la decisión estaba guiada por motivaciones electorales.
Además de la ampliación del Reinfo, el texto incorpora también otros cambios como la suspensión de los trámites de exclusión que hizo efectivo el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, propuso que la primera disposición complementaria final debe señalar que la suspensión de las exclusiones del Reinfo no se aplique a aquellos operadores que tengan sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos y a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas.
Este y otros de sus planteamientos para «evitar interpretaciones amplias que puedan distorsionar el proceso» fueron aceptados por el presidente de este grupo de trabajo, Víctor Cutipa, quien destacó la importancia de no seguir dilatando la resolución de este predictamen y se mostró a favor de la necesidad de interpelar al titular del Minem, Luis Bravo De La Cruz.
A su turno, el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, responsabilizó a sus colegas de haber trabado la aprobación de la Ley Mape, instrumento normativo que hubiera evitado una nueva extensión del Reinfo. En su opinión, no existen de por medio apetitos electorales, sino la responsabilidad de ofrecer una solución a la próxima culminación del proceso de formalización minera.
Finalmente, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a la posibilidad de observar la norma y llevarla al Tribunal Constitucional. Según dijo, el Ejecutivo ha demostrado poca consecuencia con dicha posición, ya que el ministro Bravo no ha acudido a las invitaciones de la comisión.
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