El Congreso de la República promulgó este viernes, por insistencia, la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria en dos aspectos sustanciales relacionados a los grados académicos que deben tener los catedráticos para dictar clases en los claustros universitarios.
Con las rúbricas del presidente y vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi y Waldemar Cerrón, respectivamente, la norma incorpora dos disposiciones complementarias a la Ley Universitaria. Por un lado, establece que para aquellos catedráticos que ingresaron a la docencia «durante y hasta» la vigencia de la antigua ley universitaria -promulgada en 1983 y derogada en 2014- será «opcional» el requisito de contar con maestría o doctorado para dictar clases, tal como estipula la norma vigente.
Cabe señalar que la actual Ley Universitaria establece como «obligatorio» que los docentes tengan grado de Maestro para dictar clases en el nivel pregrado, grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización, y grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado; mientras que la antigua norma indicaba que, para el ejercicio de la docencia universitaria, se podía contar solo con título profesional.
En ese sentido, la Ley Universitaria vigente, al momento de su promulgación en 2014, estableció un plazo de 5 años para que los catedráticos sin maestría o doctorado pudieran cumplir con dichos requisitos. Sin embargo, a lo largo de más de 10 años, se han dado sucesivas prórrogas al plazo. La última ampliación, dispuesta por el Congreso, finalizó el pasado 30 de diciembre.
No obstante, ese mes, el Pleno del Parlamento aprobó con 84 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones la norma oficializada hoy, que no solo vuelve opcional el requisito para contar con dichos grados para los catedráticos que ingresaron a la docencia con la antigua norma, sino que, además, los exonera de esos requisitos académicos para ser promovidos en la carrera docente, pese a que esta es de naturaleza meritocrática.
Asimismo, la norma amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los catedráticos que ingresaron a la docencia con la actual Ley Universitaria cumplan con tener maestría o doctorado para impartir clases en las universidades públicas y privadas.
Detalle de la normativa oficializada este viernes.Fuente: El Peruano
Más de 10 años de prórrogas
La Ley N° 30220 o Ley Universitaria fue promulgada en julio de 2014. Ese mismo año, una comisión del Congreso -encabezada por la fujimorista Martha Chávez– y los colegios de abogados de Lima y Lima Norte presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad contra la norma.
Al año siguiente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas esas demandas. No obstante, estableció que el plazo de 5 años para que los catedráticos cumplan con el requisito de contar con maestría o doctorado para impartir clases se contara desde el momento de la publicación del fallo, es decir, desde noviembre de 2015.
En mayo de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra emitió el Decreto Legislativo N° 1496, mediante el cual se amplió dicho plazo hasta el 30 de noviembre de 2021. Esto como parte de las medidas de emergencia sanitaria frente a la pandemia la COVID-19.
Cumplido ese plazo, en 2021, el actual Congreso impulsó la Ley 31364 que amplió nuevamente ese plazo hasta el 30 de diciembre de 2023.
Finalmente, en diciembre de 2023, el Parlamento volvió a impulsar una nueva prórroga a través de la Ley N° 31964. Esta vez hasta el 30 de diciembre de 2025.
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.
La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.
La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República
En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.
El Poder Judicial evalúa decisiones del Congreso contra Delia Espinoza
La demanda de amparo se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.
El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.
Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.
Poder Judicial programa audiencia por demanda de amparo de Delia Espinoza
La Sala Constitucional también fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026. En esa sesión virtual, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso con alto impacto político e institucional.
Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda de amparo. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento frente a los cuestionamientos planteados por Delia Espinoza.
Con la admisión de la demanda de amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el Congreso y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución.
Un vehículo de placa estatal sufrió un vuelco en la vía exclusiva del Metropolitano, bloqueando el tránsito de los buses en uno de los principales corredores de Lima. El incidente ocurrió en plena hora punta en el Cercado de Lima, a la altura del ingreso de la Estación Central.
De acuerdo con América Noticias, el accidente se registró en la vía expresa, donde diariamente circulan miles de personas hacia sus centros de trabajo. El reporte en directo indicó que la unidad siniestrada, una Nissan Frontier, pertenece al Congreso de la República. La consulta vehicular a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) confirmó la propiedad estatal del automóvil involucrado.
Al momento de la llegada de los trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el vehículo se encontraba con las llantas hacia arriba y sin ocupantes. En principio, no se halló a ninguna persona al interior.
En el interior de la camioneta se observaron guantes verdes fosforescentes, habitualmente usados por personal que asiste en el control de tránsito. Asimismo, los buses presentan retrasos para llegar a los paraderos.
Tráfico en la vía del Metropolitano
El accidente provocó una importante congestión vehicular. Los buses del Metropolitano debieron interrumpir su circulación y la ATU implementó un contraflujo alternado, cerrando el sentido sur a norte durante cinco minutos para habilitar el paso de las unidades en dirección opuesta.
A la zona también acudieron una ambulancia y una grúa de la Policía Nacional del Perú, que debieron esperar para poder intervenir en el retiro del vehículo.
Conductor invadió vía exclusiva del Metropolitano
El conductor responsable del vehículo fue ubicado minutos después del accidente junto a efectivos de la Policía Nacional. En ese momento, relató a los agentes las circunstancias que lo llevaron a invadir la vía exclusiva del Metropolitano.
De acuerdo con su versión, decidió ingresar al corredor debido a una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales. “Tenía una emergencia, son documentos que tenía que entregar”, afirmó ante los policías y los medios presentes en el lugar.
El conductor aseguró que viajaba solo y que no trasladaba a ningún trabajador del Congreso en la unidad accidentada. Tras brindar esta explicación, evitó ofrecer declaraciones adicionales y se retiró sin responder más preguntas.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a la salida de la estación Central en sentido sur, ocasionó demoras en el servicio de transporte público.Congestión en Lima: accidente de vehículo oficial del Congreso interrumpe el Metropolitano| América Noticias
Según el comunicado, personal de la ATU y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para coordinar las acciones necesarias y así garantizar la continuidad del servicio para los usuarios, pese a las complicaciones generadas por el accidente.
Ante la situación, los buses del Metropolitano implementaron el tránsito en contraflujo, permitiendo la circulación alternada en ambos sentidos para disminuir el impacto.
El vocero de Somos Perú, Héctor Valer, anunció que en marzo de 2026 exigirá el levantamiento del cuarto intermedio que mantiene en pausa el informe final sobre constructoras chinas, presuntamente beneficiadas con contratos millonarios durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Valer, quien presidió la comisión parlamentaria que investigó al denominado “Club del Dragón”, afirmó que su objetivo es que se sancione a los funcionarios y exfuncionarios implicados en actos de corrupción con dichas compañías.
“Si alguien cree que proteger la soberanía de la República Popular China está por encima de la lucha contra la corrupción, me encontrará de frente. En marzo, cuando inicie la nueva legislatura, sí o sí levantaré ese cuarto intermedio y promoveré las sanciones correspondientes”, declaró a un medio escrito nacional.
Acusaciones
El congresista también señaló que no permitirá que el informe sea archivado, al asegurar que contiene pruebas sustanciales sobre prácticas corruptas cometidas por estas empresas asiáticas. “He sido coherente en mi lucha contra la corrupción. A mí no me pueden acusar de mochasueldo, de recibir favores personales en mi oficina ni de aprovecharme de mis trabajadores”, aseveró Valer. El parlamentario sostuvo que en reiteradas ocasiones intentó destrabar el debate del informe, pero que la bancada de Fuerza Popular impidió su avance. A su juicio, ese grupo busca evitar un posible deterioro en las relaciones diplomáticas entre Perú y China.
“Hemos insistido en que se debata el informe, pero nunca fue agendado. Parece que no conviene sancionar a estas diez empresas chinas porque se teme un quiebre en las relaciones con la República Popular China”, manifestó.
Contratos por más de S/10 mil millones
Valer indicó que los hechos de corrupción se concentraron en el Ministerio de Transportes durante las tres gestiones presidenciales señaladas, y que el perjuicio al Estado es millonario. “Siento una profunda decepción por no haber contado con el respaldo necesario del Congreso para sancionar a estas diez empresas que firmaron contratos solo en el sector Transportes por más de 10 mil millones de soles”, precisó.
Entre las compañías involucradas figuran: China Gezhouba Group Company, China Railway Tunnel Group y Sinohydro Corporation, entre otras.
La congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, presentó el Proyecto de Ley N.º 13561 con el objetivo de ampliar el alcance del proceso de devolución de aportes al Fonavi e incorporar a más de 375 mil aportantes que no fueron considerados inicialmente en el reembolso. La iniciativa busca incluir a quienes accedieron a préstamos para vivienda, autoconstrucción, adquisición de materiales o conexiones domiciliarias de servicios básicos, siempre que hayan cancelado o compensado dichas obligaciones.
La propuesta legislativa plantea disposiciones complementarias a las Leyes 31173, 31454, 31604 y 31928, normativa que actualmente regula la devolución de los aportes al fondo de vivienda. Según el texto, la exclusión de miles de aportantes constituye una omisión que debe ser corregida para garantizar un proceso más justo y equitativo, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
Identificación de casos y prevención de doble devolución
El proyecto dispone que la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de devolución deberá identificar a los aportantes que mantienen saldos deudores o que pagaron sus créditos mediante contingencias previstas en las Leyes 28275 y 29231. Esta medida tiene como finalidad determinar con precisión la situación de cada beneficiario y evitar casos de doble devolución que puedan generar perjuicio al fondo.
Asimismo, la iniciativa establece que los aportantes con deudas pendientes podrán acogerse a pagos compensatorios según lo previsto en la Ley 29625, permitiendo así que regularicen su situación y accedan al reembolso correspondiente. De esta manera, se busca garantizar que la mayor cantidad posible de aportantes pueda beneficiarse del proceso.
Exoneración de pagos por conexiones domiciliarias
Uno de los puntos destacados del proyecto es la exoneración de la obligación de pago por conexiones domiciliarias de saneamiento y electrificación. La propuesta considera que estas obras pertenecen a las empresas prestadoras de servicios y, por lo tanto, no deberían constituir una carga adicional para los aportantes que buscan acceder a la devolución de sus aportes al Fonavi.
Esta disposición responde a la necesidad de eliminar trabas administrativas que han impedido a miles de personas acceder al reembolso, especialmente en casos donde las conexiones domiciliarias fueron financiadas mediante préstamos del propio fondo pero las obras quedaron bajo responsabilidad de las empresas de servicios públicos.
Actualización de aportes y recuperación de recursos
La iniciativa dispone además la actualización del valor de las aportaciones realizadas entre 1980 y 1989, período en el que miles de trabajadores efectuaron contribuciones al Fonavi que con el tiempo perdieron poder adquisitivo debido a la inflación y otros factores económicos. Esta actualización busca reconocer el valor real de los aportes efectuados hace más de tres décadas.
Por otro lado, el proyecto faculta a la Comisión Ad Hoc a ejecutar acciones para recuperar la totalidad de los recursos financieros del Fonavi que se encuentren dispersos o que no hayan sido contabilizados adecuadamente. El financiamiento del proceso ampliado se efectuará exclusivamente con cargo al propio fondo, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, sin comprometer recursos del Tesoro Público.
La encuesta nacional de Proética 2025 revela que el Congreso es visto como la institución más corrupta del país por el 85% de la población. El estudio, aplicado en zonas urbanas, muestra además que esta percepción ha crecido un 25% desde 2022 y sitúa al Parlamento en un punto crítico.
El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.
Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.
El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.
Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años
La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.
El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.
El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.
La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.
Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población
La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.
El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.
Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.
El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.
Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años
La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.
El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.
El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.
La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.
Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población
La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.
Fiscalía, Poder Judicial y PNP dentro de las 5 instituciones estatales percibidas como corruptas por la población.
Los encuestados también consideran que las entidades que deberían encabezar la lucha anticorrupción son, paradójicamente, las mismas que identifican como las más corruptas. El Parlamento, la Policía y el Ejecutivo aparecen como los principales responsables de liderar reformas, pese a tener los índices de credibilidad más bajos. Esto evidencia una contradicción profunda entre las expectativas ciudadanas y la realidad institucional.
87% de la población culpa a la corrupción por baja de calidad de vida
El 87% de los ciudadanos afirma que afecta su vida diaria, especialmente en la economía familiar y el acceso a servicios públicos. La sensación de perjuicio es más fuerte entre mujeres, personas mayores de 43 años y habitantes del norte y Lima Metropolitana. La ciudadanía asocia la corrupción con obras de mala calidad, atención deficiente en salud y educación, y falta de oportunidades laborales.
87% de los ciudadanos encuestados señalan que la corrupción perjudica su vida cotidiana. Foto: Proética
El estudio también evidencia un fenómeno de externalización: mientras la mayoría considera que los peruanos son corruptos, casi todos se perciben a sí mismos como honestos. Esta brecha revela un problema estructural en la comprensión del fenómeno y alimenta prácticas que perpetúan la corrupción cotidiana.
Además, muchos ciudadanos normalizan el uso de contactos para resolver trámites o acceder a servicios urgentes, especialmente en hospitales. Estas prácticas, aunque consideradas moralmente cuestionables, son vistas como respuestas a un Estado lento, burocrático e ineficiente.
Ciudadanía reconoce que pagó coimas o conoce a alguien que lo hizo en el último año
El 31% de los encuestados admite haber pagado o conocer a alguien que pagó una coima en el último año. Los escenarios más comunes son trámites del Estado, multas de tránsito y atención en hospitales públicos. El principal detonante es la idea de que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, una frase que describe con crudeza la descomposición de los servicios públicos.
Encuestados reconocen haber pagado coimas.
La tolerancia hacia ciertas formas de corrupción también se mantiene alta. Muchas personas consideran aceptable usar relaciones personales para agilizar trámites o conseguir citas médicas. En contraste, los sobornos directos a policías o inspectores municipales generan mayor rechazo, aunque incluso esos casos no alcanzan un consenso absoluto.
La mayoría de víctimas de coimas no denuncia por desconfianza en el sistema, temor a represalias o desconocimiento de los canales formales. Esta falta de denuncias contribuye a la impunidad y a la permanencia de prácticas corruptas en el Estado.
PNP e instituciones educativas concentran casos de corrupción sexual
La encuesta registra que el 13% de ciudadanos ha sido víctima o conoce a alguien que sufrió pedidos de favores sexuales en el último año. Este tipo de abuso se concentra principalmente en instituciones educativas y en la PNP, donde se reporta un riesgo significativo. Las mujeres y los jóvenes aparecen como los más vulnerables a este tipo de agresiones vinculadas al poder.
La mayoría de víctimas no denuncia por miedo, desconfianza o desconocimiento. En este caso, el temor a represalias es la principal barrera, lo que genera un círculo de silencio que facilita la impunidad. La corrupción sexual se consolida como una expresión extrema de abuso de poder, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables.
Este fenómeno también revela un Estado que no garantiza mecanismos efectivos de protección ni sanción. Aunque la ciudadanía reconoce la gravedad del problema, la falta de medidas concretas refuerza la percepción de que denunciar no sirve.
Ciudadanía relaciona a la minería ilegal y narcotráfico con la corrupción
Un 94% de los encuestados afirma que la corrupción está ligada a economías ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada o el narcotráfico. La mayoría cree que estas actividades proliferan por la debilidad de las instituciones y la falta de control estatal. Además, cuatro de cada diez consideran que, en algunas regiones, estas economías son la única opción laboral disponible.
La deforestación y la minería ilegal son percibidas como problemas graves que el Estado no está enfrentando adecuadamente. Más del 90% sostiene que no se han tomado medidas efectivas para combatir estas amenazas, pese a su impacto social, ambiental y económico.
La encuesta también muestra preocupación sobre la violencia contra líderes ambientales e indígenas. Aunque muchos ciudadanos admiten estar poco informados, existe un apoyo mayoritario a la creación de mecanismos de protección para estas personas, que suelen enfrentar riesgos por denunciar actividades ilícitas.
Elecciones 2026: ciudadanos buscan honestidad en candidatos
Rumbo al 2026, la honestidad se impone como la cualidad más valorada en un candidato. Este atributo supera a la experiencia política, la eficiencia o la capacidad técnica. La crisis de confianza ha generado que la integridad sea vista como el principal requisito para ocupar cargos públicos.
La encuesta también registra un fuerte cuestionamiento a los partidos políticos. Siete de cada diez ciudadanos creen que ocultan información sobre el financiamiento de sus campañas. Esta percepción alimenta la idea de que existe poca transparencia en los procesos electorales y que los aportes privados influyen en las decisiones públicas.
Finalmente, la ciudadanía exige que los partidos expulsen a sus integrantes implicados en actos de corrupción y establezcan filtros más estrictos para seleccionar candidatos. La demanda de medidas punitivas refleja un cansancio acumulado frente a la impunidad política.
Congestión en Lima: accidente de vehículo oficial del Congreso interrumpe el Metropolitano| América Noticias
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