La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó los dos informes finales que recomiendan acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Ambas iniciativas serán elevadas al Pleno para su respectivo debate y votación, lo que podría dar paso a inhabilitaciones y sanciones políticas.

En el caso de Chávez, el informe fue aprobado con 21 votos a favor y 2 en contra. El documento plantea acusarla por los presuntos delitos de negociación incompatibles y tráfico de influencias. La denuncia está vinculada a las presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión como ministra de Cultura y luego como representante del Consejo de Ministros. El congresista Héctor Ventura, delegad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue quien sustentó el informe.

Mientras tanto, el informe contra Geiner Alvarado, que fue aprobado con 24 votos a favor y 1 en contra, lo acusa de infringir el artículo 39 de la Constitución al autorizar el Decreto de Urgencia 102-2021 cuando ejercía como ministro de Vivienda, ya que se cuestionó la rapidez con la que se elaboró, además de favorecer a determinados gobiernos locales de forma irregular vinculados al entorno del expresidente Castillo. La acusación contra Alvarado propone una sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública.

Bettsy Chávez es acusada por presunto tráfico de influencias

El informe contra Bettsy Chávez fue sustentada por la congresista María Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) luego que de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional contra la exministra por la supuesta contratación directa de personas cercanas a ella en su despacho parlamentario y en gestionar favores a allegados en entidades públicas durante su gestión ministerial. Las contrataciones por las cuales es señalada son las de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de Abel Antonio Sotelo Villa, expareja de Chávez.

Además, se le atribuye haber intervenido directamente ante el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado y César Paniagua para lograr la contratación de Antonio Sotelo Calderón, padre de la expareja de Bettsy Chávez, en el puesto de jefe de la Oficina de Tacna del Organizamos de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), lo cual fue corroborado por Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda.

La Comisión Permanente designó a los legisladores Esdras Medina y María Acuña como integrantes de la subcomisión acusadora, y deberán encargarse de la sustentación del informe aprobado y formular la acusación ante el Pleno del Congreso. El documento demanda el levantamiento del antejuicio político de Chávez, a fin de permitir el procesamiento penal correspondiente.

Geiner Alvarado podría enfrentar una inhabilitación de 10 años

Por su parte, el informe contra Geiner Alvarado lo acusa de infringir el artículo 39 de la Constitución al aprobar el Decreto de Urgencia 102-2021 que, según el documento, habría beneficiado intereses propios o de terceros, vulnerando su deber de actuar al servicio del Estado y no de intereses particulares.

La SAC propone su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Durante la sesión se informó que Alvarado fue debidamente notificado, pero no presentó sus descargos ni justificó su inasistencia a la comisión, por lo que esta se consideró como injustificada conforme al Reglamento del Congreso. Se designó a los congresistas María Acuña y Víctor Flores como miembros de la Subcomisión Acusadora, y se encargarán de sustentar el informe ante el Pleno.

Hace casi 5 meses, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la norma que establece la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un periodo de seis meses adicionales, con opción a prórroga por seis meses más. No obstante, un proyecto de ley del congresista Wilson Soto plantea ponerle fin a nuevas ampliaciones.

Para este propósito, se busca modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 y de esta manera, legalizar la prohibición de esta práctica recurrente de solicitar extensiones de tiempo sin resultados tangibles. Según el legislador de Acción Popular, se trata de una iniciativa que obliga al Estado a implementar una política de formalización minera más realista y eficiente.

“El actual sistema ha fracasado. Solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse y miles de operadores suspendidos siguen extrayendo minerales sin control. Esta situación genera serios riesgos ambientales, sociales y de seguridad para el país. Debemos dejar de alentar falsas expectativas. Este proyecto marca un punto de quiebre para impulsar una minería responsable, ambientalmente viable y socialmente justa”, explicó Soto.

Respecto a esta propuesta, la Junta de Portavoces decidió este 19 de mayo que no sea exonerada de dictamen de la Comisión de Energía y Minas, tal y como lo planteaba Acción Popular (AP). Fuentes de este diario, confirmaron que la mayoría de bancadas como Podemos (PP), el Bloque Magisterial (BM), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y otras, se abstuvieron en la votación y de esta manera, la dispensa de trámite fue rechazada. Algunas de ellas arguyen razones procedimentales y políticas ante la falta de estudio de la propuesta, teniendo en cuenta que recortar la prórroga avalada por ley podría desatar un conflicto social.

Otros grupos parlamentarios como el Bloque Magisterial y Podemos mantienen vínculos políticos con los mineros informales. Al respecto, un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta de que cinco dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se afiliaron al partido que lidera José Luna, quien tiene varias investigaciones fiscales en curso.

En el caso de Acción Popular, este grupo parlamentario sostuvo, a través de un pronunciamiento, que la publicación del reglamento que amplía el Reinfo evidencia la intención del Poder Ejecutivo de extender el Reinfo hasta diciembre. Además, anunciaron que ipromoverán una moción de interpelación contra el ministro Jorge Montero.

«Desde la bancada de Acción Popular impulsaremos la interpelación del ministro de Energía y Minas. Han pasado cinco meses desde que se aprobó la ampliación del Reinfo y hasta ahora, no avanzamos con el proceso. Estamos en un círculo vicioso y vemos que no hay un compromiso del Ejecutivo. Los parlamentarios deben tomar consciencia de que no puede haber más prórroga. La historia nos juzgará quienes estamos a favor de la informalidad y quiénes no», declaró Soto a este medio.

Minem defiende reglamento de Reinfo

Ante los cuestionamientos sobre la disposición que establece la transferencia de titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por sucesión, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que «si un minero está en proceso de formalización y fallece, “es necesario y razonable permitir que sus herederos continúen con este esfuerzo de formalización conforme a las normas vigentes”.

Además, dejaron en claro que la transferencia por herencia no constituye una figura novedosa, puesto que ya se encuentra regulada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM. Estos argumentos que esboza el Minem tendrá que replicarlos en su presentación en la Comisión de Energía y Minas, la cual se dará este martes 20 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador Paul Gutiérrez justificó esta disposición al señalar que muchos mineros artesanales trabajan con sus hijos. Por ende, en caso de fallecimiento, el heredero tendría que continuar con su labor. No obstante, indicó que mayores detalles sobre este tema los tendrá que sustentar el ministro Jorge Montero.

«El Reinfo tendría que derogarse con la Ley Mape. Hemos trabajado puntos específicos que han obstaculizado el tema de la formalización como los contratos de explotación y la trazabilidad. Lo que se está trabajado es cómo fortalecer la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, ya que ellos cumplen un rol importante en la economía del país», agregó.

¿Qué es el Reinfo?

Es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que agrupa a todas las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.