Desde el Congreso, los integrantes de la bancada de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentaron una denuncia constitucional contra los jueces del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022: José Antonio Neyra Flores, Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.

Asimismo, en el oficio enviado por los legisladores al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, solicita que se inhabilite a los magistrados de la función pública por un periodo de 10 años.

Denuncia constitucional contra jueces

Pedro Castillo: motivos de la denuncia constitucional

De acuerdo con el documento, la denuncia se basa en que Carbajal Chávez habría adelantado opinión con respecto al presunto delito de rebelión por el que se le investiga a Castillo Terrones, así como el no permitir acreditarse al exmandatario en la sesión de juicio oral del 4 de abril.

«De las expresiones del Magistrado José Antonio Neyra Flores, en la audiencia de instalación de juicio oral llevada a cabo el 04 de marzo de 2025, se denota claramente, que Pedro Castillo está asistiendo a un proceso en donde solamente dos magistrados sentenciarían conforme a ley, puesto la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez ya adelantó opinión.
En este caso, se encuentra expuesto a una situación en que Pedro Castillo y los demás coprocesados no cuentan con las garantías suficientes para tener la confianza que se respetará el debido proceso», se lee en el documento.

Es preciso resaltar, que en diferentes audiencias cuando los jueces le preguntan a Castillo sobre sus datos para poder comenzar la sesión, este se ha negado a hacerlo, rechazando el juicio en su contra. En la sesión del 22 de abril, el exjefe de Estado volvió a oponerse al juicio y advirtió a la jueza Carbajal con una denuncia constitucional: «Usted ha adelantado opinión en este juicio y eso es infracción a la constitución y eso merece una denuncia constitucional, rechazo este juicio».

En total, son 8 los congresistas que firmaron el documento de denuncia constitucional: Roberto Sánchez Palomino, Víctor Cutipa Ccama, Guillermo Bermejo, Nieves Limachi, Elías Varas Meléndez, Wilson Quispe Mamani, Hamlet Echevarría y Margot Palacios (No agrupada)

Como se recuerda, Castillo Terrones es investigado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una pena privativa de la libertad de 34 años, la inhabilitación de la función pública por 3 años y 6 meses, así como una reparación civil por más de S/64 millones.

Por Dante Pacheco:

No nos cabe la menor duda que el Congreso de la República está podrido, ahora se pretende seguir menoscabando las instituciones tutelares como la Policía Nacional pretendiendo unificar la escuela de sub oficiales con la de oficiales, lo que significa un despropósito, pero el escándalo de la semana es el hecho de ponerse al descubierto que se creó una oficina especial para entregarle la jefatura a la hija política de César Acuña con un sueldo superior a los 19 mil soles, más que un congresista, solo por el hecho de pertenecer a APP.

El escándalo difundido en medios de comunicación de carácter nacional dando cuenta de que la privilegiada no tiene perfil, solo es bachiller en Derecho, pero por ser de Alianza para el Progreso se le concede beneficios extraordinarios. El poder de APP radica en que tienen como aliados al fujimorismo y que juntos hacen lo que les da la gana en el Congreso, pero con dinero de todos los peruanos porque quien llevó a la Presidencia del Parlamento a Eduardo Salhuana fue fuerza popular y entre ellos se reparten la torta.

A lo largo de todo este tiempo han generado leyes en beneficio de ellos mismos y dándoles algunos mendrugos a los demás Partidos para mantenerlos tranquilos, pero son ellos los que tienen poder y abusan de ello creando las Cámaras de Senadores y de Diputados para poder reelegirse, ellos son los de aumentarse los beneficios económicos y esquilmar el presupuesto en complicidad con el Ejecutivo que forma parte de esta trilogía. Solo esto es suficiente para que podamos conocer de cuerpo entero a estos políticos que no merecen volver al Congreso y que podamos reflexionar para elegir a gente nueva y decirles no más a los corruptos.

Son 39 los familiares de un total de 33 congresistas registran contratos con el Estado, a pesar de que la ley lo prohibía. Esto se desprende de los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de las declaraciones juradas de intereses de los propios parlamentarios.

Pero, desde este 22 de abril, ya no hay restricción para que cónyuges, padres, hijos, hermanos, cuñados, suegros y otros parientes de legisladores, hasta el segundo grado, puedan trabajar o contratar con entidades públicas, excepto con el Congreso.

Fuente: Canal N

Esto, debido a que ya entró en vigencia la modificación de la Ley de Contrataciones que lo impedía y que fue aprobada por los propios parlamentarios en mayo del año pasado.

“Ahora les abre el candado y los parientes de los congresistas van a poder contratar con gobiernos regionales, con municipalidades, con ministerios”, señaló Roberto Benavides, especialista en contrataciones del Estado.

Pese al impedimento legal, que dejó de estar vigente, en determinados casos como los de algunos familiares de los congresistas Américo Gonza, Luis Picón y Roberto Chiabra, seguían contratando con el Estado amparados en medidas cautelares otorgadas por el Poder Judicial.

Otros casos de parientes que ya no tendrán prohibición de contratar con entidades públicas son la cuñada del legislador Víctor Cutipa, el hermano de la parlamentaria Kira Alcarraz y las hermanas del congresista Edgar Tello, quienes obtuvieron contratos con el Estado después de que ellos alcanzaran una curul.

Lo mismo, un hermano del congresista José Luna Gálvez, quien entre el 2023 y 2024 facturó al Estado 54 mil soles. Además, dos familiares de la parlamentaria Kelly Portalatino, quienes, como accionistas de una empresa, firmaron un contrato de 138 mil soles con una municipalidad de Arequipa en 2024.

Pero, la pregunta que hoy se hacen algunos es cómo vigilar o fiscalizar que esta modificación no sea utilizada en prebendas políticas o pago de favores. Hecha la ley, hecho el cambio.