El pleno del Congreso aprobó en segunda y definitiva votación el dictamen que deroga la Ley 31143, la cual protegía a los consumidores de servicios financieros contra la usura.
La iniciativa legislativa, sustentada en los proyectos de ley 6341, 7134, 7181 y 7503, fue aprobada con 66 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones.
El dispositivo derogado establecía que las tasas de interés cobradas por las entidades financieras debían fijarse libremente dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Reserva. Además, otorgaba a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la facultad de identificar y sancionar cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones y otros cargos, prohibiendo su inclusión en los contratos.
Ahora, con la nueva norma, se restablece la vigencia de los artículos 6 y 11 de la Ley 28587.
Asimismo, la segunda disposición complementaria final del dictamen señala que en los contratos de tarjeta de débito no procederá el cobro de la comisión interplaza por retiros de efectivo en cajeros automáticos del propio banco o en ventanillas de atención en una localidad distinta a la de apertura de la cuenta.
Cuestionamientos
El congresista de la bancada Socialista, Alfredo Pariona Sinche, calificó la medida como «inaceptable» y criticó que la mayoría parlamentaria siga favoreciendo a los bancos mientras la ciudadanía enfrenta abusos financieros.
Por su parte, José Luna Gálvez, de Podemos Perú, expresó su rechazo a la decisión: «Se impuso en este Congreso la ambición y codicia del cártel bancario al derogar la ley que nos protegía de la usura financiera».
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con 77 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, una moción que declara al ‘Tren de Aragua’ como organización terrorista por sus métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano.
Con esta iniciativa legislativa se crea también una Comisión Especial Multipartidaria que trabajará en conjunto con el Ministerio del Interior para elaborar estrategias prioritarias contra el terrorismo y crimen organizado trasnacional por el plazo de 180 días.
Además, en la moción también se exhorta a la Cancillería gestionar ante las Naciones Unidas e instancias regionales la designación conjunta del ‘Tren de Aragua’ como organización terrorista transnacional.
Canciller propuso a la OEA considerarlos como organización terrorista
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, contó hoy que durante su participación ante la OEA, en Estados Unidos, resaltó la importancia de considerar al ‘Tren de Aragua’ y otros grupos delictivos que operan en la región como organizaciones terroristas.
«Es prioritario para la agenda hemisférica de política exterior peruana que el Tren de Aragua y otras organizaciones similares, por ejemplo, el Comando Vermelho, proveniente del Brasil, que sean considerados como organizaciones terroristas. No solamente delincuenciales, organizadas y transnacionales, sino organizaciones que se tiene que tomar nota de que son una grave amenaza a la estabilidad democrática en los países», dijo en ‘Ampliación de Noticias’ de RPP.
El Pleno del Congreso aprobó este miércoles un dictamen que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que establece la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú.
Con 80 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, este dictamen recaído en los proyectos de ley 6162/2023-CR, 6252/2023-CR, 7140/2023-CR, 7354/2023-CR, 7367/2023-CR y 7505/ 2023-CR, sostiene que busca contribuir con la transparencia y supervisión de la ejecución de recursos recibidos por las entidades que la gestionan. Asimismo, se le exoneró de una segunda votación.
La iniciativa fue sustentada por Auristela Obando (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien indicó que fue el dictamen fue analizado en cinco sesiones que contaron con las posiciones técnicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sunat, Unidad de inteligencia Financiera, el Ministerio Público, la APCI y la Contraloría General de la República.
La legisladora fujimorista indicó durante su intervención que, tras el estudio de las iniciativas legislativas, se advirtió que existen vacíos en la normativa de la Ley 27692, que permite a muchas organizaciones no ser transparentes.
Ahora queda pendiente que se remita la autógrafa al Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte la promulgue o presente alguna observación
Lo aprobado
El proyecto modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley de Creación de la APCI y plantea que dicha agencia tiene la responsabilidad de ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
Se señala también que la APCI debe ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, componente de la política exterior del Estado que capta en el exterior los recursos para el desarrollo nacional, además de proyectar la oferta nacional de cooperación técnica internacional.
Así, se precisa que las entidades (ONG) tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los planes, proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional.
Entre las disposiciones complementarias, se señala que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúa la necesidad de crear una unidad de organización dentro de su organización interna para efectivizar las disposiciones establecidas en la propuesta dentro del marco de sus competencias.
Cuestionamientos
Este proyecto había sido cuestionado en junio de 2024 por diversos sectores. Mediante un comunicado conjunto, dieciséis embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas, la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, España y Estados Unidos, expresaron su preocupación por la iniciativa, que consideraron restringe la “capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
Por su parte, el exdirector de la APCI, Luis Olivera, señaló en RPP que el proyecto tenía como objetivo silenciar a las ONG, las cuales -por su espectro ideológico- pueden tener una voz crítica que se vuelve incómoda para el Estado al cuestionar su trabajo y la forma como se ejerce el poder.
“Las ONG, o sean, las organizaciones de la sociedad civil, en general, son incómodas porque abordan temas que son de interés público y que suelen criticar o mostrar deficiencia del Estado en el respeto a derechos humanos o temas ambientales”, sostuvo entonces en Las cosas como son.
En el Congreso sucede algo inaudito. Hace más de dos semanas falta solamente una firma para completar las 33 necesarias que le permita a la congresista del Bloque Democrático Popular (BDP), Susel Paredes, presentar la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
La excusa de algunos parlamentarios de las bancadas que gobiernan el Congreso es que no les ha llegado la invitación para firmar la moción de censura contra el ministro Santiváñez.
Perú Libre se opone a moción de censura
El 4 de marzo, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, respondió que no había firmado la moción de censura porque hasta ese momento no había visto el documento. «No, nunca», respondió en Canal N. El portavoz cerronista incluso criticó a sus colegas que lo cuestionan por no suscribir el pedido. «Lo hacen a propósito para decir que Perú Libre no firma», añadió.
La congresista Susel Paredes le recordó ese mismo día que el 29 de enero le había enviado un oficio para que se sume. «La creciente inseguridad y el desbordamiento de la violencia en nuestras calles requieren, con urgencia, una respuesta firme y eficaz de nuestra parte como representantes de la Nación haciendo uso de control.
La República buscó entrevistar al congresista Cruz, pero al cierre de esta nota no respondió nuestros mensajes de WhatsApp.
Susel Paredes le pide a Flavio Cruz firmar la moción de censura.
Cruz no es el único de Perú Libre que aseguró que no le llegó la moción y que por eso no firmó. Su colega de bancada Américo Gonza Castillo respondió en línea similar a quienes critican a su agrupación por no firmar la censura. “Ahora nos atacan diciendo que la bancada se opone”, declaró el 6 de marzo el perulibrista. Su argumento para no firmar, al igual que su portavoz, fue que no le llegó el documento.
Pero eso no es cierto. La congresista Paredes mostró a este diario que el 21 de enero de este año le envió un oficio a su colega Gonza Castillo para que considere sumarse al pedido de censura.
“Por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de compartir la moción de censura contra Juan José Santiváñez, ministro del Interior, a su vez solicitar el apoyo para la firma de la misma. Su respaldo a esta moción de censura es fundamental para demostrar el compromiso firme contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”, dice el documento enviado por la parlamentaria Paredes a Gonza Castillo.
Sin embargo, hasta la fecha, según Paredes, el legislador cerronista no se anima a suscribir el oficio.
Susel Paredes le pidió a Américo Gonza Castillo firmar la moción de censura.
Congreso: en otras bancadas no hay voluntad política
En otros grupos parlamentarios que no respaldan la salida de Santiváñez dicen lo mismo. La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, mostró su disposición de sumarse a la moción de censura, pero hasta la fecha no lo hace. Usa de excusa de que todavía no le ha llegado formalmente a su despacho el documento.
«He estado un poco mal de salud y no me han enviado el documento (…). Voy a solicitarlo en estos momentos, porque no me ha llegado a mi despacho y apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo», manifestó la congresista Amuruz a la prensa.
La congresista Paredes, en diálogo con este diario, insistió en que envió el documento a sus 129 colegas, pero solo 32 firmaron. En esas rúbricas no figuran los nombres de Cruz, Gonza y Amuruz.
Juan José Santiváñez: cuestionamientos e investigaciones en su contra
Es un panorama complicado. La semana pasada la vivienda del ministro del Interior fue allanada por una investigación por presunto abuso de autoridad. Minutos después la presidenta Dina Boluarte puso las manos al fuego por él y consideró un abuso la intervención del Ministerio Público y se sumó al discurso anticaviar para congraciarse con el Congreso.
Horas después, Santiváñez se fue de viaje a Bélgica y Países Bajos, pese a que la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país en su contra. Este martes habrá una audiencia par que el Poder Judicial tome una decisión.
La moción de censura de Paredes se sostiene en los resultados del ministro frente a la ola de inseguridad ciudadana y por las investigaciones que tiene en su contra en el Ministerio Público.
Además de ese pedido, hay otras dos en marcha impulsados por los grupos parlamentarios Juntos por el Perú y la Bancada Socialista. La que más consenso ha generado entre agrupaciones de derecha e izquierda es la de Paredes, pero todavía no es suficiente.
El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. De esta manera, el Legislativo se rectificó en su decisión por haber eliminado dicha figura.
Pleno aprobó restituir detención preliminar
Tras debatir el proyecto durante una hora después de haberse conseguido las firmas suficientes, el Parlamento dio luz verde al proyecto de ley con 86 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.
Aunque en un primer momento, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que fueron 79 los congresistas que votaron a favor de la normativa, después precisó que a dicho grupo de parlamentarios se añadieron César Revilla, Héctor Ventura, Mary Acuña, Tania Ramírez, Diana González, Eduardo Castillo y Rosangella Barbarán.
Con su aprobación, la norma volverá a permitir a los fiscales solicitar al Poder Judicial detener de manera preliminar a las personas que se encuentren investigadas por algún delito presuntamente cometido. La eliminación de dicha figura judicial había obstaculizado casos emblemáticos en investigación.
Proyecto de ley tardó en incluirse en la agenda del Pleno
Como se recuerda, el pasado miércoles 5 de marzo, el titular de la Mesa Directiva anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el proyecto de ley se debatiría este jueves. Ello después de haber sido sometido a votación en Junta de Portavoces.
«Autorizamos acta virtual para que el PL 9733, que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, sea debatido mañana jueves 6 de marzo, honrando nuestro compromiso con el país», indicó en su publicación.
A pesar de la expectativa, durante el desarrollo del presente día, la iniciativa no pudo avanzar con celeridad debido a que el acta necesaria para su ingreso a la agenda del Pleno no contaba con el mínimo de 63 firmas, por falta de apoyo de algunas bancadas.
Según informó Ruth Luque, legisladores del Bloque Democrático Popular, las bancadas que no respaldaban la iniciativa hasta horas de la tarde eran Fuerza Popular, Alianza por el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Somos Perú.
«No les interesa devolver herramientas necesarias para que se persiga el delito, pero sí les interesa la restitución del dictador, este es un tema de gran importancia para la lucha contra el crimen y para garantizar la seguridad de los ciudadanos», expresó Luque.
A pesar de este impasse, el Congreso aprobó por insistencia la restitución de la detención preliminar sin flagrancia con 86 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.
Se concretó otro retroceso. Alrededor de 900 profesores se acaban de nombrar en colegios públicos sin que hayan rendido una evaluación meritocrática; esto gracias a una ley que fue promulgada por insistencia, en abril del 2024, por el Congreso de la República.
Estos maestros son los llamados interinos, a quienes, desde 1984, con la Ley del Profesorado, se les permitió enseñar en escuelas estatales sin título profesional. Eso pasó hasta el 2012, cuando, con la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de Educación (Minedu) les otorgó un plazo de dos años para que presenten su título pedagógico, con el objetivo de que, previa evaluación, ingresen a la carrera pública como nombrados.
Así, en el 2014, de los 14.863 profesores interinos, solo 546 aprobaron de los más de 5.300 que se inscribieron. Tanto los maestros desaprobados como los que se negaron a rendir la evaluación fueron cesados a través de una resolución de la secretaría general del Minedu.
Pues bien, 900 de estos docentes acaban de ser nombrados, sin prueba alguna, diez años después de ser retirados de las aulas.
Docentes nombrados por grupos
Mediante las exigencias de la Ley n° 31996, que no fue observada por el Ejecutivo, el Minedu nombró automáticamente a dos de los tres grupos de maestros interinos.
Los profesores del grupo 1 solo debieron acreditar que sacaron su título antes de la promulgación de la Ley de Reforma Magisterial (el 25 de noviembre del 2012). Ellos, solo cumpliendo ese requisito, fueron ubicados en la primera o segunda escala de la carrera pública según su tiempo de servicios.
Los maestros del grupo 2 debieron justificar que sacaron su título dentro del plazo de dos años que dio el Minedu (entre noviembre del 2012 y noviembre del 2014). Además, tuvieron que acreditar que se desempeñaron como profesores contratados en los planteles públicos por un periodo de 30 meses a más. Ellos ingresaron por única vez y de manera excepcional a la primera escala. Tampoco dieron una evaluación.
Según un análisis que realizó La República, tomando como base los resultados finales del proceso desarrollado por el Minedu, se pudo comprobar que 834 docentes del grupo 1 y 121 del grupo 2 de llegaron a nombrar de forma automática.
En tanto, tan solo 56 maestros interinos del grupo 3 se nombraron tras rendir una evaluación excepcional de contenidos pedagógicos y trayectoria profesional y laboral. Ellos sacaron su título dentro del plazo de dos años que dio el Minedu, pero no pudieron cumplir con el requisito de haber laborado como docentes contratados por más de 30 meses.
En total, las regiones con más docentes interinos nombrados son Loreto (376), Lima metropolitana (97) y Piura (79). Le siguen Junín (38), Ucayali (38), Lambayeque (38) y San Martín (37).
Sobre el tema, el exdecano del Colegio de Profesores del Perú, Helí Ocaña, explicó que los profesores interinos ya superan los 60 años y están por jubilarse. El experto en legislación magisterial, Manuel Paiba, señaló que este caso excepcional no debe sentar un mal precedente para beneficiar a docentes en otros concursos meritocráticos. En tanto, el exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, lamentó que el Gobierno de Dina Boluarte no defienda la meritocracia.
En su momento, la ley fue impulsada, sobre todo, por los congresistas Álex Paredes, Katy Ugarte y Paul Gutiérrez, quienes como docentes desaprobaron diversas evaluaciones. Estos son datos y hay que darlos.
Este es un golpe para los profesores que sí dan pruebas.
ENFOQUE REAL 