Tras la divulgación de una acusación de abuso sexual contra el congresista de la bancada Somos Perú, José Jerí, la Comisión de Ética recibió una petición del propio parlamentario para que se inicien investigaciones en su contra. En respuesta, el presidente de la comisión, Alex Paredes, informó que no solicitarán poderes indagatorios para recopilar pruebas contra Jerí, sino que esperarán un informe del Ministerio Público antes de hacer una propuesta.

«Aquí no se trata de proteger a nadie. Se trata de actuar de la mejor manera y, sobre todo, en estricto respeto al Estado de derecho. Nosotros hemos recibido dos documentos remitidos por él, en los que solicita que se realicen las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no contamos con los medios probatorios que sí maneja el Ministerio Público. No tendríamos elementos para proceder con una indagación. Además, los hechos no ocurrieron directamente en el Congreso, sino fuera de este y en días no laborables (…)», señaló Paredes.

El congresista aseguró que la Fiscalía ya recibió la solicitud para emitir un informe sobre el caso y que, con base en dicho documento, se tomarán decisiones tras una evaluación previa. Asimismo, advirtió que, de no obtener respuesta del Ministerio Público, se acercará al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

«Hemos solicitado a la Fiscalía que nos remita un informe sobre la situación y el avance del caso. En función de ello, evaluaremos en la Comisión qué planteamiento presentar al resto de los miembros y cómo proceder. (…) Si no obtenemos respuesta, la próxima semana acudiremos al despacho de la fiscal de la Nación para manifestar nuestra preocupación por la falta de respuesta al documento enviado», añadió Paredes.

Alex Paredes y José Jerí pertenecen al mismo partido

Uno de los aspectos relevantes en las investigaciones realizadas por la Comisión de Ética es que su presidente, Alex Paredes, milita en Somos Perú, el mismo partido al que pertenecía José Jerí antes de ser suspendido tras la acusación en su contra por violencia sexual.

Si bien Paredes forma parte de la bancada magisterial, su afiliación a Somos Perú se formalizó en noviembre de 2024. Este hecho plantea un posible conflicto de intereses en la investigación que lidera contra Jerí.

«Es un sinsentido y una contradicción con el accionar previo de la Comisión de Ética»

Las reacciones desde el Congreso de la República no se hicieron esperar. Ante la decisión de la Comisión de Ética de no investigar a Jerí, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que se está incurriendo en una postura incoherente. Argumentó que sostener que la competencia principal para investigar a Jerí recae en el Ministerio Público no excluye que la Comisión de Ética también pueda hacerlo.

«Es un sinsentido y una contradicción con el accionar previo de la Comisión de Ética, porque en ocasiones anteriores sí han investigado. Entiendo la lógica de que este caso sea abordado por la Fiscalía, pero esto no excluye la posibilidad de que la Comisión de Ética realice su propia investigación. Ambas no son excluyentes. Incluso, lo más prudente sería que un congresista sea suspendido de sus funciones hasta que concluyan las investigaciones en un caso tan grave», declaró Muñante.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sostuvo que en noviembre pasado el Pleno del Parlamento eliminó “por error” la detención preliminar en casos de no flagrancia.

El legislador alegó que cuando se votó la Ley 32181– cuya disposición complementaria derogaba el literal A, del numeral 1, del artículo 261 del Código Procesal Penal y eliminaba la detención preliminar en esos casos – el centro del debate era que esta norma prohíbe la detención de policías que usen sus armas de forma reglamentaria.

“No fue una situación deliberada ni una decisión que se tomó para eliminar una figura legal, el error fue no leer, como se dice, en las letras pequeñas. Y es que la parte en la disposición final, en la disposición final complementaria, señalaba la derogación del artículo tal, del inciso tal, del artículo tal. No se puso de manera textual…”, declaró en el programa La Rotativa del Aire.

Muñante señaló que la bancada de Perú Libre y la Comisión de Justicia hicieron una “jugada”, porque, según dijo, en el texto no se especificaba el nombre de la figuraba que se estaba derogando.

“Simplemente se dijo se dispone la derogación del inciso tal, del artículo tal, del código tal. No se entendió…”, apuntó.

Consultado si es que votó sin haber leído el contenido de la ley, respondió: “No, repito, nosotros nos enfrascamos en el debate del tema de fondo. El tema de fondo era proteger la labor de la Policía Nacional”.

La Comisión de Justicia del Congreso ya cuenta con un nuevo predictamen que propone la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tras las observaciones realizadas por el Gobierno de Dina Boluarte al proyecto de ley del Parlamento el último día en que se cumplía el plazo.

En conversación con La República, los parlamentarios Isaac Mita y Pasión Dávila señalaron que el próximo miércoles 5 de febrero los miembros de la Comisión de Justicia están citados a las 9:00 a. m., con el fin de analizar la propuesta de detención preliminar, en la que también se recogerán las opiniones de especialistas y expertos en la materia.

En comunicación con este medio, el abogado penalista Joel Córdova indicó que la iniciativa contiene puntos positivos, pero reitera algunos errores, debido a que considera innecesario limitar los tipos penales bajo la técnica de la enumeración de los mismos. En esa misma línea, criticó que en la lista de delitos no se hayan considerado el de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por otro lado, Córdova resaltó que la restitución de la detención preliminar no puede limitarse a una cantidad de delitos, sino que debe regularse a un mínimo de pena. «Creo que sería más coherente que se establezca como límite para aquellos delitos cuya pena inferior es superior a los cinco años (…) para que vaya en coherencia con los requisitos de la prisión preventiva», dijo.

Congreso: predictamen sobre detención preliminar omite propuestas del Gobierno

De acuerdo con el documento, la Comisión de Justicia del Congreso decidió no allanarse completamente a la propuesta presentada por el Gobierno de Dina Boluarte, en el que se dejaban de lado delitos graves para la aplicación de la ley de detención preliminar. En ese sentido, el grupo de trabajo liderado por Isaac Mita incorporó una serie de delitos que se encuentran tipificados con una pena privativa de la libertad mayor a los cuatro años.

De igual manera, la comisión calificó como «ineficaz» la propuesta del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad, que proponía que una persona sea detenido preliminarmente siempre y cuando el delito imputado tenga una pena mayor a los ocho años.

«La comisión ha desestimado dicha propuesta por considerarla ineficaz en el marco de la lucha contra la criminalidad, ya que excluye diversos delitos graves que no superan los ocho años de pena privativa de libertad, tales como lesiones graves, minería ilegal, marcaje, banda criminal, entre otros», indica el predictamen.

Congreso: ¿qué propone el predictamen sobre la detención preliminar?

La propuesta del equipo de trabajo dirigido por Isaac Mita propone que se le dicte detención preliminar a una persona después de que se haya llevado a cabo una audiencia judicial donde el fiscal y el investigado deben estar presentes.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La República, la iniciativa legislativa señala que, tras ser detenido un imputado, este será puesto a disposición del juez que emitió la orden y se realizará una audiencia para decidir ese mismo día si debe ser detenido preliminarmente y el tiempo de duración. Este predictamen incluye 129 delitos por los cuales una persona podría ser detenida.

Por otro lado, este documento prohíbe al fiscal de la investigación y a la Policía Nacional del Perú divulgar cualquier tipo de información relacionada con las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de las diligencias contra el imputado. No obstante, en caso de no cumplirse con el mandato legal, se considerará como una infracción muy grave conforme a la ley que rija la carrera del funcionario público.

En tanto, si la iniciativa legislativa propone que, en caso de que el juez deniegue la detención, este pueda optar por una medida de comparecencia con restricciones para asegurar la presencia del imputado en las diligencias dispuestas.

Además, el artículo 2 del predictamen propone modificar el literal d) del numeral 1 del artículo 53 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, y señala que, en caso de que el juez que impuso el mandato de detención preliminar sea revocado por otra instancia, no podrá conocer el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado.