El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), presentó, el último miércoles, un proyecto de ley que tiene como finalidad «fortalecer la labor de fiscalización del Legislativo, a la función de los jueces y fiscales a nivel nacional conforme a los alcances facultados por la Constitución»; es decir, que el Congreso fiscalice a jueces y fiscales.
Dicha propuesta ya se encuentra desde ayer en la Comisión de Constitución del Parlamento, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, donde será debatida y votada. No obstante, el proyecto ya ha sido rechazado por el Ministerio de Justicia; por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; y por el Colegio de Abogados de Lima.
¿Qué dice la iniciativa legislativa de Cerrón Rojas y por qué ha sido considerado por Arévalo Vela de tener un «espíritu autoritario»?
¿Qué dice el proyecto de Waldemar Cerrón?
El proyecto de ley de Waldemar Cerrón propone la inclusión de un numeral en el artículo 35 del Reglamento del Congreso para crear la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales. En ese sentido, el parlamentario propone que dicha nueva comisión sea parte de las comisiones ordinarias del Legislativo.
En sus fundamentos, Cerrón señala una nota periodística que da cuenta de una encuesta de Datum de marzo de este año que indica «que el 85 % de los peruanos no confían en el Poder Judicial» y que «el 73 % de quienes participaron en la encuesta indicaron que desconfían» del Ministerio Público.
Asimismo, señala dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que indican que el reglamento del Parlamento «no solo tiene fuerza de ley, sino también naturaleza de ley orgánica», y que «la función legislativa (…) incluye la de control político o función propiamente fiscalizadora».
«En el contexto de la función propiamente fiscalizadora, una de las formas a través de las cuales aquella se visibiliza con mayor nitidez, viene configurada por la posibilidad de conformar comisiones investigadoras (ya que) el control que ellas ejercen es sobre la moralidad pública y el desempeño correcto de los altos funcionarios», cita el proyecto.
Además, indica que «los legisladores cuentan con el encargo directo de la población para fiscalizar a todas las instituciones públicas y mixtas sin excepción alguna, por tanto, el Poder Judicial no puede estar ajeno de ser fiscalizado por un ente que cuenta la representación directa de la población».
«Es importante tener en cuenta que el rol fiscalizador del Legislativo se ubica como uno de los entes más legitimados para emprender el rol fiscalizador a todas las entidades públicas sin excepción, por lo mismo que representa de forma directa a la voluntad de la sociedad, el cual es la razón de ser del Estado», añade.
La propuesta indica también que, aunque «exista(n) entes que aparentemente tienen el rol fiscalizador, esta no es suficiente por cuanto estas instituciones no representan de forma directa a la sociedad».
«Los legisladores son los únicos representantes directos de la sociedad que pueden trasladarse a nivel nacional, sin restricción alguna y entrar en contacto directo de los mismos y de esa se cumple con la satisfacción de uno de los elementos del Estado, a diferencia de los jueces y fiscales quienes se encuentran sujeto a la a un determinado espacio jurisdiccional. Por tanto, es completamente lícito crear una comisión ordinaria de fiscalización de los jueces y fiscales», sostiene.
«Esta normativa busca promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales», agrega.
ENFOQUE REAL 