El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dio un paso hacia el camino de la impunidad al no observar la ‘fujiley’ que prescribe delitos de lesa humanidad, la cual fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el dictado de medidas provisionales al respecto, las mismas que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo. Cumplido el plazo límite para que la autógrafa de ley sea observada, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación.

La iniciativa impulsada por el fujimorismo favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa, ya que sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad podrían —amparados en esta ley— solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso.

Cabe resaltar que, todos los delitos tienen un periodo de prescripción, salvo los que la Fiscalía califica como crímenes de lesa humanidad a fin de garantizar que no haya impunidad en casos complejos que demoran décadas en resolverse por la vía penal. Lo que propone la iniciativa es que los delitos fueron cometidos antes del 2002, fecha en la que el Estado peruanos se adhirió al Estatuto de Roma, prescriban y queden sin castigo.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dije el proyecto fujimorista.

El Gobierno optó por no observar el proyecto, pese a que el Ministerio de Justicia evitó solicitar un informe a la Dirección General de Derechos Humanos. Sobre ello, solo establecieron quedar con la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que considera que la norma es “viable con observaciones”.

Polémica por la Ley de impunidad

La iniciativa, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, ha sido objeto de críticas por diversas entidades del Estado y organismos internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Congreso a no respaldarla.

La Corte IDH recientemente le exigió al país anular la propuesta legislativa enfatizando que «a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que se deje sin efecto el proyecto de ley». No obstante, el Presidente del Consejo de Ministros se pronunció al respecto y dijo estar «indignado con lo resuelto» por la entidad.

El Ministerio Público a través de la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando el proyecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte se mostró preocupada tras la primera votación argumentando que desobedecía las sentencias y la reparación de las víctimas del período de violencia política que afectó al Perú entre 1980 y 2000.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación en primera votación de la iniciativa legislativa a través de una publicación en sus redes sociales indicando: «Nos oponemos firmemente a una ley de amnistía que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad en el Perú. Representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos», escribió el colectivo en su cuenta de X (antes Twitter).