El Congreso aprobó en primera votación, con 74 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones, el dictamen que plantea que las peluquerías y salones de belleza solo paguen un 8% por concepto de IGV.
De acuerdo con la iniciativa, que aún tiene que se aprobada en segunda votación y posteriormente enviada al Ejecutivo, plantea una tasa especial para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad antes mencionada, con la finalidad de promover la formalización y reactivación económica de este sector.
Para la aplicación de esta medida, se tienen que inscribir ante la Sunat con el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) “y afectarse a la tasa especial de IGV dispuesta para la actividad de peluquería y otros tratamiento de belleza”.
Esta medida es similar a la que se aplica a los negocios del rubro de hoteles, alojamientos y restaurantes, que pasaron de pagar el 18% por IGV a 8%.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla (FP), manifestó que lo que se busca es la formalización y mayor recaudación con una medida de este tipo.
El Pleno del Congreso de la República rechazó este martes la admisión a debate de una moción de censura contra el primer vicepresidente del Legislativo, Arturo Alegría (Fuerza Popular), tras un incidente registrado durante la votación de la reforma de sistema previsional peruano, el pasado 6 de junio.
Con 37 votos a favor, 57 votos en contra y 12 abstenciones, se denegó de la Moción N° 11885, que proponía censurar al citado integrante de la Mesa Directiva por avalar una «supuesta votación fraudulenta» de congresistas que no estaban presentes en el hemiciclo, pese a que era una sesión presencial.
Según el documento, Arturo Alegría dispuso una segunda votación del referido dictamen de la reforma del sistema de pensiones sin permitir el debate. «Lo ocurrido es una grave violación al reglamento», precisó.
«En conclusión no ha sido admitida la moción de orden del día 11885, en consecuencia, pasa al archivo», dijo Alejandro Soto, presidente de la Mesa Directiva.
«Tratan de entorpecer el debate»
Durante la sesión del Pleno, Arturo Alegría tuvo un minuto para ejercer su derecho de defensa donde aseguró tener la firmeza de haber cumplido con el reglamento del Congreso y espera tender puentes de diálogo en el parlamento.
«Me dirijo a la representación nacional con la voluntad de retomar el diálogo, con la humildad, pero también con la firme autoridad de haber cumplido la ley y el reglamento del Congreso de la República. Es comprensible entender que luego de varias sesiones donde hemos podido aprobar en esa sala un sin número de proyectos en beneficio de todos los ciudadanos existan ánimos bastantes caldeados. Sin embargo, no puedo dejar pasar por alto los insultos o las pataletas de quienes no pueden lograr con votos y tratan de entorpecer el debate en esta sala», expresó.
Arturo Alegría sostuvo quemuchos de los parlamentarios firmantes de la moción de censura en su contra hicieron uso de la virtualidad en sesiones presenciales.
«Esta bancada de Antauro o la de Juntos Por el Perú, que muchos de los firmantes y aquí hay que decirlo con todas sus letras: la congresista Bazán, que indicaba dentro de los argumentos de la moción de censura que no se podía votar de manera virtual, en dos ocasiones solicitó la virtualidad a la Mesa Directiva, a través de la Oficialía Mayor, esa es la cara que tiene esa izquierda caviar, esa izquierda roja, que lo único que busca es tratar de generar caos a una norma que va a beneficiar a todos los peruanos», dijo en conferencia de prensa.
Al término de la votación se produjeron aplausos y se observaron abrazos de respaldo a Arturo Alegría desde la bancada de Fuerza Popular.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú (Corte IDH) requirió al Estado peruano presentar sus observaciones, hasta el 12 de junio próximo, sobre la solicitud de medidas provisionales respecto de los casos Barrios Altos y La Cantuta por la iniciativa parlamentaria que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Así lo informó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en su cuenta de la red social X, donde señalaron que ha presentado, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de los más sonados casos de abuso a los derechos humanos, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.
Junto a Aprodeh presentaron la solicitud el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paza (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Una comunicación firmada por el secretario de la CorteIDH, Pablo Saavedra, confirma la recepción de la solicitud hecha el viernes sobre las medidas cautelares y en la que también piden que se ordene al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del proyecto de ley que busca precisar los alcances del delito de lesa humanidad.
La carta, compartida por Aprodeh en X, agregó que se ha solicitado al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a más tardar el 12 de junio, “presenten sus observaciones” a esta solicitud de medidas provisionales.
Iniciativa aprobada en primera votación
La norma a la que se hace alusión en el documento de la Corte IDH busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el periodo del conflicto interno que dejó más de 69 000 víctimas.
La iniciativa también indica que el Estatuto de Roma, que estableció que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico el 1 de julio de 2002.
Además, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.
Este proyecto aún debe ser refrendado en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviado al Ejecutivo, para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
El pleno del Congreso de la República aprobó, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, un dictamen que restringe los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana para casos ocurridos antes de 2002.
La norma establece que los delitos anteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003, prescriben según los plazos establecidos en la ley nacional.
El texto sustitutorio, propuesto por la Comisión de Constitución del Congreso, fue sometido a votación después de un debate que dio paso a la suspensión de sesión y lectura del Reglamento del Congreso.
La propuesta, impulsada por los parlamentarios José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), recibió rechazo previo a su aprobación con 56 votos a favor a una cuestión anterior presentada por el legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre).
Hubo luz verde. El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que obliga a operadores de cable incluir en sus parrillas de transmisión canales de televisión de señal abierta.
El resultado de la votación fue de 66 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones. Hubo un intento de que el referido proyecto de ley retorne a la comisión de Transportes y Comunicaciones, pero la propuesta de la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, fue rechazada.
El proyecto de ley aprobado en primera votación en el Pleno, en mayo, otorga el derecho a los canales de señal abierta de ser incluidos en las parrillas de las empresas de TV por cable (Ley Soto, por haber sido autor de la norma), generó polémica.
Perú21 advirtió que sus opositores adviertieron que violaría la libertad de empresa.
Sin embargo, esta es una regulación que ya existe en otras economías como en Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Francia, entre otras. Y, contrario a lo que se piensa, fomenta la competencia en el sector.
“El proyecto del Congreso se condice con las normas de competencia, porque lo que justamente garantiza es que los canales de TV abierta van a poder competir en igualdad de condiciones con los contenidos que las empresas de cable han desarrollado”, sostuvo Jorge Baca Álvarez, director del Instituto de Estudios de los Derechos de los Medios de Comunicación y las Audiencias – Idecom.
La cuadragésima quinta sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se llevó a cabo exitosamente en el distrito de Chancay. Este evento, parte del periodo anual de sesiones 2023-2024, se desarrolló en el local «El Mirador de Chancay», ubicado en la Av. 1 de mayo 796, con una nutrida agenda y la participación de diversas comisiones del Congreso.
El evento contó con la presencia de los congresistas Segundo Quiroz, Eduardo Castillo, José Jerí, Luis Jon, Kelly Tino, Kira Alcarraz, César Revilla, Héctor Ventura, Alfredo Azurín, María Zeta y Roberto Sánchez. Asimismo, estuvieron presentes los alcaldes distritales Jhovinson Vásquez, de Ventanilla; Samuel Daza, de Ancón; el alcalde provincial de Oyón, Aristides Olivera; y el gerente general del Gobierno Regional del Callao, Jorge Perlacios. Como anfitrión estuvo nuestra máxima autoridad distrital, Juan Álvarez Andrade, acompañado de la teniente alcaldesa Giuliana Carrizales, la gerente municipal Ana María Paredes y los regidores Ivonne Del Pilar, Pedro Arana y Elizabeth Galindo. También asistieron los subgerentes Rita Guerrero, Zoila Vega, Cristhian Mendizábal y el encargado de la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, Rafael Olortegui. Además, se contó con la presencia de los equipos de las diferentes autoridades y del público en general.
Durante la sesión conjunta con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, se presentaron dos importantes proyectos de ley. El congresista Segundo Teodomiro Quiroz Barboza expuso el Proyecto de Ley 7535/2023-CR, que busca incrementar los recursos a favor de las municipalidades para fortalecer su capacidad de inversión. Seguidamente, el congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas presentó el Proyecto de Ley 4067/2022-CR, el cual propone la creación del Fondo Perú Progresa, con el objetivo de fortalecer la gestión pública y cerrar las brechas en servicios básicos de los gobiernos regionales y locales.
La sesión también incluyó una presentación conjunta con la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Aquí, el congresista José Enrique Jerí Oré sustentó el Proyecto de Ley 5892/2023-CR, conocido como la «Nueva Ley de Industrias», que pretende revitalizar el sector industrial del país y apoyar a las micro y pequeñas empresas. Por último, se llevó a cabo una sesión conjunta con la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, un proyecto clave para el desarrollo económico y logístico de la región.
El evento resaltó la destacada gestión del alcalde Juan Álvarez Andrade, quien jugó un papel crucial en la organización de esta sesión descentralizada y en la promoción de proyectos que benefician al distrito de Chancay. Su liderazgo ha sido fundamental para atraer la atención del Congreso hacia esta importante región y asegurar la implementación de iniciativas que impulsarán su desarrollo.
La sesión fue bien recibida por los participantes y demostró la importancia de realizar eventos descentralizados para abordar directamente las necesidades y proyectos de las distintas regiones del país.
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