La soga empieza a apretarle el cuello a María Cordero Jon Tay, una de las ilustres representantes de los ‘mochasueldos’ que habitan en el Congreso. El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sobre la denuncia en su contra por recortarle los haberes a sus trabajadores es lapidario con ella, y recomienda, entre sus tres conclusiones, inhabilitarla hasta por diez años para ejercer cargo público. El documento sugiere, además, acusarla por presunta concusión y suspenderla en caso se apruebe la acusación y mientras duren las investigaciones.

El informe que pone contra las cuerdas a la legisladora no agrupada —que ingresó al Parlamento en representación de Fuerza Popular— debía debatirse ayer en la sesión del grupo de trabajo que preside Lady Camones, pero su discusión fue finalmente aplazada hasta este martes 28, bajo el pretexto de que coincidía con el debate en el Pleno del dictamen de la Ley de Presupuesto 2024.

En caso la Subcomisión apruebe el documento este 28 —si no se vuelve a aplazar la sesión—, este será elevado a la Comisión Permanente y luego al Pleno, que decidirá si la soga termina por descabezar a Cordero y se le sanciona, tal como recomienda el informe presentado por Susel Paredes, o termina enviándolo al archivo, como a tantas otras acusaciones que comprometen a un parlamentario. Ya Cordero espera hace varias semanas que el Pleno vote si aprueba o no la recomendación de la Comisión de Ética para suspenderla por 120 días sin goce de haber, en ese caso también por mocharle la remuneración a su exasesor hasta por S/80 mil.

Testimonios de los trabajadores de Cordero y el de un colaborador eficaz, así como audios de la denunciada propalados en un programa periodístico en el que la legisladora casi impone a su empleado depositarle con urgencia el dinero acordado, sustentan este informe final que consigna, asimismo, conversaciones vía WhatsApp de los implicados y boletas de pago.

CONFÍA EN SUSPENSIÓN

Franco Olcese, investigador del centro Wiñaq, considera positivo que este caso haya avanzado y que por las evidencias halladas, el Congreso no dude en aprobar su separación. “Este es el tipo de casos que le hacen más daño al Congreso en su conjunto. El impacto mediático que tuvo, los audios de la propia congresista que la pusieron en evidencia hicieron de este un escándalo mayor que el de otros legisladores ‘mochasueldos’. Todo el mundo sabe de qué se trata este caso. Si el Pleno no la separa estaríamos hablando de una situación mucho más terrible, como si se hubiera elevado el nivel de tolerancia frente a este tipo de eventos. Veo bien difícil que haya congresistas que voten en contra de la suspensión”, explico el especialista a Perú21TV.

La SAC debe ver este martes, además, la audiencia sobre el caso de Magaly Ruiz, otra de las ‘mochasueldos’. También espera debate y votación en el Pleno el informe final de Ética que recomienda suspender a Katy Ugarte por 30 días, por despedir a una trabajadora de su despacho en estado de gestación.