Al caballazo, ayer el Pleno del Congreso aprobó una moción impulsada por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos para que la Comisión de Justicia investigue por siete días hábiles a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los remueva del cargo.
Chirinos acusa a los integrantes de la JNJ de buscar desacreditar la decisión del Parlamento de inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ávalos y de una supuesta filtración de información a la prensa acerca de un proceso que afronta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Este intento de golpe al sistema judicial fue avalado por 78 congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Unidad y Diálogo, Bloque Magisterial y la mayoría de los no agrupados.
Esta vez, la alianza entre los partidos de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña contó con el apoyo de parlamentarios de las agrupaciones de José Luna, Rafael López Aliaga y Patricia Li Sotelo, y otras de derecha y un sector de la izquierda.
La JNJ es la institución encargada de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. El trasfondo de esta maniobra en el Congreso es el intento por destituir a sus actuales representantes y luego pugnar por la elección de unos a su medida.
Argumentos fallidos
Eso explica el amplio consenso en este tema, pese a la falta de evidencia.
La moción de Chirinos pide la remoción de los miembros de la JNJ por haber exhortado, el 23 de mayo último, al Congreso a reflexionar sobre la inhabilitación de la exfiscal Ávalos.
Con 73 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso autorizó que la presidenta Dina Boluarte Zegarra pueda salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre de 2023 a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El pedido indica que la jefa de Estado participará en las principales actividades de la semana de alto nivel del septuagésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de setiembre próximos.
El oficio 286-2023-PR, enviado al Congreso de la República, detalla que la mandataria también sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países, así como con altas autoridades del sistema de las Naciones Unidas.
Señala, además, que la intervención de la presidenta de la República permitirá posicionar al Perú como un actor comprometido con los desafíos globales y con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como resaltar los intereses nacionales en la prevención y gestión del riesgo de desastres naturales, la protección del medio ambiente y de la Amazonía, entre otros temas clave de la agenda internacional.
“La presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse”, precisa el documento.
En contra del viaje
Durante el debate, los congresistas Susel Paredes (CD-JP), Jaime Quito (NA), Elías Varas Meléndez (PB), Hilda Portero López (AP) y Enrique Wong se mostraron en contra del viaje de Boluarte Zegarra a los Estados Unidos.
Ellos coincidieron en que la mandataria debe resolverse los problemas álgidos que atraviesa actualmente nuestro país como la inseguridad ciudadana, los problemas ambientales, y prever de medidas que garanticen el bienestar de la población ante la llegada de El Niño global.
La crítica que hizo Magnet Márquez, ahora exministra de Educación, a la ley aprobada por el Congreso que permite el reingreso a la carrera pública magisterial a más de 14 mil docentes que no han sido evaluados, no es la única observación que recibió la polémica norma.
De acuerdo a información revisada por Correo, la propuesta legislativa recibió opiniones negativas de al menos cuatro entidades del Estado, sin embargo, el texto recibió el visto bueno de la Comisión de Educación y, posteriormente, del Pleno del Parlamento.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil observó la norma porque la Ley de Reforma Magisterial establece que el ingreso a la carrea pública magisterial rige por el principio de mérito y capacidad.
NEGATIVO
El proyecto que promueve el ingreso a la carrera pública de los profesores interinos que fueron cesados fue presentado por Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) en marzo de 2023, aunque existen otras iniciativas que fueron utilizadas como antecedentes al ir en el mismo sentido. En consecuencia, la Comisión de Educación recibió la opinión de diferentes sectores entre los años 2021 y 2023.
ElMinisterio de Educación remitió un informe en el que concluyó que la ley “no resulta viable” porque la Ley de Reforma Magisterial establece que para incorporarse a la carrera pública magisterial es necesario obtener el título profesional pedagógico y aprobar una evaluación.
“El ingreso es por concurso público, por lo cual corresponde que los docentes interinos también sean evaluados”, se lee en el documento.
Además, el Minedu indicó que como ente rector del sector deben establecer los parámetros y criterios para el ingreso a la carrea pública magisterial.
“La propuesta no se alinea a las políticas ni planes del sector Educación, ya que la reincorporación de los profesores cesados no se fundamenta en el mérito profesional de los que serían beneficiados de la medida”, agregó.
El Consejo Nacional de Educación respondió con una “opinión desfavorable” porque consideraron que es necesario mantener la evaluación de méritos a los docentes sin excepción.
La entidad recordó que el nombramiento interino se justificó por la necesidad de cubrir el déficit de profesores en la educación básica regular como respuesta a una necesidad coyuntural.
MÁS
La Autoridad Nacional del Servicio Civil observó la norma porque la Ley de Reforma Magisterialestablece que el ingreso a la carrea pública magisterial rige por el principio de mérito y capacidad, por lo que el ingreso se efectúa por concurso público.
“El objetivo del proyecto colisiona con el referido principio”, indicó la entidad.
Por su parte, el Ministerio de Economía advirtió que la implementación de la iniciativa legislativa de 14,863 docentes en promedio, tendría un costo estimado para un año fiscal ascendente a S/453,152,656.32. Es decir, irrogaría gastos adicionales al Tesoro Público: “La propuesta normativa contravendría las reglas para la estabilidad presupuestaria”.
Cabe recordar que la norma se aprobó en el Pleno del Congreso el 31 de agosto de este año. De acuerdo con el documento oficial del Parlamento, la propuesta recibió 93 votos a favor y 10 en contra. De este último grupo, ocho pertenecían a la bancada de Fuerza Popular, mientras que los otros dos restantes son los no agrupados Carlos Anderson y Edward Málaga Trillo.
Por otro lado, el premierAlberto Otárola negó que el cambio en el Ministerio de Educación obedezca a la crítica al proyecto que aprobó el Congreso.
“En este momento quiero decir con mucha claridad que es política del Gobierno el respeto por la meritocracia, no ha tenido nada que ver con ese tema, nosotros, tenemos que afirmar con la nueva ministra de Educación va a seguir siendo la misma política porque el centro de la atención en la educación deben ser los niños y adolescentes”, dijo a su llegada al Parlamento.
Sin embargo, prefirió no explayarse en el tema al ser consultado por los periodistas presentes.
Un nuevo cuestionamiento se suma contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes. Este martes 5, Infobae presentó un informe en el que da cuenta del presunto plagio del 67% de la tesis de doctorado del político cusqueño para la obtención del grado académico. El texto, tras ser sometido al análisis del programa Turnitin, arrojó que presenta copias enteras de páginas de artículos de otros dos autores, quienes no fueron debidamente citados.
La tesis titulada ‘La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia’ fue presentada por Alejandro Soto —en el año 2017, aproximadamente cuatro años antes de ser elegido congresista— a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) para obtener el grado de doctor.
De acuerdo a los resultados del sistema antiplagio, el trabajo académico registra un 67% de plagio de otros textos. Además, una serie de errores ortográficos y de sintaxis denunciados en el informe. También da cuenta de que el 38% del documento total corresponde a plagios de artículos académicos publicados por los abogados Julio César Castiglioni y Carlos Urquizo Maggia.
Un caso de varios se presenta en la página 8 de la tesis, en la cual se copia un texto de Carlos Urquizo en la exposición teórica de la tesis doctoral, sin citarlo a pie de página ni en la bibliografía. “Además de estar plagada de una serie de errores ortográficos, que ninguna investigación seria puede tener, en efecto hubo ahí un tema de plagio de un trabajo de investigación que yo realicé muchos años atrás sobre responsabilidad civil extracontractual”, declaró el abogado afectado.
El otro gran afectado es Julio Cesar Castiglioni, quien sufrió el plagio del texto de su autoría ‘Análisis de las causales de vacancia, suspensión y revocatoria de los cargos de alcalde y regidores’, publicado en la revista electrónica del Centro de Estudios de Derecho Municipal de la USMP. “¿Cómo es posible que un abogado, el presidente del Congreso, incurra en estas prácticas? Es un plagio burdo, yo estaría dispuesto a esclarecer públicamente y debatir con él sobre los alcances de la investigación que copia textualmente y, que yo sé, es mía”, dijo el letrado para la elaboración de dicho informe.
Alejandro Soto responde frente a acusación de plagio
En respuesta al informe que denuncia el plagio del 67% de su tesis doctoral, Alejandro Soto emitió un comunicado en el que sostuvo que su tesis “fue oportunamente revisada por las autoridades de la universidad en el 2017, año en el que la institución no contaba con el programa Turnitin”.
El presidente del Congreso asegura que su trabajo académico aprobó todos los filtros exigidos, por lo que recibió una nota sobresaliente. Agrega que las omisiones identificadas fueron “involuntarias e inadvertidas”, por lo que rechaza que haya cometido el plagio de su tesis.
La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Martha Moyano (Fuerza Popular), agendó para este martes 5 de setiembre la sustentación de dos proyectos cuyo único fin es forzar el cese inmediato de Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que tiene a su cargo dos importantes investigaciones contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
Se trata de los primeros temas que prioriza la gestión de Martha Moyano en la Comisión de Constitución, al margen del proyecto sobre pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, que será tramitado sin mayores impasses.
Los dos proyectos que buscan el cese inmediato de Inés Tello son de autoría de Patricia Chirinos (Avanza País) y Wilson Soto (Acción Popular), este último investigado en el caso Los Niños.
Por un lado, Wilson Soto propone realizar un cambio en la Constitución mediante la inclusión de un párrafo en el artículo 156, a efectos de incluir la propuesta de la edad máxima de 75 años para ser integrante de la JNJ. Cumplida esta edad, se produce el cese inmediato.
Por tratarse de una reforma constitucional, esta propuesta se tendría que aprobar en dos legislaturas. Pero como la mayoría del Congreso busca blindar a la investigada Patricia Benavides ante la JNJ, hay otro proyecto que puede acortar el camino.
Se trata de la iniciativa de Patricia Chirinos, quien solo propone un texto de supuesto “desarrollo constitucional”. En esa línea, plantea una ley de interpretación del artículo 156 de la Constitución, con el texto siguiente: “Los miembros titulares de la JNJ al cumplir los setenta y cinco (75) años deberán ser cesados automáticamente”.
¿Cuál es el plan? Actualmente, Inés Tello, quien investiga a Patricia Benavides, ya pasó los 75 años. Con la aprobación de la norma, el Congreso podría forzar su cese inmediato y así bloquear las investigaciones que tiene la citada abogada contra la fiscal de la nación.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga, afirmó que su grupo de trabajo se pronunciará a favor de la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debido al sesgo ideológico que ha demostrado y que perjudica al país.
“Nosotros como poder del Estado vamos a solicitar un retiro de la Corte IDH, no podemos continuar en esta corte. Como Relaciones Exteriores podemos solicitar que se contemple esta situación, que el país ya no soporta los vejámenes de esta corte que lo único que ha pretendido es ponernos en genuflexión para poder aceptar sus mandatos sesgados, llenos de perversidad y antiperú”, señaló el legislador.
Dijo ello tras comentar la admisión a trámite por parte de la CIDH de una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.
Sobre el caso de Víctor Polay Campos, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) sostuvo que ahora le toca al Estado peruano defenderse, dejando en claro que se administró justicia con respeto irrestricto a los derechos humanos.
Explicó que desde hace muchos años, las organizaciones terroristas tienen una estrategia legal para su defensa.“Acá mismo operaron con un organismo generado por Sendero Luminoso que se denominaba Movimiento Popular de Control Constitucional, y es la que planteó acciones de inconstitucionalidad y lograron una sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales muchas normas contra el terrorismo”, dijo.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/N23RCBVRUVD73NDPGSLFSQZZQQ.jfif)
ENFOQUE REAL 