Contraloría detecta favorecimiento a postor para alquiler de maquinaria por S/ 435 mil

La Contraloría General evidenció que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chancay (2023-2026) favorecieron a un postor adjudicándole la buena pro para el alquiler de una excavadora hidráulica sobre oruga con operador y combustible por S/ 435 993, a pesar que las especificaciones técnicas de la maquinaria no cumplían con lo requerido y la oferta económica era la más costosa.

La entidad municipal suscribió el contrato de alquiler de la maquinaria por 960 horas para la nivelación, compactación y cobertura diaria de residuos sólidos en el relleno sanitario del distrito, sin advertir que dentro de los documentos obligatorios presentados por el postor no se encontraba el seguro de todo riesgo de equipo de contratista (TREC), certificado de operatividad emitido por un ingeniero mecánico, póliza de seguro del personal operador; así como antecedes policiales y penales.

El Informe de Control Específico N° 007-2024-2-2306-SCE, revela que, para el otorgamiento de la buena pro, en segunda convocatoria, el funcionario de la oficina de abastecimiento descalificó a otra empresa que participaba en el procedimiento de selección por razones que no estaban establecidas en las bases y a pesar de que cumplía con los requisitos y su oferta económica era menor a la propuesta que presentó el ganador.

La comisión de control también detectó que la maquinaria propuesta por el postor ganador no cumplía con la potencia ofrecida y la ficha técnica había sido manipulada.

La situación expuesta atentó contra el normal, correcto y transparente funcionamiento de la contratación pública y la finalidad de la contratación; así como los principios de libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia y la competencia en el proceso de selección. En ese sentido, se identificaron presuntas responsabilidades penal, administrativa funcional y administrativa entidad en tres funcionarios de la comuna distrital.

El informe de control específico recomendó al alcalde realizar el deslinde de responsabilidades administrativas; mientras que a la Procuraduría pública que inicie las acciones legales que correspondan; además, se solicitó al Órgano Instructor de la Contraloría procesar a los servidores involucrados.

El servicio de control específico se realizó entre el 1 de setiembre al 29 de diciembre de 2023. Para acceder a la información detallada consulta el buscador de informes disponible en el enlace https://www.gob.pe/contraloria.

Contraloría iniciará investigaciones contra gobernadores regionales de Ayacucho y Cusco

El Contralor General de la República, Nelson Shack, anunció el inicio de investigaciones a los gobernadores de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; y del Cusco, Werner Salcedo, por tener presunto desbalance patrimonial a raíz del ‘caso Rolex’.

En su paso por el Congreso de la República, Shack Yalta anunció que la indagación se debe a la declaración que dio Salcedo Álvarez admitiendo su titularidad de dos relojes de la marca Rolex que sobrepasan las 2 UIT; así como el informe periodístico que revelaría que el gobernador de Ayacucho Oscorima Núñez, tiene 24 propiedades en las mejores zonas residenciales.

“Es una investigación totalmente distinta a la del Rolex, porque la investigación de la Contraloría es ver si ‘hay indicios o no, de desbalance patrimonial’. Nosotros no analizamos de dónde salieron los relojes, o quien se los regaló.

Lo que haremos frente a la noticia (de que Oscorima tiene muchas propiedades) al igual que en el caso del gobernador de Cusco, es revisar sus declaraciones y frente a alguna duda, se iniciará una investigación”, refirió Shack Yalta.

Asimismo, indicó que la mandataria Boluarte Zegarra ya fue notificada para que rinda su manifestación frente a la investigación de la Contraloría, sobre las declaraciones juradas que redactó entre los años 2022 al 2024.

“Ya fue notificada la presidenta, tiene plazo en la siguiente semana y la subsiguiente en caso requiera una ampliación, para que nos pueda responder las preguntas que le hemos hecho respecto a los Rolex y las otras joyas”, concluyó.

Huacho: Contraloría detecta falta de insumos y medicamentos en centros de salud para control del dengue

La Contraloría General alertó que los establecimientos de salud de la micro red de Huaura y Hualmay, en la provincia de Huaura, carecen de reactivos, insumos y medicamentos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con dengue. Esta situación afectaría las actividades de respuesta y control de dicha enfermedad, así como la prestación oportuna del servicio de salud para los usuarios.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 007-2024-OCI/4056-SVC, cuyo periodo de evaluación fue del 29 de febrero al 13 de marzo, los auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital Regional Huacho – Huaura – Oyón SBS verificaron el desabastecimiento de los medicamentos en los centros de salud de Huaura, Hualmay y Carquín, tales como solución polielectrolítica y el cloruro de sodio (suero), así como de insumos consistentes en llave triple vía, catéter N° 22 y termómetros, todos indispensables para el tratamiento y manejo de los síntomas de pacientes con dengue.

En tanto, en los laboratorios de los establecimientos de salud El Socorro, Huaura, Hualmay y Santa María, se constató la carencia de pruebas Antígona NS1 (reactivos) para el diagnóstico viral de dengue, lo que limita la detección temprana de los casos de dengue para realizar el tratamiento eficaz, eficiente y oportuna de esta enfermedad.

Se identificó también que, los ambientes de farmacia de los centros de salud Carquín, Hualmay y Humaya no cuentan con ventilación necesaria natural ni artificial (aire acondicionado) para la adecuada conservación de los medicamentos, entre ellos los que se utilizan para tratar la enfermedad del dengue.

Durante las visitas in situ, la comisión de control verificó que los establecimientos de salud El Socorro, los centros de salud Huaura, Hualmay, Santa María y los puestos de salud, Humaya, Campo Alegre y Carquín de la Microred Huaura y Hualmay no cuentan con movilidad propia para el traslado de muestras para la detección del dengue.

También se evidenció que existe demora en la entrega de resultados de la prueba (ocho días aproximadamente), situación que genera el riesgo de que se realice una deficiente respuesta y control de la enfermedad epidemiológica, más aún cuando los casos confirmados de dengue en algunos de estos establecimientos suman aproximadamente 590 casos hasta la fecha de la visita de control.

Cabe precisar, que el informe fue emitido el 13 de marzo y consistió en la verificación de seguimiento a las actividades y control del dengue en los establecimientos de salud de la Microred Huaura y Hualmay, que hacen un total de siete centros y puestos de salud de la provincia de Huaura.

Dato:

De acuerdo al reporte de epidemiología del Hospital Regional de Huacho de la Red Integrada de Salud Huaura-Oyón, hasta el 19 de marzo los casos confirmados de dengue en la provincia de Huaura ascendían a 1195

Según Contraloría; más de 24 mil millones de soles es lo que se robaron los corruptos sólo en el año 2023

La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.

“En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7.En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.

Durante la conferencia, el titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3%, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4% y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1%.

Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5%), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2%) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3%).

Ranking de regiones

En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.

El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%) se completan las primeras diez posiciones.

Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, Áncash con S/ 1311 millones, Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones. Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).

“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.

Funcionarios con presunta responsabilidad

El Contralor General informó que como resultados de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se pudo determinar que 9338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.

De ese total, existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal. Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.

Agenda de control 2024

El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50 mil servicios de control, de los cuales 38 200 servicios son de control simultáneo, 11 670 son de control posterior y 130 de control previo.

“Lo más importante aquí es que vamos a tener, por primera vez, una enorme cobertura. En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas, lo que significaba que más de las dos terceras partes de entidades públicas nunca recibían una visita o auditoría de la Contraloría. Ahora esa tasa de cobertura en el 2023 fue del 67% y en el 2024 va a ser 95%, prácticamente vamos a tener cobertura plena. Por primera vez, en toda la historia de la Contraloría, este año vamos a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú”, manifestó.

Adelantó que como parte del Plan Nacional de Control se tiene previsto ejecutar seis operativos de control en materias como el operativo de Seguridad Ciudadana, donde se supervisarán más de 1400 entidades públicas tales como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y municipios (provinciales y distritales) y el operativo de Discapacidad e Inclusión Social, con el cual se supervisará el cumplimiento de la normativa vigente sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, accesibilidad y ejecución presupuestal en un total de 1800 entidades públicas.

Otro operativo programado por la Contraloría es el Buen Inicio del Año Escolar 2024 para determinar si las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular cumplen con las disposiciones vigentes y normativa aplicable para el inicio de clases escolares. También figura el operativo de Espacios Culturales, con el que se supervisará el cumplimiento de la normativa sobre el ingreso de visitantes a nueve espacios culturales en siete departamentos.

La Contraloría también pondrá en marcha el operativo sobre consultorías para promover que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado, y otro operativo denominado “Deporte para Todos”, donde se fiscalizará las transferencias realizadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los 200 inmuebles bajo su administración.

“Estos seis operativos se van a desarrollar en el primer semestre del presente año y algunos se extenderán hasta el segundo semestre”, acotó.

Portal para transparentar información de consultorías

Shack Yalta también anunció que ante los resultados de la fiscalización hecha por la Contraloría a las consultorías, usando herramientas como la Inteligencia Artificial y el apoyo de la participación ciudadana, se consideró pertinente hacer más transparente el acceso a la información sobre consultorías y por eso se implementó una plataforma web (https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe/), que puede ser revisada por toda la sociedad civil.

Indicó que en el 2023 se gastaron S/ 19 mil millones en contrataciones cuyo valor era menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y de ese monto se tiene que entre S/ 5 mil millones y S/ 6 mil millones son órdenes de compra, y el saldo de S/ 13 mil millones corresponden a órdenes de servicio, entre los cuales figuran los servicios de consultorías contratadas por las entidades públicas.

“En términos de consultorías propiamente dichas estamos hablando de casi S/ 6 mil y S/ 7 mil millones que se gastan al año y para tener una idea de la magnitud del monto, eso es casi la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú”, refirió. Agregó que el gasto en consultorías en el país llama mucho la atención también por su crecimiento, ya que aumentó en casi 15% entre los años 2022 y 2023.

Contraloría exhortó a los gobiernos locales y regionales a adoptar acciones ante las intensas lluvias

La Contraloría General de la República instó a los titulares de los gobiernos regionales y locales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash a adoptar acciones oportunas y necesarias ante la ocurrencia de intensas lluvias, con la finalidad de salvaguardar a salud e integridad de la población.

De las 275 comunicaciones de exhortación que remitió, solo 24 entidades respondieron, pese a la emisión de reiterativos en razón a las lluvias que se reportan en este mes de febrero.

En un comunicado, la entidad señaló que en Tumbes entregó 25 oficios, exhortando la implementación de acciones inmediatas para contrarrestar los daños ocasionados por las lluvias, entre ellas la pronta intervención del Gobierno Regional en la obra de pistas y veredas de las calles Tarapacá, 24 de Julio, av. Piura y av. Arica, en el cercado de Tumbes, por la acumulación de aguas contaminadas como resultado de las lluvias y el colapso de desagües. “Solo cuatro entidades respondieron”, precisó.

Por las recientes precipitaciones, apuntó, el barrio Bellavista fue inundado al ubicarse en bajada hacia el margen del río Tumbes, donde existe una compuerta, que, según un informe de control, no fue descolmatada. “El OCI de la Municipalidad Provincial de Tumbes requirió que se activen los planes de acción e informen las medidas inmediatas adoptadas”, expresó.

La Contraloría detalló que en Piura se enviaron 74 oficios dirigidos a los titulares de las ocho provincias y 64 distritos, Gobierno Regional y Direcciones, de los cuales “solo cuatro entidades cumplieron con informar las principales actividades desplegadas ante las últimas lluvias que inundaron las provincias de Morropón y Piura”.

“En Chulucanas se activaron quebradas y generaron el desborde del río Charanal, donde la entidad fiscalizadora superior advirtió que en la obra de creación de protecciones por S/19 millones se efectuaron trabajos deficientes y se pagó por tramos no concluidos. Las municipalidades de la zona no presentaron sus planes de acción”, refirió.

Comunidades y vías de comunicación dañadas

En Lambayeque, la Contraloría instó a las autoridades a tomar medidas urgentes, comunicando 41 oficios a los titulares de diversas entidades como las municipalidades de Chiclayo, Ferreñafe, etc.

Según el organismo público, solo la Dirección de Agricultura notificó su plan de acción, pese a que el distrito de Olmos se vio perjudicado por las últimas lluvias, donde poblaciones enteras fueron aisladas por el crecimiento del río Olmos que afectó las vías de acceso a los caseríos de El Médano y La Orchía.

“Problemas similares se reportaron en Cañaris donde las lluvias dañaron las vías de comunicación y aislaron a comunidades enteras del centro poblado de Colaya, en el distrito de Salas, hasta Huayabamba. Además, la crecida de las quebradas arrasó con los puentes de los ríos Chiñama y Huayabamba, dejando aislados a más de siete mil habitantes de 45 caseríos. Según información reciente, también se desbordaron los ríos Palo Blanco y El Molino”, detalló.

En tanto, en La Libertad la Contraloría remitió 41 comunicaciones, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. “En Áncash fueron notificados 94 instituciones públicas, solo 14 cumplieron con informar hasta la fecha”, añadió.

Contraloría: Jefe del comando conjuto de las FF. AA. insistió en compra de blindados por US$ 64 miillones a empresa descalificada

El jefe del Comando Conjunto del Ejército David Ojeda Parra habría intentado manipular un procedimiento de adquisición de vehículos blindados, en un proceso que la Contraloría ha descrito como “irregular”.

La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la adquisición de 30 vehículos para el transporte blindado con vehículos portatropa a ruedas para la 3ra y 6ta brigada blindada del Ejercito-de Estado a Estado.

Según el informe de Acción de Oficio Posterior N° 025-2023-2-0284-AOP que halló irregularidades en la compra de los vehículos blindados, quien sería el principal beneficiario sería el general David Ojeda Parra, quien acaba de asumir la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, en el documento se destaca que la institución encargada de seleccionar al proveedor de estos autos “no desempeñó sus funciones con transparencia”.

El informe advirtió una serie de irregularidades respecto al proceso que la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército (CETO) había desplegado para la adquisición de 30 unidades de vehículos blindados ARMA, para la que la empresa turca Otokar postuló en su momento.

Según la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas ACFFAA, el expediente inicial en el que el jefe del Comando Conjunto solicitó la contratación, fue devuelto “pues encontró que varias empresas se habían quejado porque nunca recibieron respuestas a los cuestionamientos que hicieron al proceso”.

Dicha precisión fue refrendada por el informe del Órgano de Control Institucional del Ejército adscrito a la Contraloría el cual detalló que “la CETO no habría evaluado de forma clara la propuesta de la empresa que ocupó el primer lugar de prelación (Otokar); referente a los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas y garantía técnica y/o comercial, las mismas que difieren de los requerimientos técnicos mínimos solicitados (…), (por lo que) no debió ser admitida”.

El intento de esta contratación superó el presupuesto que el Ministerio de Defensa había dispuesto para el Ejército. En un inicio, se contempló que el monto máximo a gastar para la adquisición de estos vehículos era de US$60 000 000; sin embargo, la adquisición final de estos 30 blindados terminaría por suponer al Estado peruano un total de US$64 625 605.

La responsabilidad directa de esta licitación cuestionada, ahora ratificada con los documentos de la Contraloría recaería en el General de División del Ejército, David Ojeda Parra, quien habría presionado a la ACFFAA “para que procediera a la compra de los blindados”.

En sus informes, detalló que el 17 de marzo del 2023 el mismo Ojeda nombró a los integrantes de la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército. Dejó en la presidencia de dicho organismo a Julio Ruiz Juárez, a fin de que este dispusiera la elección del modelo; quien finalmente se decantó por la empresa que Ojeda Parra solicitó atender.

Finalmente, la irregularidad que quedó registrada por la Contraloría solo recomendó al comandante General del Ejército que “adopte las acciones que corresponden en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho como indicio de irregularidad y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponde”.

Según lo detallado en informes previos, existieron hasta tres oportunidades en las que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, ejerció presiones para forzar la compra de los 30 vehículos blindados de la empresa turca cuyas deficiencias fueron advertidas por la Contraloría. Estas insistencias fueron resueltas en su momento por la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas por medio de tres oficios de respuesta a Ojeda.

La primera vez, le detallaron que “no resultaba viable proceder a la admisión”, pues la propuesta de la empresa “supera el valor referencial establecido en el requerimiento final y el monto autorizado por el Ministerio de Defensa”. En una segunda oportunidad, la ACFFAA reitera que la dirección “se ratifica en que no se podrá continuar con siguientes etapas de la contratación (…) hasta que se realice la reformulación correspondiente”.

Pero la ACFFAA volvió a responder a un tercer intento de presión en el que detalla que “ha emitido un pronunciamiento definitivo que habla sobre las deficiencias insubsanables en la contratación materia del asunto”.

El vehículo ARMA 8×8 de Otokar se caracteriza por su diseño modular y su adaptabilidad para diversas operaciones militares, tales como el traslado de tropas y las operaciones de combate de infantería. Presenta una estructura monocasco que le confiere la capacidad de flotación, desplazándose hasta 9 km/h en medios acuáticos. Su envergadura de 8x3x2.45 metros le permite transportar hasta 40 toneladas, incluyendo diez fusiles y dos operadores.