La Contraloría General de la República ha identificado presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) por irregularidades en el proceso de adquisición e implementación del Sistema de Difusión y Comunicación de Mensajes de Alerta, en el marco del Sistema de Alerta Temprana ante Sismos.
Así lo determina un informe emitido por el órgano de control en el que se señala que Carlos Yáñez, jefe del Indeci; Óscar de la Cruz, jefe de la Oficina General de Administración del Indeci, y Emer Vidal, jefe de la Oficina de Logística del Indeci, firmaron el contrato con la empresa Alert Solutions, que no presentó una garantía de fiel cumplimiento, con un seguro por 751 000 dólares.
Contraloría emitió previamente una serie de informes desde la etapa del proceso de selección en los que ha alertado sobre situaciones adversas para el Estado; sin embargo, desde el Indeci no tomaron en cuenta las advertencias y continuaron adelante con el proceso de adjudicación para el Sistema de Difusión y Comunicación de Mensajes de Alerta.
De acuerdo con lo anunciado por el Indeci, este sistema serviría para enviar una alerta a los celulares de los ciudadanos en las zonas del litoral peruano, donde ocurren la mayor cantidad de sismos, segundos antes de un movimiento a fin de que puedan ponerse a buen recaudo.
Informes
Al respecto, Smith Flores Vásquez, vocera de Contraloría, señaló que todos estos informes fueron remitidos a los titulares de la entidad, por lo que no solo se identificó la presunta responsabilidad del jefe del Indeci, sino también la de otros funcionarios ligados al proceso.
“No solo se ha identificado la presunta responsabilidad al jefe del Indeci, sino también al jefe de la Oficina General de Administración, al jefe de la Oficina Logística y a los miembros del Comité de Selección (…). El comité de selección admitió, evaluó y otorgó una buena pro al contratista cuando este no había cumplido con una de las especificaciones técnicas”, indicó al dominical Panorama.
En esa línea, la funcionaria indicó que la implementación de este proyecto tiene un presupuesto asignado de más de 60 millones y medio de soles, por lo que el informe de Contraloría busca cautelar el buen uso de los recursos del Estado y que se brinde la protección necesaria a la población que requiere de este sistema ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud.
Respuesta de Indeci
El dominical solicitó los descargos del Indeci a fin de que algún funcionario de la entidad pueda dar una entrevista, pero solo se limitaron a enviar un comunicado en el que aseguran que el proceso se dio en “estricto respeto a la ley y reglamento de contrataciones del Estado.
Asimismo, señalaron que el órgano de control institucional tuvo una interpretación errónea respecto a la licitación de este sistema. Pese a ello, aseguraron que, en cumplimiento de la ley, se someterán a las instancias que correspondan, a fin de que se determine que los funcionarios del Indeci actuaron de acuerdo con sus funciones.
La Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Oyón contrató y pagó por la elaboración de ordenanzas, directivas y asesorías a dos proveedores que no cumplían con los términos de referencia, además que dichos documentos no fueron utilizados de acuerdo a su objetivo y finalidad, lo que generó un perjuicio económico de S/ 613 700.
Según consta en el Informe de Control Específico N° 031-2023-2-2961, que abarca el período del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, funcionarios del municipio de Oyón requirieron 22 servicios para la elaboración de ordenanzas (19) y asesorías (3), en las que resultó ganador el proveedor GLV Service SAC y cuyas propuestas fueron admitidas a pesar de que incumplió con requisitos como el currículum vitae documentado CV y el Código de Cuenta Interbancaria CCI.
A ello se suma que ninguna de las 19 ordenanzas elaboradas por el proveedor fue aprobada y publicada, de acuerdo al objetivo y finalidad por la cual se realizaron, esto representó un perjuicio económico de S/ 547 700.
Asimismo, se requirieron veinte servicios de asesorías (10) y proyectos de directivas (10), dando como ganador al proveedor Juan Uribe Chávez, quien pese a incumplir en todos los casos los requisitos de grado académico y entrega de Código de Cuenta Interbancaria fue admitido, aprobado y pagado.
En este caso también se advirtió que, de los diez proyectos de directivas requeridos y pagados, ninguno cuenta con algún documento de aprobación y publicación, situación que afecta el objetivo y la finalidad por la que se había solicitado su elaboración y ocasionando un perjuicio a la entidad por S/ 66 000.
Por los hechos expuestos, la Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en once funcionarios de la Municipalidad Provincial de Oyón por lo que procedió a comunicar al Procurador público Especializado en Delitos de Corrupción para que dé inicio a las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en el informe, así como al alcalde provincial para las acciones administrativas que correspondan.
La Contraloría General identificó a 84 funcionarios públicos de Lima Provincias con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa, como resultado de auditorías de cumplimiento y controles específicos, emitidos entre enero y agosto del 2023.
En lo que va del año, se han realizado 872 servicios de control en Lima Provincias, cuyo ámbito abarca 225 entidades públicas de 128 distritos de toda la región.
Entre las entidades auditadas en las que se ha detectado presunta irregularidad se encuentran el Gobierno Regional de Lima, las municipalidades provinciales de Barranca, Yauyos, Canta, Cañete, Cajatambo y las municipalidades distritales de San Antonio y Santiago de Tuna (Huarochirí), Cochamarca (Oyón), Végueta (Huaura), la Dirección Regional de Salud, entre otros.
Estas cifras fueron dadas a conocer por el gerente regional de control de Lima Provincias, Jean Vásquez Neira, en una jornada informativa ante periodistas de la región. Informó además que de los 872 servicios de control realizados 637 pertenecen al Control Simultáneo y 235 al Control Posterior.
El gerente regional invitó a los participantes a consultar la plataforma web denominada “Velocímetro del Control” https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe, un portal que permite conocer el avance y los resultados de todos los servicios de control elaborados por la Entidad Superior Fiscalizadora a nivel nacional, por región, provincia o distrito.
RESULTADOS DEL CONTROL
Entre los principales informes de control ejecutados por la Contraloría en Lima Provincias se encuentran el Informe de Control Específico N° 013-2023-2-2961 que evidenció un perjuicio de más de S/ 4 millones en la Municipalidad Distrital de Cochamarca ya que exfuncionarios y exservidores modificaron las especificaciones técnicas en la ejecución del saldo de obra Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal EMP PE-18 puente Choque – Colcapampa, en el distrito de Cochamarca, Oyón, lo que afectó la resistencia y durabilidad de la vía.
También se evidenciaron irregularidades en la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima. El Informe de Control Específico N° 009-2023-2-0637, deja constancia que funcionarios solicitaron la adquisición de uniformes institucionales para el personal nombrado, a pesar de no contar con crédito presupuestario, situación que afecta el presupuesto de metas de 33 programas en salud por S/ 279 mil y registra una genérica de gasto que no corresponde.
Además, se halló un perjuicio económico de más de S/ 600 mil en la Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna, Huarochirí, al omitir la aplicación de penalidad por mora debido a retrasos injustificados del contratista y recepción de la obra “Recuperación del Local Escolar 20610 Gervasio Clemente Valencia Ex 550” sin estar culminada. El detalle se encuentra en el Informe de Control Específico N° 11443-2023-CG/GRLP-SCE.
Entre otros informes, también se dio a conocer el Informe de Control Específico N° 018-2023-2-0429 en el que la Contraloría General detectó que el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Canta no admitió ofertas de postores que cumplieron con los requisitos obligatorios y otorgó la buena pro a un postor con la mayor oferta económica, hecho que afecta el correcto funcionamiento de la administración pública.
AGENDA DE CONTROL
Para los siguientes meses, la Contraloría realizará servicios control concurrente a la descolmatación y limpieza del río Supe en Barranca, al mejoramiento de pistas y veredas del sector sur este de Huaral y al mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular del camino vecinal de Aucallama.
También se ejecutarán servicios de control específico a la creación e implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Cañete, a cargo de la Dirección Regional de Agricultura, así como al otorgamiento de la viabilidad y aprobación del expediente técnico para la ejecución de la obra “Mejoramiento de campo deportivo con Grass sintético” en Barranca, entre otras acciones de control.
Como resultado del Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023”, la Contraloría General identificó que un 91% de entidades públicas supervisadas en Lima Provincias no cuentan con planes específicos aprobados y actualizados para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de desastre orientados a proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.
El control gubernamental se realizó a una muestra de 44 entidades públicas en las 9 provincias de la región con el mismo número de intervenciones (visitas de control) en un período que comprendió del 1 de junio al 11 de agosto de 2023.
En Lima Provincias se supervisó al Gobierno Regional, sus direcciones regionales, las nueve municipalidades provinciales y una muestra representativa de municipalidades distritales.
Uno de los principales resultados del operativo es que el 91% (40) entidades públicas no cuentan con el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) relacionado a operaciones planificadas y articuladas para evitar la generación de nuevos riesgos y reducir las vulnerabilidades existentes.
Cabe precisar que la región Lima está expuesta a riesgos de desastres naturales como lo ocurrido con el Ciclón Yaku que afectó directamente a las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura y Yauyos. Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.
Dicha ley establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales (como integrantes del Sinagerd) formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus autoridades son los máximos responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Otros resultados
Durante el Operativo Nacional de Control “Gestión del Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023” realizado en Lima Provincias se supervisaron otros seis planes específicos con los siguientes resultados:
Planes de preparación (PP)
Se evidenció que 40 entidades públicas (91%) no cuentan con el Plan de Preparación (PP) para la respuesta y rehabilitación, debidamente aprobado y actualizado. Este un instrumento de gestión que permite articular acciones para preparar a la población ante una situación de desastre y atender eficazmente las consecuencias de una emergencia.
Plan de Operaciones de Emergencia (POE)
Se identificó que 40 entidades públicas (91%) carecen del Plan de Operaciones de Emergencia (POE), documento que describe las acciones destinadas a responder de manera efectiva y oportuna ante situaciones de peligro inminente, así como ante el impacto de las emergencias o desastres.
Plan de Continuidad Operativa (PCO)
Con respecto al Plan de Continuidad Operativa, a través del cual se implementan las medidas orientadas a mantener ininterrumpidas las actividades críticas identificadas en las entidades, a fin de proveer los servicios a la población ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, se halló que 43 entidades (98%) no cuentan con este documento de gestión.
En el operativo, también se identificó que 41 entidades supervisadas no cuentan con Planes de Educación Comunitaria, Planes de Rehabilitación (41 entidades) y Planes de Contingencia (37 entidades).
Recomendaciones
Frente a los resultados del operativo, la Contraloría recomendó a los titulares de las entidades supervisadas, adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la formulación y aprobación de planes específicos concordantes con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Además deberán comunicar al Órgano de Control Institucional correspondiente, las acciones preventivas o correctivas adoptadas respecto a las situaciones adversas contenidas en los informes.
Un informe de resultados de la Contraloría ha revelado que de los casi mil millones de dólares que ha asignado el Gobierno a distintas instituciones para la prevención de el Fenómeno de El Niño, solo el 6% se ha cobrado, según señaló el contralor de la República, Nelson Shack.
«Particularmente, del Gobierno nacional, escencialmente de la Autoridad con Cambios, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Agricultura, de Defensa, etc. Y lo que vemos con preocupación es que a la fecha, de esos más de 3 mil millones de soles solo se ha devengado el 6%, y se han firmado contratos por alrededor del 25%», dijo a la prensa.
Como se recuerda, en nuestro país se espera que el impacto del fenómeno de El Niño sea aproximadamente entre noviembre y diciembre de este año, y también en verano de 2024.
Gestión de Desastres
El contralor Nelson Shack mostró su profunda preocupación por la próxima llegada del fenómeno del Niño 2023 y haberse constatado que a la fecha solo se ha ejecutado el 6% del presupuesto de S/ 3566 millones presupuestado para la ejecución de obras de prevención. “Ojalá (que el Niño) no venga de manera severa porque sino nos va a destruir. Pueden morir miles de compatriotas y habrá millones de dólares en pérdidas de infraestructura pública y privada”, manifestó.
Agregó que, si bien hay un monto de S/ 825 millones comprometidos, las entidades no cuentan con los planes específicos para atender las emergencias por fenómenos naturales. Señaló que todo indica que las lluvias se presentarán en noviembre próximo y se supone que las obras de prevención deberían ejecutarse antes pero que en el país no hay una cultura de prevención sino que se avanza con improvisación.
Mostró como ejemplo las deficiencias en la contratación del servicio de limpieza y descolmatación del canal Chutuque y protección Virrilá en el río Piura, donde se identificó deficiencias en términos de referencia, falta de experiencia en personal clave y de ficha técnica.
La Contraloría General detectó un perjuicio económico por S/619 millones en el Poder Ejecutivo, otros poderes del Estado, organismos autónomos y universidades públicas en el periodo 2016-2023, como resultado del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, informó el contralor general Nelson Shack.
Agregó que el megaoperativo realizado entre marzo y agosto de este año supervisó un total de 356 entidades públicas comprendida por 240 del Poder Ejecutivo (ministerios, organismos públicos descentralizados, programas, superintendencias), 7 de otros poderes del Estado (Poder Legislativo y Poder Judicial y sus ejecutoras), 65 organismos autónomos (TC, JNJ, JNE, Reniec, Onpe, entre otras) y 44 universidades públicas.
Cabe señalar que, en el caso del Poder Ejecutivo, el periodo supervisado comprendió los periodos presidenciales de Pedro Pablo Kuczynsky (20 meses), Martín Vizcarra (31 meses), Francisco Sagasti (09 meses), Pedro Castillo (16 meses) y Dina Boluarte (9 meses)
Shack informó que con el megaoperativo se realizaron 3181 servicios de control, de los cuales 967 fueron de control posterior y 2214 de control simultaneo, con un monto controlado ascendente a S/ 109 274 millones correspondiente a ejecuciones presupuestales del 2016 al 2023.
Los principales sectores intervenidos fueron Transportes y Comunicaciones (40%), Educación (20%), Saneamiento (13%), Económico financiero (8%), Agropecuario (6%), Orden público (4%), Energía (4%), Salud (2%) y otros (3%).
Producto del control posterior, el megaoperativo identificó un perjuicio de S/ 619 millones en la que 1242 funcionarios públicos tienen presunta responsabilidad civil, penal y/o administrativo. De dicha cantidad de funcionarios, 1030 son del Poder Ejecutivo, 17 a otros poderes del Estado, 60 a organismos autónomos y 135 a universidades públicas, qujenes tendrían una a más responsabilidades en el ámbito administrativo (841), administrativo PAS (202), civil (474) y penal (321).
Del mismo modo, con el control simultáneo se alertó a los titulares de las entidades públicas sobre hechos o situaciones adversas que ponen en riesgo la ejecución del gasto público, con la finalidad que realicen correcciones. En total se identificaron 4264 situaciones adversas producto de 2214 servicios de control simultáneo.
De dicha cantidad, a la fecha 1477 situaciones adversas identificadas fueron resueltas, 2041 aun no presentan acciones pero se encuentran dentro del periodo de 45 días para atender la alerta, y 746 aún no fueron corregidas hasta el momento.
Shack Yalta incidió en la importancia de que los gestores públicos tomen acción inmediata en relación a los riesgos y situaciones adversas advertidas por la Contraloría General.
Casos emblemáticos
Shack presentó algunos casos emblemáticos identificados por el megaoperativo, como el caso de la compra de equipo de desinfección de aire que no cumplía a cabalidad su función, en el Hospital de la FAP, donde se identificó la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cinco funcionarios, así como el caso de la falta de control de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC) donde se desconoce la ubicación de 70 armas de fuego que involucró a seis exgerentes con presunta responsabilidad administrativa.
Del mismo modo, en el mismo Sector Político Administrativo, se identificó un perjuicio de S/ 2.2 millones en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneameinto (SUNASS) en la compra de 469 computadoras personales que incumplen características requeridas, caso en el que determinó la presunta responsabilidad civil y administrativa entidad de dos funcionarios, y también el hecho de favorecimiento indebido a proveedores y beneficiarios en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional donde hay 17 presuntos responsables penal, civil y administrativo.
En el Sector Económico Productivo, se alertó al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) el riesgo de que agricultores en situación de pobreza sean perjudicados por reducción de abastecimiento de agua, y se detectó el caso del perjuicio por más de S/ 2 millones por plazos sin sustento en el contrato de Chavimochic III y la falta de pólizas de seguro, con seis presuntos responsables (civil).
También se detectó cuatro presuntos responsables en el Banco de la Nación por la falta de control y acciones para prevenir fraudes en el pago del Bono Yanapay que ocasionó un perjuicio de más de S/ 6 millones, y la falta de instalación de más de 140 sistemas de grabación que no fueron instalados en cajeros automáticos para vigilar transacciones de usuarios.
Asimismo, en el Sector Social Cultural, se identificó que 26 funcionarios y servidores del Fondo Mi Vivienda beneficiaron a una empresa inmobiliaria y sus subsidiarias en la firma de un convenio que les permitió otorgar créditos hipotecarios a familias beneficiarias de Techo Propio, o el perjuicio de S/ 21 millones en el Ministewrio de Salud por la compra de medicamentos sin sustento técnico ni legal para pacientes con COVID-19.
En el caso de organismos autónomos, se informó sobre el caso del comité de selección que adjudicó la compra de alfombras para el Congreso de la República por S/ 315 mil a proveedor que incumplía requisitos exigidos o el casao de la designación de personal de confianza a una persona sin título profesional, entre otros.
Gestión de Desastres
El contralor Nelson Shack mostró su profunda preocupación por la próxima llegada del fenómeno del Niño 2023 y haberse constatado que a la fecha solo se ha ejecutado el 6% del presupuesto de S/ 3566 millones presupuestado para la ejecución de obras de prevención. “Ojalá (que el Niño) no venga de manera severa porque sino nos va a destruir. Pueden morir miles de compatriotas y habrá millones de dólares en pérdidas de infraestructura pública y privada”, manifestó.
Agregó que, si bien hay un monto de S/ 825 millones comprometidos, las entidades no cuentan con los planes específicos para atender las emergencias por fenómenos naturales. Señaló que todo indica que las lluvias se presentarán en noviembre próximo y se supone que las obras de prevención deberían ejecutarse antes pero que en el país no hay una cultura de prevención sino que se avanza con improvisación.
Mostró como ejemplo las deficiencias en la contratación del servicio de limpieza y descolmatación del canal Chutuque y protección Virrilá en el río Piura, donde se identificó deficiencias en términos de referencia, falta de experiencia en personal clave y de ficha técnica.
Shack informó que la Contraloría concluirá próximamente 28 servicios de control posterior a entidades como el Ministerio de Defensa, Provías Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, en setiembre presentará resultados de operativos al cumplimiento de perfiles, y se iniciarán en salud, seguridad ciudadana, y la Ley General para personas con discapacidad.
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