Se gastarán más de S/112 mil millones en sueldos y pensiones del Estado

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, sustentó ayer el proyecto de presupuesto público 2027 ante el Pleno del Congreso. Con ello, desnudó el gasto en burocracia estatal que ejecutará el gobierno el próximo año, un rubro financiado con nuestros impuestos que creció 72% en el último quinquenio tras el paso de cuatro presidentes (Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar), la contratación de sus partidarios y las iniciativas del Congreso.

Así, detalló que para 2027 se ha asignado un presupuesto de S/266,506 millones. De los cuales, S/112,886 millones, el 42.4% de los recursos se destinará al pago de sueldos y pensiones de los trabajadores del Estado.

La cifra es casi el triple de lo que Estado espera gastar en alimentos, combustibles, uniformes, útiles de oficina, materiales de limpieza, medicamentos, vacunas, insumos médicos, materiales educativos, repuestos, herramientas, suministros para mantenimiento, agua, electricidad, telefonía e Internet, alquileres, entre otros bienes y servicios.

“Lo ideal es que un país gaste más en bienes y servicios”, dijo Cuba, tras indicar que si se logra bajar la evasión tributaria en US$6,000 millones en dos años, se podría destinar más recursos a la compra de esos materiales que tanto se necesitan.

¿Qué factores influyen en los salarios tan altos en el Estado?

Cuba detalló que el aumento del presupuesto en burocracia estatal responde a una serie de medidas aprobadas por el Congreso, que no consideró las fuentes de financiamiento.

Entre ellas figuran S/683 millones para los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva centralizada y S/241 millones para cubrir la diferencia en las gratificaciones de julio y diciembre de los trabajadores CAS. Esta última medida aún podría ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional (TC), que ya ha precisado que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

Para dimensionar cuánto se gastará en sueldos, Cuba mostró las cifras asignadas exclusivamente a remuneraciones en cada sector. En educación, cultura y deporte se han presupuestado S/52,198 millones para el próximo año, de los cuales S/31,451 millones se destinarán a las planillas del personal activo, CAS y pedagógico del Ministerio de Educación y los gobiernos subnacionales. En salud ocurre algo similar, de los S/32,208 millones asignados al sector, S/17,893 millones se destinarán a remuneraciones.

“Algunos congresistas plantean mayores salarios. Todos queremos mayores salarios, créanme, yo quisiera aumentar de manera sustantiva el sueldo de policías, militares, profesores, médicos y todos los servidores públicos”, aseguró. No obstante, señaló que ese interés de los parlamentarios se contradice, con lo que algunos legisladores piden respecto a reducir el gasto corriente, que es el que incluye remuneraciones, pago de obligaciones operativas y mantenimiento de los servicios públicos.

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PRESUPUESTO

¿Cuánto se destinará para El Niño y la Seguridad?

El presupuesto del próximo año incluye S/2,489 millones para intervenciones vinculadas al fenómeno de El Niño (FEN), de los cuales S/1,047 millones serán para la Autoridad Nacional de Infraestructura.

Además, el Instituto Nacional de Defensa Civil recibirá S/413 millones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento S/273 millones.

“Son casi S/2,500 millones para el fenómeno de El Niño para 2027 que se suman a los S/2,500 millones que ya hemos destinado de acá a diciembre de este año”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas.

Por otro lado, un punto que destacó fue el presupuesto para protección social que sumará S/12,493 millones, lo que significa un aumento de S/1,804 millones si se compara con lo que se presupuestó para este año.

En este caso se incluye el aumento que recibirán los beneficiarios de Pensión 65, que actualmente cobran una subvención bimestral de S/300 y desde el próximo año cobrarán S/700.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el presupuesto del próximo año representa un “punto de inflexión” para enfrentar la inseguridad, cerrar brechas sociales y alcanzar los objetivos que se ha puesto el Gobierno.

Asimismo, indicó que deben enfrentar desafíos estructurales como la baja productividad, la alta informalidad laboral, las desigualdades territoriales, el déficit de capital humano y la alta vulnerabilidad del país ante el FEN. 

 

Lo que debe saber el lector

  • De los S/52,198 millones de presupuesto para educación, cultura y deporte, S/31,451 millones se van para planilla del personal activo, CAS, entre otros.
  • Se destinarán S/15,338 millones para seguridad y orden interno.

Ministro de Agricultura asegura que un agricultor «no le tiene que pedir nada al Estado» si le va mal

En medio de un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, desató una fuerte controversia en el sector con unas declaraciones.

Durante su intervención en el encuentro denominado “Jueves Minero”, Manero sostuvo que la agricultura debe ser concebida como un negocio y no como una actividad «idealizada». 

De manera tajante, aseguró que si un agricultor enfrenta pérdidas, debería abandonar el rubro en lugar de buscar apoyo del Estado.

“Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente: este es un negocio y, si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal, tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas”, declaró.

El ministro insistió en que en el Perú se ha “romantizado” la actividad agrícola, considerándola como una labor que debe ser preservada de generación en generación, lo que —según su visión— ha impedido que se entienda bajo las reglas del mercado. 

“El problema en el Perú es que hemos idealizado la agricultura. Creemos que es una actividad bonita que debe pasar de padres a hijos, y se olvidan que, finalmente, es un negocio: el mercado puro y duro”, agregó.

Estas declaraciones llegan en un contexto especialmente sensible, considerando que, según datos del propio Midagri, más del 83% de los trabajadores agrícolas dependen de esta modalidad, que resulta esencial para garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el Perú.

Keiko Fujimori: abren proceso sancionador contra Fuerza Popular tras viaje a EE.UU. con dinero del Estado

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado un procedimiento sancionador contra el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, debido al uso indebido de fondos públicos para un viaje a Estados Unidos. Esta información fue revelada por el jefe de la entidad electoral, Piero Corvetto. La cantidad en cuestión es de alrededor de S/28.000.

Este procedimiento se deriva de un informe técnico elaborado por la ONPE, que señala una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas. Corvetto explicó que el financiamiento público debe estar vinculado a actividades de capacitación y funcionamiento del partido, y que su uso inadecuado puede acarrear sanciones.

«Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Hay una argumentación expuesta en el informe. El uso del financiamiento tiene que estar exclusivamente vinculado a aspecto de capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo», dijo para RPP.

El viaje de Fujimori a California fue en respuesta a una invitación de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local. Sin embargo, este viaje se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a la naturaleza del financiamiento utilizado.

Este viaje se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. En su publicación, mencionó que su visita fue para «dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento». Este proceso sancionador se produce en un contexto donde Keiko Fujimori enfrenta otros desafíos legales.

En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se revoque la comparecencia con restricciones de Fujimori y se dicte nuevamente prisión preventiva en su contra, alegando incumplimiento de las reglas de conducta en el caso Cócteles.

Renovación Popular pagó más de S/175.000 a empresa de exasesor de Rafael López Aliaga

Según los informes de la ONPE, La República pudo identificar que en el primer semestre de 2024, Renovación Popular destinó más de 175 mil soles de financiamiento público a la empresa de un asesor de la campaña electoral de Rafael López Aliaga.

De acuerdo con información de la ONPE, la empresa del exasesor publicista argentino, Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20609703149, tiene registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contratos por más de 175 mil soles con el partido Renovación Popular, correspondientes a servicios de asesoría en comunicación y marketing entre enero y junio de 2024.

El año 2024 no fue el único en que Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada trabajó con el partido de López Aliaga, Renovación Popular. En el primer semestre de 2023, la empresa recibió un total de 120.165,70 soles por sus servicios. En el segundo semestre, la cifra no varió mucho, alcanzando los 158.200 soles, lo que suma un total de 278.365,70 soles a lo largo de todo el año.

Estado desembolsa s/120 mil por ‘defensa legal’ de ministro Santiváñez y él dice: “Es el abogado más barato”

El titular del Mininter, Juan José Santiváñez, minimiza el gasto realizado por el Estado para cubrir los honorarios de su abogado Carlos Caro, y afirma que la defensa legal del exministro Rubén Vargas realizada por el estudio Benites, Vargas & Ugaz, es mucho más cara.

Hoy el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció respecto a su defensa legal, la cual genera un gasto de S/120 mil para el Estado peruano y defendió los costos de su defensa, alegando que el portafolio que él lidera pagará el abogado más barato para estos casos.

Cuando le preguntaron en una entrevista para Exitosa, sobre la contratación del abogado Carlos Caro para que se encargue de su defensa legal, el ministro Santiváñez dijo: “Es el abogado que más barato le está cobrando al ministerio del Interior para defender a un ministro. Los abogados de Rubén Vargas, por cada proceso nos cuestan más de S/150 mil soles, y es el estudio Ugaz y creo que hay dos procesos, si no hay más”.

ESTUDIO CARO & ASOCIADOS PATROCINA A MINISTRO DEL INTERIOR JUAN JOSÉ SANTIVAÑEZ.

En tal sentido, el ministro hizo una comparación sobre otros casos en que se investiga a otros exministros de Estado y que ellos contratan una defensa legal que le cuesta más dinero al Estado.

Asimismo, aseveró que la ley de Servir estipula que el Estado debe costear los servicios legales de los funcionarios del Estado; sin embargo, si ellos salen responsables, tras finalizar el proceso luego de una sentencia, entonces tendrán que devolver el dinero.

“La norma establece que si como consecuencia del proceso, se acredita alguna responsabilidad, (el dinero) tiene que devolverse”, concluyó. 

Más de 300 oficiales de la PNP que pasaron al retiro no devolvieron armas ni equipo policial del Estado

La Contraloría General alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) que 314 oficiales que pasaron a la situación de retiro en los últimos años continúan en posesión de las armas de fuego y equipo policial del Estado que les fue asignado para cumplir con el servicio policial, seguridad y defensa personal durante el periodo 2015-2024, situación que pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 048-2024-OCI/3792-SVC, entre las armas de fuego y el equipo policial que no han sido entregados al Estado figuran pistolas marca: Sig Sauer (91), Pietro Beretta (76) y Star (43), así como revólveres marca Smith Wesson (31); además de 71 grilletes (esposas) Smith Wesson, entre otros bienes.

Los oficiales debieron devolver estas armas y los equipos policiales del Estado dentro de los 60 días calendario de haber sido notificados de que pasaban al retiro, conforme lo establece una directiva interna; sin embargo, no lo han hecho. Este año, por ejemplo, 40 exoficiales que ya no se encuentran en actividad mantienen en su poder estos bienes del Estado.

También existen casos como el de 204 exoficiales que pasaron al retiro entre el 2015 y 2019, quienes a la fecha no han devuelto las armas y los equipos policiales que le fueron asignados, a pesar de que dejaron la actividad entre cinco y nueve años atrás. Incluso, cinco exoficiales fallecieron.

No son notificados ni denunciados

La comisión de control ha evidenciado que la PNP no ha procedido a notificar a los oficiales en retiro que adeudan armas y equipo policial de propiedad del Estado para que los devuelvan. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva, como lo establece la Directiva de la PNP N° 04-09-2018-DIRGEN-PNP/DIVLOG-B.

De acuerdo a la documentación revisada por la comisión de control, recién en febrero de este año la PNP inició las acciones para notificar a los oficiales en retiro que adeudan bienes, pero estas no llegaron a concretarse por la falta de personal, motivo por el cual se pretendió contratar a una notaría para que se encargue de la notificación, en abril pasado. Al 22 de julio del 2024, que se emitió el informe, los involucrados no habían sido notificados.

Vehículos tampoco son devueltos

En otro informe del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI de la PNP) se advierte que 119 oficiales en retiro no han efectuado la devolución de vehículos de seguridad de propiedad del Estado que le fueron asignados en la última década. Estas unidades están valorizadas en cerca de S/ 2 millones.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 24-2024-OCI/3792-SVC, en noviembre del 2023 se enviaron cartas notariales a 78 de los 119 oficiales en retiro para que devuelvan los vehículos en un plazo de 72 horas. A la fecha, 35 de los 119 oficiales en retiro que figuraban en la lista de deudores de vehículos han muerto y sus parientes tampoco los han retornado al Estado.

Solo siete oficiales que pasaron a situación de retiro durante el 2024 devolvieran los vehículos de seguridad asignados.

De acuerdo a la normativa interna, los vehículos de seguridad asignados a oficiales, generales y coroneles deben ser devueltos en buen estado a la División de Logística de la Dirección de Administración de la PNP en un plazo máximo de siete días calendario después de pasar al retiro. También tienen la opción de comprar el vehículo, manifestando su voluntad por escrito en un plazo de 30 días calendario.

En este caso, los oficiales en situación de retiro no devolvieron los vehículos ni manifestaron su decisión de comprarlos en la última década (2014-2023). Al igual que en el caso de las armas y equipos policiales, tampoco se ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva a los deudores.

El OCI de la PNP ha comunicado al comandante general de la PNP los resultados de los informes de control a fin de que la entidad adopte las acciones que permitan mitigar los riesgos identificados. A la fecha, no ha recibido respuesta.

El dato: Falta de supervisión

Las comisiones de control han alertado que la PNP solo utiliza registros manuales y hojas de cálculo en el Excel para el control y seguimiento del universo de armas de fuego y vehículos de seguridad asignados al personal policial, y sobre la ausencia de sistemas informáticos interconectados, entre las diferentes direcciones policiales, para el control y seguimiento del ingreso y salidas de armas de fuego afectadas al personal policial, y la entrega y devolución de los vehículos de seguridad asignados a oficiales en el servicio activo. Esto pone en riesgo la información, control y seguimiento tanto de las armas y equipos policiales, así como del parque automotor de la PNP.

Presidenta Dina Boluarte tomó juramento de seis nuevos ministros de Estado

La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, tomó juramento esta noche a seis nuevos ministros de Estado que integrarán el gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén, a dos días de solicitar el voto de confianza.

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, juraron los nuevos los titulares del Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Desarrollo, Agrario y Riego; Ministerio de la Producción; Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Primero, Walter Ortiz Acosta juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Víctor Torres, quien dejó el cargo por motivos personales según aseguró antes los medios de comunicación.

Seguidamente, Morgan Niccolo Quero Gaime ocupó el cargo de ministro de Educación, en lugar de Miriam Ponce. Mientras que Ángel Manero Campos asumió la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sustituyendo a Jennifer Contreras Álvarez,

Asimismo, Sergio González Guerrero tomó el cargo de ministro de Producción, en reemplazo de Ana María Choquehuanca. En tanto, Elizabeth Galdo fue designada como ministra de Comercio Exterior y Turismo, sector que ocupaba Juan Carlos Mathews.

Y por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue encargado a Angela Teresa Hernández, en reemplazo de Nancy Tolentino Gamarra.

Cabe precisar que, la renovación del Gabinete Ministerial se da luego que los titulares del Interior, Víctor Torres; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino; y de Educación, Miriam Ponce, dejaran el cargo.