En un escenario que destaca las tensiones entre inversionistas extranjeros y reguladores locales, la empresa china Cosco Shipping ha expresado su intención de considerar acciones legales contra el gobierno peruano. Esta decisión se produce tras un reciente anuncio del regulador local que establece que las tarifas de los servicios en el megapuerto de Chancay deben ser controladas, lo que ha generado un amplio debate sobre la competencia y la regulación del sector portuario en Perú.

La compañía, que ha estado operando el megapuerto de Chancay desde su inauguración en noviembre pasado, se ha manifestado en contra de la determinación de la autoridad de defensa al consumidor, Indecopi, que concluyó que el terminal opera en un entorno sin competencia. Según Cosco, su oferta de servicios portuarios en Chancay es competitiva y eficiente, y sostiene que ha establecido condiciones que benefician a los usuarios y promueven una logística eficaz.

En un comunicado emitido por la empresa, se enfatizó que el puerto de Chancay «proyecta y promueve eficiencia logística, en un necesario marco de estabilidad jurídica para la inversión realizada y la funcionalidad operativa que beneficia a los usuarios». Este argumento resalta la importancia de la inversión y la necesidad de un entorno regulador que fomente el crecimiento y la competencia, en lugar de imponer restricciones que podrían percibirse como obstáculos a la operación normal del puerto.

La controversia se intensificó cuando Indecopi reveló que, tras un análisis exhaustivo de las operaciones en Chancay, llegó a la conclusión de que no existen las condiciones necesarias para una competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios. Esta evaluación llevó a la afirmación de que sería el organismo regulador del transporte, Ositrán, el encargado de fijar las tarifas en el puerto, basándose en las recomendaciones de Indecopi. Esta decisión ha sido motivo de preocupación para Cosco, que considera que tales medidas podrían afectar negativamente su modelo de negocio y su capacidad para operar de manera eficiente en el mercado.

El megapuerto de Chancay, que representa una inversión de aproximadamente 1.400 millones de dólares, fue inaugurado en un evento significativo que contó con la presencia de figuras destacadas como la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a Lima para participar en el foro económico Asia-Pacífico APEC. La importancia estratégica de este puerto ha sido subrayada por su potencial para convertirse en un punto clave de conexión en las rutas comerciales entre Asia y América Latina, lo que resalta aún más la relevancia de la situación actual.

La postura de Cosco Shipping sugiere una posible escalada en el conflicto, ya que la empresa busca proteger sus intereses en un mercado que consideran fundamental para su operación regional. La firma ha indicado que se reserva el derecho de explorar «cursos de acción pertinentes dentro del marco legal vigente», lo que implica que están dispuestos a llevar el asunto a instancias judiciales si no se llega a un acuerdo favorable.

El desenlace de esta situación no solo afectará a Cosco Shipping, sino que también tendrá un impacto significativo en la percepción de los inversores sobre la estabilidad y la previsibilidad del entorno regulador en Perú. La capacidad de las autoridades peruanas para equilibrar la regulación de tarifas con la necesidad de fomentar la inversión extranjera será crucial para el futuro del sector portuario y, por ende, para la economía del país. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante sobre cómo se manejan las inversiones en infraestructura crítica en el país andino.