La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, con el fin de anular la medida cautelar que ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.
La demanda cuestiona la competencia del Poder Judicial para intervenir en decisiones de carácter institucional y disciplinario adoptadas por la JNJ.
La acción legal fue interpuesta tras la resolución de un juzgado que dispone el retorno de Espinoza al Ministerio Público, pese a que su salida fue resultado de una decisión disciplinaria de la JNJ. En el documento enviado al TC, la Junta solicita que se declare fundada la demanda “en todos sus extremos”.
JNJ cuestiona competencia judicial sobre decisiones internas
La JNJ argumenta que el Poder Judicial incurrió en un uso indebido de sus facultades al ordenar la reposición provisional de Espinoza, lo que, según la entidad, contraviene su competencia exclusiva para nombrar, ratificar o cesar a fiscales y jueces.
Señala que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ejerció un control judicial «imprudente» y «lesiva del derecho fundamental al debido proceso».
Delegación de representación procesal
En su presentación, la JNJ delegó su representación procesal a la procuradora pública Martha María Solís Vázquez y a los abogados Antuaned María Carla Montoya y Rony Alberto Sáenz Alvarado, quienes actuarán en defensa de la entidad ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la JNJ requirió al TC que se respete el principio de autonomía institucional y que se reafirme la separación de funciones entre órganos jurisdiccionales y órganos de gobierno del sistema de justicia.
Respuesta al fallo que favorece a Delia Espinoza
La demanda se origina tras la medida cautelar dictada por el Poder Judicial que dispone reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. Según el fiscal interino, Tomás Gálvez, la JNJ no le ha comunicado oficialmente ningún cambio, aunque la orden judicial está vigente.
La designación de José Jerí como flamante presidente de la República tras la vacancia a Dina Boluarte, no hizo más que agitar el ya turbio ambiente político nacional. Y es que el ahora mandatario había sido cuestionado meses atrás por un presunto caso de abuso sexual en el cual estaría directamente involucrado.
Tendría 5 investigaciones abiertas en Fiscalía
Sin embargo, esta no sería la única investigación abierta contra el jefe de Estado. Delia Espinoza, repuesta fiscal de la Nación, brindó una reciente conferencia de prensa donde dio detalles de fallo del Poder Judicial que le devuelve su cargo y de las carpetas existentes contra el actual presidente.
De acuerdo a la titular del Ministerio Público, José Jerí cuenta con cinco investigaciones que continúan en desarrollo. Sin embargo, es importante precisar que la acusación por abuso sexual que se abrió meses atrás, fue archivada por el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.
«Con relación a los casos del actual presidente, José Jerí, sí ciertamente hay, si mal no recuerdo, 5 casos en su contra en la Fiscalía», indicó a los medios.
Investigación por presunto desbalance patrimonial
A su vez, la fiscal de la Nación, recientemente restituida por el Poder Judicial, señaló que una de las acusaciones más graves que pesan contra el ahora mandatario es sobre un presunto desbalance patrimonial el cual se habría dado en los últimos años.
De acuerdo con lo difundido, José Jerí habría tenido un incremento de su capital el cual bordeada los 100 mil soles antes de ser congresista y ahora superaría el millón de soles. Además, otra acusación existente en el Ministerio Público es por desacato a la autoridad la cual se habría dado en una diligencia por el caso de presunto abuso sexual.
La propia Delia Espinoza aseguró que si aparecen nuevas pruebas que sustente la reapertura de la investigación, esta se dará sin ningún inconveniente hasta conocer el desenlace final.
«El tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad está en otra Fiscalía Suprema, porque son parte de los delitos comunes. Me parece que lo tiene la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que actualmente está encabezada por Patricia Benavides», añadió.
De esta manera, Delia Espinoza, restituida fiscal de la Nación, aseguró que José Jerí cuenta con 5 investigaciones abiertas en la fiscalía las cuales seguirán su curso. Una de las más graves se da por desacato a la autoridad y desbalance patrimonial.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, se refirió al fallo judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, e indicó que cumplirán la orden aunque la apelarán.
JNJ repone a Espinoza
Luego de que el Poder Judicial ordenara la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras declarar fundada su acción de amparo a la medida, se espera que retome sus funciones como máxima autoridad del Ministerio Público. En su visita al Congreso, el líder de la JNJ aseguró que deberán respetar la medida.
«Se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar (…) Teóricamente, procesalmente, se podrá apelar, pero se tiene que dar cumplimiento a eso (…) Hay un plazo fijado en la misma resolución, que es de 5 días, a partir del día de la notificación que recién comienza hoy», indicó.
En ese sentido, afirmó que se apelará la orden para que la decisión sea revisada por un superior, sin embargo, se ven obligados a llevar a cabo la orden.
«El estado de derecho lo permite, más allá de la calidad de las resoluciones, el Estado de Derecho permite eso, es el libre juego de los órganos que están facultados para emitir decisiones», detalló.
¿Qué dice resolución de reposición?
La resolución en cuestión, deja sin efectivo el artículo 3 del documento del 12 de junio que fue emitida en el marco del Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ. Ello, pues el juez que declaró fundada la acción de amparo de la magistrada dispone que se declare la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos.
«Se dispone la Suspensión Provisional de los efectos del proceso administrativo disciplinario que se hubiere instaurado la Junta Nacional de Justicia contra la recurrente, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, derivado de los actos de defensa por la inejecutabilidad y/o observaciones a la ejecución del referido artículo tercero de la Resolución Nro. 231-2025-JNJ», dicta el tercer punto de la resolución.
En declaraciones para Exitosa, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, explicó detalles de la reposición de su patrocinada como fiscal de la Nación. Según precisó, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene cinco días para acatar la orden del Poder Judicial, y por ende dejar sin efecto su suspensión.
Cabe recordar que Espinoza Valenzuela fue suspendida de su cargo de forma provisional el pasado 19 de setiembre por un plazo de seis meses. La medida se adoptó por no acatar la orden de la JNJ de restituir a Patricia Benavides en su mismo cargo.
En consecuencia, dado que la Junta Nacional de Justicia acatará la medida judicial, Delia Espinoza volverá al cargo de Fiscal de la Nación, aunque la acción será apelada.
Este lunes 13 de octubre, el Poder Judicial remeció el ambiente político nacional luego de declarar fundado el recurso presentado por la defensa legal de Delia Espinoza para reponerla en el cargo de fiscal de la Nación.
Con esta decisión, la mencionada fiscal deberá retomar de manera inmediata sus funciones como titular del Ministerio Público pese a la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia.
Deberá acatarla le guste o no
En medio de esta coyuntura, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, aseguró que la decisión del Poder Judicial debe ser acatada de manera inmediata le guste o no a la JNJ. Eso sí, el letrado dejó en claro que la entidad puede oponerse y presentar diversos recursos, pero nada cambia la decisión del juez.
«La Junta Nacional de Justicia tiene todo el derecho de presentar su oposición, pero esta oposición no suspende, no aniquila ni pone en el limbo la decisión del juez, la va tener que cumplir le guste o no le guste», inició para Canal N.
En esa misma línea, el defensor legal de la suspendida fiscal de la Nación, aseguró que toda esta problemática en el Ministerio Público fue originada por la Junta Nacional de Justicia al emitir una orden que no se ajustaba a la realidad.
«Esto comprueba una vez más lo que dijimos desde un primer momento, esto fue una orden inconstitucional, una orden arbitraria. Aquí, quien tiene que darle respuestas a la ciudadanía y al país, es la Junta Nacional de Justicia la que creó todo este problema y esto ha sido corroborado hoy con esta decisión del juez constitucional», añadió.
No es una resolución administrativa
Al ser consultado sobre un posible conflicto como el que se dio con Patricia Benavides para ser repuesta como fiscal suprema, López indicó que esta situación es completamente diferente ya que ahora se trata de un mandato hecho por el máximo orden de justicia del país y no de una orden administrativa emitida por la JNJ.
«La JNJ tiene que cumplir la orden. Tiene derecho a hacer lo que corresponda, pero eso no significa que tenga que cumplir una orden judicial, no es una administrativa como la de ellos, es un peso diferente», finalizó.
De esta manera, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, aseguró que la orden del Poder Judicial de reponer a su clienta como fiscal de la Nación, debe ser obedecida inmediatamente le guste o no a la Junta Nacional de Justicia.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, designó a Liz Patricia Benavides Vargas a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos Rivera, quien pasará a ocupar la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2433-2025-MP-FN que accedió La República.
Esta decisión se registra un día después de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera por mayoría no designar a Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según José Tello, especialista en procesos electorales, este cargo solo podía ser ocupado por un fiscal supremo provisional debido a un tema de quórum, ya que en abril de 2026, tanto Zoraida Ávalos como Pablo Sánchez Velarde alcanzarían la edad de jubilación.
Ahora con esta decisión, Zoraida Ávalos tendrá en sus manos el caso de Enma Benavides, quien fue acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos; mientras que Benavides tendrá a cargo la investigación contra Jerí por desobediencia tras no someterse a exámenes psicológicos.
En tanto, la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción pasó a estar a cargo de la abogada Elena Carolina Delgado tras una resolución emitida por El Peruano en edición extraordinaria. Este despacho registra 7 procesos contra Benavides, siendo algunos vinculados al caso ‘Los Cuellos Blanco del Puerto’. De igual manera, la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción -ahora liderada por Zoraida Ávalos- registra 5 investigaciones que vinculan directa e indirectamente a Patricia Benavides.
¿Cuál fue el motivo para colocar a Patricia Benavides en el cargo de Zoraida Ávalos?
Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas en el documento fiscal, no era posible designar a Benavides como fiscal suprema titular de ninguno de los dos despachos que estaban libres, pues se evidenciaba un claro conflicto de intereses. La única vía disponible era cambiar de despacho a uno de los 4 miembros de la Junta de Fiscales Supremos y colocar ahí a Benavides.
De acuerdo con el documento, se indica que La Fiscalía priorizó «el objetivo de mejorar la persecución penal, prevenir el defender los derechos de los ciudadanos, con el fin de beneficiar a la sociedad. Esto se logra al agilizar el trabajo del Ministerio Público, especialmente en su función de actuar como responsable de llevar casos penales».
En este contexto, la resolución añadió que es importante que el fiscal intervenga para asegurar la rapidez en los procesos judiciales, tomando en cuenta la investigación del delito. «Debido a la situación específica del caso y las leyes vigentes, se decide designar a Liz Patricia Benavides Vargas en la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Para esto, primero se debe concluir la designación de Zoraida Ávalos Rivera, quien será trasladada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos».
Patricia Benavides investigará a José Jerí
Patricia Benavides investigará a José Jerí. La denuncia por desobediencia a la autoridad contra el presidente del Congreso, José Jerí, sigue en pie, a pesar de que la investigación por presunto abuso sexual en su contra fue archivada hace algunos días. «Son cuestiones distintas. La omisión que cometió se investigará de forma autónoma, nada influye que se haya archivado la investigación», explicó el abogado penal Joel Córdova.
Como informó este diario, Jerí fue acusado de no cumplir con una orden judicial que le exigía someterse a un tratamiento psicológico como medida preventiva. Esta denuncia estaba siendo investigada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien asumió el caso por disposición de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La paradoja es que Ávalos fue inhabilitada en 2023 por el Congreso, con el voto de Jerí, en un proceso que fue calificado como politizado por diversos sectores. Según declaraciones del exasesor de la fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, Jerí habría condicionado su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos a cambio de que se archive una investigación contra el exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, vinculado a su partido, Somos Perú.
Con las nuevas movidas y designaciones dentro del Ministerio Público, la investigación pasará a manos de la cuestionada Patricia Benavides.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por negarse a acatar la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público (MP). Esta decisión había sido dictada por la propia JNJ el 13 de junio último. Tras su nulo cumplimiento, el abogado Luis Miguel Caya denunció a Espinoza Valenzuela.
En detalle
Según la resolución a la que accedió Correo, la JNJ formalizó la apertura de la investigación el 18 de julio último. El documento lleva la firma de su presidente, Gino Ríos, y designa a María Teresa Cabrera (vicepresidenta) como miembro instructora del caso.
Cabrera, excongresista de Podemos, lidera la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios de la JNJ y elaboró el informe que recomendó iniciar las pesquisas.
Espinoza es sindicada de abuso de poder e instrumentalización del cargo; usurpación de funciones; rehusamiento de actos funcionales; y requerimiento indebido de la fuerza pública (Hechos 1, 2, 3 y 4 —extremo “a”—, respectivamente).
“(Esto) no implica un adelanto de criterio, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario”, indica el informe.
La decisión fue adoptada “por unanimidad” en el pleno de la JNJ del 16 de julio, “sin la participación de Francisco Távara por tener abstención con relación a Espinoza Valenzuela”.
Los hechos
Espinoza se le atribuye abuso de poder e instrumentalización del cargo por hacer “caso omiso” de la resolución de la JNJ y “no atender” a Benavides cuando acudió al MP.
Sobre ello, el informe “concluye que existen elementos iniciales que la vinculan” con presuntas inconductas funcionales.
Destaca que además de lo señalado en la denuncia, “es un hecho de alcance público” lo ocurrido por los reportes de la prensa.
“(Se) habría incluso convocado a fiscales de Prevención del delito de unidades de flagrancia a que se levanten actas, pese a que no se habría incurrido en comisión de delitos”, acota.
En tanto, se atribuye usurpación de funciones al sindicarle lo siguiente: “convocar a Junta de Fiscales de manera virtual, filtrar imágenes y fotos de lo que ocurría en el Piso 9 del MP, seguir despachando con diversas áreas y gerencias; y emitir notas de prensa y publicaciones, señalando, entre otros, ‘nadie me sacará de aquí’”.
Asimismo, habría cometido rehusamiento de actos funcionales por “no querer atenderla (a Benavides) para hacer la entrega de cargo y demás procedimientos correspondientes” pese a que esta se apersonó a la sede fiscal.
Sobre un presunto requerimiento indebido de la fuerza pública se aceptó indagar sobre el extremo “a”, que atribuye a Espinoza “haber instigado a que personal fiscal y administrativo del MP, el lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde y a fin de que se constituyeran al Piso 9 del MP, permanecieran por espacio de cuatro horas, aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento” a la reposición de Benavides.
ENFOQUE REAL 