Marisol Pérez Tello: Muchos casos «quedarían en total impunidad» con ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, advirtió que podrían quedar en «impunidad» muchos casos en el Perú con la ley que precisa prescripción de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la excongresista sostuvo que la Ley 32107, sobre la que el Ministerio Público acordó interponer una demanda de inconstitucionalidad, tiene «una trampa» y la calificó de «barbaridad».

«Nuestro país va a dejar en total impunidad casos que vinculan a terroristas, el caso Soras, por ejemplo, el caso Cabitos, una serie de casos que están en distintas etapas del proceso penal van a quedar en total impunidad por una norma que es un capricho y que finalmente en unos años va a terminar revirtiéndose porque los estándares internacionales ya se han pronunciado sobre la leyes de humanidad y sobre su imprescriptibilidad. Tú puedes hacer prescribir en todo caso la libertad, pero no la vida. Si el cuerpo no aparece, el delito es continuado», dijo.

Marisol Pérez Tello insistió en que la norma solo busca generar impunidad y que tal como está la ley no protege y hace «un daño terrible» a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.

«Ningún buen policía ni ningún buen militar va a aceptar que se le exima de responsabilidad por esto y no porque no tuvo nada que ver. Y a costa de eso, el riesgo del país es que los terroristas salgan en libertad, la cúpula de Sendero salga en libertad. Eso tiene que pensar en la cabeza de estos congresistas que han dado esta norma, rompiendo toda la tradición peruana de respeto a los tratados internacionales», expresó.

El 9 de agosto, el Congreso promulgó la Ley 32107 que precisa la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, de conformidad con los principios de legalidad y de prohibición de retroactividad.

Dina Boluarte no observó ley de impunidad que prescribe delitos de lesa humanidad y lo deja en manos del Congreso

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dio un paso hacia el camino de la impunidad al no observar la ‘fujiley’ que prescribe delitos de lesa humanidad, la cual fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el dictado de medidas provisionales al respecto, las mismas que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo. Cumplido el plazo límite para que la autógrafa de ley sea observada, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación.

La iniciativa impulsada por el fujimorismo favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa, ya que sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad podrían —amparados en esta ley— solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso.

Cabe resaltar que, todos los delitos tienen un periodo de prescripción, salvo los que la Fiscalía califica como crímenes de lesa humanidad a fin de garantizar que no haya impunidad en casos complejos que demoran décadas en resolverse por la vía penal. Lo que propone la iniciativa es que los delitos fueron cometidos antes del 2002, fecha en la que el Estado peruanos se adhirió al Estatuto de Roma, prescriban y queden sin castigo.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dije el proyecto fujimorista.

El Gobierno optó por no observar el proyecto, pese a que el Ministerio de Justicia evitó solicitar un informe a la Dirección General de Derechos Humanos. Sobre ello, solo establecieron quedar con la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que considera que la norma es “viable con observaciones”.

Polémica por la Ley de impunidad

La iniciativa, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, ha sido objeto de críticas por diversas entidades del Estado y organismos internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Congreso a no respaldarla.

La Corte IDH recientemente le exigió al país anular la propuesta legislativa enfatizando que «a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que se deje sin efecto el proyecto de ley». No obstante, el Presidente del Consejo de Ministros se pronunció al respecto y dijo estar «indignado con lo resuelto» por la entidad.

El Ministerio Público a través de la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando el proyecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte se mostró preocupada tras la primera votación argumentando que desobedecía las sentencias y la reparación de las víctimas del período de violencia política que afectó al Perú entre 1980 y 2000.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación en primera votación de la iniciativa legislativa a través de una publicación en sus redes sociales indicando: «Nos oponemos firmemente a una ley de amnistía que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad en el Perú. Representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos», escribió el colectivo en su cuenta de X (antes Twitter).

Junta de Fiscales Supremos rechaza ley del Congreso que plantea amnistía para delitos de lesa humanidad

La Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando el proyecto del Congreso de la República que plantea la amnistía para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El proyecto de Ley N.º 6951/2023- CR, «Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», fue presentado por el fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, quien en ese entonces pertenecía a la bancada de Renovación Popular.

Los fiscales alertan de que esta nueva ‘Ley de Amnistía’ es inconstitucional y resulta jurídicamente inviable, pues genera impunidad y vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y a sus familiares.

«El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares», indican en la primera parte del pronunciamiento.

Además, recalcan que esta normativa es incompatible con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, pues los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que tienen la obligación de investigarlos.

También advierten que si el Congreso aprueba esta nueva ‘Ley de Amnistía’ se declararía la prescripción de 600 casos, entre los que están los más emblemáticos como las matanzas del Frontón, Chuschi, Accomarca, Barrios Altos, entre otros. Esta normativa también impactaría en aquellos procesos con sentencia.

«(…) Entre ellos, los casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja», agregan.

En esa línea, alertan de que la aprobación de dicha ley afectaría a más de 550 víctimas, sus familiares y a la sociedad al negarles el derecho de conocer la verdad. Asimismo, recordaron que los casos antes mencionados «se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos».

Por último, llaman a la Representación Nacional a la reflexión para que se archive esta propuesta, pues es a todas luces una ley «inconstitucional».

La Junta de Fiscales Supremos llama al Congreso a archivar la ‘Ley de Amnistía’ al ser un proyecto inconstitucional.

Fiscalías especializadas en Derechos Humanos emiten informe contra ‘Ley de Amnistía’

En un informe dirigido al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la fiscal coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, Raquel Cárdenas Manrique, le pide que se pronuncie en contra de la iniciativa fujimorista que plantea la amnistía para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El extenso informe recoge las opiniones de los fiscales provinciales donde expresan el rechazo a la norma y alertan la grave afectación a los derechos humanos en caso de que esta sea aprobada.

Terroristas saldrán de cárceles con ley que prescribe delitos de lesa humanidad, según exministra de Justicia

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que si se aprueba y promulga la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, los terroristas se fugarían del Perú.

«Ley favorecerá a terroristas»

En entrevista con Exitosa, la exministra de Justicia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y excongresista se pronunció en contra de la cuestionada ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2022 ya que también beneficiará a personas condenadas por terrorismo.

En ese sentido, declaró que esta ‘ley de amnistía’ «está abordando un problema de manera equivocada» y advirtió que si se suscribe y promulga esta norma generará una «ventana de impunidad» que también «favorecerá a terroristas», quienes «se fugarían del país».

«Se va a generar una ventana de impunidad y mucha gente se va a fugar. ¿Se van a fugar los militares ancianos que hoy están en la cárcel, una situación que me apena mucho? No, se van a fugar los terroristas que también van a ser liberados […] Uno no debe pensar en una norma en a quién favorece o a quién perjudica. La norma debe ser ciega», declaró en el programa Hablemos Claro.

«Un engaño para las FF. AA.»

En la conversación, Marisol Pérez Tello también opinó que la promulgación de la polémica ley terminará siendo revertida por su «inviabilidad» ya que, en el derecho internacional, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles sin importar la fecha en que se hayan cometido.

En esa línea, opinó tajantemente que el impulso de este proyecto legislativo representa un engaño para los militares del país involucrados en estos crímenes de guerra y que purgan condenas bastante altas.

«Me parece terrible que se engañe a los miembros de la Fuerzas Armadas señalando que esto tendrá efectos cuando en realidad no lo va a tener», afirmó.

Como se recuerda, el pasado 06 de junio, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera instancia, el proyecto de ley que propone la prescripción de crímenes de lesa humanidad con 60 votos a favor.

La propuesta legislativa ha sido criticada por algunos congresistas, quienes argumenta que se busca beneficiar directamente al expresidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos.

De esta manera, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que si se aprueba y promulga la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, los terroristas se fugarían del Perú.

Corte IDH pide al Estado peruano responder por norma del Congreso que prescribe delitos de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú (Corte IDH) requirió al Estado peruano presentar sus observaciones, hasta el 12 de junio próximo, sobre la solicitud de medidas provisionales respecto de los casos Barrios Altos y La Cantuta por la iniciativa parlamentaria que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Así lo informó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en su cuenta de la red social X, donde señalaron que ha presentado, junto a otras cinco entidades civiles, una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de los más sonados casos de abuso a los derechos humanos, por los cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.

Junto a Aprodeh presentaron la solicitud el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paza (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Una comunicación firmada por el secretario de la CorteIDH, Pablo Saavedra, confirma la recepción de la solicitud hecha el viernes sobre las medidas cautelares y en la que también piden que se ordene al Estado peruano interrumpir el trámite legislativo del proyecto de ley que busca precisar los alcances del delito de lesa humanidad.

La carta, compartida por Aprodeh en X, agregó que se ha solicitado al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a más tardar el 12 de junio, “presenten sus observaciones” a esta solicitud de medidas provisionales.

Iniciativa aprobada en primera votación

La norma a la que se hace alusión en el documento de la Corte IDH busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el periodo del conflicto interno que dejó más de 69 000 víctimas.

La iniciativa también indica que el Estatuto de Roma, que estableció que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Internacional, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico el 1 de julio de 2002.

Además, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003.

Este proyecto aún debe ser refrendado en una segunda votación en un plazo de siete días antes de ser enviado al Ejecutivo, para su eventual promulgación o devolución con observaciones.