Alberto Borea fue elegido por la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El experto en derecho internacional, Alberto Borea Odría, fue elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Su elección fue efectiva luego de que su candidatura obtuviera 15 votos a favor. Vale resaltar que se presentaron 5 candidatos para tres vacantes, siendo que nuestro país obtuvo el segundo puesto, ya que Diego Moreno, representante de Paraguay, obtuvo 16 votos.

Asimismo, la Asamblea definió al tercer juez entre los candidatos Carlos Rodríguez Mejía de Colombia y Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, quienes obtuvieron 12 votos cada uno. Tras dirimir, Pérez Manrique quedó como el tercer elegido.

Vale señalar que Leticia Bonifaz, representante de México, quedó fuera de la elección al obtener 11 votos.

Canciller González-Olaechea felicitó la designación de Borea

El canciller de la república, Javier González-Olaechea, en diálogo con RPP, saludó la designación de Alberto Borea, y destacó que desde hace 14 años nuestro país no postulaba un candidato a dicha instancia internacional de justicia.

«Quiero comunicar al Perú que el Dr. Alberto Borea fue elegido juez de la Corte-IDH. El Perú propuso al doctor Borea al final de los plazos, comenzamos de cero recaudando el apoyo que hoy se ha reflejado en la segunda votación (…) Eran 5 candidatos para 3 plazas de juez de la Corte IDH”, indicó.

“Creo que este triunfo, esta campaña en favor del jurista Borea, liderada por la señora presidenta de la república, el premier y por todo el trabajo conjunto de la Cancillería con la Misión del Perú ante la OEA, (con) el ministro de Justicia que actualmente representa a nuestro país en la Asamblea General (de la OEA) en Asunción, refleja un trabajo en equipo a favor de un candidato que tiene todas las dotes académicas y personales para integrar la Corte IDH”, agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó también que el triunfo de Borea «significa el retorno de un candidato peruano a integrar la Corte IDH» y «la reafirmación de que el gobierno peruano no solo cree en el sistema de derechos humanos, aún cuando a veces podemos discrepar, sino que fortalece nuestra posición como país integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».

«Quienes pudieran haber criticado en su momento tenían todo el derecho para hacerlo. En mi condición de canciller, yo siempre valoro las opiniones aunque sean críticas, las respeto, y finalmente conduzco la Cancillería en un trabajo en equipo», resaltó.

«Lo que quisiera es resaltar que de cinco candidatos y tres vacantes, el Perú ha obtenido el segundo puesto directamente, en primera votación. Felicito al Dr. Borea por su elección», puntualizó.

¿Quién es Alberto Borea?

Borea Odría es un experto en derecho constitucional que se licenció como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Entre 1985 y 1990 fue diputado por el Partido Popular Cristiano (PPC) y luego senador en 1990. En la representación nacional, promovió diversos proyectos de ley como el de hábeas corpus y amparo; el que prohíbe fumar en lugares públicos y el de la prohibición de la reelección presidencial.

En 1993 fundó el Foro Democrático tras el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992. Asilado en Costa Rica, se desempeña como consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a cargo del programa de capacitación en la administración de justicia.

En el 2000 fundó el partido Fuerza Democrática con el que postuló a la Presidencia en el 2006. Obtuvo 24,584 votos. Entre 2004 fue embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y un año después titular del Consejo Permanente del ente regional que tiene su sede en Distrito de Columbia, Estados Unidos.

En el 2011, Alberto Borea impulsó, junto al jurista Javier Valle Riesta, una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución del 1993.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como docente y expositor en diversas universidades del país y es autor de más de 12 libros, entre ellos La difícil democracia en América Latina, Derecho y Estado de Derecho y Los elementos del Estado moderno.

El 21 de diciembre del 2017, ejerció la defensa del entonces presidente de la república, Pedro Pablo Kucyznski (PPK) en el pleno del Congreso de la República, cuando se abordaba una moción de vacancia en su contra.

CIDH: hubo graves violaciones de Derechos humanos en protestas

El informe ‘Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’ que ayer presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

Precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.

También por el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conﬂictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. “Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.

Y menciona que 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas.

Sobre Ayacucho

El informe de la CIDH señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

Anota que, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Además, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.

Refiere que como resultado de estos hechos, 10 personas perdieron la vida. Y que, según la información suministrada por el Ministerio Público, todas las necropsias fueron realizadas por una persona médica legista en compañía de fiscales.

Las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 individuos resultaron heridos por armas de fuego y objetos contundentes.

Ejecutivo. Boluarte y Otárola, a la cabeza de este Gobierno. Foto: Félix Contreras/La República

Respecto a Juliaca

En cuanto a lo sucedido en Juliaca, región Puno, la CIDH indica que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.

Anota que todo esto ocurrió en el marco de una compleja situación violenta, que se inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto Inca Manco Cápac, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.

De los graves hechos de violencia y represión policial que se dieron luego en el terminal aéreo y otros lugares de la ciudad de Juliaca, 226 personas resultaron heridas entre los días 6 y 10 de enero, y a la fecha de cierre del este informe, 18 habían perdido la vida.

También indica que hay graves denuncias de familiares de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, a quienes les atribuyen todas las muertes ocasionadas por armas de fuego.

Refiere que personas que rindieron testimonio a la comisión señalaron que, a partir del mediodía del 9 de enero, “la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego”; y que “se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa” por parte de fuerzas de seguridad del Estado.

Adicionalmente, algunas personas denunciaron la participación de agentes policiales, vestidos de civil y sin identificación entre los manifestantes, a los que señalaron como pertenecientes al llamado Grupo Terna.

También indica que, por su parte, los agentes del Estado manifestaron a la CIDH que el 9 de enero las fuerzas de seguridad estuvieron todo el tiempo dentro del perímetro del aeropuerto bajo un ataque sostenido de armas hechizas, como avellanas, dirigidas al cuerpo.

Asimismo, señalaron que no hubo fallecidos al interior del aeropuerto o alrededor del perímetro externo. Los agentes entrevistados negaron que la causa de las muertes hubiese sido el uso excesivo de la fuerza, aduciendo que los disparos y las muertes ocurrieron fuera de ese perímetro, incluso en lugares o calles alejadas del aeropuerto, a donde no se habrían hecho presentes integrantes de las fuerzas de seguridad ese día.

A su vez, solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes para individualizar a las personas y armas que causaron los mismos, mediante la determinación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar de cada una de las muertes.

Que se investiguen

La Comisión Interamericana condena los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

En reunión que sostuvo con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal le informó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen. Dicha información coincide con los registros del Ministerio de Salud y con los certificados de defunción a los que la CIDH tuvo acceso.

La Comisión Interamericana formuló recomendaciones

Entre las recomendaciones que hizo la CIDH, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.

Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.

Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.

Tomar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.

Aumentar el número de ﬁscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.

El dato

Las muertes ocurridas en Ayacucho, según el informe, podrían llevar a caliﬁcar lo ocurrido “como una masacre”. Todas las personas murieron por arma de fuego.

Un informe contundente

CIDH se refiere a los sucesos en Ayacucho y afirma que observa con extrema preocupación lo sucedido.

Sobre Juliaca se indica que habría hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Importante. El documento recomienda un “diálogo genuino” implementado desde el Estado con “enfoque étnico y territorial”.

La ONU pide al el Salvador que respete los Derechos Humanos de los pandilleros detenidos

Al haberse cumplido un año del estado de excepción en El Salvador, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU llamó en un comunicado a que el gobierno de Nayib Bukele proteja la vida de las decenas de miles de detenidos.

“Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha asegurado este martes que las autoridades de El Salvador han tomado varias medidas que plantean “grave preocupación” durante el año que el estado de emergencia lleva vigente en el país centroamericano.

La portavoz de la Oficina señaló que “entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas” y “el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos, aseguró Marta Hurtado.

La vocera recordó que el estado de emergencia inicial, que fue decretado el 27 de marzo de 2002, ha sido renovado regularmente hasta cumplir un año y aún sigue vigente.

“Es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor, y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes”, agregó.

Hurtado recordó que, además, “los Estados tienen un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”.

La Procuraduría Nacional de Derechos Humanos de El Salvador ha recolectado hasta el momento 7900 quejas sobre violaciones de los derechos humanos contra los detenidos, informó la portavoz, que pidió a las autoridades del país que garantice que nadie sea arrestado sin la suficiente autorización legal y que asegure que los detenidos gocen de todas las garantías fundamentales exigidas por la legislación internacional de derechos humanos.

“También pedimos a las autoridades que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión”, dijo.

La Oficina de la ONU recordó a las autoridades la experiencia internacional que demuestra que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”, aunque, según analistas, es difícil que los duros pandilleros, se reinserten y no sigan en la vida delictiva, al recobrar la libertad.

Amnistía Internacional: En Perú se está cometiendo graves violaciones a derechos humanos en las protestas

La directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, Érika Guevara, aseguró este jueves que, con los resultados iniciales de la investigación que realizaron, han determinado que en el Perú se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales.

En conferencia de prensa denominada «hallazgos iniciales de investigación de crisis en Perú», Guevara Rosas condenó que se haya detenido a algunos dirigentes por presuntamente financiar las manifestaciones. También, señaló que hay una «represión violenta estatal».

«La criminalización se ha extendido a personas acusadas supuestamente de financiar las manifestaciones, como si financiar una protesta social fuera un crimen. Hay personas, dos personas en particular, que han sido sometidas a proceso judicial porque, como la misma fiscal nacional nos confirmó, se le encontró en infragancia 2 mil soles», manifestó.

«Es así como Amnistía Internacional pone en evidencia, efectivamente, que en Perú se está cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales», agregó.

Sobre operativo policial en UNMSM

De igual manera, la representante de la organización calificó de desproporcional la intervención que hizo la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

«[…] El operativo desproporcional policial que se dio en la Universidad de San Marcos para el desalojo forzado de personas, sobre todo de comunidades de pueblos indígenas y campesinas, que habían llegado a la capital Lima en una protesta masiva y pacífica, y que se alojaban gracias a la solidaridad de estudiantes», expresó.

Según dijo Érika Guevara, con este caso se comprueba que en el país se criminaliza la solidaridad. Además, afirmó que en las detenciones a los protestantes no hubo autoridades de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo.

«Hubo detenciones masivas de personas y, a pesar de ser detenciones de corta duración, fueron detenciones arbitrarias, en donde no habían ni si quiera representantes de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo, es decir que se criminaliza la solidaridad», señaló.

Presidente del PJ dice a la CIDH que «no hay violación de derechos humanos»

Parecer. Las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú terminaron este 13 de enero. El grupo que investiga la situación de los 49 ciudadanos muertos en contexto de protesta social desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el mando, visitó el Poder Judicial a fin de conocer la versión institucional dispuesta por su titular, Javier Arévalo.

Al lado suyo, el vicepresidente de la supranacional, Stuardo Ralón, escuchó la versión del presidente del PJ. Arévalo optó por mostrarle al grupo de la CIDH el estado deteriorado de las diferentes sedes institucionales del sur tras la ebullición de la violencia. Ordenó proyectar imágenes de las dependencias saqueadas por elementos delictivos.

Ralón respondió que lamentó “estos gravísimos hechos que sin duda alguna no son parte de una protesta pacífica. Mi solidaridad”.

A continuación, Arévalo pretendió separar dos tipos de reclamos: “Una justa protesta (…) y, por otro lado, una influencia negativa de elementos vinculados posiblemente a organizaciones criminales“. Señaló sin pruebas como posibles grupos con injerencia en la población al “narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y terrorismo“.

Al terminar la reunión, el presidente del PJ le dijo a Ralón que “ya sabe cuál es la realidad“. Según su versión, “en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo existe, en este momento, es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto“.

Cerró con un refrán: “hay que separar la paja del trigo. Esta es la realidad del Poder Judicial”.

La coordinadora nacional de Derechos Humanos exige la renuncia de Dina Boluarte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Perú (CNDHH) se pronunció una vez más sobre la crítica situación política y social que se vive en el interior del país. Las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte continúan sumando, por lo que pidieron la renuncia de la mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, la comisión responsabilizó de forma directa a la jefa de Estado de la “represión policial” que se ha registrado en Puno y otras regiones del sur que continúan exigiendo el adelanto de elecciones generales para este 2023.

Luego de solidarizarse con los deudos de las víctimas caídas durante esta manifestación, pidieron que Boluarte Zegarra de un paso al costado para que cese la violencia.

“Nos solidarizamos con los familiares y víctimas 45 víctimas, 39 muertes por la represión, 460 heridos, decenas de viviendas allanadas, cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos, etc. ¡Renuncie, pdta. Dina Boluarte!”, escribió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el hashtag ‘elecciones generales ya’.

Más temprano, el organismo autónomo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación, derecho que en su opinión se ha vulnerado, y que Dina Boluarte y sus ministros tienen “un total desprecio de la vida humana”.

“El Estado peruano reconoce que la protesta social es un derecho, por tanto, está en la obligación de garantizar a todas las personas su derecho a manifestarse. Sin embargo; el 09 de enero del 2023, se ha producido una terrible masacre en Juliaca, Puno. Hasta ahora, se han registrado, solo en ese día, 17 personas asesinadas por proyectil de arma de fuego y 112 heridas producto de la brutal represión del Estado, en el marco del paro decretado en esa ciudad2, se lee en el comunicado de la coordinadora de los derechos humanos en Perú.

“Esto demuestra un total desprecio de la vida humana por la presidenta Dina Boluarte y su gobierno. Las/os ministros y la presidenta Boluarte tendrán que asumir su responsabilidad política y penal por esta masacre, y responder ante los tribunales nacionales, y en los tribunales internacionales, si fuera el caso”, agrega el texto.

Residentes cargan ataúdes y fotos de los caídos durante la marcha fúnebre por los fallecidos durante los disturbios en Juliaca, Perú, el 11 de enero de 2023. Al menos 17 personas fallecieron el lunes en el sureste de Perú en la reanudación de las protestas que reclaman elecciones en zonas rurales que siguen siendo leales al depuesto presidente Pedro Castillo. (AP Foto/Hugo Curotto)

Hasta el cierre de esta nota, se ha contabilizado un total de 46 fallecidos durante las protestas que realiza la población del sur contra el gobierno de Boluarte. El último deceso se produjo en Cusco el 11 de enero. Esta región recientemente se sumó a la protesta en apoyo a la región de Puno donde hubo casi 20 muertes.