La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió al presidente de México, Manuel López Obrador, quien señaló que el Perú es “mucho pueblo para tan poco gobierno», en relación a la gestión de la mandataria.
“Respecto de las palabras del señor López allá en México y haciendo un poco de retórica, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, respondió la jefa de Estado.
El pleno del Congreso de la República aprobó el pasado 28 de abril declarar como feriado nacional el 7 de junio, Día de la Bandera y la Batalla de Arica; sin embargo, este dictamen no se haría efectivo, ya que hasta la fecha no ha sido anunciado por la presidenta Dina Boluarte.
Según la legislación peruana, al aprobarse el feriado del 7 de junio en el Parlamento, es el Ejecutivo quien debe promulgar la ley y publicar su aprobación, pero hasta la actualidad seguimos esperando que la mandataria dé el visto bueno a la norma.
Cabe mencionar que estas festividades son consideradas feriados nacionales y tanto trabajadores estatales como privados tienen descanso libre.
Hasta la fecha, el único feriado confirmado para el mes de junio sería el del jueves 29, día que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo.
Una vez que el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo cuenta con 15 días hábiles para promulgarla u observarla; sin embargo, no ha hecho ninguna acción, por lo que el Congreso podría aprobarla por insistencia.
En Caso que ningún poder del Estado, Congreso y Presidencia, promulgue la ley en las Normas Legales, no se considerará feriado el 7 de junio; por lo tanto será considerado como un día laborable normal.
El Ministerio Público citó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que responda por las muertes que se registraron a nivel nacional durante las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La diligencia, que forma parte de la investigación que se le sigue a la mandataria por el presunto delito de genocidio, ha sido programada para el miércoles 31 de mayo, a partir de las 09:00 a.m., en la sede central de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la avenida Abancay (Cercado de Lima).
En declaraciones a RPP Noticias, Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado, saludó la disposición de la Fiscalía y anunció que su patrocinada sí acudirá a la citación.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
Campos recalcó que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejó la jornada de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
“El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea para que se establezca quién se está demorando o quién no lo está haciendo. La investigación se debe desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder”, aseveró.
Si bien insistió en la inocencia de su clienta, el letrado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte Zegarra a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano.
“Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial [se refiere a AMLO y a Petro] para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida”, precisó.
Los sobrinos de la presidenta Dina Boluarte, Victoria Volodia Dávila Boluarte y Marco Antonio Boluarte Contreras, han obtenido órdenes de servicio por un total de 63 mil soles en lo que va de este año. Desde el Despacho Presidencial se asegura que no hay ninguna ilegalidad y que la mandataria no tiene conocimiento de las actividades de sus parientes.
Victoria Volodia Dávila Boluarte ha obtenido dos órdenes de servicio con el programa Educación Básica para Todos, dependiente del Ministerio de Educación. La primera, por 27 mil soles, fue otorgada el 31 de enero y estuvo relacionada con asistencia técnica para el diseño e implementación de estrategias. La segunda, por el mismo monto, se otorgó el 24 de marzo por asistencia técnica en el acompañamiento, supervisión y monitoreo del programa del Minedu.
En el caso de Dávila Boluarte, es importante mencionar que facturó más de 180 mil soles al Minedu entre 2021 y 2022, lo cual fue señalado como irregularidad por la Contraloría General de la República en un informe emitido el 9 de septiembre de 2022.
Por su parte, Marco Antonio Boluarte Contreras ha obtenido tres órdenes de servicio por un total de 9 mil soles a favor del Gobierno Regional de Apurímac, la región natal de la presidenta. Estas órdenes corresponden a servicios de ingeniería prestados al Hospital Guillermo Díaz de la Vega en la provincia de Abancay entre febrero y abril de este año.
Desde el Despacho Presidencial se niega cualquier ilegalidad en estos contratos, argumentando que no existe impedimento legal para que los sobrinos de un funcionario público contraten con el Estado. Se hace referencia al Decreto Legislativo 1444 del 16 de septiembre de 2018, el cual establece los impedimentos para contratar con el Estado, pero no incluye a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
La presidenta Boluarte ha reiterado su postura contra la corrupción, asegurando que trabaja con “manos limpias” y que no es corrupta. Ha enfatizado que continuará trabajando con la frente en alto a pesar de los cuestionamientos, destacando la importancia de construir un país con inclusión social.
En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, criticó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su papel como jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la abogada constitucionalista expresó que considera una inmadurez política las expresiones de la jefa de Estado en las que aseguró no tener comando sobre las fuerzas del orden.
«Me parecía hasta una inmadurez política decir que está pintada, pero que no gobierna. Ella cree que vive la monarquía inglesa donde existe el rey, pero no gobierna. Es abogada, debe leer la Constitución», declaró para nuestro medio.
Responsabilidad política
Asimismo, la letrada hizo énfasis en la responsabilidad política de la mandataria y el Consejo de Ministros al tomar la decisión de declarar en estado de excepción durante las protestas de diciembre y enero último.
En esa línea, señaló que el Congreso de la República debía de evaluar la factibilidad de la situación excepcional y supervisar cómo se utilizaron los recursos para reprimir las manifestaciones.
«Se supone que ahí el congreso debería de controlar si fue factible ese estado de emergencia, cómo se está utilizando los recursos para reprimir estos actos de protestas. En conclusión, no creo que ha habido mayor control al respecto porque hay una especie de convivencia entre estos dos grupos», manifestó.
Responsabilidad penal
Agregó que, Boluarte también tendría una responsabilidad penal por las muertes de los ciudadanos durante crisis política de inicios de año.
El ex ministro de Defensa, Walter Ayala, adelantó que presentará una denuncia en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por haber conspirado en contra de su antecesor, Pedro Castillo.
En declaraciones para Exitosa, el miembro de la defensa legal del expresidente, aseguró que la mandataria se habría reunido con un grupo de congresistas que habría estado “conspirando” contra Castillo Terrones desde que se le proclamó ganador de las elecciones.
Ayala Gonzáles, reconoció no tener pruebas de sus afirmaciones, no obstante, insistió en que la hoy jefa de Estado se habría reunido en Huaral con congresistas de la bancada Fuerza Popular y que Castillo habría tenido conocimiento de ello.
Uno de los indicios, según dijo, fue el archivo de la denuncia constitucional que pesaba contra por haber ejercido simultáneamente como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta del Club Apurímac.
Sin embargo, es necesario recordar que, el informe elaborado por Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), que recomendó el archivo de la denuncia, fue aprobado con votos de Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial. Perú Bicentenario, Perú Democrático y Somos Perú. El fujimorismo, Avanza País y Alianza Para el Progreso se opusieron.
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