La Subsecretaría General del Despacho Presidencial rechazó pagar la defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte en el ámbito de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por este caso, la Fiscalía de la Nación indaga a Boluarte por supuestamente haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos obtenidos en dicho cargo entre marzo y diciembre del 2024.

Luego de que la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluó la petición de la exmandataria y la disposición fiscal, concluyó que «no se advierte relación alguna entre los hechos materia de investigación, consistentes en el presunto incremento ilícito del patrimonio respecto de los ingresos legítimos y el ejercicio regular de las funciones que le correspondían como Presidente de la República».

Es decir, precisan, el supuesto delito «se configura por el incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones, competencias o decisiones propias del cargo de Presidente de la República».

«En atención a lo solicitado mediante los documentos de vistos y con la evaluación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se determina la improcedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra», se lee en el documento.

Dina Boluarte: aprueban financiar la defensa legal de otros 4 casos

Por otro lado, la Subsecretaría General aprobó que el Despacho Presidencial financie la defensa legal de la exmandataria en otras 4 investigaciones. El primero es por el presunto delito de falsedad genérica por el caso Cirugías.

Según la tesis fiscal, Boluarte habría incurrido en el delito de falsedad al presuntamente simular o alterar intencionalmente la verdad de los hechos, aparentando la autenticidad de actos oficiales. En concreto, se le atribuye la suscripción, de puño y letra, de diversas normas en fechas en las que —según documentación médica y testimonios del personal de salud que la intervino la noche del 28 de junio de 2023— se encontraba físicamente imposibilitada para hacerlo, al estar bajo indicación médica de reposo posoperatorio.

De acuerdo con la investigación, dicha condición se habría extendido tanto durante su permanencia en la Clínica Cabani como en su domicilio, entre el 29 de junio y el 9 de julio de ese año.

El otro caso es por el supuesto delito de lesiones leves y lesiones graves por las muertes en protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

El tercer caso es por el presunto ilícito de lesiones leves por las mismas investigaciones de los decesos de peruanos durante las manifestaciones.

El cuarto es por el presunto delito de cohecho (soborno). Según la tesis fiscal, Boluarte habría intervenido directa o indirectamente en evitar o paralizar las investigaciones fiscales que involucraban a personas de su entorno cercano, mediante coordinaciones con asesores para el desplazamiento del Eficcop y las paralizaciones de las investigaciones en su contra.

Asimismo, se le atribuye haber solicitado el archivo de investigaciones seguidas en su contra y contra su hermano Nicanor Boluarte, como parte de un presunto acuerdo previo. En ejecución de dicho acuerdo, la fiscal de la Nación habría influido en decisiones fiscales favorables a la expresidenta y, como contraprestación, se habría producido el cese del jefe de la SUNAT mediante Resolución Suprema.

La Corte Suprema rechazó de forma definitiva dictar 18 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, solicitada por la Fiscalía de la Nación, como parte de una investigación contra ella por una presunta negociación incompatible. 

En la resolución, a la que tuvo acceso RPP, los jueces concluyeron que el Ministerio Público no evidenció que la vacada exmandataria “tenga un comportamiento evasivo o de no acatamiento a las diligencias ordenadas” en este caso y que el peligro de fuga que alegó en la audiencia “no se acreditó” de forma suficiente.

La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por supuestas irregularidades en la contratación de tres allegados al cirujano Mario Cavani en EsSalud. El pedido, hecho por el fiscal Tomás Gálvez, ya había sido desestimado en primera instancia por un juez supremo en octubre pasado, por lo que este rechazo es definitivo.

La Corte Superior Nacional, en diciembre pasado, también rechazó en doble instancia un primer pedido para que se impida a Boluarte salir del país por 36 meses, como parte de otra investigación que le sigue por presunto lavado de activos. 

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre el informe del Congreso de la República que rechaza otorgar pensión vitalicia a la vacada expresidenta Dina Boluarte. En ese contexto, Gutiérrez salió en defensa de Boluarte al cuestionar al Parlamento por su decisión.

El titular de la institución argumentó su posición al argumentar que Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional en 2022, motivo por el cual debe percibir una pensión mensual.

«Los expresidentes tienen sucesión constitucional porque está legislado en la Constitución Política, con todos los derechos que esto implica, que es muy distinto a una sucesión legal que no está en la Constitución porque lo demás estaría alejado del principio de legalidad, de taxatividad y sería una afrenta al Estado constitucional de derecho «, expresó durante una entrevista para RPP.

En esa misma línea, Gutiérrez se refirió al Legislativo tras su decisión de no otorgarle pensión vitalicia a Boluarte. «El Congreso no puede legislar, no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública, sino en función a lo que dice la Constitución y la ley».

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

Un informe del área de Asesoría Laboral del Congreso de la República reveló que la expresidenta Boluarte no cumple con los requisitos para recibir dicho beneficio. Según la información obtenida por el programa Cuarto Poder, Boluarte no fue elegida presidenta mediante voto popular, sino que asumió el cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo.

“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”, señala el informe.

Entre los beneficios que la expresidenta solicitaba se incluía la asignación de un trabajador bajo la modalidad CAS, con un salario mensual de 3.700 soles, mediante contratación directa. Además, Boluarte requería la provisión mensual de 150 galones de gasolina.

A solo diez días de haber sido vacada por el Congreso, Dina Boluarte inició el trámite para recibir no solo la pensión vitalicia, sino otros beneficios para los expresidentes de la República. A pesar de la baja aceptación en su gobierno, la exmandataria exige estos privilegios que serían permanentes.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, Dina Boluarte, quien estuvo en el cargo por 2 años y 10 meses, envió un documento a Fernando Rospigliosi (presidente del Congreso) para abordar el trámite de su pensión establecida en la Ley 265191.

BENEFICIOS

Boluarte además de la pensión vitalicia, también exige beneficios logísticos y de personal contemplado en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016, es decir, derecho al personal del estado (2 personas), un asesor, un vehículo, mantener el acceso al seguro de salud privado, todo de por vida.

Aunque no haya tenido un mandato de cinco años y haya sido vacada, la ley permite que a Dina Boluarte se le otorgue un vehículo oficial que estará a su disposición sin restricciones.

También tendrá un trabajador CAS a su disposición, con un sueldo de S/3 700 mensuales. Se trata de una persona de su confianza y estaría dedicada a su servicio directo. Por si fuera poco, la exmandataria recibirá mensualmente 150 galones de gasolina, equivalente a S/2 200 a S/2 500.

Como se recuerda, Boluarte en su gestión consiguió que sus propios funcionarios aprobaran un incremento salarial, pasó de S/15 600 a S/ 35 568 mensuales. Debido a este incremento, la pensión vitalicia podría ser mayor.

RENIEC

Sumado a ello, Boluarte reclamó a Reniec, su antiguo centro laboral, que le pagara hasta el último beneficio colectivo logrado por el sindicato, del cual no era parte. Exigió gratificaciones, bonos, canastas, y más derechos laborales que no le correspondían, según esa entidad.

Además de la pensión vitalicia y demás beneficios en Reniec, se paga también su defensa legal en los casos que ha enfrentado, todo con recursos públicos.

Es así que, Dina Boluarte recibirá mensualmente la pensión que el Congreso establezca. Una pensión que podría ir entre S/15 600 y los S/35 000.

Al respecto, Martín Cabrera Marchán, especialista en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, indicó que Boluarte podría recibir los beneficios, según lo acordado por el Congreso y si no cuenta con una acusación constitucional.

Está en manos del Congreso y como se debe manejar los beneficios sociales. De momento, el Congreso no ha iniciado un procedimiento de ese tipo, por lo que legalmente no hay impedimento para que reciba estos pagos.

La expresidenta Dina Boluarte se presentó en una audiencia ante el Poder Judicial donde confirmó la apertura de una cuenta mancomunada durante el periodo en que militaba en Perú Libre. La comparecencia buscó despejar dudas sobre su papel en la recaudación de fondos vinculados a la campaña electoral de 2021 y otras actividades partidarias.

La exmandataria explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.

«Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad», declaró.

Boluarte figura como investigada en el caso Los Dinámicos del Centro debido a su vínculo con el partido Perú Libre, organización que, según la Fiscalía, habría utilizado aportes de origen desconocido para financiar su campaña presidencial de 2021. El Ministerio Público sostiene que la exmandataria, en su calidad de integrante del partido y en ese entonces candidata a la vicepresidencia, participó en la apertura de una cuenta mancomunada empleada para recibir fondos sin sustento documentado, lo que encajaría en la presunta red de lavado de activos encabezada por dirigentes cercanos a Vladimir Cerrón.

Poder Judicial rechazó pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Boluarte

El pasado 15 de octubre, el Poder Judicial rechazó el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses en contra Dina Boluarte, solicitado por la Fiscalía en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. El juez Lolo Valdez concluyó que no existen elementos suficientes que acrediten riesgo de fuga ni una participación comprobada de la exmandataria en presuntos actos de lavado de activos relacionados con las finanzas del partido Perú Libre.

Durante la audiencia, Valdez cuestionó la solidez de la imputación y sostuvo que los aportes bajo sospecha eran de montos “irrisorios”, que oscilaban entre S/100 y S/150, sumando alrededor de S/15.000. Según el magistrado, con esas cifras no se puede sostener la existencia de una organización criminal creada para lavar dinero.

El juez también valoró que Boluarte ha asistido a las citaciones judiciales y no ha mostrado intención de evadir el proceso. Pese a la decisión, la investigación fiscal por lavado de activos continúa abierta y el Ministerio Público anunció que presentará una apelación ante una instancia superior.