El Poder Judicial rechazó este miércoles el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la audiencia, el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el requerimiento fiscal y estableció que no existe peligro de fuga en el caso de la exmandataria, quien fue destituida del cargo la semana pasada.

“No se cumple con los presupuestos, no existe sustento factico. Si bien se cumple la pena mayor a tres años, no existen actos de investigación que sea indispensable la presencia de la investigada. Tampoco existe peligro de fuga, no es proporcional debido al comportamiento procesal”, leyó el magistrado.

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, había dicho durante su intervención que es “imposible” que su cliente se fugue, porque aún continúa desplazándose en compañía de seguridad del Estado.

Mientras tanto, el fiscal Ángel Astoncondor anunció que presentará una apelación.

La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes del partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón.

 El Ministerio Público también investiga un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte Zegarra fue parte de la fórmula presidencial del partido del lápiz.

Poder Judicial evaluará este jueves el segundo pedido de impedimento de salida del país

Dina Boluarte no se acaba de librar del todo de una eventual restricción para abandonar el país, pues el Poder Judicial evaluará este jueves una segunda solicitud fiscal de impedimento de salida por un plazo de 18 meses, como parte de una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En una audiencia virtual, a realizarse desde las 8:00 a. m., el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento que hizo el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el último 10 de octubre.  

Por este caso, Boluarte es investigada por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Dina Boluarte se habría sometido a intervenciones quirúrgicas sin el trámite correspondiente en el Parlamento. En diciembre del año pasado, eso fue confirmado por el médico cirujano Mario Cabani.

Según investigaciones periodísticas, dichas operaciones estéticas habrían tenido como contraprestación la designación de personajes cercanos a Cabani en puestos al interior de EsSalud.

Horas después de que el Congreso aprobara su vacancia por “incapacidad moral permanente”, Dina Boluarte rompió su silencio con un breve mensaje a la prensa. Desde la puerta de su casa en Surquillo, la exmandataria afirmó: “Me voy con la moral en alto y la dignidad íntegra”, en una declaración que ha generado reacciones divididas en el ámbito político y ciudadano.

Boluarte negó rotundamente haber solicitado asilo y aseguró que no tiene intención de dejar el país. “Estoy en mi hogar. No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el Perú”, expresó, acompañada por su abogado Juan Carlos Portugal. La frase busca reforzar su compromiso con enfrentar las investigaciones que se le imputan.

Investigaciones fiscales y pedidos judiciales

Actualmente, Dina Boluarte enfrenta dos procesos judiciales abiertos. El primero está vinculado a presunto lavado de activos, por el cual la Fiscalía ha solicitado una medida de impedimento de salida del país por 36 meses. El segundo está relacionado con presunta negociación incompatible durante su gestión en EsSalud, que incluye otro pedido de restricción por 18 meses.

Ambas solicitudes están en evaluación por el Poder Judicial, que también intenta notificarla sobre una audiencia programada para el 15 de octubre. Según reportes, un funcionario judicial acudió a su domicilio sin éxito, lo que ha generado suspicacias sobre su disposición a colaborar con las diligencias.

“Estoy tranquila con mi conciencia”

En su declaración, Boluarte insistió en que no cree haber cometido irregularidades durante su mandato. “Regresé al Perú después de vivir varios años en el extranjero porque siempre estuvo en mi corazón servir a la patria”, dijo. La expresidenta se mostró serena y reiteró que está dispuesta a enfrentar las acusaciones, aunque no ofreció disculpas ni reconoció errores de gestión.

Su mensaje ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia para mantener presencia política, mientras otros lo ven como una desconexión con la gravedad de las denuncias que enfrenta. La frase “me voy con la moral en alto” ha sido replicada en redes sociales con distintos matices, desde apoyo hasta crítica.

¿Qué viene ahora?

Con la vacancia oficializada y las investigaciones en curso, Boluarte se encuentra en una etapa decisiva. Las próximas semanas definirán si podrá permanecer en libertad o si se le impondrán restricciones judiciales. Mientras tanto, el Congreso ha designado a Martha Moyano como presidenta interina, en medio de una coyuntura marcada por la crisis institucional y el avance del crimen organizado.

Boluarte, por ahora, ha optado por el silencio tras su breve pronunciamiento. No ha convocado conferencias ni emitido nuevos mensajes, mientras su defensa legal insiste en que no existe intención de evadir la justicia.