La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra tomó juramento a Raúl Pérez Reyes, Carlos Malaver Odias y César Sandoval Pozo, como nuevos ministros de Economía y Finanzas, del Interior, y de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.
Durante la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, los nuevos integrantes del Gabinete Ministerial juraron desempeñar sus funciones sin caer en actos de corrupción.
Pérez Reyes es economista por la Universidad de Lima, con doctorado en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.
Previamente, lideró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Por su parte, Malaver Odias es oficial general de la Policía Nacional en situación de retiro, licenciado en Administración y egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Además, cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontifica Universidad Católica del Perú.
En tanto, el nuevo titular del MTC, César Sandoval, se desempeñaba como asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República y antes fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas.
La presidenta Dina Boluarte ha solicitado al Congreso permiso para ausentarse del país entre el 16 y 19 de mayo. El motivo es asistir a la misa de inicio del pontificado del nuevo papa León XIV, antes conocido como Robert Prevost, que se celebrará el 18 de mayo en la Ciudad del Vaticano.
Invitación a altas autoridades
Según el pedido oficial, se trata de una visita de Estado, y la invitación fue extendida también al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
La participación de las tres autoridades busca reflejar una presencia institucional del Perú en la ceremonia papal.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que la mayoría de las bancadas respaldaría la solicitud de Boluarte. Argumenta que el evento tiene carácter diplomático y representa una oportunidad para reforzar la relación bilateral con el Vaticano.
No obstante, esta decisión debe ser evaluada por el pleno del Congreso, que tendrá la última palabra. En abril, la presidenta ya había solicitado viajar para asistir al funeral del papa Francisco, pero ese pedido fue rechazado.
Críticas sobre el viaje
La congresista Susel Paredes fue una de las más duras críticas, diciendo que “hay que ser sinvergüenza” para priorizar un viaje al extranjero mientras el país enfrenta una fuerte crisis de inseguridad.
Este tipo de declaraciones reflejan el malestar de algunos sectores que consideran que la presidenta debe permanecer en territorio nacional para atender los problemas urgentes, especialmente en temas de delincuencia y crimen organizado.
Miguel Rodríguez Díaz, conocido con el alias de ‘Cuchillo’, sindicado por el asesinato de los 13 trabajadores de seguridad de Pataz, región La Libertad, envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte para que se rectifique ante las acusaciones hacia su persona que mencionó en la conferencia de prensa del pasado 5 de mayo.
RPP tuvo acceso al documento en el que se señala que las declaraciones de la mandataria alteraron el desarrollo de la vida personal de Rodríguez Díaz.
«A raíz de sus declaraciones, distintos medios de comunicación me han sindicado como el principal sospechoso de la masacre en Pataz. Ha provocado una alteración al normal desarrollo de mi vida personal al poner en tela de juicio las actividades licitas que desarrollo», se lee en la carta notarial.
El documento también refiere que las declaraciones no tienen un sustento ya que no hay una fuente de las acusaciones, y a la fecha no hay citación ni carpetas fiscales contra Rodríguez Díaz.
Cinco días de plazo
Según el abogado, se estima que la carta notarial llegue al área respectiva de Palacio de Gobierno el día de mañana lunes. Asimismo, sostuvo que si la mandataria no se rectifica públicamente en cinco días procederán a interponer una denuncia por querella.
“Si la presidenta de la República en el plazo de 5 días no cumple con rectificarse públicamente, lamentablemente tendremos que recurrir a interponer una demanda o una denuncia por querella, en atención a la difamación agravada en la que se habría incurrido al atribuir a una persona inocente la comisión de un delito”, dijo.
Si usted sale ahora a la calle y le pregunta a cualquier ciudadano si aprueba la labor de la presidenta de la República, Dina Boluarte, es casi seguro que la respuesta será negativa.
Según la última encuesta de Ipsos que publica hoy Perú21, solo 2 de cada 100 peruanos le dan el visto bueno a su gestión, es decir, el 2% de los 34 millones de connacionales. Es una cifra ínfima que denota lo desconectada que está la mandataria de las demandas sociales, a poco más de 1 año de dejar el cargo.
Paralelamente, su alta desaprobación continúa situada en 94%, como en el mes de abril.
El 2% de aprobación a Boluarte se registró luego de la matanza de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad —conocida en las primeras horas del lunes 5 de mayo—, ya que el trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 8 y 9 de este mes.
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, quien asumió funciones el 24 de marzo, también recibe una amplia desaprobación, en su caso de 77%.
¿Hasta dónde llegará el rechazo a Boluarte y su gobierno?
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PODRÍA TENER 0%
Cuando la presidenta asumió el cargo, jamás imaginó que haría historia, pero por su amplísimo rechazo ciudadano. Ha conseguido mantener una tendencia permanente de desaprobación superior al 90% por, al menos, nueve meses.
“Es un récord histórico. Nosotros hacemos encuestas desde hace 30 años y no hubo nunca una tendencia de tantos meses de desaprobación a ese nivel tan alto. En el mundo entero no conozco un registro tan pobre. De alguna manera está pasando a la historia como uno de los gobiernos más ineficientes”, declaró a Perú21 el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.
Loli explicó que el gobierno de Boluarte “no sale del pozo de ineficiencia que reiteradamente vemos en el día a día. Hay un rechazo generalizado frente a la inacción del Ejecutivo respecto a lo que pasa en el país, por ejemplo en Pataz. El asesinato de los trabajadores de minera Poderosa está sumando en este rechazo”.
El margen de error de la encuesta es de +/-2.8%, por lo que Loli indicó que así como Boluarte podría tener alrededor de 4% de aprobación, también podría alcanzar el 0%.
“Más allá de los números, apenas asumió la presidencia hubo un rechazo hacia ella”, añadió. Por ello, dijo, “hay un serio problema de legitimidad. La legalidad la tiene porque se ciñó al proceso constitucional, pero la legitimidad no”.
Finalmente, sostuvo que es “llamativo” que Boluarte se mantenga en el poder con estos niveles tan bajos de aprobación. Sin embargo, acotó, eso ocurre porque el Congreso “no tiene mucho interés en hacer un cambio”, ya que “no se vislumbra un líder que quiera asumir 1 año de interinato. Pasado el mes de julio, cada uno se va a dedicar a ir preparando su campaña, porque hay reelección congresal”.
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Ficha técnica:
Universo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos residentes en Perú urbano y rural. Técnica: cuantitativa mediante encuestas cara a cara en hogares usando dispositivos móviles. Muestra: 1,207 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de +/-2.8%. Trabajo de campo: se llevó a cabo el 8 y 9 de mayo de 2025.
Confrontacional, como de costumbre, Dina Boluarte aprovechó una ceremonia de entrega de fusiles a la Policía, para dejar en claro que «jamás pondrá un solo dedo en dinero del Estado».
En esta ocasión, resaltó sus raíces andinas y dijo que al mencionarlo no busca victimizarse. Para la mandataria, ser una presidenta andina le permite.
Boluarte entregó 700 fusiles de asalto a la Policía Nacional del Perú, para el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
En la ceremonia, en el Rímac, estuvo el Ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de incitación a la discriminación, luego de que este llamara ratas a las víctimas de protestas contra Dina Boluarte, en una entrevista que realizó La República en diciembre de 2024.
«Presento la denuncia constitucional contra Morgan Quero en su actuación como ministro de Educación por el presunto delito contra la humanidad en la modalidad de incitación a la discriminación», anunció la Fiscalía de la Nación a través de su cuenta de X.
Fue el pasado 11 de diciembre que este medio le consultó a Quero por qué el Gobierno de Boluarte no se ha pronunciado sobre los fallecidos en las protestas en el marco del Día de los Derechos Humanos. Ante esto, el ministro de Educación respondió: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, en alusión a las víctimas de la represión ocurrida entre finales de 2022 y principios de 2023.
Las declaraciones vertidas por el mencionado ministro de Estado ocasionaron un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, especialmente de los familiares de las víctimas de las protestas sociales, quienes hasta la fecha han venido llevando a cabo esfuerzos sostenidos en busca de verdad, justicia y reparación.
Por esta razón, la Fiscalía sostiene que las expresiones emitidas por Quero, al minimizar y desvalorizar las muertes ocurridas durante los conflictos sociales que se dieron en el actual gobierno, constituyen un acto de discriminación.
«Según se menciona, este comportamiento proviene de un representante del Estado, quien, conforme al marco jurídico nacional e internacional, tiene el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Dichas conductas, ejercidas desde una posición de poder institucional, no solo vulneran la dignidad de las víctimas, sino que contravienen directamente las obligaciones positivas del Estado de crear condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, sin exclusiones ni restricciones arbitrarias», argumenta la Fiscalía en la investigación contra el ministro de Educación.
Ministro de Educación justifica su declaración ante la Fiscalía
En el marco de la investigación, el ministro de Educación declaró ante la Fiscalía, el pasado 10 de enero de 2025. Según dijo, él no escuchó correctamente la pregunta de la periodista, por lo que las declaraciones brindadas no afectarían el derecho fundamental de ningún grupo social en particular.
De esta manera, precisó que no se retractó de sus declaraciones, ya que había realizado aclaraciones públicas al respecto.
«De ello se desprende que el ministro no mostró interés en rectificar su declaración, ya que consideró suficiente con una aclaración pública. En esta línea, tampoco niega lo dicho; por el contrario, justifica su afirmación argumentando que la realizó porque pensó que la periodista se refería a los violadores, sin tener en cuenta que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Como titular del Ministerio de Educación, su deber es promover y defender estos derechos, no propiciar su exclusión de algún grupo social», apunta la Fiscalía.
ENFOQUE REAL 