Dina Boluarte fue abucheada por estudiantes de Beca 18 cuando participaba de una actividad de bienvenida a los nuevos becarios de este programa en el coliseo Eduardo Dibós. Al grito de «Fuera Dina» los escolares expresaron su rotundo rechazo hacia la presidenta, sin embargo, fueron silenciados por su personal de seguridad.

Tras ese recibimiento, la jefa de Estado aprovechó su discurso para hacer referencia a su cuestionada gestión y culpó a externos. «Les dicen que no estamos haciendo nada es porque aquellos que hablan y provocan esa narrativa falsa es porque este Gobierno no trabaja. No trabaja con aquellos que tenían al Gobierno capturado», dijo.

Boluarte es rechazada por estudiantes tras anuncio de un eventual incremento de sueldo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, quiere ganar más del doble de su salario actual. El pedido de aumento fue realizado al MEF por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este informe quedó listo el 28 de abril último y dispone que la jefa de Estado pase de ganar 16.000 soles mensuales a 35.568, es decir, casi 36.000. El documento está a la espera de la aprobación de la PCM.

Según el documento al que accedió el programa Panorama, la justificación de este aumento son lineamientos técnicos y recomendaciones internacionales, siendo el principal argumento citado el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual sugiere que los salarios de los trabajadores del sector público deben ser corresponder al valor del puesto donde ejercen.

Fuentes del referido medio señalaron que fue el representante de la PCM, Gustavo Adrianzén, quien habría presionado a que el sueldo de la mandataria sea aumentando a un 125%.

Para ello, el MEF realizó un estudio para justificar el aumento del sueldo de la jefa de Estado. Este contó con un análisis cuantitativo de los ingresos del personal y un foque cualitativo basado en dos criterios: la responsabilidad y la competitividad del cargo. El primero considera el nivel de las obligaciones, decisiones y funciones asociadas al puesto de presidente de la Nación, mientras que el segundo evaluó si la remuneración actual estaba acorde a los estándares del mercado laboral.

La página 15 del documento busca justificar que la compensación del presidente de la República debe reflejar su relevancia por ser considerado «la máxima autoridad del país, encargado de dirigir la política general del gobierno, representar la Nación y tomar decisiones estratégicas para el desarrollo del país».

La presidenta de la república, Dina Boluarte, reafirmó hoy el compromiso de su gestión gubernamental con el empleo digno, inclusivo y con derechos laborales, en vísperas de celebrarse el Día Internacional del Trabajo.

Este mensaje fue realizado durante su discurso en la ceremonia de condecoración de la Orden del Trabajo 2025, galardón que cumple 61 años y que, en sus palabras, «representa nuestra historia de esfuerzo colectivo y simboliza el camino que nos queda por recorrer«.

«A poco de conmemorar el Día del Trabajo, reafirmamos el compromiso inquebrantable de nuestro Gobierno con el empleo digno, inclusivo y con derechos«, manifestó. 

Asimismo, anunció que se logró reducir en 3.1 puntos porcentuales la tasa de informalidad respecto al año 2022, alcanzando en el 2024 el 29.1 % de empleo formal, la cifra más alta en 20 años.

«Esta cifra nos plantea el reto de seguir avanzando hacia la formalidad y por ello felicito al ministro de Trabajo de tener una plataforma y registro de las personas que aún están en la informalidad, seguiremos trabajando con ustedes para pasar al lado formal donde los derechos laborales deben ser reconocidos«, dijo.

Además, expresó a todos los condecorados con la Orden del Trabajo a que la fuerza de su labor «nos sigan instando a generar un mejor futuro, más fuerza y coraje para que ningún trabajador se quede sin derechos laborales«.

«Rendimos homenaje a los hombres y mujeres del Perú que entregaron su vida al país, contribuyendo a mejoras laborales para millones de compatriotas, hoy celebramos sus trayectorias así como el espíritu de lucha, justicia y dignidad que encarnan«, agregó.

La mandataria sostuvo que desde los Andes hasta la Amazonía, nuestro país «late gracias a la fuerza diaria de sus trabajadores y su esfuerzo sostiene a sus familias«.

Además del nombramiento de una fiscal sin experiencia de derechos humanos, como  coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales contra Dina Boluarte y el Congreso, el Ministerio Público decidió cambiar a nueve fiscales a cargo de los casos por otros, que no son especializados en este tema. 

Como se recuerda, el viernes pasada asumió el cargo Rosario Isabel Quico Palomino, en reemplazo de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, quien durante dos años condujo la investigación de los muertes y heridos producto del excesivo uso de la fuerza de las fuerzas del orden durante las movilizaciones de 20022 y 2023 exigiendo la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso.

La propia Quico relató en la entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) durante su proceso de ascenso, que ella no ha visto antes casos de derechos humanos, y más bien ha llevado carpetas de corrupción. Sin embargo, la nombraron coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos; y, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

La República pudo conocer que, por ejemplo, uno de los nuevos fiscales nombrados el equipo que ve los abusos durante las protestas es As Carlo Antonio Atocha Castro, quien según su propio curriculum entregado a la JNJ para el proceso de ascenso del año pasado, ha tenido experiencia en temas de violencia familiar y feminicidio.

Fiscal As Atocha fue nombrado en el equipo que investiga las protestas sociales sin tener experiencia en casos similares.

Otros fiscales convocados es Marcelo Alejandro Fernández Vásquez, quien ha sido fiscal adjunto en delitos de corrupción de funcionarios el Callao y ha llevado cursos sobre lavado de activos; Alberth Fernández Salazar tiene una tesis para el grado de maestro en derecho penal y procesal penal, y otro en gestión pública, pero ninguno tiene estudios y han trabajado en temas de derechos humanos.

El fiscal Marcelo Fernández se ha especializado en crimen organizado y en lavado de activos, no en protestas sociales.

También están Tania Griselda Loyaga Flores y Katherine Fiorella Delgado López, lo único que mencionaron en sus curriculums fue haber llevado 60 horas en un curso de Especialización en derecho Constitucional, Procesal Constitucional y el Sistema de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Huaura.

Otros casos

En tanto, nombraron en la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Terrorismo y Delitos Conexos a Patricia Josselyn Espejo Cruz, quien en su curriculum subido a la JNJ solo incluyó un curso de derechos humanos de 60 horas por el Colegio de Abogados de Tumbes, y otros sobre derecho procesal y procesal penal; mientras que Javier Antonio Heredia Cercado informó que llevó un diplomado de 120 horas sobre violencia contra mujeres, derechos humanos e interculturalidad en el Colegio de Abogados del Callao.

De los otros cuatro fiscales nombrados para dicha fiscalía solo Nancy Moreano Rozas declaró un curso de 75 horas de la Academia de la Magistratura sobre Constitucionalidad y tratados de derechos humanos. Jackeline Olivares tiene una maestría en Ciencias Penales y diplomados en violencia familiar, criminología y procesos constitucionales; Peter Paul Miranda y Zendhi Armas Chilón consignaron cursos sobre violencia familiar y técnicas de litigación, entre otros.

En todos los casos, los fiscales fueron presentados como adjuntos provinciales titulares especializados en derechos humanos e interculturalidad de Lima Centro, pese a no tener experiencia en esos temas, lo que genera, por lo menos una preocupante demora en las investigaciones sobre las muertes en las protestas, por los que la propia jefa de Estado se encuentra investigada, entre otros casos.