La mandataria Dina Boluarte aseguró que jamás estarán del lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales. Ello, durante su discurso en una actividad llevada a cabo en el Cercado de Lima, en la inauguración de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar.
La mandataria se refirió también al cambio del excanciller Javier González-Olaechea, así como otros exjefes de carteras ministeriales.
«Desde aquí quiero decirle al Perú entero que cuando cambiamos algunos ministros en el gabinete es porque queremos darle más punche a la ejecución. Y si sale un ministro o más ministros, la política de gobierno no cambia, es una: atender las necesidades de la patria», manifestó.
«La política exterior sigue en pie, firme y fuerte. No vamos a ser parte de un fraude electoral. No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución, somos un país pacífico, somos un país que extiende la mano cuando los otros hermanos países nos necesitan. Hace poco hemos estado apoyando al país de Ecuador con los incendios desde el ministerio de defensa y seguiremos teniendo la mano con los hermanos países que nos necesitan. Pero jamás estaremos de lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales que llevan al hambre, que llevan al atraso, que llevan al subdesarrollo a su población», enfatizó.
Dina Boluarte pide que muestren las actas en Venezuela
Boluarte indicó también que si el Gobierno venezolano ha elegido a un ganador, está en la obligación de mostrar las actas, ya que «el que nada debe, nada teme».
«Tampoco cambia en cuanto a política exterior y nuestra posición respecto a lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el Gobierno venezolano presenten las actas. El que nada debe, nada teme. Ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuente», aseveró.
«Si la oposición ha presentado las actas en el internet y dan como ganador al candidato de la oposición, entonces que muestren las actas para de una vez dejar cerrada esa situación. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que están sufriendo a las hermanas y hermanos de Venezuela. Nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano», finalizó.
La presidenta Dina Boluarte recibió el rechazo de la ciudadanía una vez más. En el distrito de Sullana, en Piura, un grupo de familiares de víctimas del sicariato persiguieron a la comitiva que acompañaba a la mandataria, quien acababa de inaugurar una institución educativa, y le arrojaron piedras y palos tanto a ella como a los ministros de Estado.
De acuerdo con el registro de Canal N, uno de los objetos impactó contra una de las camionetas de la Policía Nacional del Perú (PNP) que custodiaba el trayecto de la presidenta junto a los ministros de Salud, César Vásquez, y de Educación, Morgan Quero.
Este incidente se reportó en el Asentamiento Humano El Obrero, lugar a donde la dignataria había llegado para inaugurar la institución educativa N.° 14790 María García de Gonzales y el Centro de Salud Castilla I-4. A pesar de eso, se encontró a un grupo de manifestantes que exigían mayor atención a nivel de seguridad ciudadana.
Las decenas de familiares de víctimas de bandas criminales solicitaron hablar con la jefa de Estado y el ministro del Interior para el control de la delincuencia en la región, sin embargo, no tuvieron acceso para presentar su demanda.
La Presidencia aún no ha realizado un pronunciamiento acerca de este incidente y se limitó a presentar fotos de la inauguración de obras en sus redes sociales oficiales.
La Presidencia no ha hecho referencia al incidente en Sullana. Foto: Presidencia/X
Dina Boluarte no mencionó el tema de seguridad ciudadana, a pesar de altos índices de delincuencia
En la inauguración de los nuevos establecimientos, la presidenta evitó mencionar el problema de inseguridad ciudadana que aqueja a la región, a pesar de los altos índices de asesinatos y robos registrados.
“Tenemos un compromiso firme con el Perú: garantizar que nuestros estudiantes reciban la mejor educación, aquella que les permita liderar nuestra patria en el futuro”, afirmó la mandataria.
Asimismo, destacó que el colegio representó una inversión de 34 millones de soles y beneficiará a más de 440 estudiantes de primaria y secundaria.
Estas declaraciones se realizaron menos de 24 horas después de una protesta en Sullana, donde familiares de víctimas de sicariato y robos exigieron la captura de criminales. La marcha, que comenzó en la Plaza de Armas y culminó frente a la iglesia Matriz, incluyó un plantón en demanda de justicia.
El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho reiteró que se pronunciará sobre el cumplimiento de la nueva ley sobre crimen organizado al concluir la audiencia de prisión preventiva de Nicanor Boluarte Zegarra y otros cinco investigados en el caso “Los Waykis en la sombra”.
Concepción Carhuancho informó que la norma procesal no prevé y no le permite pronunciarse a mitad de la audiencia sobre un cambio normativo, por lo que se pronunciará al resolver el pedido del Ministerio Público.
Enfatizó que dicha medida cautelar de privación de libertad requiere abrir una serie de puertas en cadena, solo si se abre una, se puede avanzar a la siguiente. Esto, supone que al resolver, el primer paso será decidir sobre la ley 32,108.
El fiscal debe decidir que norma penal aplica en un caso
Juez Richard Concepción Carhuancho
La fiscalía y la defensa le habían pedido un pronunciamiento antes de empezar a debatir los cargos penales y los graves elementos de convicción contra los seis investigados. El juez indicó que solo podía escuchar a las partes pues, además, no le corresponde decidir que norma penal se aplica en un caso determinado.
El fiscal Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder – Equipo 5 , ha pedido al juez que realice un control difuso convencional y constitucional y no aplique la Ley 32,108 en el pedido de prisión preventiva de Boluarte y otros porque, dice, dicha norma contradice la Convención de Palermo, suscrita por el Perú el 2002, y los tratados internacionales de lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, los abogados de la defensa señalan que no es posible aplicar el control difuso para cuestionar una ley que se presume constitucional y que tampoco es válido utilizar esa figura legal para resolver un pedido de prisión preventiva. El juez, remarcaron, está obligado a aplicar lo que es más favorable al reo.
El juez ha discutido, junto con el fiscal y los abogados, durante cuatro audiencias la posibilidad de aplicar control difuso que solicita el fiscal frente a la Ley 32108 que establece un nuevo estándar jurídico para el delito de crimen organizado.
Concepción Carhuancho explicó que al resolver responderá si un juez puede aplicar control difuso convencional, control difuso constitucional, ambos controles, si es posible aplicar estos controles en un pedido de prisión preventiva que afecta el derecho a la libertad.
Además, si se cumplen, para el presente caso, los requisitos que define la jurisprudencia para aplicar control constitucional o convencional.
Fiscal aplica el artículo 317 sin la modificación aprobada por el Congreso
Audiencia de prisión preventiva en el caso ‘Los Waykis en la sombra’
Luego de la aclaración del juez, la fiscal adjunta Melisa Angulo Mantilla empezó a presentar los cargos penales y los elementos de convicción contra Nicanor Boluarte, el abogado Mateo Castañeda y otros cuatro investigados para sustentar la prisión preventiva.
Lo hizo, explicó, al amparo del artículo 317 del Código Penal modificado por el decreto ley 1244 de diciembre de 2023, es decir, la norma penal vigente al momento de los hechos y, anterior, a la Ley 32,108 promulgada el 09 de agosto del 2024.
Argumentó que el texto de la norma anterior, vigente hasta el 9 de agosto, es concordante con la Convención de Palermo de las Naciones Unidas de lucha contra el crimen organizado trasnacional.
Crimen organizado con fines político-económicos
Audiencia de prisión preventiva continuará el 4 de septiembre
La fiscalía indicó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, es el organizador y líder de una organización criminal constituida el 7 de diciembre de 2022 y vigente hasta la actualidad, dedicada a nombrar prefectos, subprefectos y cargos de confianza en el gobierno, con el objetivo de constituir un partido político, en busca de lograr beneficios económicos al infiltrar el aparato estatal.
Subrayó que Nicanor Boluarte pudo realizar esos actos utilizando el poder de facto que le da ser el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Como líder de la organización, planificó y controló las actuación de los mandos medios para el logro de sus objetivos criminales, enfatizó el fiscal.
Como parte de la presentación de los graves elementos de convicción, al fiscal presentó la declaración del ex prefecto de laregión San Martín, Armando Villalobos Leyva. Este testigo ha señalado que Nicanor Boluarte, conocido como «el número dos», era el responsable de coordinar las designaciones de prefectos y subprefectos. A la presidenta Dina Boluarte se le denominaba como «la número uno».
La audiencia de prisión preventiva continuará el 4 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana. La fiscalía debe concluir con la presentación de los elementos de convicción que acreditarían los delitos que atribuye al hermano de la presidenta, el abogado Mateo Castañeda y otras cuatro personas.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento esta tarde a cuatro nuevos ministros de Estado.
En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado nombró a los nuevos titulares de cuatro sectores: Relaciones Exteriores; Comercio Exterior y Turismo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Cultura.
El embajador Elmer Schialer juró como nuevo canciller, en reemplazo del internacionalista Javier González-Olaechea, quien estaba en el cargo desde el 7 de noviembre de 2023.
Por su parte, la abogada Úrsula Desilú León asumió como nueva titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Reemplazará en el puesto a Elizabeth Galdo Marín.
Mientras tanto, el exsecretario general de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo,Durich Whittembury, juró como titular del Vivienda, Construcción y Saneamiento, en reemplazo de Hania Pérez de Cuellar, quien lideraba el sector desde el 10 de diciembre de 2022 y era una de las ministras más antiguas del Gabinete Ministerial.
Por su parte, Fabricio Valencia asumió la cartera de Cultura y reemplazará en el cargo a la abogada Leslie Urteaga, quien estaba en el puesto desde el 21 de diciembre de 2022.
Boluarte Zegarra ratificó en el cargo al resto de ministros, entre ellos a César Vásquez (Salud) y a Juan José Santiváñez (Interior), a pesar de que este último se encuentra en el centro de la polémica por supuestos audios, grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, donde habría admitido que el vehículo presidencial habría sido utilizado para la fuga del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
La ceremonia de juramentación se realizará esta tarde en Palacio de Gobierno.
La presidenta Dina Boluarte realizará este martes hasta cuatro cambios al interior del Gabinete Ministerial que preside Gustavo Adrianzén.
El Ejecutivo convocó a los medios de comunicación para cubrir la ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno, que iniciará a las 12:30 p.m.
Palacio de Gobierno ha convocado a los medios de comunicación para cubrir la juramentación de los nuevos ministros.
La semana pasada, y en medio de los rumores de cambios, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró a RPP que existe una constante evaluación de cada uno de los integrantes del equipo ministerial.
Desde Iquitos (Loreto), Adrianzén Olaya insistió en que su puesto, al igual que el del resto de los 18 ministros, son evaluados por la presidenta Dina Boluarte con diferentes criterios, que van desde la ejecución de los proyectos hasta el nivel de diálogo con la población.
“Voy a insistir en lo mismo, el puesto del que habla, como presidente del Consejo de Ministros, está siendo evaluado al igual que todos los sectores. Hay diferentes criterios para desarrollar la evaluación, el desempeño de los sectores, la ejecución de los proyectos que se les ha encomendado, el diálogo con la sociedad”, declaró.
“De momento, ese proceso es continuo y se viene haciendo así”, agregó.
Un nuevo audio atribuido al actual ministro del Interior, Juan José Santivañez, menciona un presunto favorecimiento del gobierno de Dina Boluarte para que VladimirCerrón permanezca prófugo de la justicia y el supuesto uso de un vehículo presidencial con ese propósito.
Según un reportaje del dominical Punto Final, Cuarto Poder y Panorama la grabación forma parte del audio entregado esta semana por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, a la fiscalía de la Nación.
De acuerdo con la defensa legal del oficial, el audio fue grabado el pasado 21 de mayo en un chifa y las voces que se oye allí son las de su patrocinado y las de Juan José Santiváñez, quien por entonces ya era ministro del Interior. El integrante del gabinete y su defensa legal niegan que su voz sea la de la grabación.