Este martes a las 10am. continúa la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otros cinco investigados por el caso Los waykis en la sombra.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra el familiar de la mandataria, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, tras ser sindicado como el presunto líder de una red criminal que habría tenido como finalidad copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior (Mininter), mediante “la designación ilícita” de prefectos y subprefectos en distintas regiones del país.

Los otros investigados son Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la DGIN; los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, exjefa de Qali Warma en la región San Martín, quienes también habrían integrado la presunta organización criminal.

Presunta organización criminal contaría «con apoyo del gobierno actual» 

Durante la audiencia, el representante del Eficcop, Carlos Ordaya López, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho que aplique el «control difuso convencional» para que el caso no se acoja a la Ley 32108 que modifica la ley contra el crimen organizado.

«Nosotros como Ministerio Público recurrimos a su judicatura (…) bajo el amparo de que el juez cuenta con el principio de independencia, a fin de que se inaplique al caso concreto (…), es decir al caso que se está trayendo a su judicatura mediante este requerimiento de prisión preventiva. Es un pedido de control difuso convencional«, indicó el fiscal.

Como se sabe, esta norma -cuya propuesta fue presentada por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón- fue promulgada el pasado 9 de agosto por el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, luego de que el Ejecutivo no observara la autógrafa de ley.

En sus fundamentos, el fiscal indicó que si se aplica esta norma «conllevaría a una impunidad» en el caso Los waykis en la sombra. Además, señaló que dicha presunta organización delictiva tendría «apoyo» del Ejecutivo, y que Nicanor Boluarte tendría «poder de facto».

«Aquí se investiga una presunta organización criminal que no solamente ha tenido acciones desplegadas en la capital, sino en varias regiones. Lo más importante es que cuenta con un soporte de apoyo del gobierno actual, porque ese poder de facto que ha tenido el principal investigado ha conllevado, muchas veces, a impedir el normal desarrollo de esta investigación. Esta norma puede causar un perjuicio», indicó. 

Además, cuestionó que los congresistas que aprobaron la norma estarían «vinculados a diferentes organizaciones criminales», y que habría un interés por favorecer al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

«¿Quiénes aprobaron con esos 12 votos este proyecto de ley? (…) 12 congresistas que siempre han sido cuestionados por estar vinculados a diferentes organizaciones criminales. Específicamente, aquí hay un interés de que todos los casos por investigaciones contra organizaciones criminales se quiebren, se vayan abajo, por cuanto el señor Vladimir Cerrón (…) hoy en día prófugo, más de 300 días sin ser ubicado», aseveró. 

Asimismo, indicó que la norma «adolece de vicios de inconstitucionalidad» tanto en forma como en fondo, ya que, según argumentó, en el proceso de aprobación de la propuesta en el Congreso «no se respetó» el procedimiento indicado en el reglamento parlamentario «por cuanto este dictamen no se debatió al momento de promulgarse esta norma».

«(El) procedimiento parlamentario no se respetó, por cuanto este dictamen no se debatió al momento de promulgarse esta norma. El artículo 78 del Reglamento del Congreso dice que no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen, ni ningún dictamen que no haya sido publicado en el portal del Congreso. Es decir, el Congreso, la Comisión Permanente habría violado su propio reglamento y se habría emitido, el 8 de agosto, esta ley sin debate alguno», indicó. 

«Lo más resaltante aquí es que el señor presidente Valer Pinto señala que esta norma, lo dice la transcripción (del debate), va a favorecer a Dina Boluarte en todas las investigaciones en su contra, por ende, a su hermano. Norma que no fue observada por el Ejecutivo, coincidentemente», señaló el fiscal.