El 97% de los peruanos no quiere un asesino como presidente

Condenado por largos años ya, a un indetenible deterioro, el cargo más alto del país corre el peligro de caer en manos de otros personajes que nuestra irrespetada democracia ya no resistiría. La figura presidencial no merece seguir hundiéndose. Una propuesta legislativa que se encaminaba a cerrarle la puerta a quienes buscan sentarse en el sillón de Pizarro sin importarles la pesada mochila que cargan por culpa de sus graves delitos, se llena de polvo hace cinco meses en la Comisión de Constitución.

Su presidenta, Martha Moyano, ha preferido hacerse la desentendida y no agendar esta iniciativa para que regrese al Pleno, en donde podría convertirse en ley. Ha hecho oídos sordos al reiterado pedido de varios de los miembros de su grupo de trabajo.

De manera extraña, Moyano entrampa, le pone nudo a un proyecto importante para el país. Parece querer que todo siga igual. Los peruanos, en cambio, la tienen clara: no quieren que los gobierne un corrupto o un asesino. Un 97% considera que las personas que cumplieron sentencia por asesinato, corrupción o terrorismo, y ya salieron de la cárcel, no tienen derecho a postular a la Presidencia de la República, según revela la última encuesta de Ipsos realizada para Perú21. Una contundente respuesta ciudadana a la que la titular de Constitución debería prestar atención. Los peruanos no quieren mandatarios corrompidos ni con las manos manchadas de sangre.

En Lima y en el centro del país el rechazo a quienes siendo sentenciados por asesinato pretenden postular a la Presidencia se eleva a 98%. No quieren como mandatario a personajes de esta naturaleza.

Según los entrevistados, tampoco tienen derecho a aspirar al sillón presidencial los sentenciados por secuestro (93%), o rebelión contra el Estado (83%).

BANCADA LA SEÑALA

Mientras Moyano mantiene un largo e inentendible silencio sin dar explicaciones del porqué esta propuesta sigue descansando en su comisión, más dedos siguen señalándola como la única responsable, incluidos los de su propia compañera de bancada y de comisión, Patricia Juárez, quien admitió que de seguir retrasándose la puesta en agenda en Constitución, el proyecto corre el riesgo de convertirse en ley fuera del plazo prudente para ser aplicada en las próximas elecciones, pues se requiere de dos votaciones en dos legislaturas consecutivas.

“Lo que debe hacerse es evaluar y quien evalúa es la presidenta de la comisión; depende de ella, ella es la que determina la pertinencia”, explicó Juárez, sin nombrar a Moyano.

Este diario le preguntó si había algún interés partidario en la decisión de Moyano por detener la marcha de esta propuesta ante la intención del exmandatario Alberto Fujimori de aspirar a la Presidencia o a alguna curul en el próximo Senado.

“El presidente Fujimori está atravesando un problema de salud… creo que debemos mantenerlo fuera de toda especulación política”, respondió Juárez.

Otra integrante de esta comisión, Margot Palacios, de Perú Libre, adelanta que está a favor de que se apruebe este proyecto, pues se trata de personas que cometieron delitos muy graves.

La congresista espera que la iniciativa no demore más en el grupo que preside Moyano, aunque reconoció que aún no se conoce la evaluación técnica y legal que iba a seguir la propuesta en ese grupo de trabajo tras retornar del Pleno.

CONGRESISTAS POR LIMA

Ipsos también consultó a la ciudadanía de Lima si cree que se debería incrementar el número de representantes de esta jurisdicción en el Congreso, teniendo en cuenta que el 31% del total de la población electoral del país vive en esta ciudad y solo tiene el 25% de representación en el Legislativo.

El 58% de entrevistados consideró que debe incrementarse el número de congresistas por Lima por una cuestión de proporcionalidad. Para un 33% de encuestados debe mantenerse el mismo número de representantes.

Un 73%, además, se mostró a favor de dividir Lima en cinco zonas electorales –norte, centro, sur, este y oeste— y elegirse representantes de cada uno de estos sectores para el Congreso. Un 24% prefiere que se siga eligiendo en conjunto para toda Lima.

La Ley 27399 y la donación de joyas sustentan la denuncia fiscal por los Rolex

La denuncia constitucional que la Fiscalía de la Nación formuló contra la presidenta de la República, Dina Boluarte por el caso de los Rolex y joyas de lujo se sustenta en el artículo 99 de la Constitución, la Ley Nº 27399 y el Reglamento del Congreso explica la disposición del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana.

Dichas normas son el caparazón legal de la denuncia constitucional que ingresó, al Área de Trámite Documentario del Congreso, la tarde del lunes 27 de mayo último, por delito de cohecho contra la presidenta Boluarte. El desarrollo legal, jurisprudencial e histórico de dichas normas  se explican con detalle en las primeras páginas de la disposición fiscal.

Así, pues, se indica que el mencionado artículo 99 de la Constitución Política de 1993 establece que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso de la República al presidente de la República; a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del Pueblo y al contralor general por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.

En tanto, el artículo 1 de la ley Nº 27399, de enero de 2001, faculta al Fiscal de la Nación a “realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99 de la Constitución”.

Dicha Ley añade que: “en caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el Fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los actuados en dicha investigación”.

Adicionalmente, subraya la fiscalía, el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, al regular el artículo 99 de la Constitución, establece que el procedimiento de acusación constitucional se inicia ante una denuncia de “los Congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada”.

De lo expuesto se desprende, que el fiscal de la nación no solo tiene competencia para realizar investigaciones o diligencias preliminares contra los altos dignatarios señalados en el artículo 99 de la Ley Fundamental, sino también, una vez culminadas las diligencias preliminares, se encuentra facultado por ley para formular denuncia constitucional ante el Congreso de la República, contra dichos altos funcionarios, en caso advertirse la existencia de evidencias o indicios razonables de la comisión de delitos durante el desempeño de sus funciones”, subraya el punto 3.12 de la denuncia constitucional.

Dina Boluarte declaró en la Fiscalía por la desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop

La presidenta Dina Boluarte acudió, este martes 28 de mayo, a la sede principal del Ministerio Público para declarar ante el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, luego de que su Gobierno dispusiera la desactivación del equipo policial que prestaba apoyo al Eficcop de la fiscal Marita Barreto. La jefa de Estado llegó a la sede de la avenida Abancay a las 9:00 a.m., para brindar su testimonio ante la referida pesquisa preliminar que la involucra en un presunto abuso de autoridad.

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta declara este martes ante Fiscalía por caso Eficcop

13:31

28/5/2024

Abogado de Dina Boluarte: «Estamos tranquilos con la denuncia constitucional»

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, señaló que, desde el Gobierno, existe una tranquilidad con la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena ante el Congreso para que sea debatida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

«Estamos tranquilos con la denuncia constitucional (…) No hay que sobredimensionar la denuncia constitucional. Nosotros solicitamos la conclusión de la investigación preliminar por considerabamos que el plazo era de 60 días. El Ministerio Público tenía la obligación de presentar la denuncia constitucional o en su efecto archivarla», dijo Portugal.

13:09

28/5/2024

Fiscalía realizó 50 preguntas a presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex

Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarle, indicó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le realizó 50 en el marco de la investigación por la desactivación del equipo policial que apoyaba a la Eficcop que lideraba Marita Barreto.

13:03

28/5/2024

Dina Boluarte se encuentra en Palacio de Gobierno

Tras salir de la Fiscalía, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a Palacio de Gobierno para reunirse con su abogado Juan Carlos Portugal. 

11:51

28/5/2024

Dina Boluarte salió de la Fiscalía tras declarar ante fiscal de la Nación

La presidenta Dina Boluarte salió de la Fiscalía luego de permanecer más de dos horas rindiendo su manifestación al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por el caso Eficcop. La jefa de Estado estuvo en una camioneta negra que se encontraba con un fuerte resguardo policial. 

Wilfredo Oscorima anuncia marcha contra Dina si no cumple con el presupuesto que pidió

Durante su discurso en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, la primera audiencia pública regional descentralizada de rendición de cuentas 2024, Oscorima anunció que lideraría una marcha de protesta contra el gobierno de Boluarte en caso de no recibir el presupuesto necesario.

El anuncio del gobernador regional causó impresión tanto entre sus seguidores, quienes respondieron con aplausos a sus exigencias, como entre los críticos de su gestión, quienes ven con preocupación la posición confrontacional del gobernador con respecto a la presidenta Dina Boluarte.

“En el 2025 nuestro presupuesto debe superar los mil millones de soles. De lo contrario, yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo”, afirmó Oscorima durante su discurso, agregando: “No hay otra forma de poder salir de la situación de pobreza”.

Por otro lado, Oscorima subrayó la necesidad de contar con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la región y anunció que su gobierno requería más de mil millones de soles para el año 2025. Ante la falta de asignación de recursos, el gobernador regional expresó su disposición a liderar protestas como medida de presión.

Dina Boluarte en popularidad: Solo el 5% de los peruanos la respaldan según última encuesta

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para La República, el 90% de los peruanos desaprueba su gestión, y solo un 5% la respalda. Entre los sectores más pobres, apenas el 3% la aprueba

El nivel de aprobación del Congreso de la República también se mantiene en muy bajo nivel porcentual. Solo el 6% de los encuestado por IEP dijo que lo aprueba.

La aprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte cayó a su más bajo nivel hasta la fecha de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado este domingo por el diario La República.

La encuesta realizada entre el 18 y el 23 de mayo, indica que un 90% desaprueba como Boluarte «esta conduciendo su gobierno», mientras que solo un 5% aprueba su desempeño. Hace dos meses, según otro estudio de IEP, Boluarte era desaprobada por 86% y aprobada por un 8%

La aprobación de la presidente cae aún más en Lima, donde solo un 4.1% de los encuestados dijo que aprobaba el gobierno de Boluarte.

La percepción de corrupción entre los ciudadanos tampoco es favorable a al actual gobierno. Un 50% cree que la gestión de Boluarte terminará siendo más corrupta que en gobiernos anteriores. Un 42% indica que será igual de corrupto y solo un 5% cree que será menos corrupto.

El nivel de aprobación del Congreso de la República también se mantiene en muy bajo nivel porcentual. Solo el 6% de los encuestado dijo que lo aprueba -la misma cifra de apobación de marzo, según IEP-, mientras que un 91% manifestó su desaprobación al Parlamento.

Inspectoría de la PNP inicia proceso administrativo contra Harvey Colchado por allanamiento a Dina Boluarte

La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú inició un proceso administrativo disciplinario en la vía ordinaria contra el coronel Harvey Colchado, ex jefe de la Diviac, y otros cuatro integrantes de esta división policial por el allanamiento de la vivienda de la mandataria Dina Boluarte.

En la resolución, a la que ha tenido acceso RPP, se indica que «esta situación permite denotar un apresuramiento en realizar el operativo policial a pesar de una falta de previsión en la revisión y verificación de la orden de operaciones y sus anexos».

Se indica, además que no se ha consignado una resolución judicial y que otros documentos de Inteligencia tienen una resolución del 30 de marzo del 2024 cuando la operación policial inició el 29 de marzo.

¿Cuáles son los motivos por los que se inició el proceso contra Harvey Colchado?

Dentro de las circunstancias que motivaron el proceso administrativo contra Harvey Colchado se menciona el uso del ariete conocido como ‘Torito’, el cual, advirtieron, «no se encuentra regulado en los instrumentos normativos y gestión de la institución policial». 

Además, se advierte en el contenido de la resolución judicial que se dispone al Ministerio Público la ejecución de la medida coercitiva, autorizando entre ellos el descerraje de ser el caso de no permitirse el ingreso al inmueble. Sin embargo, «no se indica bajo qué medio o forma debía realizarse esta acción y si es la institución policial la que debía hacerlo».

Asimismo, se menciona que «el coronel Colchado se ha tomado atribuciones que no le corresponde: la atribución de usar, por ejemplo, el ariete conocido como ‘Torito'».