En entrevista para Exitosa, el jefe del gabinete de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Gustavo Bobbio, reveló que, al igual que el informe secreto para atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, existen similares amenazas contra el presidente Pedro Castillo.
“Tenemos similares amenazas contra el presidente. Hay equipos de la PNP que también están investigando. Lo que se señala es gravísimo y se está investigando”, dijo en Informamos y Opinamos al ser consultado sobre las recientes amenazas contra miembros de la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según Bobbio, también hay “notas de inteligencia” que recogen amenazas contra la vida del jefe de Estado. Indicó que estas advertencias provienen de “las fuerzas que supuestamente defienden la democracia”. “Tenemos videos de militares diciendo que lo quieren matar“, aseveró.
Pagan los favores con pactos bajo la mesa. El colaborador eficaz de clave CE-03-2022-EFICCOP contó a la Fiscalía que el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cobra mensualmente S/40,000 de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), cuyos fondos son calificados como “reservados” y no están bajo la supervisión de la Contraloría General, según un informe propalado por el programa de TV Contracorriente. De esta manera, el presidente Pedro Castillo obtendría el fiel respaldo de la bancada del lápiz para evitar su vacancia.
Perú21 accedió también al acta de la declaración que brindó el colaborador eficaz el 6 de setiembre y donde detalla sobre los pagos indebidos al agente especial ‘Montaña’.
De acuerdo al documento, el director de la DINI, José Fernández Latorre, se encargó de crear un código a Vladimir Cerrón para que pase como ‘fuente humana’ a fin de que sea beneficiado con los recursos de la principal agencia de inteligencia del país.
“Le han creado a Vladimir Cerrón el seudónimo o código de ‘Montaña’, (para hacerlo pasar) como informante de la DINI”, sostuvo el colaborador.
Este dinero sería utilizado por Cerrón para su defensa legal en las investigaciones fiscales donde está comprometido y también para sus gastos personales, indicó Contracorriente.
La DINI está dirigida, desde setiembre del año pasado, por el chotano José Fernández Latorre. Según señaló el colaborador eficaz, Fernández llegó al puesto gracias a las coordinaciones entre Richard Rojas García y los sobrinísimos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez –actualmente prófugo–.
Rojas García fue jefe de campaña electoral de Pedro Castillo y es hombre de entera confianza de Vladimir Cerrón, a quien conoce desde 2014, cuando Perú Libre pasaba de ser un movimiento regional en Junín a partido nacional.
“Rojas se encargó de todas las coordinaciones en campaña, era junto a sus sobrinos Fray y Gianmarco el brazo derecho de Pedro Castillo; en la casa de Sarratea (Breña) puso al director de la DINI, José Fernández Latorre, su familiar”, narró el colaborador. Según el dominical, sería su cuñado.
Ningún pago es gratuito. Los S/40,000 que recibiría Cerrón de la DINI servirían para que la bancada de Perú Libre cierre filas e impida cualquier intento de destitución del mandatario. Recientemente, en redes sociales publicó que “en cualquier circunstancia” no votarán a favor de retirar a su socio de Palacio de Gobierno. Es decir, hay un pacto sellado.
Habla Shimabukuro
Tal como lo adelantó Perú21, en su edición del 18 de marzo, Henry Shimabukuro confirmó a la Fiscalía la existencia de una oficina de la DINI en la casa de gobierno.
El sindicado de pertenecer al ‘gabinete en la sombra’ dijo que él “colaboraba” en temas coyunturales y sin sueldo alguno, según informó Panorama.
“Esta información la hacía llegar a la oficina de la DINI que se encuentra en Palacio. Por esa labor no recibía pago alguno (ad honorem)”, declaró Shimabukuro, que está con comparecencia con restricciones.
La cuenta de Twitter del empresario y colaborador eficaz en el caso Puente Tarata, Zamir Villaverde, volvió a publicar una imagen en la que, según señala, aparecería el exsecretario general de Palacio y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco.
Además, aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) conoce el paradero de Pacheco.
“Pedro Castillo Terrones, la DINI ya sabe dónde está Bruno Pacheco y quienes lo protegen. No obstruyas la justicia”, escribió Villaverde en su tuit.
Cabe indicar que, a inicio de semana, la cuenta de Zamir Villaverde también publicó una foto en la que supuestamente aparecería Bruno Pacheco de espaldas, junto a una mujer, caminando entre rocas y, aparentemente, escapando.
“Bruno Pacheco, por el bien del país, ponte a derecho con la justicia”, escribió entonces Villaverde.
RECOMPENSA POR BRUNO PACHECO
Por el ex secretario general de la Presidencia de la República Bruno Pacheco, el programa de recompensas ofrece 30 mil soles para quienes brinden información que permita a la Policía Nacional dar con el paradero del ex funcionario público.
Bruno Pacheco es investigado por desbalance patrimonial que evidenciaría el presunto delito de enriquecimiento ilícito, colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado y por presuntas presiones en el proceso de ascenso en las Fuerzas Armadas.
ACUSA A LA DINI
La semana pasada, Zamir Villaverde, quien se acogió a la colaboración eficaz por el caso Puente Tarata III, aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le da información a las personas cercanas al gobierno para proteger al mandatario y no a los ciudadanos.
Villaverde indicó que el día en el que lo intervinieron, el pasado 28 de marzo, él ya conocía que eso ocurriría porque el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo le avisaron.
“Yo ya sabía eso (que me iban a detener). Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo me lo dicen. ¿Cómo lo saben? Por la información que la DINI directamente a ellos les decía. La DINI trabajaba al servicio de Pedro Castillo y toda la gente de su confianza”, dijo en entrevista a RPP.
FUERA DE PRISIÓN
Cabe indicar queZamir Villaverde salió el pasado 12 de julio del penal Ancón I, donde cumplía una orden de 24 meses de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias por el caso de la licitación irregular del Puente Tarata III, en San Martín. Una fila de autos de su empresa Vigarza estuvo afuera del centro penitenciario.
Como se recuerda, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dispuso revocar la prisión preventiva contra Villaverde a solicitud de la fiscal de lavado de activos Karla Zecenarro, con quien habría llegado a un acuerdo para que se acoja a la figura de la colaboración eficaz y así entregar nuevas pruebas sobre actos de corrupción en el actual gobierno de Pedro Castillo.
ENFOQUE REAL 