La desaprobación del Ejecutivo y del Legislativo sigue a la baja, según Ipsos

Un sondeo realizado por Ipsos para Perú21 da cuenta de un estancamiento en la aprobación de la presidenta de la República, del primer ministro y del Congreso.

Para el 23 de marzo, los ciudadanos indicaron que en su mayoría, desaprueban la gestión de Dina Boluarte, actual presidenta del Perú. Un 76% no está de acuerdo con su desempeño, mientras un 17% considera aprueba su gestión.

Si nos vamos del lado de otras autoridades, como el premier Alberto Otárola o el presidente del Congreso José Williams, el panorama no es diferente. Otárola está desaprobado con un 68% y Williams con un 62%.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha bajado su aprobación en comparación al mes de febrero. Ahora se encuentra en 44%, cuando el mes pasado tenía un 48% de aceptación.

La Policía Nacional pidió al Ejecutivo s/. 106 millones para gastos en estado de emergencia

Una semana después de que el expresidente Pedro Castillo fuera vacado, las protestas en Lima y provincias se intensificaron. Es por eso que, el 14 de diciembre, la Policía Nacional emitió un informe en el que exponía los motivos por los cuales se debía dictar estado de emergencia por 30 días y así contener el estallido social.

Además, la institución solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros la suma de 106 millones de soles. La intención era poder cubrir los gastos del personal que se desplegaría durante dicho régimen.

«El jefe de la División de Economía de la Dirección de Administración de la PNP hace conocer que la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional irrogaría el gasto adicional de S/106 372 450 correspondiente al periodo de treinta días», se lee en el documento.

El presupuesto de la Policía no le permitiría asumir el gasto. «La Unidad Ejecutora no cuenta con recursos presupuestarios disponibles para financiar el mencionado gasto adicional. Por tal motivo, sugiere respetuosamente que la declaratoria de estado de emergencia sea gestionada con la correspondiente asignación presupuestaria para su financiamiento», dice el informe.

Este documento, al parecer, fue sustento del premier Alberto Otárola para anunciar un bono para la Policía el pasado 25 de enero. 

Ministro de Justicia: desde el Ejecutivo no descartamos la posibilidad de un cierre del Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, indica que desde el Gobierno no descartan la posibilidad de un posible cierre del Congreso, frente a las constantes confrontaciones que existen entre ambos poderes del Estado.

El integrante del gabinete ministerial indicó que confía que la próxima Mesa Directiva del Parlamento pueda generar consensos con el Gobierno, pero de no ser así evaluarían la posibilidad de una disolución del Legislativo.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, señaló en diálogo con Exitosa.

El titular del Ministerio de Justicia puntualizó que tienen el respaldo constitucional para el cierre del Congreso, pero aclaró que el tema no se ha conversado con el presidente ni en el Consejo de Ministros.
Correo.

Ejecutivo oficializa prohibiciones para funcionarios durante elecciones 2022

PCM dispuso norma que los obliga a mantener la neutralidad.

Las autoridades, funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 182-2022-PCM.

La disposición, que regula el accionar de los funcionarios y servidores públicos en el marco de la neutralidad que establece el Código de Ética de la Función Pública, durante el período electoral 2022, precisa una serie de prohibiciones relacionadas con el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la información pública.

«El propósito de la norma es mitigar los riesgos asociados a la prohibición de proselitismo político durante las próximas elecciones regionales y municipales y mantener informados a los funcionarios y servidores sobre los impedimentos que rigen durante el período electoral», sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Las prohibiciones en relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.

Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.

Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas bajo su mando.

Respecto al uso de bienes y recursos públicos, no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.

Además, no pueden condicionar el acceso a información pública ni afectar su contenido por razones o intereses políticos. De otro lado, los funcionarios, directivos públicos y servidores de confianza deberán abstenerse de expresar opinión sobre algún candidato o agrupación política.

Frente a opiniones o afirmaciones de candidatos que pudieran afectar la imagen institucional de las entidades públicas durante el proceso electoral, cualquier aclaración sobre el particular podrá efectuarse previa evaluación y por los canales institucionales correspondientes, sin referencia expresa a un candidato o agrupación política.

En caso los ciudadanos y servidores públicos identifiquen comportamientos o prácticas que vayan en contra la disposición emitida, podrán formalizar el reporte correspondiente en la plataforma Denuncias Servicios.

Paro de transporte de mañana: dirigentes señalan que “no hay voluntad” del Ejecutivo para resolver sus demandas

A pocas horas de iniciarse el paro nacional convocado para este lunes 4 de julio, Joaquín Rosas, presidente de la Federación de Taxis y Colectivos (Fentac) y Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, se mostraron escépticos con la reunión que sostendrán este domingo con representantes del MTC, a fin de lograr acuerdos que permitan suspender su medida de fuerza.

Consultado si existe la posibilidad de llegar a acuerdos con el Ejecutivo para evitar la paralización, Rosas respondió que de parte de su gremio siempre existe la voluntad política de poder resolver el problema y escucharlos, “pero lamentablemente no hay voluntad política de ellos, de su parte, para resolver los problemas”.

Rosas indicó en RPP que sus reclamos no son recientes. “En noviembre nosotros firmamos las actas, donde ellos se comprometían a resolver varios petitorios, pero hasta ahora no [lo han hecho]”, agregó. Además, calificó la postura del gobierno de “un paseo, un calmante”.

Ellos se comprometieron a instalar la mesa técnica exprés para poder resolver rápidamente los problemas, que lo podía hacer por ejemplo el MTC, que estaba en sus manos, y había otros problemas [para solucionar] a través del Congreso de la República, y eso se debía haber tocado en un mesa técnica permanente, pero nunca llegó a funcionar ni la mesa exprés ni la mesa permanente”, se quejó Rosas.

Por esta razón, dijo que los transportistas estaban cansados y que el paro del lunes 4 de julio era “firme” y se trataba de “un apagado de motor para que no piensen que es un tema político, que a veces se infiltran las personas y hacen quedar mal a los transportistas”.

Nos obligan [a parar] porque no somos escuchados, por el contrario somos maltratados […] el transportista, hablo de los taxistas, en toda la pandemia no ha recibido ni un solo beneficio, ni reactivación económica, ni subsidio, ni bono”, aseveró.

Hemos planteado un rescate financiero

A su turno, Ricardo Pareja expresó que desde su punto de vista “no esta primando la razón”.

Señaló que tienen la voluntad de brindar un servicio de calidad al público, pero que desde el mes de noviembre vienen firmando actas con tres ministros: con el presidente del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte y con el titular de Transporte, quienes se comprometían junto a los transportistas a buscar soluciones coherentes.

Desgraciadamente ninguno de los puntos que se pusieron en esa acta se cumplieron. Por eso en el mes de abril se hizo una nueva convocatoria y los transportistas con buena voluntad, creyendo en la autoridad, levantamos esta medida de fuerza, porque nosotros no deseamos parar, lo que queremos es que se busque una solución para el transporte formal, porque si este se va a la quiebre todo el Perú se perjudicaría”, enfatizó en la misma emisora.

También reveló que recién habían recibido una invitación del premier (para dialogar) el último viernes, es decir, hace dos días, pero no se habían podido tocar todos los temas.

Se trasladaron al Ministerio de Transportes las reuniones. Ayer sábado hemos pasado muchas horas conversando y no queriendo ser intransigentes sino simplemente buscando la razón. No hubo un acuerdo porque de los tres principales puntos que nosotros teníamos, desgraciadamente ninguno se ha solucionado”, dijo.

Agregó que sí hubo voluntad para ver otros temas como el aforo, las licencias de conducir, que son importantes, pero no prioritarios como el subsidio al combustible que demandan.

Según contó Pareja, las autoridades del gobierno les indicaron que el subsidio no iba a ser posible debido “a la debilidad económica de nuestro país”.

Agregó que no quieren se intransigentes y han planteado “un rescate financiero”, similar al Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú”. Este punto debe ser discutido este domingo.

¿Qué exigen los transportistas?

Son una serie de demandas que solicita este grupo de gremios de transporte urbano de la capital, pero entre los principales figuran:

Que se establezca un subsidio al combustible en un 80% ante el incremento de sus precios.

Anulación del Sistema de Licencia de Conducir por Puntos. Ellos sostienen que es una ley que atenta contra su trabajo.

Estabilidad jurídica por 10 años.

Solicitan que se declare en emergencia el transporte a nivel nacional.

Diálogo se retoma este domingo

En la víspera el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, informó que el diálogo continúa con los dirigentes de los transportistas de Lima, Callao y regiones para evitar el paro del lunes 4 de julio. Precisó que, quedan tres de las diez demandas solicitadas por los gremios.

El MTC informó que el diálogo se retomará este domingo. Fuentes del sector indicaron que a partir de las 11 a.m.