Tres alianzas electorales cumplieron con todos los requisitos y superaron el periodo de tachas, con lo que lograron su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aunque puede parecer un trámite más, se trata de un hito clave en el cronograma electoral: desde ahora, estas agrupaciones quedaron plenamente habilitadas para competir en las Elecciones Generales 2026. En total habrá 36 partidos políticos y 3 alianzas electorales, es decir, 39 agrupaciones políticas.

Alianzas inscritas y quiénes las impulsan

Fuerza y Libertad

Una de las alianzas inscritas es Fuerza y Libertad, integrada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú. Su precandidata presidencial es la exministra Fiorella Molinelli.

La alianza solicitó su inscripción el pasado 2 de agosto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y superó sin observaciones la revisión de su expediente ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP).

Posteriormente, el 7 de agosto, pasó a la fase de publicación de síntesis, que consiste en difundir un resumen con la información esencial de la organización política y es el último paso antes de la inscripción oficial. En esta etapa se presentaron dos tachas ciudadanas: una de Noemí Macahuachi Vela y otra de Percy Moreano Contreras. Ambas fueron declaradas improcedentes, una de ellas incluso llegó en apelación al Pleno del JNE, que también la desestimó.

Finalmente, el 29 de agosto, el JNE resolvió inscribir la alianza liderada por Fiorella Molinelli, de acuerdo a la Resolución N° 279-2025-DNROP/JNE, que lleva la firma de Felipe Paredes Román, director del ROP.

Unidad Nacional

La segunda alianza que logró su inscripción oficial es Unidad Nacional, cuyo precandidato presidencial es el congresista Roberto Chiabra. Este bloque político está integrado por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, agrupaciones que decidieron unir fuerzas de cara a las elecciones de 2026.

El camino hacia su inscripción no estuvo exento de observaciones. La solicitud fue presentada el 1 de agosto, pero en la evaluación el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó nueve reparos. Uno de ellos cuestionaba que, en el I Congreso Nacional Extraordinario del PPC, realizado el 12 de julio, hubiera participado un ciudadano sin militancia. Otro señalaba que Unidad y Paz no había acreditado la convocatoria a todos los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional en la sesión del 28 de julio, en que se decidió la participación en alianza e incluso se mencionaba en el acta al partido Batalla Perú. Tras las correcciones, el expediente quedó conforme.

Finalmente, el 13 de agosto, se publicó la síntesis de la alianza en el portal web del JNE y en el diario El Peruano. Esta etapa trajo consigo dos tachas, ambas declaradas improcedentes. Como no hubo apelaciones, el organismo electoral procedió a inscribir la alianza y acreditó a Óscar Aranda como personero legal titular y a César Alayo Ramos como alterno.

Es preciso señalar que, el 13 de agosto, en RPP, Lourdes Flores Nano, uno de los rostros más conocidos del PPC, y Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, señalaron a Percy Moreano de «apropiarse» de los nombres de sus alianzas para lugar intentar frenar su registro a través de tachas.

La denuncia tuvo efecto: la autoridad electoral anunció medidas inmediatas para frenar las presuntas tachas maliciosas y derivó el caso al Ministerio Público. En conversación con El Poder en tus Manos, Román Campos, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó entonces que esta decisión buscaba salvaguardar el proceso electoral y “robustecer” la figura del rechazo liminar de tachas maliciosas contemplada en la normativa.

Si le dijéramos que una importante cantidad de alcaldes, gobernadores y ministros dejarán por fin sus cargos luego de deplorables gestiones, quizá piense que está leyendo una buena noticia. Pero no, no lo harán por vocación democrática, sino para saciar su apetito político y permanecer muchos años más en el poder. Y es que, según la normativa electoral, tienen plazo hasta este 13 de octubre para renunciar a sus puestos y tentar un nuevo cargo en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026, asegurando así su negocio político de largo plazo.

En ese grupo de autoridades está en primera fila el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien no ha anunciado formalmente su candidatura presidencial. A inicios de junio dijo que se tomaría tres días de retiro espiritual para tomar su decisión. Luego, dijo que serían “dos días”, que podría tomarlos “a fines de julio o agosto”.

Según la última encuesta de intención de voto de Ipsos que publicó Perú21 hace una semana, López Aliaga va primero con 10%, desplazando a Keiko Fujimori.

Otra autoridad con aspiraciones presidenciales que tendrá que renunciar a más tardar el 13 de octubre es César Acuña. El actual gobernador de La Libertad, quien ha hecho noticia más por sus constantes solicitudes de vacaciones que por enfrentar la creciente delincuencia de su jurisdicción, volvería a postular al Sillón de Pizarro con Alianza Para el Progreso (APP).

El último viernes, el expresidente del Congreso Eduardo Salhuana declaró a SolTV que Acuña es “el candidato natural” de APP y que renunciará a su cargo “para cumplir con la ley”.

En Somos Perú, los gobernadores regionales de Lambayeque, Jorge Pérez, y de Cusco, Werner Salcedo, también aspiran a postular a la Presidencia.

Asimismo, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, postularía en la plancha presidencial de Fuerza y Libertad, alianza que agrupa a su propio partido político, Batalla Perú, con Fuerza Moderna de la exministra Fiorella Molinelli.

Del mismo modo, otros gobernadores regionales estarían pensando integrar las listas al Senado o la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral ante la imposibilidad de reelegirse. Allí encontramos a Ciro Castillo Rojo, actual gobernador del Callao, quien ya postuló al Parlamento en 2020 con Perú Libre y no fue elegido, y al propio Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho.

También están Rosa Vásquez, de Lima Provincias; Jorge Hurtado, de Ica; Antonio Pulgar, de Huánuco; y Richard Hancco, de Puno.

TAMBIÉN MINISTROS

Quienes también deberán renunciar a más tardar el 13 de octubre son los ministros de Estado que buscan un cargo público en los comicios generales de abril del siguiente año, como el titular del sector Educación, Morgan Quero.

En marzo de este año se inscribió al partido de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Ciudadanos por el Perú (CPP). Hace un mes y medio, dijo que llegado el plazo límite para renunciar decidirá “en función del ambiente y de lo que se pueda también reflexionar”, aunque aseguró que no tenía “ninguna aspiración política”. Es, junto con Juan José Santiváñez, el ministro que más defiende a la mandataria Dina Boluarte.

De quien también se pensaba que postularía es el propio Santiváñez. En su despedida cuando fue censurado por el Congreso, dijo: “nos vemos en 2026”. Sin embargo, hace dos días fuera nombrado en el Ministerio de Justicia, un lugar donde seguramente la presidenta Boluarte lo necesita más.

En tanto, los ministros de Salud, César Vásquez, y Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, quienes militan en APP, también podrían postular al Congreso si renuncian antes de la fecha límite.

NO LOS EXTRAÑARÁN

Al respecto, Martín D’Azevedo, abogado especialista en temas electorales y municipales, declaró a Perú21 que la ciudadanía “no extrañará” la gestión de esas autoridades renunciantes porque, más bien, esperan que pronto acaben sus administraciones para buscar nuevos alcaldes, gobernadores o ministros que superen el mal desempeño de los salientes.

Señaló que, en muchos casos, como el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el gobernador de La Libertad, César Acuña, sus actuaciones han sido “deficientes en la medida que no se visualizó planificación ni orden en el sentido de la ejecución de las obras, sobre todo en aquellas que son de infraestructura y tienen un atraso de 30 o 35 años”.

Esas obras, añadió, “tenían que ser preparadas con expediente técnico y luego ejecutadas, no al revés”.

LOS IMPEDIDOS

Por renunciar. Deben renunciar los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, prefectos, subprefectos, miembros de directorios de empresas estatales, autoridades de organismos públicos y el mismo presidente de la República.

Licencias. En tanto, los miembros de las FF.AA. y la Policía deben pasar a retiro. Los funcionarios públicos que ocupan cargos de confianza o jefaturas, así como magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, y miembros del JNE, ONPE y Reniec, deben pedir licencia y esta debe ser concedida antes del 11 de febrero de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha detectado posibles vulneraciones al deber de neutralidad por parte de funcionarios y servidores públicos en el marco del proceso hacia las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Así lo informó Liz Barrera, vocera de dicho organismo, quien indicó que estas irregularidades se identificaron durante labores de fiscalización a nivel nacional.

Actualmente, los presuntos infractores se encuentran en etapa de descargos, tras lo cual los Jurados Electorales Especiales emitirán resoluciones al respecto.

“Estamos en la etapa de descargos por parte del presunto infractor, los cuales van a ser analizados y posteriormente el jurado va a emitir un pronunciamiento”, dijo.

Barrera recordó que la neutralidad es un principio constitucional que obliga a los funcionarios a mantener imparcialidad durante los procesos electorales.

Las fiscalizaciones se basan en denuncias ciudadanas, monitoreo de medios y redes sociales, así como observaciones directas de los fiscalizadores en campo.