El Gobierno dispuso este miércoles la declaratoria de emergencia ambiental el área geográfica de la provincia de Talara, en la región Piura, que resultó afectada por un derrame de petróleo el pasado 20 de diciembre.

A través de una resolución del Ministerio del Ambiente publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se precisa que la medida tendrá un plazo de 90 días para realizar los trabajos de recuperación y remediación, a fin de mitigar la contaminación ambiental.

La Resolución Ministerial 00443-2024-Minam aprueba también un ‘Plan de acción inmediato y a corto plazo’ para la atención de la emergencia ambiental cuya ejecución estará a cargo de las entidades públicas involucradas, en coordinación con el Gobierno Regional de Piura y la respectiva municipalidad.

Validación de acciones 

En vísperas se conoció que autoridades del Ministerio del Ambiente sostuvieron una reunión multisectorial con representantes de diversas instituciones públicas, donde se recibieron reportes de las acciones inmediatas asociadas a contener los efectos en el ambiente, la flora y fauna; la salud de las personas y las actividades productivas de la población local.

Al respecto, desde el Ministerio del Ambiente solicitaron informes detallados de las entidades involucradas para evaluar la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA). Este mecanismo, regulado por la Ley n° 28804, permitirá a las instituciones competentes intervenir de manera efectiva, considerando criterios técnicos.

El documento publicado esta noche da cuenta que las acciones contenidas fueron validadas por representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del Ministerio de Salud, del Organismo Superior de la inversión en Energía y Minería.

Asimismo, del Ministerio de la Producción, del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Gobierno Regional de Piura y Petroperú S.A.

Derrame de petróleo

El derrame de petróleo ocurrió el pasado 20 de diciembre, de acuerdo con el documento, y al día siguiente Petroperú emitió un comunicado en el que indicaban que detectaron durante la noche previa la presencia de hidrocarburos, cuando realizaban maniobras previas al embarque de crudo en el buque Polyaigos.

En la resolución se precisa que un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) daba cuenta que tras una acción de supervisión entre el 21 y 23 de diciembre se verificó que el hidrocarburo derramado en la zona intermareal y submareal abarcó áreas de 47,14 y 228,74 hectáreas, respectivamente, desde la Refinería de Talara hasta la playa Cabo Blanco.

Asimismo, se precisa que se observó la presencia de hidrocarburos en las playas Las Capullanas, Punta Malacas, Yapato, El Alto, Peña Negra y Retín de Cabo Blanco, en el mar y sedimentos, así como afectación de la fauna marina.

Pese a ello, desde Petroperú indicaron este sábado que «prácticamente han concluido» las actividades de limpieza luego del derrame de petróleo y que ya se reunieron con las autoridades y gremios de pescadores de la zona para abrir mesas de diálogo y afrontar el problema.

«Tenemos alrededor de tres o cuatro playas afectadas (…). Lo que son actividades de limpieza prácticamente han concluido. Sin embargo, no es que ya nos retiramos. Ahora mismo hay un contingente de Petroperú en playa Capullana. Lo que continúa de acuerdo al plan son trabajos de remediación e identificar cualquier otro punto que se refiera a limpieza», dijo Jhan Paiva, representante de Petroperú, en La Rotativa del Aire.

«Petroperú se ha reunido con todas las partes involucradas en este evento, tanto autoridades fiscalizadoras, población, gremios de pescadores. Hemos atendido sus consultas, hemos escuchado sus propuestas y necesidades. Y estamos armando unas mesas de diálogo para poder tratar toda esa problemática», agregó.