Resolución ministerial dejó sin efecto las resoluciones previas que daban legitimidad al grupo que había sido encabezado por Harvey Colchado
Debido a una presunta “duplicidad de funciones” que comparte junto a la Diviac, el gobierno de Dina Boluarte a través del Ministerio del Interior hizo oficial la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que daba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).
Como se recuerda, este comité fue establecido durante la gestión de Mariano González dentro del MININTER en julio del 2022.
La fiscal Marita Barreto presentó una demanda de amparo ante el Cuarto Juzgado Constitucional con el objetivo de que se declare la nulidad total de la resolución de Patricia Benavides, la misma con la que fue destituida de su cargo y de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Es importante precisar que la fiscal Barreto fue removida de su puesto luego de que se hiciera pública las investigaciones que apuntan a fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Junto con ello, tres de sus asesores fueron incluidos en la tesis fiscal.
Marita Barreto solicita protección a la CIDH
La defensa legal de la fiscal Marita Barreto informó que han solicitado una medida cautelar de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante posibles represalias por parte de la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. En el documento se precisa que desean evitar persecución y hostigamiento tras ser destituida del cargo.
En el documento, se señala que «la decisión de dar por concluida el nombramiento como fiscal superior provisional y como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder es una represalia por los avances en la investigación y la decisión adoptada por el juez competente sobre la detención preventiva del círculo de asesores más cercano a la fiscal de la Nación».
Investigan a Patricia Benavides por liderar presunta red criminal
Como parte de la operación Valkiria V, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, allanaron diversas sedes de la Fiscalía de la Nación en el marco de las investigaciones a Patricia Benavides . La fiscal de la Nación es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, pues habría intervenido, de forma ilícita, en la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó este martes al equipo de fiscales que se encargará de investigar exclusivamente los casos de víctimas mortales durante las protestas antigubernamentale ocurridas entre diciembre del 2022 a marzo del presente año.
Sobre este grupo de trabajo, conformado por 12 fiscales y encabezado por Mariana Mendoza Sánchez, la fiscal de la Nación afirmó que con él «queremos garantizar a todos los peruanos que las investigaciones concluirán en el tiempo más breve posible señalando a los responsables».
Asimismo, indicó que contarán con asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú.
66 personas fallecidas y más de 1000 heridas
Como se sabe, a través de una resolución publicada este lunes en el diario oficial El Peruano, la Fiscalía conformó a este grupo de trabajo que tiene como finalidad investigar «casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad (…) y los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos y otros».
Dicho documento recuerda que, desde que arrancaron las protestas tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo se «han derivado investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica».
También por actos de violencia «que no están comprendidos dentro del núcleo constitucional protegido del derecho a la protesta» y que «han afectado la integridad física de funcionarios y servidores, así como la infraestructura de diversas entidades públicas y propiedad privada».
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en cuatro meses de protestas se registró un saldo de 66 personas fallecidas y más de 1000 heridas.
Esto llevó a que diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos denuncien el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
En horas de la madrugada de este martes 7 de marzo, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, encabezado por el coronel Harvey Colchado, y el Equipo Especial de apoyo de la Policía Nacional vienen realizando un operativo en distintas viviendas de Lima, en el marco de un operativo contra una presunta organización criminal ligada al expresidente Pedro Castillo.
Entre las viviendas intervenidas por las autoridades se encuentra el inmueble del empresario Henry Shimabukuro, a quien la justicia considera como parte del grupo conocido como Asesores en la Sombra, vinculado a la gestión del exlíder del Ejecutivo que hoy está preso en el penal de Barbadillo.
Este allanamiento, en particular, busca recoger evidencia que permita avanzar en las pesquisas de los investigadores a cargo del caso que involucra a Castillo y su círculo próximo.
Cayó alias «El Español»
Asimismo, la Fiscalía y la Policía detuvieron en una vivienda del distrito de La Molina a Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como ‘Español’. Según la información dada por las autoridades, este sujeto presuntamente habría estado encargado de reclutar sicarios y malos elementos policiales.
Así se dio la intervención contra alias «El Español». Foto: Twitter/Ministerio Público
¿El objetivo? De acuerdo a la versión de las fuerzas del orden, atentar contra la vida del coronel Harvey Colchado.
Los cargos presentados par alias ‘Español’ son, además de organización criminal, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y conspiración para el delito de sicariato.
Por otro lado, fuentes policiales develaron que, supuestamente, Hernández Fernández iba a conformar un grupo de inteligencia con el objetivo de desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al coronel Harvey Colchado.
De acuerdo a los datos presentados en la investigación, alias «El Español» coordinaba con el expresidente Pedro Castillo la compra de equipos y tecnología enfocada en escuchas telefónicas, a fin de vulnerar las comunicaciones de Benavides y Colchado.
Documentos de las intervenciones a implicados en caso de organización criminal. Foto: Ministerio Público
Documentos de las intervenciones a implicados en caso de organización criminal. Foto: Ministerio Público
Equipo Especial de Fiscales allana vivienda del exasesor Henry Shimabukuro
El grupo fiscal y el equipo de apoyo de la PNP liderado por el coronel Harvey Colchado realizaron un operativo contra el exasesor de Castillo, Henry Shimabukuro. Asimismo, se detuvo a Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como ‘español’, hombre también vinculado al expresidente.
La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la creación de un ‘equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder’ que tendrá entre sus funciones ordenar la conducción de las investigaciones penales, erradicar los conflictos de competencia y unificar las investigaciones en casos complejos.
«El Ministerio Público debe actuar con firmeza en las investigaciones penales para adoptar decisiones con oportunidad y mostrarle a la ciudadanía que somos un cuerpo institucional que lucha contra el uso corrupto y abusivo del poder, por ello anuncio la creación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que tendrá como finalidad ordenar la conducción de las investigaciones penales, erradicar los problemas de conflictos de competencia en los subsistemas especializados fiscales, aplicar el principio de unidad de la investigación para casos complejos y dar eficiencia, eficacia y celeridad en los resultados», señaló.
En su discurso de asunción al cargo, la nueva fiscal de la Nación detalló que este equipo trabajará «para que la gran criminalidad y los actos de poder corrupto sean sancionados». Agregó que mantendrán el compromiso de prevalecer la persecución del delito «sin importar de quien se trate».
«Nuestra misión fundamental es la lucha contra la impunidad. Lucharemos contra ella en todo momento, sin escatimar esfuerzos, horarios, colocando todo nuestro trabajo y capacidades en eliminarla. Nunca vamos a rendirnos porque estamos convencidos de que es la única manera de hacer nuestro país esa tierra de prosperidad», anotó.
«Las leyes nos hacen iguales y nadie puede estar por encima de ellas, por ello iremos tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común. Todos aquellos actos que caigan bajo sospecha tienen el deber de comparecer ante la justicia y rendir cuenta por sus actos», agregó.
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