La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32330 que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años. La medida, que es respaldada por el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, fue calificada por Espinoza como una amenaza a los derechos fundamentales de los adolescentes y a la autonomía del sistema de justicia.

Esta ley busca modificar el Código Penal para permitir que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos cuando cometan delitos graves.

El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la norma se ajusta a la Carta Magna. Ante esto, el TC tiene 3 posibles resoluciones: declarar la ley inconstitucional total o parcialmente, validarla como constitucional, o establecer criterios de interpretación que limiten su aplicación y garanticen el debido proceso para los adolescentes implicados.

Delia Espinoza: «Es el camino equivocado»

En mayo pasado, durante el aniversario 44° del Ministerio Público, Delia Espinoza, expresó su rechazo ante la ley y había comentado que la Fiscalía estaba evaluando las acciones legales que adoptarían para revertir su vigencia. Espinoza señaló que no era el camino correcto para combatir la creciente ola de criminalidad en el país.

«Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a punto de rectificar», dijo.

Además, el 24 de mayo, la fiscal de la Nación anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que permite. Espinoza calificó la norma como una “salida fácil” que no resuelve el problema estructural y advirtió que podría llevar a criminalizar a menores aún más jóvenes. Propuso en su lugar una política de justicia juvenil restaurativa.

La fiscal recordó que estos adolescentes representan solo el 0.2% de los casos y que la respuesta del Estado debe enfocarse en prevención y atención integral. Aunque la ley elimina la exención penal para delitos como homicidio o terrorismo y promete rehabilitación, el Gobierno aún no ha detallado cómo se aplicarán esas medidas.

Poder Judicial también se opone a la ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

El último 25 de mayo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció también que su entidad está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330. Tello mencionó su preocupación por el impacto que esta representa en los derechos de los menores y en la autonomía del sistema judicial. Según la magistrada, esta normativa contraviene principios constitucionales y acuerdos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y justicia juvenil.

La entidad calificó esta medida legislativa como un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes y podría tener consecuencias negativas en su rehabilitación y reinserción social. El Poder Judicial está analizando las acciones legales pertinentes para impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional.