Fiscalía de la Nación desactivó equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos

A través de cuatro resoluciones publicadas este martes, 6 de enero, en el diario oficial El Peruano; el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la desactivación definitiva de los Equipos Especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión, que había sido anticipada por Gálvez en declaraciones previas, se sustenta en la necesidad de «unificar la estrategia de persecución penal» y reforzar los subsistemas especializados de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

«Se han considerado reyes»

La fecha de la oficialización no es casual. En declaraciones previas, Tomás Gálvez había adelantado con ironía el momento de la disolución: «La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo».

Según el titular interino, estos grupos «no han dado resultado» y su existencia había generado, a su juicio, un escenario donde «llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución».

El fin del Equipo Especial Lava Jato

Mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN, se desactiva el equipo que lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht. En consecuencia, se da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador.

El personal fiscal y administrativo, así como la carga procesal (97 carpetas fiscales), pasarán a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. La resolución argumenta que esto permitirá «optimizar el talento fiscal» y garantizar la continuidad procesal bajo un mando unificado.

Desarticulación del Eficcop y Cuellos Blancos

De igual forma, la Resolución N° 008-2026-MP-FN ordena la desactivación del Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop). Se deja sin efecto la coordinación que ejercía la fiscal Vanessa Díaz Ramos (quien reemplazó a Marita Barreto). Los casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por otro lado, la Resolución N° 006-2026-MP-FN pone fin al Equipo Especial «Los Cuellos Blancos del Puerto». El fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera deja la coordinación general de este grupo y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.

Eficavip pasa a Derechos Humanos

Finalmente, la Resolución N° 005-2026-MP-FN desactiva el Eficavip, grupo encargado de investigar las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023. El personal y las carpetas serán absorbidos por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el fin de evitar la dispersión de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Críticas previas 

Antes de oficializarse la medida, el fiscal Rafael Vela había advertido en RPP que la disolución sería una «ofrenda a la corrupción» y convertiría a la Fiscalía de la Nación en una «mesa de partes del Congreso».

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez había señalado que Gálvez debía abstenerse por adelanto de opinión, responsabilizándolo de cualquier perjuicio en los casos emblemáticos.

Fiscalía de la Nación presenta demanda ante el TC contra ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32330 que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años. La medida, que es respaldada por el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, fue calificada por Espinoza como una amenaza a los derechos fundamentales de los adolescentes y a la autonomía del sistema de justicia.

Esta ley busca modificar el Código Penal para permitir que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos cuando cometan delitos graves.

El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la norma se ajusta a la Carta Magna. Ante esto, el TC tiene 3 posibles resoluciones: declarar la ley inconstitucional total o parcialmente, validarla como constitucional, o establecer criterios de interpretación que limiten su aplicación y garanticen el debido proceso para los adolescentes implicados.

Delia Espinoza: «Es el camino equivocado»

En mayo pasado, durante el aniversario 44° del Ministerio Público, Delia Espinoza, expresó su rechazo ante la ley y había comentado que la Fiscalía estaba evaluando las acciones legales que adoptarían para revertir su vigencia. Espinoza señaló que no era el camino correcto para combatir la creciente ola de criminalidad en el país.

«Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a punto de rectificar», dijo.

Además, el 24 de mayo, la fiscal de la Nación anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que permite. Espinoza calificó la norma como una “salida fácil” que no resuelve el problema estructural y advirtió que podría llevar a criminalizar a menores aún más jóvenes. Propuso en su lugar una política de justicia juvenil restaurativa.

La fiscal recordó que estos adolescentes representan solo el 0.2% de los casos y que la respuesta del Estado debe enfocarse en prevención y atención integral. Aunque la ley elimina la exención penal para delitos como homicidio o terrorismo y promete rehabilitación, el Gobierno aún no ha detallado cómo se aplicarán esas medidas.

Poder Judicial también se opone a la ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

El último 25 de mayo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció también que su entidad está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330. Tello mencionó su preocupación por el impacto que esta representa en los derechos de los menores y en la autonomía del sistema judicial. Según la magistrada, esta normativa contraviene principios constitucionales y acuerdos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y justicia juvenil.

La entidad calificó esta medida legislativa como un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes y podría tener consecuencias negativas en su rehabilitación y reinserción social. El Poder Judicial está analizando las acciones legales pertinentes para impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional.

El aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva es un testigo no verosímil, concluye la fiscalía de la Nación

Tras más de un año de investigación, el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela concluyó que el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto es un testigo no verosímil y que la declaración que dio a los fiscales del desactivado Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) es inconsistente y estaría motivada por resentimientos y enemistades personales.

La fiscalía llegó a esa conclusión al reconstruir con documentos y otros testimonios al menos tres hechos presuntamente ilícitos referidos por Villanueva Barreto, en los que se involucra en actividades indebidas a los ex fiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, la congresista Ruth Luque, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y al ex fiscal provincial Marco Huamán.

Desde marzo de 2024, La República había advertido de inconsistencia en las declaraciones del mencionado aspirante a colaborador eficaz, pero esta es la primera vez que la fiscalía reconoce y advierte que no se han encontrado elementos que confirmen lo dicho por Villanueva sobre un posible acuerdo ilícito entre Patricia Benavides y Pablo Sánchez para beneficiarse mutuamente.

En tanto, se ha demostrado que la propuesta para archivar la investigación a Ruth Benavides fue realizada por la fiscal Bersabeth Revilla.

La misma falta de verosimilitud y falta de respaldo en la realidad se encuentra en la declaración de Jaime Villanueva sobre un acuerdo entre Pablo Sánchez y Pablo Talavera para lograr la destitución del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a cambio de nombrar a Javier Palomino Sedó como secretario general del Ministerio Público.

Andrés Hurtado: Fiscalía de la Nación cita al juez Richard Concepción para que brinde su testimonio

La Fiscalía de la Nación citó al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, para que brinde su testimonio en la investigación que involucra al conductor de televisión, Andrés Hurtado.

¿A quiénes citó la Fiscalía por el caso Andrés Hurtado?

Asimismo, el Ministerio Público (MP) notificó a Jimmy Pflucker Pinillos, accionista y representante de la empresa Paltarumi SAC, Lucía Pompello Sal y Rosas Guerrero, fiscal de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Criminalidad Organizada-Equipo N°3.

También, citó a Luz Pantoja Domínguez, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos-Primer Despacho, Diego Miu Lei y Martín Siucho Neira. Mientras que, las citas para Iván y Roberto Siucho fueron programadas para mañana.

Cabe mencionar que, además de las declaraciones, la Fiscalía pedirá a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) una copia de partidas registrales de bienes e inmuebles.

¿La PNP está tras los pasos de Andrés Hurtado?

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede iniciar seguimiento contra Andrés Hurtado sin un mandato judicial.

«La Policía Nacional solamente puede seguir a una persona por un mandato judicial. Si es que no hay un mandato judicial vigente, de seguimiento o estar pendiente de una persona, el ponerle a una persona un seguimiento es un atentado contra su libertad y está penado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos», sostuvo.

Del mismo modo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) volvió a resaltar que mientras la PNP no cuente con un requerimiento fiscal o judicial de ubicación de una persona o incluso de vigilancia, no pueden vulnerar ningún derecho humano. 

¿Qué medidas adoptó el Poder Judicial contra Andrés Hurtado?

Como se recuerda, el pasado 09 de septiembre, el Poder judicial dictó impedimento de salida del país para Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y otros involucrados en una investigación por tráfico de influencias agravado y cohecho activo. Medida ocurre luego de graves acusaciones contra el conductor y demás implicados en presuntas actividades ilícitas.

«Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, resuelve declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida del país presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra los investigados: Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados, Augusto Javier Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira», menciona la resolución judicial.

Dina Boluarte brindó declaraciones en la Fiscalía de la Nación

El vehículo oficial de la mandataria Dina Boluarte se retiró de la Sede Central del Ministerio Público, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

Fuentes de RPP confirmaron que Boluarte Zegarra rindió su manifestación en la Fiscalía de la Nación desde las 8.30 a. m. en el marco de las investigaciones por un caso vinculado a Qali Warma. Ello motivó el despliegue de un gran contingente policial en los exteriores del edificio del Ministerio Público.

La Policía antimotín permanece en los ingresos de la puerta principal, en la avenida Abancay. En tanto, también en el jirón Santa Rosa y en el jirón Cuzco se observa un cordón que permite únicamente el paso peatonal a Mesa Redonda.

Como se recuerda, la Fiscalía investiga cuatro presuntas contrataciones por un total de 47 mil soles que habrían beneficiado a Víctor Hugo Torres Merino, quien es amigo de Boluarte y su hermano Nicanor. Estos hechos habrían ocurrido cuando la presidenta ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo.

Poder Judicial declaró improcedente habeas corpus en favor de Dina Boluarte

El Poder Judicial declaró «improcedente» la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte. Este recurso pretendía anular todo lo actuado en la diligencia de allanamiento que ejecutó la Fiscalía y personal policial de la Diviac en su vivienda ubicada en Surquillo el último 29 de marzo.

Como se recuerda, a Boluarte se le investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en el denominado ‘caso Rolex’.

De acuerdo con la defensa de la jefa de Estado, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no ha juramentado ante la presidenta de la República, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que consideró que se trataría de un fiscal «deslegitimado».

Fiscalía de la Nación allana sede de la FPF por investigación en contra de Agustín Lozano

Liderados por el Fiscal Orihuegal, la Fiscalía de la Nación arribó la mañana de este jueves 2 de marzo a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ubicadas en la sede de la Videna, para realizar acciones de allanamiento producto de la investigación en contra del presidente del máximo ente del fútbol nacional, Agustín Lozano, por presunta organización criminal.

De acuerdo con las últimas informaciones recabadas, esta intervención se viene llevando a cabo porque la FPF no presentó a su debido tiempo la documentación que pidió el Ministerio Público a inicios de febrero.

Cabe precisar que no existe orden de detención. En diálogo con La República, el Fiscal Chávez Cotrina señaló que este «allanamiento es con fines de incautación documentaria para recopilar información de los libros contables entre los años 2018 – 2022 solicitada por el presunto delito de organización criminal, defraudación a la persona jurídica».

Fiscalía investiga a la FPF por presunta organización criminal

En febrero, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en contra del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el resto de los miembros de su directorio por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la Primera División de la Liga 1. Es por esto que la Justicia nacional ordenó realizar un peritaje contable y financiero en el máximo ente del fútbol peruano desde 2018.

«La presunta organización criminal, en su accionar delictivo, no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases», expresaron en el comunicado.

Asimismo, enfatizan que esta supuesta organización criminal usó a la Federación Peruana de Fútbol para «repartir a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y de segunda y a los clubes departamentales de futbol diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas».

Sunarp denegó inscripción de la FPF en Registros Públicos

Además de esta intervención, la entidad suma otro problema, puesto que en las últimas horas se conoció que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) volvió a desestimar el registro de inscripción a la directiva conformada por Agustín Lozano. La solicitud fue denegada porque no cumplieron con la documentación correspondiente y presentaron copias simples sin alguna certificación.