La resolución con la que se intentó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación habría nacido viciada. Así lo sugiere la renuncia de la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Giovanna Díaz quien debía estar presente, de acuerdo con la ley, para certificar la legalidad del acta firmada durante la sesión del 9 de junio. Sin embargo, el documento fue firmado únicamente por los seis consejeros que participaron en dicha sesión reservada, que fue encabezada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos.

Díaz dejó constancia de que no fue convocada a dicha sesión, por lo que el acta no contó con su firma ni con la “convocatoria” previa, una notificación formal indispensable para garantizar la validez de las decisiones institucionales. En su lugar, por lo que se conoce, los consejeros firmaron el acta días después, cuando ya se había desatado el escándalo por la reposición de Benavides.

A esto se suma que la sesión fue calificada como extraordinaria. Sin embargo, para declarar una nulidad de oficio, como se hizo con el procedimiento disciplinario de Benavides, el reglamento exige que la decisión sea adoptada en una sesión ordinaria. Como ya lo había informado La República, este punto constituye una nueva evidencia de que la decisión carecería de legalidad.

El acta aparece registrada como sesión “061‑01” y lleva fecha del 9 de junio. Sin embargo, fuentes cercanas a la JNJ afirman que este número se asignó días después de esa fecha. La numeración normal es 061, 062, 063, etc. Cuando estalló el escándalo de la reposición de Benavides y se solicitó el acta de votación es que recién se habría preparado ese documento.

Esto se habría hecho el lunes 16 de julio, después del descanso del fin de semana. Para entonces, ya habían otras actas numeradas correlativamente, con fecha posterior. De acuerdo con información recogida por La República, en principio se planificó sacar acta con la numeración 61-A, pero finalmente quedó en 61-1.

Secretaría ausente, acta sin validez

De acuerdo con el reglamento interno de la JNJ, toda sesión que implique resoluciones debe contar con la presencia y firma de la secretaria general. Ella es la única funcionaria autorizada para certificar la validez de las actas. Su ausencia en una decisión de este calibre deja sin sustento jurídico el documento que restituye a Patricia Benavides.

La secretaria Giovanna Díaz renunció a su cargo el 16 de junio, fecha en la que la intentaron presionar para que dé validez legal al acta de una sesión en la que no había intervenido. En su carta de dimisión dejó constancia de que no fue convocada ni informada con la debida anticipación. Esta omisión es una falta grave. No es un detalle menor, pues se trata de un paso obligatorio en toda votación de este tipo.

La exclusión de Díaz no fue la única irregularidad. La ausencia de la firma de Francisco Távara, miembro de la JNJ, también evidencia la ilegalidad de dicho documento. Según señaló un consejo, cuya identidad se mantiene en reserva, el pasado 24 de junio, recibió documentos sobre Benavides en un ascensor, sin firma ni sello. Su revelación, publicada por La República, refuerza la tesis de que la decisión fue forzada y manipulada desde dentro.

Acta se firmó después del escándalo

Aunque el acta está fechada el 9 de junio, todo indica que fue elaborada y firmada después de que estalló la crisis pública por la reposición de Patricia Benavides. Solo tras el escándalo, los consejeros habrían iniciado la recolección de firmas para dotar de formalidad retroactiva a una decisión que ya estaba tomada. El acta firmada con fecha posterior no da detalles del debate y discusión que caracteriza estas sesiones. Solo se indica los participantes y los acuerdos tomados.

Este procedimiento irregular también se evidencia en la numeración. La sesión del 10 de junio figura con el número 061‑01, lo que implica que ya debía existir una sesión anterior con numeración 061 y otra 062. Fuentes al interior de la JNJ revelan que ese número fue “creado” para justificar el acta de la reunión que restituyó a Benavides.

Además de la ausencia de la secretaria y el mal uso de la categoría de sesión extraordinaria, este desfase en la elaboración y firma del acta podría comprometer a los miembros firmantes. La nulidad de oficio, adoptada en condiciones irregulares, termina siendo un argumento más para cuestionar no solo el fondo de la decisión, sino también su forma.

El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluido el presidente y la vicepresidenta, por disponer la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

La acusación alcanza al presidente de la JNJ, Gino Tomas Ríos Patio, y la vicepresidenta María Cabrera; así como a los magistrados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic Gonzalez y César Galindo Sandoval, quienes votaron a favor del retorno de Benavides Vargas en el cargo, a pesar de que Delia Espinoza es la actual fiscal de la Nación.

La denuncia constitucional excluye al magistrado Francisco Távara, que se abstuvo de participar en la votación de la JNJ donde se decidió el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.

En su recurso, el legislador acusó a los seis integrantes de la JNJ por el presunto delito de usurpación de funciones y de avocamiento ilegal de proceso en trámite, por lo que pidió la destitución contra este grupo de magistrados.

Asimismo, detalló que la JNJ vulneró y usurpó las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, el organismo encargado de la designación de un fiscal de la Nación.

“Es evidente que la Junta Nacional de Justicia carece de potestad constitucional y legal para reponer a una persona en un cargo electo internamente como es el cargo de Fiscal de la Nación; en esencia estamos ante un escenario de vulneración y usurpación de funciones”, estableció.

Segunda denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ

El legislador Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) también presentó una denuncia constitucional contra los seis magistrados de la JNJ y, además, solicitó que sean inhabilitados para el ejercicio del cargo público por diez años.

Al igual que su colega Elías Vara, excluyó de la acusación al magistrado Francisco Távara, quien, además no haber participado en la sesión de la JNJ, ha considerado que sus colegas debieron meditar con más tiempo esta decisión, que ahora ha generado una crisis en el Ministerio Público.

Pariona Sinche estableció que la reposición de Patricia Benavides constituye una “flagrante usurpación de funciones” y manifiesta una “vulneración del principio de separación de poderes”, pues la JNJ carece de competencia para incidir en el nombramiento o remoción del fiscal de la Nación.

Ambas denuncias deberán ser tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá determinar la aprobación o el rechazo de los recursos.