JNJ investiga a Delia Espinoza por negarse a reponer a Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por negarse a acatar la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público (MP). Esta decisión había sido dictada por la propia JNJ el 13 de junio último. Tras su nulo cumplimiento, el abogado Luis Miguel Caya denunció a Espinoza Valenzuela.

En detalle

Según la resolución a la que accedió Correo, la JNJ formalizó la apertura de la investigación el 18 de julio último. El documento lleva la firma de su presidente, Gino Ríos, y designa a María Teresa Cabrera (vicepresidenta) como miembro instructora del caso.

Cabrera, excongresista de Podemos, lidera la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios de la JNJ y elaboró el informe que recomendó iniciar las pesquisas.

Espinoza es sindicada de abuso de poder e instrumentalización del cargo; usurpación de funciones; rehusamiento de actos funcionales; y requerimiento indebido de la fuerza pública (Hechos 1, 2, 3 y 4 —extremo “a”—, respectivamente).

“(Esto) no implica un adelanto de criterio, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario”, indica el informe.

La decisión fue adoptada “por unanimidad” en el pleno de la JNJ del 16 de julio, “sin la participación de Francisco Távara por tener abstención con relación a Espinoza Valenzuela”.

Los hechos

Espinoza se le atribuye abuso de poder e instrumentalización del cargo por hacer “caso omiso” de la resolución de la JNJ y “no atender” a Benavides cuando acudió al MP.

Sobre ello, el informe “concluye que existen elementos iniciales que la vinculan” con presuntas inconductas funcionales.

Destaca que además de lo señalado en la denuncia, “es un hecho de alcance público” lo ocurrido por los reportes de la prensa.

“(Se) habría incluso convocado a fiscales de Prevención del delito de unidades de flagrancia a que se levanten actas, pese a que no se habría incurrido en comisión de delitos”, acota.

En tanto, se atribuye usurpación de funciones al sindicarle lo siguiente: “convocar a Junta de Fiscales de manera virtual, filtrar imágenes y fotos de lo que ocurría en el Piso 9 del MP, seguir despachando con diversas áreas y gerencias; y emitir notas de prensa y publicaciones, señalando, entre otros, ‘nadie me sacará de aquí’”.

Asimismo, habría cometido rehusamiento de actos funcionales por “no querer atenderla (a Benavides) para hacer la entrega de cargo y demás procedimientos correspondientes” pese a que esta se apersonó a la sede fiscal.

Sobre un presunto requerimiento indebido de la fuerza pública se aceptó indagar sobre el extremo “a”, que atribuye a Espinoza “haber instigado a que personal fiscal y administrativo del MP, el lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde y a fin de que se constituyeran al Piso 9 del MP, permanecieran por espacio de cuatro horas, aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento” a la reposición de Benavides.

Renuncia de la secretaria general de la JNJ confirmaría ilegalidad de la resolución que reponía a Patricia Benavides

La resolución con la que se intentó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación habría nacido viciada. Así lo sugiere la renuncia de la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Giovanna Díaz quien debía estar presente, de acuerdo con la ley, para certificar la legalidad del acta firmada durante la sesión del 9 de junio. Sin embargo, el documento fue firmado únicamente por los seis consejeros que participaron en dicha sesión reservada, que fue encabezada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos.

Díaz dejó constancia de que no fue convocada a dicha sesión, por lo que el acta no contó con su firma ni con la “convocatoria” previa, una notificación formal indispensable para garantizar la validez de las decisiones institucionales. En su lugar, por lo que se conoce, los consejeros firmaron el acta días después, cuando ya se había desatado el escándalo por la reposición de Benavides.

A esto se suma que la sesión fue calificada como extraordinaria. Sin embargo, para declarar una nulidad de oficio, como se hizo con el procedimiento disciplinario de Benavides, el reglamento exige que la decisión sea adoptada en una sesión ordinaria. Como ya lo había informado La República, este punto constituye una nueva evidencia de que la decisión carecería de legalidad.

El acta aparece registrada como sesión “061‑01” y lleva fecha del 9 de junio. Sin embargo, fuentes cercanas a la JNJ afirman que este número se asignó días después de esa fecha. La numeración normal es 061, 062, 063, etc. Cuando estalló el escándalo de la reposición de Benavides y se solicitó el acta de votación es que recién se habría preparado ese documento.

Esto se habría hecho el lunes 16 de julio, después del descanso del fin de semana. Para entonces, ya habían otras actas numeradas correlativamente, con fecha posterior. De acuerdo con información recogida por La República, en principio se planificó sacar acta con la numeración 61-A, pero finalmente quedó en 61-1.

Secretaría ausente, acta sin validez

De acuerdo con el reglamento interno de la JNJ, toda sesión que implique resoluciones debe contar con la presencia y firma de la secretaria general. Ella es la única funcionaria autorizada para certificar la validez de las actas. Su ausencia en una decisión de este calibre deja sin sustento jurídico el documento que restituye a Patricia Benavides.

La secretaria Giovanna Díaz renunció a su cargo el 16 de junio, fecha en la que la intentaron presionar para que dé validez legal al acta de una sesión en la que no había intervenido. En su carta de dimisión dejó constancia de que no fue convocada ni informada con la debida anticipación. Esta omisión es una falta grave. No es un detalle menor, pues se trata de un paso obligatorio en toda votación de este tipo.

La exclusión de Díaz no fue la única irregularidad. La ausencia de la firma de Francisco Távara, miembro de la JNJ, también evidencia la ilegalidad de dicho documento. Según señaló un consejo, cuya identidad se mantiene en reserva, el pasado 24 de junio, recibió documentos sobre Benavides en un ascensor, sin firma ni sello. Su revelación, publicada por La República, refuerza la tesis de que la decisión fue forzada y manipulada desde dentro.

Acta se firmó después del escándalo

Aunque el acta está fechada el 9 de junio, todo indica que fue elaborada y firmada después de que estalló la crisis pública por la reposición de Patricia Benavides. Solo tras el escándalo, los consejeros habrían iniciado la recolección de firmas para dotar de formalidad retroactiva a una decisión que ya estaba tomada. El acta firmada con fecha posterior no da detalles del debate y discusión que caracteriza estas sesiones. Solo se indica los participantes y los acuerdos tomados.

Este procedimiento irregular también se evidencia en la numeración. La sesión del 10 de junio figura con el número 061‑01, lo que implica que ya debía existir una sesión anterior con numeración 061 y otra 062. Fuentes al interior de la JNJ revelan que ese número fue “creado” para justificar el acta de la reunión que restituyó a Benavides.

Además de la ausencia de la secretaria y el mal uso de la categoría de sesión extraordinaria, este desfase en la elaboración y firma del acta podría comprometer a los miembros firmantes. La nulidad de oficio, adoptada en condiciones irregulares, termina siendo un argumento más para cuestionar no solo el fondo de la decisión, sino también su forma.

PJ declara improcedente acción de amparo de Patricia Benavides contra la JNJ al haber sido anulada su destitución

El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la acción de amparo presentada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión se basó en que la JNJ ya había anulado la resolución que dispuso su destitución, lo que dejó sin materia el reclamo constitucional.

La sentencia, firmada por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, señala que con la emisión de la resolución JNJ, que anuló de oficio todo lo actuado en el procedimiento disciplinario seguido contra Benavides, se restableció su situación funcional. Por lo que ya no existía una afectación vigente a sus derechos fundamentales, haciendo que la demanda pierda objeto.

En su demanda, Patricia Benavides expuso que el procedimiento disciplinario que derivó en su destitución fue dirigido por la magistrada Inés Tello, quien había sido inhabilitada por el Congreso de la República. También señalaba la falta de imparcialidad de dos miembros de la JNJ de aquel entonces y la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.

El pasado 12 de junio, la JNJ emitió la resolución que declaró la nulidad de todo el procedimiento disciplinario en contra de la exfiscal de la Nación, incluyendo la medida que dispuso su destitución del cargo. Esta decisión ha causado una crisis dentro del Ministerio Público, al existir ya una persona en el máximo cargo de la institución, Delia Espinoza.

Delia Espinoza negó crisis en el Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que exista una crisis institucional en el Ministerio Público y aseguró que sigue siendo la única titular legítima del cargo. “No hay dos fiscales de la Nación. Hay una sola, que soy yo”, afirmó, en respuesta a las declaraciones que sugieren una eventual restitución de Patricia Benavides tras la reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Espinoza cuestionó el procedimiento seguido por la JNJ, indicando que hasta la fecha no han sido notificados formalmente ni se ha respetado lo establecido en la Ley Orgánica. Añadió que no existe acta pública, video u otra evidencia que respalde legalmente la supuesta decisión de reincorporar a Benavides.

Renovación Popular exhorta a la JNJ a destituir a la Junta de Fiscales Supremos por «desacato»

La bancada de Renovación Popular presentó una moción que exhorta a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a evaluar y disponer la destitución de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por «infracción constitucional y desacato».

Esta moción también incluye a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por «desobediencia y usurpación de funciones», luego que ratificaran la destitución de Patricia Benavides Vargas.

Esta moción se suma a la guerra que se ha desatado en el Ministerio Público luego que la Junta de Fiscales Supremos, que preside Delia Espinoza, acordó por unanimidad rechazar la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Por su parte, el premier Eduardo Arana lamentó todo lo que sucede en la fiscalía y declaró que esta disputa «afecta una institución tan importante» pues afecta la «credibilidad» y la «democracia».

«Creemos que esta situación que ahora se presenta, además de enfrentar a personas e instituciones, afecta la credibilidad en el sistema de justicia, afecta la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos, pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva, que quiere confiar en un sistema de justicia que esté cerca a la población y que además presente que no existe ningún tipo de politización o afectación de la objetividad», refirió Arana en conferencia de prensa.

Presentan denuncias constitucionales contra miembros de la JNJ que restituyeron a Patricia Benavides como fiscal suprema

El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluido el presidente y la vicepresidenta, por disponer la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

La acusación alcanza al presidente de la JNJ, Gino Tomas Ríos Patio, y la vicepresidenta María Cabrera; así como a los magistrados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic Gonzalez y César Galindo Sandoval, quienes votaron a favor del retorno de Benavides Vargas en el cargo, a pesar de que Delia Espinoza es la actual fiscal de la Nación.

La denuncia constitucional excluye al magistrado Francisco Távara, que se abstuvo de participar en la votación de la JNJ donde se decidió el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.

En su recurso, el legislador acusó a los seis integrantes de la JNJ por el presunto delito de usurpación de funciones y de avocamiento ilegal de proceso en trámite, por lo que pidió la destitución contra este grupo de magistrados.

Asimismo, detalló que la JNJ vulneró y usurpó las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, el organismo encargado de la designación de un fiscal de la Nación.

“Es evidente que la Junta Nacional de Justicia carece de potestad constitucional y legal para reponer a una persona en un cargo electo internamente como es el cargo de Fiscal de la Nación; en esencia estamos ante un escenario de vulneración y usurpación de funciones”, estableció.

Segunda denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ

El legislador Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) también presentó una denuncia constitucional contra los seis magistrados de la JNJ y, además, solicitó que sean inhabilitados para el ejercicio del cargo público por diez años.

Al igual que su colega Elías Vara, excluyó de la acusación al magistrado Francisco Távara, quien, además no haber participado en la sesión de la JNJ, ha considerado que sus colegas debieron meditar con más tiempo esta decisión, que ahora ha generado una crisis en el Ministerio Público.

Pariona Sinche estableció que la reposición de Patricia Benavides constituye una “flagrante usurpación de funciones” y manifiesta una “vulneración del principio de separación de poderes”, pues la JNJ carece de competencia para incidir en el nombramiento o remoción del fiscal de la Nación.

Ambas denuncias deberán ser tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá determinar la aprobación o el rechazo de los recursos.

Defensoría busca impunidad empoderando a cuestionada JNJ en designación de fiscales y jueces provisionales

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, intenta cambiar la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Poder Judicial y Ministerio Público. El pasado 29 de mayo, Gutiérrez envió un proyecto del ley al Congreso, con el que intenta empoderar a la cuestionada JNJ al atribuirle la total autoridad de la elección de los jueces y fiscales provisionales.

Se trata de la propuesta legislativa N° 1393/2024-DP que busca la modificación del artículo II de las reglas de juego de la JNJ, en el que se establece que dicha entidad tiene la finalidad de «establecer las exigencias legales para el nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de los jueces y fiscales titulares y provisionales de todos los niveles (…)».

Es preciso resaltar que, actualmente, es el Ministerio Público el encargado de nombrar a los fiscales titulares y provisionales en sus cargos, así como el Poder Judicial es el responsable de los jueces del mismo rango. Con esta propuesta, la institución liderada por Gutiérrez le quita la facultad al presidente de la Corte Suprema, Cortes Superiores, a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y Juntas de Fiscales, designar a magistrados de ningún nivel.

Documento del proyecto de ley N°11393/2024-DP que busca modificar la ley orgánica de la JNJ, PJ y MP

Especialistas advierten impunidad y afectación a la autonomía del sistema de justicia

En comunicación con La República, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, advirtió sobre una eventual impunidad para los congresistas y defensor del Pueblo en el futuro en diversos procesos judiciales. «Es un problema de impunidad. Es un problema de también, corrupción, es un problema de falta de idoneidad para el servicio tan importante que tienen que prestar estas instituciones a cualquier ciudadano», enfatizó.

«Yo creo que, definitivamente, la actual composición de la Junta tendrá que ser revisada cuando la situación política del país cambie y, mientras tanto, hay que mantenerse más en alerta e impedir que se le quiera entrar más atribuciones de las que le corresponden», aseveró.

Por su parte, el exjuez superior Sergio Salas comentó que con esta iniciativa no se está respetando la antigüedad ni meritocracia dentro del sistema judicial. Por otro lado, Salas no descartó que se pueda generar algún tipo de impunidad en casos judiciales contra diversas autoridades. «Yo no podría generalizar, pero sí podría generarse un riesgo de comunidad en determinados casos».

Por otro lado, enfatizó que la propuesta debe partir de Poder Judicial o Ministerio Público, y no de la Defensoría del Pueblo.

«A mí me parece que no es una buena iniciativa porque lo que se estaría haciendo es legalizar la provisionalidad y la provisionalidad es una eventualidad que se presenta en los cargos judiciales por circunstancias muy particulares, por ejemplo, por enfermedad o cese. Eso no es correcto. Lo que ocurre es de que quienes deben tener la iniciativa en todo lo que es reforma orgánica son las propias instituciones. Y creo que aquí no se ha tomado en cuenta la opinión del Poder Judicial específicamente», enfatizó.

Propuesta beneficiaría a congresistas

En esa misma línea, Albán criticó que las intenciones detrás de esta iniciativa es seleccionar a los fiscales y jueces que más le beneficien al Congreso y sus aliados. Además, rememoró que, en febrero de este año, la JNJ intentó destituir a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, con un proceso sancionador muy cuestionado y sesgado.

Finalmente, Albán recordó que los miembros de la actual JNJ no fueron elegidos por sus méritos ni por su trayectoria, sino por los intereses del Congreso «por estar dispuestos a hacer lo que les piden». Asimismo, Albán resaltó que el proyecto de ley de Josué Gutiérrez denota una clara afectación a la autonomía de Poder Judicial y la Fiscalía y lo calificó como un «mandadero del Parlamento».

«El señor Gutiérrez es un mandadero del Congreso de la alianza que gobierna el país en este momento y que controlan buena parte del aparato del Estado. Siendo el Poder Judicial y el Ministerio Público instituciones autónomas conforme a la constitución. Esto resulta ser una, pero grosera afectación de esa autonomía que la Constitución les consagra porque la designación de provisionales es una cuestión de manejo interno que, por lo tanto, corresponde al Gobierno del Poder Judicial y al Gobierno del Ministerio Público».

Requisitos para los fiscales provisionales

La iniciativa de la Defensoría del Pueblo señala que será la JNJ, previo concurso, la encargada de elaborar un cuadro de méritos obligatorio para que los jueces y fiscales provisionales ocupen, de manera temporal, sus puestos. Además, se determina que dicha elección se llevará a cabo bajo una serie de disposiciones.

Para el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo propone que las plazas sean ocupadas en el siguiente orden, según sea la postulación: jueces supremos provisionales, superiores titulares, superiores provisionales y especializados y/o mixtos titulares; jueces de paz letrados titulares y/o auxiliares jurisdiccionales nombrados.

Mientras que para el Ministerio Público ocurriría lo mismo: fiscales supremos provisionales, fiscales superiores titulares y/o los fiscales supremos adjuntos titulares, superiores provisionales, fiscales provinciales titulares y/o los fiscales superiores adjuntos titulares, fiscales provinciales provisionales.

Extracto del proyecto de ley que quita facultad al Poder Judicial y Fiscalía de nombrar a jueces y fiscales.

Pese a ello, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, calificó la propuesta como un despropósito. «El Ministerio Público y el Poder Judicial no podrían designar a quien ellos consideren más idóneo. Esto es un despropósito desde todo punto de vista, porque nada nos garantiza la idoneidad de esos concursos.