En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar que ha ocasionado una investigación ilógica y el juicio erróneo al que se le somete en el caso Cócteles, anunció el abogado de la ex tesorera de Fuerza 2011, la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati.
El abogado defensor no precisó si la demanda estará dirigida contra el Estado o el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez o si incluirá a algún juez del Poder Judicial.
«Ante estos años, más de 10 años de investigación, desde la etapa preliminar, todo lo que ha conllevado este proceso, un desgaste emocional, el deterioro de su actividad internacional y nacional, su prestigio profesional, el daño personal y a su familia, en su oportunidad solicitaremos un resarcimiento», precisó el abogado.
La defensa de Antoniietta Gutiérrez hizo este anunció al presentar su alegato de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que realiza el juicio a Keiko Fujimori y otros 39 acusados por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en trámite administrativo.
Antonietta Gutiérrez Rosati, explicó el abogado, es genetista, especialista en biología y catedrática de la universidad Agraria, que por interés político y medio ambiental el año 2009 se afilió a Fuerza 2011, siendo designada secretaria en temas de medio ambiente y, en adición a sus funciones, en julio de 2009, se le encargó organizar el área de tesorería del partido.
Como organizadora de tesorería, realizó actividades de capacitación, implementó un software para el control de ingresos y gastos, y el 30 de marzo de 2010, abrió dos cuentas bancarias del partido, una en soles y otra en dólares, con fondos del balance inicial presentado a ONPE, el 28 de mayo de 2010.
Además, según la fiscalía, habría tenido participación en otros siete depósitos realizado por Adriana Tarazona en septiembre, octubre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, anotó.
El abogado precisó que desde el 28 de septiembre de 2010 había solicitado licencia en el partido por actividades fuera del país y, a su retorno, en diciembre de 2010, presentó su renuncia que es registrada en ONPE en febrero de 2011.
A partir de estos hechos, la defensa señala que Antonietta Gutiérrez ya no pertenecía a Fuerza 2011 cuando, según la fiscalía, se produce la captación de los fondos de origen ilícito y su ingreso al sistema financiero por los llamados pitufos.
Por lo que consideró ilógico y un error que se le someta a juicio y que la fiscalía solicite contra Gutiérrez Rosati una pena de 22 años y 10 meses de prisión por delitos de organización criminal y lavado de activos.
El abogado solicitó la absolución de la ex tesorera de Fuerza 2011. Es de suponer, que una vez que quede libre de la acusación y se archive el proceso en su contra, procederá a realizar su reclamó de reparación civil-
La defensa de Antonietta Gutiérrez no es la única que habla de un proceso sin sustento probatorio y teórico, pero si es la primera que deja abierta la posibilidad de un demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o el error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.
Dionisio Romero Paoletti estaba obligado a informar los desembolsos de dinero en efectivo a la candidata presidencial fujimorista, pero nunca lo hizo, por lo que la Superintendencia de Banca y Seguros formó un equipo ad hoc que determinó las responsabilidades del banco y lo sancionó con S/1.700.000. La Fiscalía ha presentado como prueba la supervisión de la SBS.
El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó clandestinamente la primera de 17 entregas de dinero por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011. Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria. El 18 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó ante el equipo especial Lava Jato sobre los abonos millonarios a la aspirante fujimorista con fondos del BCP. Recién entonces la SBS supo de lo sucedido, y el 29 de noviembre de 2019 designó a un Grupo de Trabajo Ad Hoc para que determine las responsabilidades de los involucrados.
El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias medidas, una sanción pecuniaria.
El documento relata el hecho supervisado por el equipo: “En respuesta a los requerimientos (de documentación), y como resultado de las declaraciones efectuadas por los diferentes trabajadores y funcionarios del BCP, se determinó que la decisión de realizar los aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), así como el hecho de mantenerla con carácter de reservada, provino de Dionisio Romero Paoletti (presidente del Directorio y chief executive officer, CEO, de Credicorp, y presidente del Directorio del BCP), y fue coordinada y aceptada por Walter Bayly Llona (COO o gerente general adjunto de Credicorp y gerente general. (…) Las entregas de efectivo fueron realizadas por José Luis Muñoz (gerente de la División de Contabilidad) en la oficina del señor Romero”.
El informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS forma parte de la evidencia que el fiscal José Domingo Pérez ha acreditado al tribunal del caso Cócteles sobre el origen opaco del dinero que Dionisio Romero Paoletti suministró a Keiko Fujimori a espaldas del Directorio del grupo bancario que entonces encabezaba y sin que lo reportara a la SBS como correspondía.
En el periodo en el que recibió los US$3,65 millones de manos de Dionisio Romero Paoletti —de noviembre de 2010 a mayo de 2011—, Keiko Fujimori ejercía como congresista, por lo que actuaba como funcionaria pública. Y al presentar su declaración jurada de hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones como candidata a la presidencia, no consignó el dinero que le proporcionó el banquero Romero.
LA BÓVEDA DE LA MOLINA
El esquema de extracción de los fondos que se destinaron a Keiko Fujimori fue el siguiente, según pudo corroborar la SBS: el efectivo salía de la bóveda de la sede principal del BCP en La Molina, y luego las sumas fueron compensadas en las cuentas del BCP en el Atlantic Security Bank (ASB), Estados Unidos. Esta modalidad de operaciones contraviene la Ley General del Sistema Financiero.
Además, la decisión de entregar dinero no fue corporativa, sino unilateral, al margen del conocimiento de las autoridades tanto de Credicorp como del BCP: “Los directorios en ambas entidades no formaron parte de la decisión ni fueron informados con posterioridad. Ninguno de los funcionarios (gerentes y directores) que formaron parte de dicho proceso, y que tuvieron conocimiento del destino de las operaciones, informó al Directorio del BCP sobre las operaciones realizadas con su vinculada (Credicorp)”, precisa el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS.
También cuestionó la manera en que se le suministró el dinero a Dionisio Romero para que este hiciera los 17 desembolsos a Keiko Fujimori: “La operativa de los retiros en efectivo para realizar los aportes fueron decididas por un único funcionario (el gerente de la División de Contabilidad), pese a la relevancia de la operatividad en el proceso de aportes”, conforme al informe de supervisión de la SBS.
Lo que se confirmó fue que el efectivo salió de la sede principal, en La Molina: “Se verificó que la generación de retiros de fondos en efectivo se inició con la emisión de correos electrónicos mandatarios para que la Oficina Sede Central de La Molina gestione los retiros en efectivo, el detalle de cada una de las 17 transacciones y la relación de los funcionarios que solicitaron la habilitación de fondos en efectivo”, se indica en el informe confidencial de la SBS.
DIRECTO A LA LAVADORA
Según el fiscal José Domingo Pérez, las entregas de dinero en efectivo a Keiko Fujimori, al margen del sistema bancario, podría haber tenido como finalidad evitar la trazabilidad de los US$3,65 millones. Hasta el momento, la excandidata presidencial no ha manifestado el destino final de los fondos del BCP, aunque se sospecha que una parte debe haber sido depositada a cuentas del partido fujimorista por falsos aportantes o lavadores de dinero. Los llamados ‘pitufos’.
Tanto la defensa de Dionisio Romero Paoletti como la de Keiko Fujimori señalan que el origen de los US$3,65 millones es lícito y que, en consecuencia, no hubo lavado de activos. En cambio, el fiscal Pérez argumenta que el origen ilícito se dio cuando Romero dispuso de los fondos del BCP sin conocimiento del directorio, lo que constituirá el delito de fraude de la administración de personas jurídicas. Este es un hecho que consta en el informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS: “Determinación de responsabilidades. (…) Los señores Dionisio Romero Paoletti en su condición de presidente del Directorio de Credicorp y CEO de Credicorp y presidente del Directorio del BCP, y Walter Bayly llona, en su condición de gerente general adjunto de Credicorp y gerente general del BCP, al tomar la decisión de efectuar a la campaña del partido político Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), sin informar al Directorio tal decisión”.
Y completa el alcance de la responsabilidad: “(Este) hecho tampoco fue comunicado en su oportunidad al órgano supervisor, sino recién se tomó conocimiento como consecuencia de una declaración brindada ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación penal (caso Cócteles)”.
La SBS resalta la admisión de los hechos por parte de Dionisio Romero Paoletti: “Conforme a lo señalado en su declaración (de Romero), no se realizó consultas al Área de Riesgos, Legal, Cumplimiento y Auditoría, ante una decisión que no solo implicaba o comprometía a Credicorp y sus subsidiarias, sino que trascendía fuera del alcance de las mismas, como es el financiamiento a una campaña electoral”.
Pero, además, Romero estaba obligado a dar cuenta de los aportes: “El señor Romero, al tomar la decisión de brindar el aporte a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) contaba con el cargo de director gerente general, por lo cual, según el numeral 4.3 del Estatuto de Credicorp, estaba facultado ‘a administrar todos los asuntos y actividades generales de la Compañía, bajo el control del Directorio’, respecto a lo cual no se identificaron los sustentos del reporte al Directorio de Credicorp sobre dichas operaciones (los 17 desembolsos para Keiko Fujimori”. Es decir, actuó contra las propias reglas del banco al no informar sobre los US$3,65 millones para la excandidata presidencial. Dionisio Romero lo contará todo cuando se presente a la audiencia del caso Cócteles.
LA SANCIÓN
La Superintendencia de Banca y Seguros confirmó que impuso una sanción económica de 400 UIT (alrededor de S/1.760.000) al Banco de Crédito del Perú por no haber informado de los aportes a Keiko Fujimori en la campaña de 2011. El BCP cumplió con el pago en abril de 2021.
Consultado el BCP, admitió que la SBS aplicó sanciones administrativas, pero que no mencionó delitos. “La SBS no señaló que el origen de los fondos que el señor (Dionisio) Romero entregó a la señora Keiko Fujimori fuese ilícito ni que existiese un caso de fraude. Lo que hizo la SBS fue sancionar al BCP por incumplir procedimientos internos en el registro de las operaciones de los aportes de campaña que realizó Credicorp y que provenían de los dividendos de esta última empresa, como prueba su información contable auditada”, dijo el BCP a La República.
Rosa María Palacios se pronunció tras el anuncio de la lideresa de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, de lanzar a su padre, Alberto Fujimori, como candidato del partido a la Presidencia de la República en las Elecciones del 2026, pese a que legalmente se encuentra impedido de hacerlo.
La periodista recordó que Alberto Fujimori fue indultado por su delicado estado de salud y que además se encuentra convaleciente debido a una fractura de cadera por la que fue operado. Por más que tenga la «salud de un roble», presentar su candidatura es una crueldad por parte de Keiko Fujimori.
«Alberto Fujimori tiene 85 años. Ahora sí está enfermo de verdad porque se ha roto la cadera, lo han operado y tiene una rehabilitación larga por delante. ¿A qué mítines va a ir? ¿A qué debate va a ir? Por más que tenga una salud de roble, como dice ahora Keiko Fujimori. Se suponía que se estaba muriendo, se suponía que el indulto es porque no puede vivir, y ahora va a ser el candidato presidencial. Pónganse de acuerdo. Pero, en todo caso, hay que decirlo, desde la imagen de Keiko Fujimori es una crueldad», indicó.
Keiko Fujimori quiere aprovecharse del recuerdo de su papá, indica periodista
También hizo una comparación entre el recuerdo que existe del gobierno de Fujimori, y el concepto que los peruanos tienen de Keiko, quien durante los últimos años se dedicó a «quitarnos un poquito de democracia, socavar las instituciones políticas», e incluso oponerse al indulto de su papá.
Por lo tanto, mediante esta maniobra solo existe un interés en llegar al poder de cualquier forma.
«En todo caso, Keiko Fujimori quiere sacarle el jugo a su papá, la última exprimidita de limón. Porque, supongamos que postula, que cambia las normas, con este Congreso cualquier cosa puede pasar. Va a ser presidenta a los 87 años, para irse a los 93, 94. Un poquito de respeto, francamente, ella no ha tratado bien a su papá nunca», comentó.
La candidatura de Alberto Fujimori es un truco para desviar la atención del Caso Cócteles
Asimismo, criticó la manera en la que Keiko y su padre decidieron que él sería el candidato de Fuerza Popular, ya que esto debería debería darse mediante una elección interna en la organización política.
«Salvo que el fujimorismo sea un partido dinástico, que no tiene otro estatuto que no sea la voluntad de Keiko Fujimori y su papá, solitos los dos no deberían decidir quién es el candidato presidencial. Por lo menos tienen que fingir que es un partido democrático. No, un acto de imperio, yo y mi papá decidimos quién es el dirigente», compartió.
«Aquí hay una ambición desmedida por el poder y la utilización de seres humanos para conseguir el poder por el poder, de padres e hijos, de un lado y otro, y un truquito barato para distraer del tema central. (…) Hoy se reanuda la audiencia del juicio oral por el Caso Cócteles. Keiko Fujimori puede pelear por su inocencia en el caso de lavado de activos», señaló.
Para Rosa María Palacios, el juicio contra Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular revelará cómo se dio la compra de la voluntad de un partido político con dinero.
«Pero lo que se va a contar en los próximos días y meses es una historia fea. Es una historia de maletines con plata, donde se compra un partido político, la voluntad de un partido político con dinero, y puede no ser delito, pero es una historia fea y hay que taparla con algo», puntualizó.
El abogado Christian Salas Beteta, miembro de la defensa legal de Keiko Fujimori junto a Giuliana Loza, anunció durante la audiencia continuada del lunes 15 de julio que presentarán como nueva prueba la declaración de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Patricia Benavides. Esta prueba busca demostrar «cómo se llevó a cabo la investigación» en el Caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular y a más de 40 procesados.
A su salida de la Corte Penal Nacional, el fiscal José Domingo Pérez confirmó que la defensa de Keiko Fujimori plantea que el exoperador de la destituida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, brinde su testimonio durante la audiencia: “Bueno, parece que es un testigo de Fuerza Popular, así usted (a la periodista) lo ha escuchado. Jaime Villanueva es un testigo de Fuerza Popular”.
Como se recuerda, en febrero de este año, el representante del Ministerio Público rechazó haber realizado coordinaciones con Jaime Villanueva para ser trasladado de la Fiscalía Anticorrupción al Equipo Especial Lava Jato.
En la respuesta, Domingo Pérez negó haber necesitado comunicarse con Patricia Benavides para acceder a ese traslado: “Yo soy titular desde el año 2005, y titular por concurso público en el año 2011. No tengo que entrevistarme con ningún funcionario del Ministerio Público para ejercer mi puesto. La única autorización que me solicitan es para desplazarme de la fiscalía Anticorrupción a la de Lavado por la condición de nombrado que tengo, y esa solicitud me la realiza el fiscal Rafael Vela”.
Por otro lado, el fiscal se mostró antes a favor de que Jaime Villanueva declare en el juicio por el Caso Cócteles, luego de que Villanueva Barreto deslizara supuestas coordinaciones entre Keiko Fujimori y Patricia Benavides con la finalidad de removerlo junto a Rafael Vela del equipo Lava Jato.
A mí me queda claro que Jaime Villanueva tiene que ir al juicio oral contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular a declarar que la actividad criminal de dicho partido subsiste y la muestra y prueba es lo que ha declarado ante el despacho de la fiscal Delia Espinazo», agregó.
Domingo Pérez pide más audiencias por semana
En tanto, el fiscal José Domingo Pérez invocó, a través de declaraciones a la prensa, a los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional a programar la continuación de la audiencia del juicio oral contra Keiko Fujimori, ya que esta solo se viene activando dos veces por semana. Considera que esto contribuye a hacer el proceso más lento y extenso.
Como se recuerda, el juicio oral contra Keiko Fujimori se desarrolla a través de una audiencia continuada, la cual se suspende y se reanuda en un día determinado por los jueces. Hasta la fecha, se viene sesionando dos veces por semana. Por lo general, se programan los lunes y martes, también los martes y miércoles.
En julio se desarrollarán más de 5 audiencias por el caso Cócteles. Foto: La República
De acuerdo al pedido del representante del Ministerio Público, estas sesiones deberían ser más seguidas con la finalidad de que el juicio no se extienda durante años y se pueda llegar más rápido a una eventual condena contra los procesados.
“La estrategia de la defensa es que este proceso sea largo, la estrategia de la Fiscalía es justicia célere y debida. El tiempo dependerá de los jueves, quienes podría fijar las audiencias más seguidas. Esperemos que (termine el juicio) lo más pronto posible”, declaró a su llegada a la Corte Penal Nacional.
Hace tan solo unos días la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que le gustaría ver a su padre Alberto Fujimori como el candidato presidencial de cara a las elecciones 2026.
“A mí me gustaría que él sea el candidato presidencial”, dijo Fujimori,tras señalar que su padre ganaría si se lanza a la Presidencia.
Hoy la lideresa de Fuerza Popular anunció que su padre ya decidió postular a las elecciones generales 2026. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, señaló escuetamente a través de las redes sociales.
¿Qué papel tendrá Keiko Fujimori?
Keiko Fujimori manifestó anteriormente que si su padre postula a la presidencia, ella no formaría parte de la fórmula presidencial.
“La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. (¿Si Alberto Keiko Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha?) No. Yo creo que dejaría que sea mi padre el que lidere esa plancha presidencial”, aseveró.
Sostuvo que Fuerza Popular y el fujimorismo no es un partido nuevo. “Fuerza Popular es un partido sólido. Tenemos 30 años de representación ininterrumpida en el Parlamento, con experiencia de Gobierno y política”, indicó.
Además, Keiko Fujimori enfatizó que su padre va a hacer política hasta el último día de su vida.
“Nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesita medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que Alberto Fujimori puede darle eso al país”, apuntó.
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila pidió al Tercer Juzgado Penal Colegiado que imponga a Keiko Fujimori y los 40 acusados en el caso Cócteles el pago de una reparación civil de 151 millones 063 mil 509.84 soles en forma solidaria, por el daño causado a la imagen del país y las consecuencias de los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE.
En la audiencia pública, Camus Dávila explicó a los jueces que este monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles, los pagos al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
La procuradora María Camus intervino en el juicio del caso Cócteles, luego de concluir el alegato de acusación del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
En detalle, la representante del Estado explicó que por el delito de organización criminal se considera una reparación civil correspondiente al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles.
En tanto, por el delito de lavado de activos, la procuradora consideró que dado el daño irreparable ocasionado al país se considera un monto equivalente al doble del monto lavado por la organización criminal por lo que por estos actos ilícitos se considera el pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Por el delito de obstrucción a la justicia, la procuraduría de lavado de activos considera el doble del pago que el partido Fuerza Popular realizó al estudio de abogados Arsenio Oré Guardia por los servicios de asesoría legal, por lo que se pide el pago de 305,836 soles de reparación civil por este delito.
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