La madrugada del sábado 21 de junio de 2025, el periodista Carlos Alarcón, quien labora para Amazonia TV, fue víctima de un atentado en su domicilio, ubicado en el sector Plataforma de Yurimaguas, en Loreto. 

Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), sujetos desconocidos dispararon una ráfaga de balas contra la fachada de su vivienda alrededor de la 1:45 a. m., dejando como evidencia 13 casquillos de bala recogidos por la Policía Nacional. 

El ataque ocurrió días después de que Alarcón recibiera amenazas en su teléfono celular, relacionadas con su labor investigativa sobre autoridades locales.

«El lunes 16 de junio, pasadas las 11 de la noche, recibió a través de WhatsApp un mensaje con expresiones extremadamente violentas y referencias directas a su labor informativa. Se le exigía retirar una publicación crítica difundida días antes, con amenazas explícitas contra su vida y la de sus familiares. El mensaje concluía con una advertencia: ‘Plomo pediste y plomo vas a recibir'», reveló la ANP en un comunicado.

En ese sentido, la ANP recordó que este año ya se han registrado dos asesinatos de periodistas en el Perú, uno en Ica en enero, y otro en Iquitos en mayo, y advirtió que este nuevo atentado evidencia la situación crítica de los comunicadores en regiones alejadas.

“El Estado tiene el deber de garantizar la vida y seguridad del periodista Carlos Alarcón y su familia y debe actuar sin dilaciones”, señaló la asociación gremial, que acudió en apoyo al comunicador tras el ataque.

A este pedido se sumó la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que condenó enérgicamente lo ocurrido y exigió al Gobierno peruano tomar medidas inmediatas para proteger a Alarcón, así como identificar y sancionar a los responsables del atentado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó el asesinato del suboficial Fernando Ríos López, tras recibir el impacto de un arma blanca cuando intentaba defender a una mujer, víctima de agresión.

El trágico hecho que acabó con la vida del agente de 33 años ocurrió la noche de ayer, martes 24 de junio, a la altura del kilómetro 3 de la carretera Iquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista, en la región Loreto.

El caso

El recordado miembro de la PNP acudió al llamado de un acto de violencia en contra de una fémina. Lamentablemente, fue acuchillado en el abdomen por el mismo agresor de la mujer, cansándole una profunda herida y posterior sangrado.

De inmediato fue trasladado al Hospital de Iquitos, ingresando de forma inmediata a la Unidad de Cuidados Intensivos por el brutal ataque recibido y por estar comprometidos varios de sus órganos vitales.    

Su deceso fue confirmado esta mañana por la Policía Nacional del Perú, lamentando la pérdida de uno de sus miembros, en cumplimiento de su deber. Cabe señalar que, el agente pertenecía a la Comisaría 9 de octubre.

El cuñado del desaparecido efectivo policial lamentó lo ocurrido, puesto que, deja en la orfandad a dos hijos menores de edad. Del mismo modo, acusó a Porfirio Escobar Tirado, de 60 años, como responsable del crimen. En ese sentido, exigió justicia a las autoridades para su rápida captura, procesamiento judicial y pena en agravio del suboficial.  

Mininter lamenta muerte 

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de sus plataformas oficiales, expresó sus más sentidas condolencias a los deudos de quien en vida fue Fernando Ríos López, víctima de un cruel ataque en pleno Día de San Juan en la selva peruana. 

«Luto en la familia policial. El Mininter lamenta profundamente el fallecimiento del S3 PNP Fernando Ríos López, quien perdió la vida durante una intervención realizada en la región de Loreto. ¡Honor y gloria eterna!», menciona el saludo póstumo. 

Otras áreas de la Policía Nacional del Perú, como la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección de Turismo, también se sumaron al pesar por la pérdida del suboficial. 

Una nueva pérdida se registra en la PNP, Fernando Ríos López perdió la vida en defensa de una mujer que estaba siendo atacada por un sujeto de 60 años. Sus deudos exigen la máxima pena por el atroz crimen. 

¡Grave denuncia! El esposo de la congresista Rosio Torres Salinas (Alianza Para el Progreso), Fernando Meléndez Celis, sería parte de una presunta organización criminal en Iquitos, la cual se debería a lavar dinero ilícito. 

En entrevista en «Informamos y Opinamos», Carlos Neyra, dio detalles sobre los revelado por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA), equipo de investigación conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. 

El caso 

Según la teoría fiscal, el excongresista entre 2020 y 2021 estaría insertando dinero mal habido para una serie de actividades, como, por ejemplo, de índole político; ya que, como es de conocimiento, está buscando llegar nuevamente al Gobierno Regional de Loreto, cargo que ocupó entre 2015 y 2018.

Vale mencionar que, actualmente viene siendo procesado por las presuntas comisiones de lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico ilícitos de drogas y falsedad ideológica, los cuales – para la Fiscalía – son actividades al margen de la ley que son capaces de «generar dinero».

En ese contexto, el aparente lavado de dinero sería a través de la compra de inmuebles, en personas de su vínculo más cercano y de ellos mismos, estas transacciones comenzaron a llamar la atención de las autoridades. 

Un caso concreto es de uno de los asesores de la actual legisladora, quien habría desembolsado S/ 24 000 soles para la adquisición de dos predios, con tan solo 21 años. Otro caso que llama la atención de la DIRILA es que un familiar directo de Meléndez Celis tiene 17 predios en Otuzco, cuando trabaja como agente de limpieza en un hospital en La Libertad, para la hipótesis fiscal, los inmuebles serían parte de la presunta organización dedicada al lavado de dinero.

Congresista Rosio Torres sigue siendo investigada 

Pese a las graves acusaciones en su contra, en febrero último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la parlamentaria Rosio Torres, por el presunto delito de concusión en el caso conocido como ‘Mochasueldos‘.

La acusación fiscal señala que la legisladora habría exigido una parte del sueldo de sus trabajadores de despacho, teniendo a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como intermediario del presunto acto ilícito.

Aunque el Parlamento archivó el caso, el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar si existió o no algún esquema de cobros indebidos dentro del despacho congresal, para ello, la Fiscalía continúa realizando sus pesquisas, siendo la principal sospecha del presunto fin ilícito, la compra de terrenos, principalmente en la selva peruana. 

Una denuncia de presunta corrupción se hace pública, teniendo como investigado principal, al esposo de una actual parlamentaria, quien es también investigada en la Fiscalía de la Nación.