El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que enviará a la Fiscalía los casos de violación sexual contra estudiantes de la comunidad awajún en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, prescritos en la vía administrativa, así como los que no fueron comunicados oportunamente ante las autoridades competentes, para el inicio de las acciones judiciales.
A finales de mayo, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres de la Comunidad Awajún, explicó que enfrentan problemas a la hora de interponer las denuncias por estos deleznables actos y que, además, sufren persecución y amenazas, debido a la ausencia de autoridades a raíz de las dificultades para su traslado a Condorcanqui.
En un comunicado, el Minedu detalló que ha dispuesto que los docentes denunciados sean bloqueados en los sistemas de recursos humanos del sector Educación. El objetivo es evitar la contratación y nombramiento de aquellos implicados en este grave ilícito.
“El Minedu realiza coordinaciones con Servir para que los referidos casos, que conllevan destitución por violencia sexual y que sean derivados a través de los recursos administrativos de apelación, sean revisados en plazos inmediatos, respetando el debido proceso”, indicó.
La cartera ministerial también ordenó el traslado de seis especialistas para brindar soporte emocional a escolares y familias afectadas, y ofrecer el asesoramiento en los procesos disciplinarios en curso. De igual forma, el Minedu está enviando tres psicólogos, tres especialistas pedagógicos en lengua originaria awajún y dos abogados para que laboren en la UGEL Condorcanqui desde el 24 de junio hasta diciembre.
Ministros cuestionados
El lunes 10 de junio, el titular del Minedu, Morgan Quero, tildó de “práctica cultural” los casos de violencia sexual contra niñas awajún cometidos por docentes entre 2010 y 2024. Esta declaraciones han desencadenado una ola de críticas por parte de las organizaciones, como el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por supuestamente justificar la situación a la que han sido sometidas niñas y adolescentes de la región Amazonas y normalizar los delitos de violaciones sexuales.
Días después, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, en lugar de disentir con los comentarios de su colega, reiteró que los hechos de violencia sexual infantil son “prácticas culturales” que deben ser “desterradas”.
“Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, dijo en declaraciones a la prensa.
En vísperas, la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, informó que presentó una denuncia penal contra los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández por sus «inaceptables declaraciones que configuran presunto delito de discriminación al normalizar la violencia sexual contra la niñez awajún y wampis».
