Crisis en el Ministerio Público: PNP aclara que no ha reconocido a persona alguna como fiscal de la Nación

Luego de la polémica generada en las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) negó que haya «reconocido» a Delia Espinoza o Patricia Benavides como fiscal de la Nación, puesto que, no está en sus competencias y funciones, según ley.

A través de un comunicado emitido esta noche, la institución aclaró que brinda su resguardo a ambas fiscales supremas «en estricto respeto al orden democrático» y que la información difundida a tempranas horas del día corresponde a una solicitud atendida, conforme a la normativa vigente.

Protección fue en cumplimiento del fallo de la JNJ

A manera de descargo ante un «favoritismo» o «reconocimiento» al interior del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú puntualizó que en el transcurso de la semana recibió un requerimiento de seguridad en favor de Patricia Benavides Vargas, en el marco del fallo emitido por la Junta Nacional de Justicia.

Dicha solicitud fue atendida y ejecutada por la institución policial, otorgándole el resguardo que amerita por ser reconocida como titular de la Fiscalía de la Nación y en cumplimiento «al respeto de la ley y a las instituciones».

«No puede prevalecer el desorden el desorden ni la pugna de intereses sobre el orden constitucional. El Perú necesita unidad y compromiso para enfrentar con firmeza el desafío de la criminalidad», cita su misiva.

Crisis lleva más de una semana

La crisis institucional lleva nueve días. El pasado viernes 13 de junio, la Junta Nacional de Justicia aprobó la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, fallo considerado «inconstitucional» desde el interior del Ministerio Público.

El lunes 16 del presente mes, Benavides Vargas y sus abogados asistieron a la sede de la Fiscalía de la Nación con el objetivo de asumir funciones; no obstante, no fue recibida por Delia Espinoza, titular de la institución en funciones y nombrada en el cargo por la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado.

La fiscal Espinoza denunció penalmente a su colega por los presuntos delitos de usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública. La defensa de Benavides Vargas solicitó el apartamiento de Delia Espinoza en el marco de las investigaciones que le sigue a la restituida fiscal, todo en medio de una serie de denuncias constitucionales contra ambas y a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos y de la JNJ.

De esta manera, la PNP niega un «reconocimiento de cargo» a ambas fiscales supremas.

Perú Libre aprovecha crisis por caso Patricia Benavides y propone ley para reorganizar el Ministerio Público

El congresista de la bancada Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que busca reorganizar por completo el Ministerio Público mediante una reforma constitucional. En medio de la tensión institucional provocada por el intento de retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, la propuesta busca declarar en emergencia esta institución durante seis meses y plantea la remoción de todos los fiscales supremos, tanto titulares como provisionales.

En el documento se plantea que, durante dicho periodo de emergencia, sea la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la encargada de nombrar, mediante concurso público, a los nuevos integrantes de una ‘Junta Transitoria de Fiscales Supremos’. Este nuevo grupo de siete miembros tendría la responsabilidad de elegir a un Fiscal de la Nación Transitorio y de elaborar, dentro del plazo de seis meses, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y otra sobre la Carrera Fiscal. Durante ese tiempo, el Ministerio Público funcionaría bajo esta estructura provisional.

El proyecto se presenta en un contexto marcado por el enfrentamiento entre el Ministerio Público y la JNJ, junto a sectores de poder, que promueven el retorno de Patricia Benavides al puesto de fiscal de la Nación. La propuesta de Perú Libre aparece como un intento de capitalizar la crisis fiscal para promover una reforma de fondo con control político desde el Congreso.

Defensoría del Pueblo también busca reorganizar el Ministerio Público

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, presentó, el pasado 16 de junio, dos proyectos de ley ante el Congreso los cuales plantean que las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como las Autoridades Nacionales de Control (ANC), queden adscritas a la supervisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa indica que la intención oficial sería “fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” tanto en la carrera fiscal como en la judicial, con el fin de mejorar la administración de justicia. Para ello se propone modificar las leyes orgánicas correspondientes, precisando que estas ANC sean consideradas “organismos adscritos a la JNJ” y se incorporen también aspectos como autonomía financiera y personería jurídica.

Además, establecería que la JNJ tenga la capacidad de convocar concursos públicos en un plazo de 90 días para designar a los fiscales de control que integrarán las ANC. La Academia de la Magistratura sería responsable de capacitar a los aspirantes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la JNJ deberá definir los instrumentos de gestión de dichos concurso.

La presentación de este PL por parte de Josué Gutiérrez no es casual, y se dio el mismo día en que Patricia Benavides intentó retomar su cargo de fiscal de la Nación tras la resolución ilegítima de la JNJ. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez ha expresado su apoyo a Patricia Benavides. «Ante la crisis institucional, la Defensoría del Pueblo exhorta para que la Junta de Fiscales Supremos pueda hoy resolver y ejecutar la resolución de la JNJ», dijo.

Crisis en el Ministerio Público: Defensor del Pueblo recalca la Junta de Fiscales Supremos es quien nombra a la fiscal de la Nación

En medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se refirió sobre el último pronunciamiento emitido por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Como es de conocimiento, esta tarde, la JFS hizo una cronología sobre el proceso de destitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación y la designación del cargo sobre Delia Espinoza, en cumplimiento del Art. 158 de la Constitución.

Respalda decisión de la JFS

En entrevista en «Informamos y Opinamos», Josué Gutiérrez, no se mostró en línea por lo resuelto por la Junta Nacional de Justicia, señalando que tiene la potestad para elegir al titular del Ministerio Público.

«Consideramos nosotros como Defensoría que es a la Junta de Fiscales Supremos. Como la Junta de Fiscales Supremos ya tomó una decisión en un pronunciamiento, seguramente en las próximas horas o mañana, harán público del acta, de su acuerdo oficial», sostuvo.

En esa línea mencionó, que, respetando lo que ordena la Carta Magna, su institución no se mostró a favor ni de Patricia Benavides ni Delia Espinoza, puesto que, en este caso en específico, el «ente constitucional» es quien tiene que pronunciarse, en clara referencia a la JFS.

Fiscales supremas debieron llamar al diálogo

Sobre los últimos incidentes ocurridos en la sede del Ministerio Público por la pugna de su liderazgo, el defensor del Pueblo mencionó que lo más sensato hubiera sido que ambas fiscales supremas llamen al diálogo, a fin de convocar a la JFS, a fin de evitar toda la polémica desarrollada en las últimas 48 horas.

Su apreciación fue sobre el análisis al fallo de la JNJ. A su parecer, este organismo debió delegar en última instancia a la JFS del Ministerio Público y no reponer directamente a Benavides Vargas como fiscal de la Nación, habiendo otra en ejercicio.

En ese sentido, aseveró que la Junta de Fiscales Supremos es quien asume dicha función y que, lo mejor que puede pasar, es que lo sustentado jurídicamente se refleje en el acta que avala en el cargo a Delia Espinoza.

De esta manera, el titular de la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las disputas entre ambas fiscales supremas.

Ministerio Público: 2329 adolescentes de 14 a 17 años fueron detenidos en flagrancia entre enero y abril 2025

El Ministerio Público reveló la cantidad de adolescentes que han sido detenidos en flagrancia desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este 2025, ello según las cifras oficiales del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple).

Ministerio Público revela cifra de detenciones en flagrancia

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, la institución liderada por Delia Espinoza precisó que 2329 es la cifra de menores que fueron intervenidos por cometer delitos graves como robo agravado, extorsión, homicidio, secuestro y sicariato.

«Entre enero y abril de este año, 2329 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en flagrancia por delitos graves como robo agravado, extorsión, homicidio, secuestro y sicariato, según el registro oficial RENADESPPLE del Ministerio Público», indica.

Agregado a ello expone que, conforme a la información del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), se registraron 78 detenciones de menores de 10 a 13 años en el mismo periodo.

Además, la institución reveló la relación de distritos fiscales con mayor cantidad de adolescentes detenidos en flagrancia durante los mencionados meses. A detalle precisa que estos son: Lima Centro (271), Lambayeque (245), La Libertad (227), Lima Este (147), Lima Norte (133), Junín (99), San Martín (97), Lima Sur (92), Piura (84) y Callao (79).

De igual manera, menciona que los delitos con mayor incidencia en dichas intervenciones fueron: Robo agravado (13%), extorsión (1.81%), homicidio (1.42%), secuestro (0.30%), sicariato (0.004%). Lo cual brinda una sumatoria total de 16.534%

Demanda contra ley que penaliza a adolescentes

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que modifica el artículo 20 del Código Penal para incluir como penalmente imputables a los adolescentes de 16 y 17 años.

La acción fue interpuesta en representación del Ministerio Público, institución que considera que la norma transgrede principios y derechos fundamentales protegidos por la Constitución y convenios internacionales.

La demanda plantea que la Ley 32330 contradice el principio de interés superior del niño, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado peruano.

Asimismo, el Ministerio Público advierte que la modificación legal rompe con el sistema de justicia juvenil especializado, cuyo enfoque es eminentemente socioeducativo y no punitivo. También menciona que, en lugar de fortalecer los mecanismos de rehabilitación y reinserción, se opta «por equiparar el trato penal de adolescentes con el de adultos, desconociendo su condición de personas en desarrollo«.

José Domingo Pérez: abren investigación a fiscal de la ANC por impedirle el ingreso al Ministerio Público

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por 60 días contra el abogado y fiscal adjunto de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la propia institución, Sergio Rojas Torres, por el presunto delito de abuso de autoridad contra José Domingo Pérez. De acuerdo con el informe del Ministerio Público al que tuvo acceso La República, el 8 de abril, Rojas Torres emitió un informe en el que se prohibió a Pérez Gómez el ingreso a las instalaciones de la entidad tras ser suspendido por 6 meses.

El mencionado informe elaborado desde la ANC fue enviado al agente de seguridad de la Fiscalía, con sede en el Centro de Lima, Jhoel Campos Carmona, así como al supervisor de la Oficina de Seguridad – OSEDENA, Javier Quispe Chávez.

Disposición de inicio de diligencias preliminares.

«La conducta desplegada por Sergio Abrahan Rojas Torres, en su condición de fiscal adjunto provincial de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro, se subsumiría en el delito de abuso de autoridad, pues habría dispuesto que no se le permita el ingreso a la sede Wiesse al fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, sobre quien recaía la medida cautelar de apartamiento del cargo, que se avoca a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros», se lee en la resolución.

Como se recuerda, en dicha fecha este diario reportó que al fiscal e integrante del Equipo Especial Lava Jato no se le permitió retirar sus pertenencias personales y entregar los cargos de las investigaciones que tenía a su cargo, un día después de que el jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí decidió suspenderlo por supuestas infracciones administrativas.

Fiscalía cita a José Domingo Pérez a declarar

Como parte de la investigación preliminar, la Fiscalía dispuso citar a José Domingo Pérez para que ratifique los hechos que son materia de indagación y proporcione información que considere necesaria para las diligencias. Asimismo, se tomará la declaración del imputado Sergio Rojas Torres para que pueda realizar sus descargos sobre el delito que se le atribuye.

De igual manera, se solicitará a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público el récord de quejar, procedimientos y sanciones del fiscal Rojas Torres, así como extraer del sistema de la Fiscalía la constancia de denuncias que pudiera registrar el investigado.

Por otro lado, también serán citados Jhoel Campos Carmona (seguridad de la sede Wiesse de la institución) y de Javier Quispe Chávez (supervisor de la Oficina de Seguridad – OSEDENA).

Disposición de inicio de diligencias preliminares en la Fiscalía

Ministerio Público abrió investigación a extranjero que embistió y arrastró a policía en San Borja

El Ministerio Público abrió investigación contra el ciudadano venezolano Brayan Parra (27), que embistió y arrastró al suboficial PNP José Ayma, para evitar ser intervenido en el distrito limeño de San Borja.

El extranjero, que en su huida también atropelló a un sereno de la citada jurisdicción, será investigado por el presunto delito de lesiones culposas por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Borja, informó el Ministerio Público a través de su cuenta en X (antes Twitter).

“La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Borja (Quinto Despacho) inició investigación preliminar conta Brayan Parra -detenido en flagrancia- por el presunto delito de lesiones culposas, en agravio del S3 PNP José Ayma y el sereno Jheefer Condori”, informó la institución.

“Al primero, el investigado lo habría arrastrado una cuadra, aproximadamente, con el automóvil que conducía; mientras que, al segundo, le habría causado una lesión al impactarle el vehículo en el cruce de la avenida Canadá y la Estación La Cultura, de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Borja”, agrega.

Como parte de las primeras diligencias, el fiscal provincial Juan Mendoza dispuso tomar la declaración de Brayan Parra y de los agraviados, así como realizar el examen etílico y toxicológico al investigado.

El magistrado también recabará la documentación del vehículo y el registro de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrieron los hechos, informó el Ministerio Público.