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«¡Qué se vayan todos!»: Convocan marchas para el 2 de diciembre por crisis política en el Ministerio Público

La crisis en el Ministerio Público ha generado la indignación tanto de figuras políticas como de la ciudadanía misma. Ante las revelaciones del caso ‘La Fiscal y su cúpula de Poder’, la población ha decidido a convocar salir a las calles y marchar el próximo 2 de diciembre para que «se vayan todos». 

Luego de que la fiscal Patricia Benavides, sus asesores, varios congresistas y otros funcionarios se vean presuntamente implicados en la investigación que saca a la luz supuestas coordinaciones para beneficios particulares, un grupo de peruanos ha decidido utilizar las redes sociales para realizar una manifestación en el Centro de Lima. 

Marchas en el Centro

Bajo el hashtag #QueSeVayanTodos, los usuarios han empezado a difundir panfletos virtuales donde se precisa toda la información de la marcha. Así, se detalla que esta se daría el sábado 2 de diciembre a las 4:00 p.m. en la Plaza San Martín. 

«Contra la corrupción y la violación de derechos humanos, de esta diktadura. ¡Toma la calle!», se lee en cartel difundido por las plataformas digitales. 

Esta convocatoria no está siendo llevada a cabo únicamente por ciudadanos agrupados, sino que organizaciones oficiales también se han unido a la causa. 

Organizaciones convocan movilización

Una de las organizaciones que manifestó estar de acuerdo con la propuesta ciudadana promovida por redes fue Manuela Ramos. El grupo feminista mencionó que están en contra de la corrupción y la violación de los derechos humanos, motivos por los cuales se unirían a la marcha. 

«Nos sumamos contra la corrupción y la violación de derechos humanos. ¡Exigimos #QueSeVayanTodos! Toma la calle y únete a la marcha», expresaron. 

Asimismo, Red Muqui Perú, el colectivo que agrupa a 30 instituciones de diferentes regiones del país, señaló que también se unirán a la manifestación. 

«Ante los últimos hechos ocurridos, se evidencia el grado de corrupción de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien es denunciada por liderar una organización criminal, que ha estado negociando con el Congreso de la República las investigaciones de corrupción a sus integrantes a cambio de mantener su impunidad», manifestaron. 

Crisis en el Ministerio Público

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por Marita Barreto sostiene que existiría una influencia de la alta dirección del Ministerio Público en la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, todo con fines ilícitos.

Según el Eficcop, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios de la Fiscalía de la Nación, junto con el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, serían parte de una organización criminal que supuestamente habría utilizado la persecución penal en su propio beneficio.  

De esta manera, la ciudadanía convocó a varias marchas para el 2 de diciembre por la crisis política en el Ministerio Público.

Denuncias desatan crisis en Ministerio Público y contra el Ejecutivo peruanos

 Una investigación por presunta corrupción estalló contra el entorno más cercano a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que la propia fiscal denunció a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas a inicios de año.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Efficop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizaron el lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» para influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» con el fin de destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En respuesta, Benavides destituyó a la coordinadora del Efficop, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

A su vez, la mandataria peruana aseguró que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general es una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía.

Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides «tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

La jefa de Estado señaló que le causa «extrañeza» que la denuncia en su contra «haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción».

Asimismo, agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo «deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal».

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo, en entrevista con RPP Noticias que «no existe una sola persona que impute a la presidenta o a los ministros» con el delito de homicidio calificado y que tampoco han «terruqueado» a nadie en las protestas antigubernamentales de este año.

Lo que sí «hemos dicho es que tomar aeropuertos es un acto de terrorismo», admitió Otárola sobre algunas de las menciones del Ejecutivo que aparentemente enardecieron a los manifestantes durante las movilizaciones de protesta.

Según el primer ministro, el Ejecutivo peruano siempre ha buscado «la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos» y que «se respeten los derechos fundamentales».

Reiteró que la denuncia presentada por Benavides es «un intento burdo» de intentar desviar la atención, pero que él, la mandataria y otras exautoridades denunciadas «vamos a defendernos con la Constitución y la ley en la mano».

También el lunes, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a Benavides que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

«Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y fue publicada por medios locales.

Lima, 27 nov (EFE).- Los fiscales supremos peruanos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron este lunes a la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

«Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y que fue publicada por medios locales.

Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que tiene seis miembros, añadieron que la investigación penal abierta contra la fiscal general «no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público».

La carta de los fiscales supremos se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción que se rebelaron contra Benavides después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.

Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno más cercano de la máxima responsable del Ministerio Público.

En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) solicitaron «respetuosamente» a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos «que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas».

Los fiscales también anunciaron que «permanecerán en el cargo» y reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».

El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional iniciaron este lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» que buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos «para fines ilícitos».

En respuesta, Benavides destituyó a Barreto y, horas después, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

En el mensaje en el que hizo ese anuncio, Benavides apareció acompañada de varios integrantes del Ministerio Público, entre ellos, dos fiscales supremos, identificados como tal por sus insignias.

Ministerio Público investiga a policías por robo de lingote de oro, valorizado en más de un millón de soles

El pasado 10 de julio, un equipo de policías de la División de Investigación contra el Crimen Organizado detuvieron a dos personas dentro de las instalaciones de la empresa Servicio Aeroportuarios Andinos en el Callao. El presunto delito habría sido pertenecer a una red criminal que trasladaba oro en lingotes provenientes de la minería ilegal.

En la intervención se encontró dos barras de oro, ambas de 16 centímetros de largo, 8 de ancho y 4 de alto aproximadamente. Los lingotes contaban con inscripciones en tinta negra que señalaban la cantidad de gramos que contenía cada barra: 5542.9 y 5833.1. El valor aproximado de cada uno superaba el millón de soles. La barra que se perdió fue la de mayor peso, la que tenía 5833.1 gramos.

El operativo policial fue dirigido por la capitana Zarela Navarro Carrillo y los intervenidos fueron el colombiano Kevin Valencia Muñoz y el peruano Roger Jiménez Soto. Valencia y Jiménez transportaban los lingotes en cajas de madera al interior de dos camionetas blindadas. Ambos fueron trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España. Los lingotes también fueron llevados a la Dirincri para que pase los análisis químicos que determinen su autenticidad.

La detención de Valencia y Jiménez fue promocionada en la web de la Policía y hubo un reportaje televisado de América Noticias. Fue publicado como un gran golpe contra una banda dedicada a la minería ilegal. El material incluyó una entrevista al jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado, coronel Leiby Huamán Daza, quien defendió el hecho de que el operativo se diera sin presencia de un fiscal.

La sorpresa llegó cuando se realizó el examen químico a los lingotes. La Unidad de Criminalística de la Policía determinó que una de las barras no era de oro, sino de cobre. El informe pericial concluyó que se trataba de una “barra metálica marrón con una capa de pintura” de similares características e inscripciones que los lingotes incautados, pero que estaba hecha de cobre.

Ministerio Público responde a jefe de Región Policial Lima tras ser involucrado en caso ‘Ascensos irregulares’

En respuesta a la solicitud presentada por el general PNP Roger Pérez Figueroa, jefe de la Región Policial Lima, el Ministerio Público emitió un oficio sobre su estatus en la investigación ‘Ascensos irregulares’, vinculados al exmandatario Pedro Castillo.

Para contestar cabalmente a la petición, la fiscal superior coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto Rivera, envió una misiva al Ministerio Público con la solicitud del general Pérez.

En el escrito presentado por Roger Pérez Figueroa, el 18 de agosto del presente año, se buscaba conocer si su persona estaba involucrada en la investigación en torno a los ‘Ascensos irregulares’, promovidos por el golpista Pedro Castillo a cambio de una suma de dinero.

Tras la revisión de la Carpeta N.º 10-2022, el fiscal adjunto provincial Tito Barrios Hualcas fue el encargado de esclarecer el panorama sobre el general Pérez, confirmando que no se encuentra comprendido en la investigación.

“Tengo el honor de dirigirme a usted y en atención a lo ordenado mediante Providencia fiscal del 18 de agosto de 2023, se cumple con informar que a la fecha el general PNP Roger Pérez Figueroa no se encuentra comprendido en las investigaciones que este Cuarto Despacho Fiscal de Investigación tiene a su cargo”, sostiene el documento de Barrios para Barreto, al que tuvo acceso un medio nacional de manera exclusiva.

La confusión se originó luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional ante el Congreso relacionada con ascensos irregulares, involucrando a oficiales de alto rango.

¿Titulado y sin empleo? Ministerio Público ofrece 131 trabajos con sueldos de hasta S/4.500

El Ministerio Público ofrece 131 puestos de trabajos a personas con secundaria completa, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados. A ellos se les ofrece contratos en la modalidad CAS con sueldos entre S/1.364,19 y S/4.564,19 y están disponibles en las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, La Libertada, Lambayeque, Lima, Tacna y Tumbes. Esta convocatoria está disponible entre el 21 y 24 de agosto, dependiendo de la plaza deseada. Si te interesa, revisa esta nota para conocer todos los requisitos, plazos y puestos ofrecidos.

Convocatoria del Ministerio Público: ¿qué profesiones se requieren?

  • Asistente social
  • Derecho
  • Trabajo social
  • Conductor
  • Notificador

Trabaja en el Ministerio Público: ¿qué puestos están disponibles?

  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Lima- 20 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (Lima – 10 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Lima – 6 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Amazonas- 5 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.850 (Amazonas – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Amazonas – 2 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Ayacucho – 12 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (Ayacucho – 9 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Ayacucho – 6 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Tumbes – 3 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (Tumbes – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Tumbes – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/1.364 (Cajamarca – 1 vacante)
  • Asistente administrativo conductor – S/1.364 (Lambayeque – 1 vacante)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Lambayeque- 2 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (Lambayeque- 2 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Lambayeque – 5 vacantes)
  • Administrador – S/4.064 (Tacna – 1 vacante)
  • Asistente en función fiscal – S/3.264 (Tacna – 8 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/2.864 (Tacna – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/2.666 (Tacna – 1 vacante)
  • Asistente administrativo – S/1.864 (Tacna – 1 vacante)
  • Asistente administrativo conductor – S/2.064 (Tacna – 1 vacante)
  • Asistente administrativo notificador – S/2.064 (Tacna – 1 vacante)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (Apurímac – 4 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (Apurímac – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (Apurímac- 2 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/3.264 (La Libertad- 6 vacantes)
  • Asistente en función fiscal – S/4.571 (La Libertad- 5 vacantes)
  • Asistente administrativo – S/2.864 (La Libertad – 1 vacante)
  • Asistente administrativo – S/3.800 (La Libertad – 2 vacantes)
  • Asistente administrativo notificador – S/3.150 (La Libertad – 2 vacantes)

Otras convocatorias de trabajo en La República

Convocatoria CAS: ¿cómo trabajar en el Ministerio Público?

  • Revisa las bases de la convocatoria AQUÍ.
  • Ahí selecciona el puesto de tu interés y dale clic a postular, posteriormente, sigue los pasos y completa los anexos solicitados.
  • En caso de ser seleccionado, sigue las indicaciones que te brinden.
  • Cabe recordar que esta convocatoria está disponible entre el 21 y 24 de agosto, dependiendo de la plaza deseada.

Vergonzosa actuación de fiscal levanta polvo y coloca a Ministerio Público en el ojo de la tormenta

Por Dante Pacheco:

La determinación de la Fiscal María Del Socorro Abad Tandazo de dejar en libertad a los cómplices de maldito Cris, dejó en evidencia la crisis que desde hace buen tiempo atraviesa el Ministerio Público, obviamente una crisis moral y no tanto de incapacidad como han pretendido indicar algunas fuentes. El problema ha dado pie a que se ponga en discusión si es el Ministerio Público o la Policía son los que deben de hacerse cargo de las investigaciones preliminares en hechos de carácter delictivo.

Como es de dominio público, la Fiscal María Del Socorro no tuvo reparos en dejar en libertad a dos de los cómplices del “maldito Cris” a los dos días del abatimiento del delincuente argumentando que no tenía evidencias de la complicidad con el delincuente muerto, esa situación se mantuvo casi en secreto hasta la semana pasada levantando una tremenda “trocatinta” en torno a la actuación de la susodicha, a tal punto que su propia institución decidió separarla del cargo aun cuando la Fiscal era nombrada.

Determinados opinólogos manifiestan que en este caso hubo negligencia, otros opinan notoria incapacidad pero no faltaron quienes especulan que habría corrido dinero por debajo de la mesa, es decir que hubo coima aunque esto último no podrá probarse pero fue motivo para que la población se pronuncie y la mayoría coincida en señalar que las coimas serian prácticas comunes de Fiscales y que eso lleva a que muchos delincuentes que debieran estar purgando condena ahora mismo se encuentren en las calles.

Esta situación, a su vez, ha dado pie a que inmediatamente se coloque en el debate público la necesidad de reformar el procedimiento de un proceso de investigación previa, siendo la postura mas radical de que sea la Policía Nacional la que se haga cargo de dicha etapa de investigación en lugar del Ministerio Público o los Fiscales, en realidad, a priori sería la solución a los problemas que hoy se presentan por lo que podrían darse las mayores prerrogativas a la PNP… en todo caso los operadores debieran hacer mea culpa de lo que acontece y que las instituciones tutelares debieran asumir una postura de mejorar esta situación que desde hace buen tiempo esta dejando mal parada al Poder Judicial y al Ministerio Público y como consecuencia el combate contra la delincuencia no sea efectivo.