En un fallo histórico, el Poder Judicial del Perú sentenció este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos relacionado con los aportes ilícitos a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. La decisión, tomada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, liderado por la jueza Nayko Coronado, pone fin a un proceso de 16 años que investigó fondos provenientes del gobierno venezolano y la constructora brasileña Odebrecht. Desde ATV, te contamos los detalles de esta resolución que sacude el panorama político peruano.

El juicio, que comenzó en febrero de 2022, examinó pruebas sobre la recepción de US$3 millones de Odebrecht para la campaña de 2011 y presuntos aportes venezolanos en 2006, canalizados a través de contratos simulados y depósitos bancarios. Aunque la Fiscalía, liderada por Germán Juárez, solicitó inicialmente 20 años para Humala y 26 años y medio para Heredia, el tribunal optó por una pena reducida, considerando factores atenuantes como la colaboración parcial de la pareja. La sentencia, emitida tras casi 300 testigos y exhaustivas pericias, también ordena la disolución del Partido Nacionalista.

Un Caso que Cambia el Rumbo de Lava Jato

La condena de Humala y Heredia es la primera en Perú que vincula aportes de campaña con el delito de lavado de activos, sentando un precedente clave para el caso Lava Jato. Según la acusación, los fondos ilícitos fueron integrados al sistema financiero mediante empresas como Apoyo Total y Centros Capilares, que emitieron facturas falsas para justificar ingresos de Heredia. Testimonios de colaboradores como Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, fueron cruciales, aunque la defensa cuestionó su veracidad, alegando contradicciones y falta de pruebas directas. En X (antes Twitter), el fallo ha generado debate, con algunos celebrando la justicia y otros denunciando una persecución política.

El proceso no estuvo exento de tensiones. En 2017, Humala y Heredia pasaron nueve meses en prisión preventiva, una medida que el Tribunal Constitucional revirtió por considerarla excesiva. Durante el juicio, Heredia defendió su inocencia, negando haber recibido dinero de Hugo Chávez o Luiz Inácio Lula da Silva y calificando las acusaciones como un ataque de la “clase política” contra el nacionalismo. “Nunca hubo valijas diplomáticas ni aportes ilícitos”, afirmó en su alegato final el 2 de abril. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas, incluyendo registros bancarios y declaraciones de Martín Belaunde Lossio, eran suficientes para probar el delito.

Impacto Político y Social en el Perú

La sentencia llega en un momento de alta polarización en el país, donde la confianza en las instituciones sigue siendo frágil. Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016, se convierte en el tercer expresidente peruano condenado, tras Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, reforzando la percepción de que la corrupción atraviesa la política nacional. En las calles de Lima, las reacciones son mixtas: mientras algunos ciudadanos aplauden el fallo como un paso contra la impunidad, otros, especialmente simpatizantes del Partido Nacionalista, lo ven como una revancha política. “La justicia no debe ser selectiva”, comentó un usuario en X, resumiendo el sentir de quienes cuestionan el proceso.

Para Heredia, madre de tres hijos, y Humala, la condena representa no solo un revés legal, sino también personal. La pareja, que enfrenta restricciones de viaje desde 2018, deberá cumplir la pena en los penales de Barbadillo y Chorrillos, respectivamente, salvo que prospere una apelación anunciada por sus abogados, Wilfredo Pedraza y Julio Espinoza. La lectura íntegra del fallo, programada para el 29 de abril, podría aclarar los detalles de la sentencia, incluyendo el destino de otros ocho acusados, como la madre y el hermano de Heredia. Mientras tanto, el Perú observa cómo este caso redefine las reglas del financiamiento político y la lucha contra la corrupción.

Uno de los casos más emblemáticos del financiamiento político en el país se resolverá este martes. El Poder Judicial emitirá la sentencia del juicio por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, por los presuntos aportes recibidos por el partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011.

La decisión del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional podría colocar a Humala como el tercer expresidente constitucional de nuestro país condenado por corrupción y a Heredia como la única ex primera dama sentenciada a prisión.

Una sentencia condenatoria, además, podría redefinir la recepción de aportes no declarados de campaña como delito de lavado de activos.

La acusación, presentada por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, sostiene que las campañas del partido que postuló a Humala en 2006 y 2011 recibieron fondos ilícitos desde Venezuela y Brasil.

En la primera, según testimonio del exasesor Martín Belaunde Lossio en el juicio oral, el gobierno de Hugo Chávez habría enviado dinero mediante valijas diplomáticas.

“Algunas veces (el dinero) venía por valijas diplomáticas y otras veces no tengo la certeza cómo, pero a mí me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas”, narró el empresario, que señaló que el dinero provenía de negocios ilícitos que se hacían entre empresarios “y los empresarios entregaban dinero”.  

“Evidentemente, era un dinero ilícito porque era un dinero que venía de empresarios del Gobierno venezolano y venía de manera subrepticia y se trató de blanquear aquí a través de aportes fantasmas y a través mío incluso, para crear estas empresas o estos contratos ficticios”, contó Belaunde.  

Aclaró que el dinero de Venezuela se utilizó mayormente para la campaña y lo que sobró fue para los equipos de televisión, para ver este tema de prensa y los contratos ficticios que se hicieron.

Para la campaña de 2016, que significó la victoria electoral de Humala, la ayuda habría llegado desde el entorno del entonces presidente brasileño, Lula da Silva.  

Humala y Heredia han negado todos los cargos. Han insistido en que las campañas fueron financiadas con aportes legales, y que no hay prueba alguna de que el dinero haya sido ilícito. Su defensa sostiene que no se ha probado la existencia del delito fuente —es decir, el origen ilegal del dinero—, y que todo el proceso ha sido una persecución política y mediática.

También han cuestionado la validez de las agendas de Heredia como prueba y han señalado que las acusaciones están construidas sobre testimonios de colaboradores eficaces que buscan beneficios judiciales.

El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años y medio para Heredia. Además, ha solicitado penas de hasta 26 años y medio para otros ocho implicados, la disolución del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph, y una reparación civil de S/ 20 millones.

Durante sus alegatos finales el expresidente arremetió contra la Fiscalía, acusándola de tener doble rasero con los directivos de Odebrecht y OAS.  

«Al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y OAS no les han puesto nada, por eso es que hoy en día no están en el Perú, han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía», dijo.

Heredia también negó haber recibido aportes de dinero en las dos campañas presidenciales y calificó de venganza las declaraciones hechas en el juicio por Belaunde y acusó de persecución y discriminación a sus adversarios políticos.