Nicanor Boluarte Zegarra, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, habría decidido pasar a la clandestinidad, ante la eventualidad de que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dicte una orden de prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Los Waykis en la Sombra.

Boluarte Zegarra no se conectó a la audiencia virtual de este lunes, 18 de noviembre. Ni en la mañana, ni por la tarde. Si lo había hecho en las audiencias del viernes, sábado e incluso el domingo. El 17 de noviembre, Concepción comenzó a leer la extensa resolución que resuelve el pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva.

Cuando el juez le preguntó a su abogado Luis Vivanco que estaba pasando, el defensor legal respondió que no se había podido comunicar por teléfono con su cliente. La misma respuesta ofreció en la audiencia de la tarde. Los demás investigados Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda si participaron de la audiencia.

Durante el desarrollo de una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Nicanor Boluarte coordinar con una tercera persona, que necesitaba o que estaba utilizando un vehículo distinto al habitual. Su auto permanece estacionado cerca de su casa, en San Borja.

El domingo habría sido visto conectarse a la audiencia judicial virtual desde un automóvil, lo que hace suponer a las autoridades que estuvo preparándose para desaparecer en caso de una decisión judicial contraria a sus intereses. La decisión puede ser apelada, pero la decisión se cumple de inmediato.

Sí Nicanor Boluarte continúa en paradero desconocido y el juez dicta prisión preventiva, ordenará a la policía su inmediata búsqueda, ubicación y captura para que ingrese a prisión mientras se realizan las indagaciones. El hermano de la presidenta estuvo detenido preliminarmente entre el 10 al 24 de mayo último.

Una extensa lectura

El juez Concepción Carhuancho inició la lectura de su decisión el domingo, 17 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana. Todos esperaban que comunicará su decisión ese mismo día, pero eso no sucedió. El magistrado está siendo detallista al extremo al evaluar y resolver cada uno de los elementos incriminatorios presentados por la fiscalía y los argumentos de la defensa.

El domingo, el juez se dedicó a argumentar por qué consideró no aplicar la leyes 32108 y 32138 que modifican la normatividad legal sobre el delito de crimen organizado, en el caso de la investigación a la organización denominada “Los Waykis en la Sombra” que lideraría Boluarte.

“Esta norma fue creada con nombre propio, y no con el ánimo de legislar en términos generales, sino para favorecer a cierto grupo de personas. Esta ley fue creada con el propósito de beneficiar a los funcionarios públicos, excluyéndolos del delito de organización criminal” (…) A pesar de que ha sido derogada (la ley 32108), ha dejado consecuencias nefastas”, explicó el magistrado.

Luego de resolver este tema, el magistrado  empezó a evaluar al detalle los diversos elementos o indicios de los cinco hechos presuntamente delictivos por los cuales la fiscalía investiga y solicita la prisión preventiva del hermano de la presidenta Dina Boluarte y otras cinco personas.

Hasta el cierre de esta edición, el magistrado se había pronunciado por los cinco hechos que involucran a Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera y Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda.

Concepción Carhuancho concluyó que la fiscalía cuenta con los suficientes elementos que sustentan la investigación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la designación de prefectos, subprefectos y la presidenta del IPD con fines políticos, que si bien eran lícitos, se realizaron utilizando medios ilícitos, al instrumentalizar los cargos de prefectos y subprefectos.

Alto grado de sospecha delictiva

«Existe alto grado de probabilidad sobre la participación de los investigados Nicanor Boluarte y Jorge Luis Ortiz Marreros en la designación de prefectos y subprefectos en la región de Lima y otras regiones como Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco», expresó el juez.

Anotó que Nicanor Boluarte compró la fiunción pública de Jorge Ortiz Marreros para que designe a los prefectos de Cajamarca, entre las personas que fueron captadas por Víctor Torres Merino y Jorge Chingay Salazar.

El juez reseñó que uno de los testigos declaró que en una reunión Nicanor Boluarte le dijo a su grupo de confianza que tendrían a los 9000 tenientes gobernadores, 25 prefectos regionales, 200 subprefectos provinciales, 1,700 prefectos distritales para reunir las fichas de afiliación que permitan construir el partido político «Ciudadanos por el Cambio» para apoyar al gobierno de Dina Boluarte y los fines de la organización criminal.

Luego, agregó que «desde el día que Dina Boluarte asume la presidencia, el líder de la presunta organización criminal advirtió el poder que lo respaldaba (…) y propició espacios de reunión para impartir al grupo de confianza de Dina para captar personas de confianza para que sean nombrados como perfectos y superfectos».

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, sostuvo que el Poder Judicial no puede ordenar una prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, después que el Congreso de la República cambió la definición de organización criminal.

«Lo único que hace es dilatar una discusión que trae una serie de consecuencias en términos de afectación de derechos, como le digo, afecta mi derecho de contradicción, afecta el derecho de que yo pueda pedir que se controle la tipicidad de la acción y lo más grave: vamos a promover una prisión preventiva sobre la base de un artículo que ha sido derogado en parte. Entonces, ¿cómo puedes meter preso a alguien si la norma que tú estás aplicando ya no existe?», dijo.

Para Luis Vivanco los plazos de la audiencia de caso ‘Los Waykis en la Sombra’ tienen que prolongarse y cumplirse con todos los requisitos. «Una vez que se haya saneado esa perspectiva el requerimiento, ya nos sentaremos a discutir si corresponde o no corresponde una prisión preventiva», añadió.

Rechazan recurso de exjefa de Qali Warma

Este jueves, el Poder Judicial declaró infundado un recurso de cuestión previa presentado por la defensa legal de la exjefa del programa Qali Warma, Griselda Herrera, investigada por tráfico de influencias y organización criminal, por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La defensa de la investigada pretendía que antes de evaluarse el pedido de prisión preventiva contra su patrocinada, la Fiscalía debía adecuar su requerimiento a los alcances de la Ley 32108, que establece nuevos criterios para tipificar el delito de organización criminal, indica una publicación del Poder Judicial en las redes sociales.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, afirmó estar de acuerdo con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho y aclaró que este rechazo al recurso afecta «transversalmente» al caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

«Porque el juez ha expresado claramente que las cuestiones previas únicamente proceden pese a la ausencia de un requisito de procedibilidad expresamente reconocido en la ley (…) Lo que está diciendo el juez es, oye el argumento de fondo no se discute en este incidente. Si tú quieres discutir este argumento, tienes que plantearlo en la vía correspondiente, y la vía correspondiente podría la misma audiencia que va a continuar el día de mañana», dijo.

Nicanor Boluarte es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción, ‘Los Waykis en la Sombra’, que designaba prefectos y subprefectos a cambio de «dádivas económicas», aprovechando el «poder de facto» que recibió de la mandataria. Así, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte junto a otros funcionarios captaron afiliados para solicitar el registro de Ciudadanos por el Perú en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El miércoles, 21 de agosto, será un día clave para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Y es que ese día el juez Richard Concepción Carhuancho revisará el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el pariente de la jefa de Estado, por el caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’.

Según la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el hermano de Dina Boluarte lideró la organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’, dedicada a la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional, para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido ‘Ciudadanos por el Perú’, vinculado a Nicanor Boluarte.

La audiencia comenzará a las 11:00 a.m. y proseguirá el jueves 22 y viernes 23. Esto después de que el magistrado Concepción Carhuancho reprogramara las diligencias a petición de los abogados de los procesados en este caso.

A un día de la audiencia, el abogado Luis Vivanco Gotelli, quien asume la defensa legal de Nicanor Boluarte, insistió en que no hay pruebas contundentes que demuestren que su patrocinado pretenda fugarse del país o entorpezca las investigaciones fiscales.

El letrado reiteró señaló que el hermano de Dina Boluarte tiene “casa, familia, trabajo y arraigo económico”, por lo que consideró que no hay elementos suficientes para dictar prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.  

Vivanco Gotelli también se refirió a las declaraciones del colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino, amigo de los hermanos Boluarte Zegarra, que dijo cómo se habrían realizado contrataciones dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de gente allegada a la jefa de Estado.

“Estamos frente a indicios que no se van a poder corroborar, sumada a la declaración de un colaborador eficaz que, por más reveladora que sea, no constituye un elemento verificable”, dijo al respecto.

Complementó que entre los hermanos Boluarte y Torres Merino hubo una “cercanía de amistad antigua”, pero que le llamaba la atención que “en el pasado declarara una versión contraria a lo que está diciendo ahora”.

“Parto de la base que estamos frente a dichos que no han sido corroborados y en la medida que no hay corroboración no pueden ser utilizados como insumo para privar de su libertad a una persona […]. No hay indicios más allá del dicho del señor torres que lo vincule con la contratación de alguien”, precisó.