Ejecutivo destina más de S/200 mil para defensa legal de Ollanta Humala en proceso por el caso Gasoducto Sur

El Ejecutivo destinó más de S/200 mil para la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, en el proceso que se le sigue por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Según documentos a los que accedió RPP, el Despacho Presidencial convocó, el último viernes, a un proceso de contratación directa por la suma de S/291 600 para «contratar el servicio de defensa y asesoría legal» a favor del exmandatario, para el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. 

El servicio requerido por el Estado tiene como alcance «la defensa técnica del patrocinado, que comprende su defensa por la etapa intermedia en el proceso seguido ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada».

Esto incluye gestión de antecedentes y análisis del caso, patrocinio y asesoramiento integral, actuaciones procesales, ejecución de mecanismos de defensa y asesoramiento y acompañamiento en diligencias y audiencias. 

Cabe destacar que este proceso de contratación directa inició un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia para «establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público» para el presente año.

Esto debido a que «el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año, en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose».

Por ende, el Gobierno destacó que las medidas establecidas en su decreto de urgencia permitirían «el cumplimiento de las reglas fiscales previstas […], a través de medidas que generen una mayor eficiencia y modulen el gasto público».

Defensa legal fue solicitada por Ollanta Humala

RPP pudo conocer que Ollanta Humala, el 11 de agosto pasado, solicitó al Ejecutivo que se le brinde «asesoría y defensa legal» en el proceso que afronta ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. Para ese entonces, el exjefe de Estado ya había sido sentenciado a 15 años de cárcel, al hallársele responsable del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero ilícitos que recibió su partido político para las campañas presidenciales del 2006 y 2011. 

Su pedido de defensa legal tuvo el visto bueno de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, que consideró que los hechos imputados ocurrieron cuando Humala Tasso se desempeñaba como presidente de la República, «al favorecer de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano». 

«Se le imputa haber intervenido en decisiones que beneficiaron a dicha empresa, mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado», indicó la referida oficina. Por lo tanto, determinó «la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio por la etapa intermedia».

Así las cosas, el último 19 de agosto, 8 días después de que Ollanta Humala ingresara su solicitud, Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG, a través de la cual se declaró procedente «la solicitud de beneficio de derecho de defensa y asesoría legal» presentada por el exmandatario, y se dispuso que la «Oficina General de Administración realice las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos respectivos, en virtud al beneficio concedido».

Finalmente, dicha resolución sirvió como base para que el Despacho Presidencial iniciara el proceso de contratación directa de la defensa legal del expresidente. 

Ollanta Humala se pronuncia tras anulación de juicio de Keiko Fujimori: «Vamos a pelear por nuestra libertad»

El expresidente Ollanta Humala, sentenciado a 15 años de cárcel por financiar irregularmente sus campañas de 2006 y 2011 con fondos de Hugo Chávez y Odebrecht, reaccionó al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso contra Keiko Fujimori por el ‘caso cócteles’.

En un mensaje en su cuenta de X, Humala afirmó que este precedente fortalece su lucha por la libertad, sosteniendo que los aportes de campaña no constituyen delito.

El exmandatario, sentenciado a 15 años por lavado de activos, destacó que «el TC ha ratificado» lo que viene defendiendo «hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito».   

Criticó la falta de voluntad judicial para resolver su caso y advirtió que mantenerlo preso mientras se absuelve a Fujimori evidenciaría un ensañamiento en su contra. 

«(El TC) No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros. Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario, demostraría una vez más, el ensañamiento», posteó en su cuenta en X. 

«Vamos a pelear por nuestra Libertad!», finaliza el pronunciamiento. 

TC archiva caso contra Keiko Fujimori

El TC archivó el caso contra Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presunto lavado de activos y organización criminal ligados a la financiación de sus campañas de 2011 y 2016.

La resolución, dada a conocer este lunes, señaló que la acusación carecía de sustento jurídico, sin pronunciarse sobre la culpabilidad de Keiko Fujimori, pero ordenando el cese de las investigaciones iniciadas en 2017.

La defensa de Fujimori argumentó que, antes de 2016, los aportes de campaña no eran considerados delito de lavado de activos, y acusó a la Fiscalía de vulnerar el derecho a la defensa.

Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, cumple su condena en la prisión de Barbadillo, mientras que, Nadine Heredia, su esposa y condenada por el mismo caso, recibió asilo en Brasil, donde reside con su hijo menor.

Martín Vizcarra comparte área común con Ollanta Humala en penal de Barbadillo, reveló su hermano

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra se pronunció respecto a la situación penal que atraviesa su hermano Martín Vizcarra. Según indicó, el expresidente se encuentra compartiendo un área común con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Además, señaló que aún no ha visto a Pedro Castillo.

«Pronto saldrá en libertad»

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mario indicó que su hermano saldrá pronto en libertad, por lo que no tendrá tiempo para ver o mantener contacto con los otros exmandatarios que se encuentran en el establecimiento penitenciario, en referencia a Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

«Él (Martín Vizcarra) comparte un área común con el expresidente (Ollanta) Humala. (¿Conversa con él?) No hay mucho con quién conversar. Aún no lo ha visto (a Castillo), es muy difícil no creo que vaya a verlo. Además, el periodo va a ser muy corto, no creo que tenga tiempo de ubicarlos», dijo a nuestro medio.

De tal modo, narró cómo fue la experiencia de haber asistido el primer día a visitar al expresidente, quien ya se encontraba en el penal de Barbadillo, en Ate. Según indicó, Martín Vizcarra mantenía una serenidad que quiso contagiar a sus familiares; ello a pesar de haber recibido prisión preventiva a pocas horas. «No es la primera vez que recibe golpes tan duros«, añadió.

HOY presentarán apelación

En tal sentido, Mario Vizcarra informó que este lunes 18 de agosto, la defensa del expresidente presentará la apelación a la orden de prisión preventiva impuesta contra el exmandatario por el plazo de cinco meses. Según precisó, existen «razones poderosas» para solicitar la excarcelación de Vizcarra Cornejo.

Ollanta Humala asegura estar secuestrado en Barbadillo, pese a condena de 15 años

El expresidente del Perú Ollanta Humala Tasso aseguró estar secuestrado por parte del Estado peruano y cuestionó la legalidad de su detención, a pesar de haber sido condenado a 15 años de prisión por lavado de activos.

El exmandatario escribió un artículo en el diario La República, titulado ‘La muerte del Estado de Derecho y la Democracia’, donde señala que fue privado de su libertad el 15 de abril sin una sentencia redactada y notificada.

Además, cuestionó a los jueces que dictaron su condena, Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa: «Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado».

Ollanta Humala indicó que el 2 de mayo recién se formalizó su sentencia, lo que considera como una «violación de derechos fundamentales», criticando la imparcialidad del sistema de justicia y denunciando persecución.

Sin embargo, vale recordar que -por ejemplo- su esposa, Nadine Heredia, también sentenciada, se asiló en la Embajada de Brasil en Lima y, posteriormente, se le permitió abandonar el país hacia el gigante sudamericano, donde vive hoy.

Cabe precisar que la Segunda Sala Constitucional reconoció que la detención fue inicialmente inconstitucional, al haberse efectuado sin una sentencia redactada; no obstante, el tribunal declaró que esta irregularidad fue corregida cuando se incorporó el fallo completo, sin que ello implique automáticamente la liberación del procesado.

Humala concluye su columna indicando que, con su encarcelamiento, «el Estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú”.

Fiscalía pide 35 años de cárcel para Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto

La fiscal Geovana Mori presentó al Poder Judicial la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y pide al Poder Judicial que dicte 35 años de cárcel para ambos por la adjudicación irregular del megaproyecto Gasoducto del Sur en favor de la empresa Odebrecht.

La imputación recae en total sobre 19 personas, entre los que figuran el exministro de Economía, Luis Miguel Castillo; el extitular de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez; y los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga.

Para Paredes se requiere 35 años de prisión, mientras que para el resto de altos funcionarios se solicita 29 años.

La tesis fiscal es que durante el gobierno humalista (2011-2016), la constructora brasileña coordinó la adjudicación de la obra, valorizada en US$7 mil millones, a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con Heredia y el propio mandatario.

La expareja presidencial, de acuerdo a la fiscal Mori, se habría sentido comprometida a colaborar con la compañía por los US$3 millones que esta abonó a su campaña presidencial del 2011. 

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gasoducto

En 2019, Barata confesó las coordinaciones con los Humala. Incluso detalló que preferían la comunicación con Heredia porque para el exmandatario era casi imposible comprender los procesos de licitación.

No obstante, como reveló Perú21, Barata cambió esa afirmación en junio de 2023. Sucedió durante un interrogatorio que le realizó la fiscal Geovana Mori en Sao Paulo. De pronto, el exejecutivo se desentendió de lo que declaró cuatro años antes y ahora ha perdido los privilegios de colaborador eficaz.

Esa es una de las razones por las que el exdirectivo es uno de los acusados en este proceso, donde la Fiscalía pide 9 años de cárcel en su contra por el delito de colusión.

Los Humala ya fueron sentenciados a 15 años de prisión en otro caso, por los aportes de campaña que recibieron de Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas presidenciales.

El exjefe de Estado cumple condena en el penal de Barbadillo, pero su cónyuge pidió asilo al gobierno de Brasil y consiguió la protección política. Heredia vive actualmente en Sao Paulo.

Ollanta Humala: Juzgado Constitucional concluye que la orden de arresto en caso Odebrecht es inconstitucional

Una buena noticia para Ollanta Humala. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima determinó que el expresidente del Perú y los demás implicados fueron arrestados de forma inconstitucional. La decisión fue anunciada como parte del proceso de hábeas corpus interpuesto por la ciudadana Cyntia Natalia Cornejo Arista en favor de Ilan Heredia Alarcón, hermano de la esposa del expresidente, Nadine Heredia.

«(…) Este Colegiado concluye que el juzgado demandado, de manera errónea, ordenó la ejecución de la pena impuesta durante la audiencia de adelanto de fallo del 15 de abril de 2025, cuando lo legalmente correcto era que se lleve a cabo una vez emitida la sentencia condenatoria debidamente redactada. (…) Esta situación resulta lesiva al derecho constitucional invocado por la parte demandante en la medida en la que se ordenó la ejecución de la condena impuesta, con orden de captura, mediante un acto distinto a una resolución judicial escrita y debidamente motivada», señala la resolución.

Esta victoria judicial podría sumar argumentos ante la posible presentación de un recurso de reconsideración ante el Poder Judicial que revoque la decisión de los juzgados, quienes consideraron que el expresidente cometió el delito de lavado de activos, condenándolo así a 15 años tras las rejas. Las estrategias legales del expresidente ya se han puesto en marcha. Como se recuerda, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, presentó un hábeas corpus para anular su condena de 15 años por lavado de activos, tras alegar adelanto en la lectura de la sentencia.

 Decisión del Juzgado constitucional ante recurso presentado | Foto: LR-Pasión por el derecho.

Decisión del Juzgado constitucional ante recurso presentado | Foto: LR-Pasión por el derecho.

OIlanta Humala: ¿Por qué fue condenado a 15 años de prisión el expresidente?

El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial impuso una condena de 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. La magistrada Nayko Coronado respaldó la tesis del Ministerio Público, al concluir que los fondos entregados al Partido Nacionalista durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011 provenían de fuentes ilícitas, específicamente de Venezuela y la empresa brasileña Odebrecht. Como resultado, ambos deberán cumplir su sentencia hasta el año 2039.

Esta decisión judicial constituyó un hito en los procesos seguidos contra exmandatarios y excandidatos presidenciales entre 2006 y 2016. Nayko Coronado se convierte en la primera jueza en dictar una condena por lavado de activos vinculados a financiamiento de campañas electorales. Cabe destacar que Nadine Heredia no asistió a la lectura del fallo en la sede del Poder Judicial ubicada en el edificio Carlos Zavala, lo que motivó la emisión de una orden de captura en su contra.

Durante la lectura anticipada de la sentencia, Coronado señaló que testigos declararon que Heredia acudía a la embajada venezolana para recoger grandes sumas de dinero en efectivo, transportadas en mochilas o maletas, destinadas a la campaña de 2006. La jueza subrayó que, según las pruebas, estos fondos tenían origen ilegal. Además, el tribunal escuchó a 57 testigos que afirmaron no haber realizado aportes a las campañas del Partido Nacionalista.

Asimismo, se evidenció que Heredia suscribió contratos ficticios con la empresa Apoyo Total, respaldando esta conclusión con registros de depósitos bancarios efectuados a su cuenta. El juzgado también confirmó que en 2011 el partido recibió tres millones de dólares, y aclaró que, aunque en Brasil se hayan anulado ciertos procesos, ello no afecta el carácter ilícito del dinero recibido.