ONPE: Partidos no podrán usar fondos públicos para campaña electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó, a través de una resolución jefatural, diversos artículos del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios que, entre otros puntos, establece precisiones respecto del uso que le darán las organizaciones políticas a los fondos percibidos por concepto del financiamiento público directo (FPD).

En esa línea, el renovado reglamento precisa que dichos recursos —entregados a los partidos políticos y alianzas que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República— «no deben ser utilizados con fines de lucro, ni con fines distintos» a los establecidos por ley.

En consecuencia, prohíbe la contratación de personal permanente para funcionamiento ordinario o de servicios diversos con personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavados de activos, terrorismo o crimen organizado».

De acuerdo a la norma aprobada por la ONPE, las agrupaciones políticos no podrán usar los fondos que reciben por financiamiento público directo para «solventar propaganda política o campañas electorales en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, ni en medios digitales (redes sociales) y tampoco campañas a favor o en contra de candidatos durante los procesos de democracia interna». No podrán, además, promover o difundir la imagen de una o varias personas vinculadas a la organización política.

En el listado se incluye, asimismo, la realización de actividades orientadas al financiamiento proselitista, «realizar servicios de mejoras útiles y de recreo o de renovación reparación, ampliación o reparación en bienes inmuebles adquiridos con financiamiento privado».

El reglamento refiere igualmente que para las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, los partidos no podrán contratar la adquisición de bienes o prestación de servicios con aquellos directivos que tengan poder de decisión respecto al uso del FPD.

«El impedimento comprende también a las personas jurídicas vinculadas a ellos, en calidad de socio, accionista y/o representante legal».

La disposición legal, publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, dispone, de otro lado, que las organizaciones políticas beneficiarias del FPD deben elaborar y aprobar una programación calendarizada de sus gastos de actividades ordinarias y específicas (formación, capacitación, investigación y difusión de estas) y el costo de las mismas.

Mal uso de recursos

A mediados de año, se recuerda, la ONPE detectó serias irregularidades en el uso de los recursos por financiamiento público directo. En su informe de verificación del 31 de mayo de 2025 estableció que Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos no usaron el dinero para fortalecer los partidos.

Por el contrario, usaron el dinero para pagar a proveedores, como es el caso de Renovación Popular y Perú Libre. En el caso del partido del prófugo Vladimir Cerrón, el ente electoral determinó que desembolsó S/100,000 en favor de una empresa para que dé un curso de diplomado en Gestión Pública para su militancia en convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El supuesto convenio, no obstante, no existió.

Algo similar ocurrió con Fuerza Popular, la ONPE reportó la realización de un programa de maestría en la Universidad ESAN por S/100,000 que incluye actividades académicas programadas para ejecutarse después del término del quinquenio, en el año 2027. “Se ha determinado una presunta infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Financiamiento, que amerita el inicio del procedimiento administrativo sancionado”, manifestó la institución.

Franja electoral

Otro aspecto que aborda el reglamento publicado hoy es el referido a la franja electoral que para las elecciones generales que se llevarán a cabo en abril del 2026, y elecciones regionales y municipales programadas para octubre del mismo año, contempla espacios no solo en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado de señal abierta, canales nacionales de cable de alcance nacional, sino también medios digitales (redes sociales) a los cuales tendrán acceso «de manera igualitaria y proporcional».

Ello con el fin de que «las organizaciones políticas con inscripción definitiva de sus fórmulas y/o listas de candidatos a la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la República» puedan difundir sus planes de gobierno nacional «desde los 60 días calendarios anteriores a la realización de los comicios y hasta 2 días calendario previos al acto electoral, con la duración, frecuencia y el horario establecido en la Ley de Organizaciones Políticas».

ONPE habilita el voto digital: entérate cómo registrarte y ejercer tu derecho sin salir de casa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Reglamento del Voto Digital mediante la Resolución Jefatural Nº 000065-2025-JN/ONPE.

Según lo establecido en dicho reglamento, el voto digital constituye un mecanismo alternativo para el ejercicio del derecho al sufragio, mediante la aplicación de una solución tecnológica auditable que garantiza los atributos de integralidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad.

Este mecanismo permite al elector emitir su voto de forma no presencial y segura, utilizando su DNI electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes, en los procesos electorales o de consulta popular organizados por la ONPE.

El registro para acceder al voto digital será voluntario y se efectuará ante la ONPE, conforme a los requisitos establecidos. Solo los ciudadanos que se hayan registrado satisfactoriamente podrán hacer uso de esta modalidad.

El reglamento consta de treinta y nueve (39) artículos, seis (6) disposiciones complementarias finales y una (1) disposición complementaria transitoria.

Elecciones 2026: Jefe de la ONPE, Piero Corvetto, muestra en el Congreso el tamaño de la cédula de votación

«Es la Elección más compleja de la historia de la República»: así definió el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, el escenario de los comicios del 2026. Se trataría de casi 50 partidos y alrededor de 10 mil candidatos los que participarán en la arena política. Esta gran cantidad de organizaciones son las que configuran «un reto», el cual quedó evidenciado en la primera maqueta de las cédulas de votación para el próximo año.

El documento fue presentado por Corvetto Salinas en la última sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Como parte de su disertación, el máximo líder de la ONPE se dirigió hasta el sitio del presidente de esta comisión, Fernando Rospigliosi, y extendió ante él dos hojas te tamaño superior al A4 en las que se encontraban los 42 partidos inscritos a la fecha.

Piero Corvetto presentó la maqueta de la cédula del 2026. Foto: La República

Las dos cédulas de votación se deben, según Corvetto, a la ley promulgada por el Congreso que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a votar en su lugar de servicio. Esto provocaría no solo que el Perú se aleje de una única cédula como históricamente ha tenido, sino que también ampliará por una hora a hora y media el tiempo de conteo de votos.

Ante esto, la ONPE propone ampliar el voto digital, inicialmente destinado únicamente a los peruanos en el extranjero, a las FF.AA, a la PNP y al personal que brinde servicio críticos (bomberos, Indeci, personal de salud, etc), pues considera que este último grupo también debería gozar de mayores facilidades de voto.

«La lógica del voto digital es fundamental. Nosotros siempre hemos pensando que el ciudadano debe tener la posibilidad de escoger como vota. Esto podría ser una sola cédula en caso ustedes así lo decidan», dijo emplazando a la comisión de Rospigliosi Capurro.

Asimismo, mostró que en una de las hojas se encuentran las la formula presidencial, el parlamento andino y el senado, mientras que en la otra se incluye a la cámara de diputados.

Congresista Luis Aragón propone eliminar la elección para el parlamento andino

Esto provocó que el congresista Luis Aragón Carreño propusiera que se elimine el parlamento andino. «No se trata de cambiar las reglas del juego en sí, sino de mejorar, modificar para bien la ley existente. Tiene que haber un límite para que esta cédula no siga creciendo que lo hace por desatinos de Congresos anteriores», postuló el legislador.

Con eso en mente, observó las dos cédulas presentadas por Corvetto y cuestionó que los diputados no figuren en la cédula «central». Para evitar ello, planteó que ya no se elija al Parlamento Andino, sino que sean los miembros de la futura cámara de senadores quienes ejerzan esa labor.

«La elección para el Parlamento andino, ¿cómo era antes en el Perú?, ¿había elecciones o era que el Congreso asumía las funciones de lo que ahora llamamos parlamento andino?. Ni siquiera en la constitución política se considera como aforados a los señores del parlamento andino que la verdad no sé que hacen con algunas excepciones por ahí. Tienen su despacho, no presentan proyectos de ley, no pueden realizar labores legislativas, pero tienen una serie de beneficios que un parlamentario nacional. Hubiera sido necesario que ya no se elija», anotó.

Adriana Tudela plantea modificar el calendario electoral

Por su parte, los parlamentarios Adriana Tudela y Alejandro Cavero plantearon una modificación del calendario electoral, frente al «enorme plazo de separación entre la fecha límite para formar alianzas y las elecciones primarias».

Tudela, incluso, cuestionó las cédulas presentadas por Corvetto y deslizó que las mismas podrían causar alarma en los futuros electores.

«Quisiera saber cuál ha sido el criterio para elaborar esos ejemplos de cédula que ha presentado. Quisiera saber por qué se asume que todos los partidos que están tratando de inscribirse lograrán su inscripción y por qué se asume que todos van a postular independientemente. Por qué se asume el escenario más fragmentado posible. Hay que simplificar la vida al votante no generarle preocupación», manifestó.

Además, se sumó a la disconformidad de Luis Aragón y pidió explicaciones por la separación de la cámara de diputados del senado en las cédulas de votación. «Por qué no se tiene en una sola hoja la jurisdicción nacional (plancha, senado y diputados) y en otra el parlamento andino», dijo.

Por su lado, Cavero postuló que se modifique el calendario electoral al tener en cuenta que se ha puesto como fecha límite el 12 de mayo para inscribir las alianzas electorales en el ROP cuando las elecciones primarias son el noviembre de este año. «Si estamos preocupados de que existan tantos partidos tenemos que crear un cronograma para que la formación de alianzas se dé», expresó.

Cambios para las Elecciones 2026: habrá 9 miembros de mesa y uso de IA

Respecto al escenario electoral, Corvetto anunció que la ONPE trabajará con 126 oficinas activas a nivel nacional. Si bien, anteriormente solo se empleaban 93, la cifra incrementó por la conservación de cédulas y conteo de votos.

Asimismo, se trabajará con 11 286 locales de votación y 93 650 mesas de votación, de las cuales 9 000 estarán ubicadas en centros poblados lo cual beneficiará a 2 millones 300 mil peruanos y peruanas que residen en lugares pobres y extremos pobres.

Otra de las modificaciones es la referente al número de miembros de mesa. Estos serán nueve por casa mesa con el propósito de agilizar la instalación y el levantamiento de las mismas. Además se presentará un nuevo sistema de cómputo de resultados «auditable y moderno» que incorpora Inteligencia Artificial.

ONPE advierte que si revocadores son acosados por autoridades pueden denunciar

El gestor de la Oficina Regional de Coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Tacna y Moquegua, Oretes Arpasi Canqui precisó que todos aquellos ciudadanos que forman parte de la revocatoria estén siendo víctimas de hostigamiento o persecución por parte de las autoridades pueden denunciar antes las autoridades policiales o el Ministerio Público.

“Todo revocador tienen sus derechos, no está atentando contra ninguna norma, está cumpliendo el art. 31 de la Constitución Política y la ley 26300 que le ampara; entonces, si tiene algún inconveniente puede asistir a las instancias correspondientes. Para eso tenemos autoridades competentes como es la Policía Nacional, el Ministerio Público, también dar cuenta al jurado (Nacional de Elecciones)”, precisó Arpasi Canqui.
Sobre las solicitudes de revocatoria en la región Moquegua recordó que estas llegan a 14; de ellas, 2 son contra los alcaldes provinciales de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay y de Mariscala Nieto, John Larry Coayla, mientras que, las 12 restantes son contra los alcaldes distritales de Torata (3); El Algarrobal (2), Yuno (2), Samegua (1), Chojata (1), San Antonio (1), San Cristóbal (1), y puquina (1)

Explicó que, en el caso del distrito de Torata que es el que mayor número de solicitudes de revocatoria tiene, el número de firmas que deben reunir es de 1,891 que equivale al 25% de electores del padrón electoral y el plazo para presentarlas ante el RENIEC es el 11 de octubre.

Llegaron los circos y también las revocatorias

Por Dante Pacheco:

La ONPE empezó a entregar los famosos kits para que los ciudadanos que así lo deseen puedan hacer uso de su derecho y empezar con el proceso de revocatoria de alguna autoridad elegida en elecciones populares como el caso de los alcaldes, sean distritales o provinciales. Como es de dominio público el centro de la jornada esta circunscrita a recolectar firmas entre quienes no estén de acuerdo con sus autoridades, sin importar si el pretendido revocado cometió algún delito o no con sus promesas de campaña, etc.

Es suficiente que simplemente los revocadores no estén de acuerdo con su autoridad, es un tema aparentemente sencillo, sin embargo, creo que las leyes son alcaldistas, protegen la permanencia de una autoridad edil y los candados son difíciles de romper, razón por lo cual el número de revocados es mínimo en el Perú.

Al respecto de la premisa, lo primero difícil es el recolectar las firmas, sobre todo en poblaciones de miles de votantes, resultando más fácil el distrito donde los votantes o electores ni siquiera llegan a mil. Alcanzar el 25 por ciento de electores resulta difícil porque existen mucha gente que falsifica las firmas, de modo que por lo general se exige el doble para luego pasar la fiscalización de las firmas; pero eso no es todo porque lo que se tiene que sortear es el hecho de que en las ánforas la población tiene que votar mayoritariamente por un SI y por lo general casi ninguna autoridad sometida a este proceso llega a recibir tal cantidad de rechazo traducidos en firmas, de modo que el proceso se va cayendo poco a poco.

En segundo lugar los revocadores son ciudadanos que perdieron las elecciones o que tienen intereses personales y que no necesariamente sea el interés de común denominador de la población, es decir que son muy pocos los que utilizan este derecho ciudadano analizando las motivaciones y tercero en ocasiones los que promueven una revocatoria es de gente interesada en obtener beneficio propio de carácter material, ya se tiene antecedentes que ganan dinero porque reciben de quienes están detrás de bambalinas, pero luego reciben dinero de los potenciales revocados a fin de que paralicen el proceso, sea por uno y otro caso las revocatorias no llegan a cumplir su objetivo y los verdaderos revocadores terminan por perder dinero y la causa que los motivó.

En realidad, las revocatorias son como los circos, aparecen para formar parte de un show; en un primer momento la gente disfruta del espectáculo, pero como todo circo, termina la temporada y todo vuelve a la calma. Sin embargo, no se debe desestimar ninguna revocatoria porque algo se puede rescatar de quienes por alguna razón quieren revocar a alguien, pueda que le ayude a reconsiderar algunos temas que podrían ser debilidad o falencia de algún gobierno local, por lo demás el circo seguirá siendo en circo.

ONPE: Se han presentado 613 solicitudes para revocar a alcaldes y gobernadores

Hasta la fecha se han presentado 613 solicitudes a nivel nacional para revocar a alcaldes y gobernadores regionales. Es así como la población responde a las promesas incumplidas y a los hechos de corrupción que involucran a autoridades que fueron escogidas en octubre del año 2022.

Uno de los que más resalta en la lista es Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, quien está involucrado en el caso Rolex. A él lo acompaña el gobernador de La Libertad, César Acuña, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, e inclusive el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

En el caso de los gobernadores regionales también destaca la compra del kit para revocar a Rohel Sánchez de Arequipa, Ciro Castillo del Callao y Werner Salcedo de Cusco. Esta cifra de solicitudes del kit de revocatoria no es definitiva, puesto que el plazo para adquirirlo vence el 26 de septiembre.

PASOS PARA LA REVOCATORIA

“Nosotros entregamos el kit de revocatoria al promotor, luego el promotor tiene que recolectar las firmas, luego de cumplir con el mínimo que está establecido que es el 25% de los vecinos, los ciudadanos tienen que llenar unos planillones”, explicó Melissa Garro, vocera de la ONPE.

Luego el Reniec validará los datos y de no encontrar irregularidades, todo quedará en manos en última instancia del Jurado Nacional de Elecciones, que ya ha anunciado para el 8 de junio de 2025 la consulta ciudadana para revocar a sus autoridades.