En exclusiva con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que hay una solicitud de la Policía para detener preliminarmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. En ese sentido, explicó que dicho pedido aún debe formalizarse ante el Ministerio Público para su posterior presentación ante un juzgado.
«Efectivamente hay una solicitud, un informe de la policía, respecto a la solicitud de detención preliminar de varios funcionarios de la ONPE entre ellos Piero Corvetto», dijo.
PNP solicitó detención preliminar de Corvetto
Según precisó el fiscal de la Nación, la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó dicho pedido en el marco de una investigación preliminar iniciada contra el jefe de la ONPE con motivo de las irregularidades que dificultaron el correcto desarrollo de las elecciones el 12 de abril.
La medida, explicó, se ampara en cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, que faculta a la PNP el poder iniciar investigaciones preliminares, que después son orientadas y conducidas por el Ministerio Público.
Aladino Galvéz precisó que, si bien la solicitud de detención preliminar ha sido presentada al organismo que preside, dicho documento todavía no llega a manos de un fiscal.
«Hasta ayer la policía había indicado que el documento está listo, pero el fiscal todavía no lo ha recibido», dijo.
Como el documento no se ha formalizado, Gálvez también descartó la posibilidad de que Piero Corvetto pueda ser detenido durante su cita de hoy con la Fiscalía Anticorrupción, instancia a quien deberá entregar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, no descartó dicha posibilidad más adelante.
«Una cosa es que lo solicite el fiscal y otra que el juez lo admita y disponga la detención preliminar», refirió.
Eventual detención de Corvetto no afectará elecciones, según Gálvez
En la charla, Gálvez también indicó que ocurra o no la detención preliminar del jefe de la ONPE, esto no cambiará el curso de los comicios ni de los resultados, sin embargo, sí demostraría la comisión de delitos y negligencia ante advertencias de la Contraloría.
«Las cosas ya sucedieron. Que se detenga o no se detenga a Corvetto no va a cambiar las cosas. Si se lo detiene es por lo que ya se hizo […] Eso no va a cambiar los resultados. Con ello, habría mayores indicios de que efectivamente ha habido delitos o irregularidades insalvables en el propio proceso»,
En este contesto, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que la PNP solicitó la detención preliminar del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de su investigación por las irregularidades de las elecciones.
La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido solicitar la detención preliminar de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta medida alcanza también a otros funcionarios y representantes de la empresa Servicios Generales Gálagas S.A.C., según reveló el periodista Augusto Thorndike.
La investigación se centra en la contratación del transporte de material electoral para las Elecciones Generales del 2026. Según fuentes policiales, el retraso en la entrega de actas y cédulas en Lima afectó la instalación de mesas de sufragio.
Este incidente obligó a las autoridades a ampliar el horario de votación. La PNP sostiene que los problemas logísticos no fueron accidentales, sino producto de una cadena de decisiones irregulares que configurarían el delito de colusión agravada.
Hallazgos de la investigación de Dircocor, de acuerdo a Augusto Thorndike
El informe policial identifica una validación dudosa de la capacidad operativa de la empresa proveedora. Servicios Generales Gálagas S.A.C. declaró contar con 70 conductores, pero los registros oficiales solo confirmaron a 33 trabajadores.
Además, se detectó una flexibilización de requisitos técnicos y términos de contratación contradictorios. Los planes operativos establecían que las unidades debían estar cargadas el 10 de abril, pero el proceso inició recién la madrugada del día 12.
Los implicados en este caso incluyen a José Samamé, gerente electoral, y Juan Fang, subgerente operativo. La hipótesis fiscal apunta a un presunto direccionamiento del contrato mediante el uso de normas especiales para favorecer a la empresa.
Allanamiento y medidas restrictivas
La solicitud de detención preliminar por siete días busca evitar la manipulación de pruebas. La medida incluye el allanamiento e incautación en viviendas, oficinas y vehículos de los investigados para asegurar dispositivos digitales. Para la Policía, el sistema de transporte electoral falló desde su diseño hasta su ejecución. La investigación también evalúa posibles delitos de omisión de funciones y falsa declaración administrativa por parte de los responsables de la ONPE.
Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, desmintió a la ONPE y negó que las cajas con material electoral halladas en la basura hayan sido custodiadas por sus fiscalizadores.
Burneo desmiente rotundamente versión de la ONPE
Este jueves 16 de abril, un medio de comunicación reveló el hallazgo de cuatro cajas lacradas con cédulas de votación en su interior, correspondientes a mesas de sufragio del distrito de Surco. Estas fueron encontradas en la avenida Angamos, en Surquillo.
Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales respondió explicando que el traslado de estas cajas ocurrió «conforme a la cadena de custodia», junto a un efectivo de la PNP y un fiscalizador del JNE, y que personal de la ONPE olvidó cuatro de 20 cajas en el vehículo.
Sin embargo, este viernes 17, Burneo desmintió rotundamente esta versión e, incluso, señaló que dos mesas de votación, correspondientes a dos de estas cajas, no registran expediente jurisdiccional.
«Respecto de esas cajas, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, particulares, y no estuvo el JNE, por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso», señaló Burneo ante el Congreso.
Asimismo, la máxima autoridad del JNE mencionó que los informes hechos por la entidad electoral ya están siendo comunicados a su Procuraduría, «para que haga las acciones que, en el marco de sus competencias, corresponda».
Burneo asegura que cuenta con «evidencia fotográfica»
Las afirmaciones de Burneo fueron reforzadas a su salida del Congreso, donde, en diálogo con la prensa, indicó que la falta de custodia policial y del Jurado Nacional de Elecciones «es un hecho totalmente corroborable».
«Ya se emitió el informe respectivo con la evidencia fotográfica, además. Así que esto tiene que ser materia de una investigación a nivel penal», aseguró.
A su vez, el titular del JNE reveló que estas cajas, correspondientes a la I.E. 6082 Los Próceres en Surco, fueron transportadas en unidades «que no han sido rotuladas o que correspondían a unidades oficiales».
«Han sido transportadas subrepticiamente y las autoridades de la ONPE responsables deberán responder y dar los descargos respectivos. Nosotros no hemos participado en ese traslado», sostuvo.
Señaló, además, que la máxima entidad electoral fue testigo del arribo de este material electoral, por lo que existen informes dando cuenta de la llegada de las cajas lacradas en unidades no oficiales, es decir, autos particulares.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió a la ONPE y reveló que las cuatro cajas abandonadas con cédulas extraviadas no fueron reguardadas por sus fiscalizadores.
La ONPE reconoció, por medio de un comunicado, que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de votación correspondientes a cuatro mesas de sufragio que funcionaron en el distrito de Santiago de Surco (Lima) el domingo 12 de abril.
Según explicaron, el personal las dejó en la maletera del vehículo de la empresa contratada para transportar el material electoral.
“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo”, se lee.
Al ver esto, “se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”.
Aseguraron que sí se respetó la cadena de custodia antes del extravío. “Viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la PNP y un fiscalizador del JNE”, indicaron.
También, señalaron que los votos de esas cuatro mesas ya habían sido consignados en actas que están siendo procesadas y publicadas en la página web de la institución.
Lo sucedido será sometido a investigación. “Su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, resaltaron.
Cédulas fueron entregadas a personal PNP durante programa de TV
Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al estudio del programa “Beto a Saber”, luego de que el espacio periodístico informara sobre el hallazgo de cuatro cajas de cédulas electorales, aparentemente encontradas en el distrito de Surquillo.
Beto Ortiz declaró a La República que la jefa de la ODPE de Surco —encargada de esas mesas— indicó que se contrataron taxis para trasladar el material electoral, pero que personal de la ONPE habría olvidado cuatro cajas. Según esta versión, el traslado se realizó bajo la custodia de un efectivo policial y un representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, detenido en la mañana del lunes 13 de abril, declaró a los agentes policiales que el verdadero responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material destinado a la votación del domingo es el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.
Efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) arrestaron a José Samamé luego que el Ministerio Público iniciara las indagaciones para identificar a los autores de la frustrada elección en 211 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, atribuido a que nunca llegó la logística a los locales de votación.
La ONPE contrató a la proveedora de transportes Servicios Generales Galaga por S/36,9 millones para que distribuya el material electoral, pero los vehículos nunca llegaron, perjudicando a 52.261 electores.
El mismo domingo el organismo electoral mediante comunicado responsabilizó de la anomalía a Servicios Generales Galaga, dejando entrever que sus propios funcionarios no eran culpables de lo sucedido.
Salen más nombres
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Cercado de Lima consiguió un mandato judicial para aprehender al gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, identificado como el funcionario que adjudicó el contrato de transporte del material a la compañía Servicios Generales Galaga.
En lo que representa un giro en el caso, al ser interrogado por las autoridades, José Samamé admitió haber intervenido en la contratación de Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo.
Pero Samamé advirtió que correspondía al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, hacer un seguimiento a la ejecución del contrato por parte de Servicios Generales Galaga.
«Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles», explicó José Samané a la fiscalía.
De acuerdo con las fuentes consultadas, es probable que se registren más detenciones como resultado de las declaraciones de José Samamé.
“Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE en el jirón Washington. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, dijo José Samamé.
Mucho más que “negligencia”
“Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, añadió.
Fuentes con conocimiento en el caso informaron a este periódico que entre la documentación incautada por la policía anticorrupción (Dircocor en la sede de la ONPE en el jirón Washington, se halló el contrato con Servicios Generales Galaga.
“Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional – Despliegue de Material, Equipos Informáticos Electorales e Implementos para Simulacro y Sufragio – Elecciones Generales 2026”, dice el documento.
Los términos de referencia fueron suscritos por José Samamé y Juan Phang, quienes dieron la conformidad a Servicios Generales Galaga, sin tener en cuenta que dicha empresa no contaba con la experiencia en el rubro. Es más, la proveedora contaba con varias sanciones por incumplimiento de contrato con ONPE. Suficiente para no calificar en la licitación. Pero sucedió todo lo contrario.
José Samamé Blas fue arrestado en su despacho de la sede central de la ONPE, ubicado en la avenida Washington 1894, cuando esperaba su relevo.
Samamé dimitió del cargo como resultado del caos que se originó por el cierre de los locales de votación en varios distritos limeños, porque Servicios Generales incumplió con trasladar la logística necesaria para la instalación de las mesas.
Mediante una carta dirigida al jefe del la ONPE, Piero Corvetto, con fecha 12 de abril, José Samamé Blas, dijo que lamentaba lo sucedido.
“Ante los hechos acontecidos por fallas logísticas que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos lugares de la localidad de Lima, generando retrasos e inconvenientes en las mesas de sufragio y estando a cargo de la gerencia e cargador de dicha labores de distribución, reconozco la responsabilidad y lamento profundamente lo sucedido”, escribió Samamé a Corvetto.
José Samamé será investigado por el delito de omisión y rehusamiento en los actos funcionales, cuando ejercía la gerencia de la gerencia de Gestión en la ONPE, según indicaron fuentes fiscales.
A propósito, José Samamé es cónyuge de la abogada Dorcas Sánchez Arce, quien, coincidentemente, labora en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El 22 de noviembre 2023, Servicios Generales Galaga, durante el mandato del exalcalde Rafael López Aliaga, firmó contrato con la Municipalidad de Lima por S/ 686.400. El objeto fue el transporte de materiales y equipos de la sub Gerencia de Gestión y Fiscalización.
Servicios Generles Galaga empezó con un capital de S/349.941 y en S/5.000.000. Foto: La República
Un “cuello blanco” conocido
La República preguntó a la oficina de prensa de la MML en qué oficina labora la abogada Dorcas Sánchez Arce, esposa del funcionario del ONPE implicado en el caso Galaga, José Samamé, y si tuvo participación en la contratación de esta firma. La MML no respondió.
Por otro lado, es relevante el antecedente judicial Juan Phang Sánchez, señalado por José Samamé Blas como responsable del incumplimiento del contrato de Servicios Generales Galaga. Phang está implicado en el mega caso de corrupción conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, que salpicó a algunos funcionarios de la ONPE durante la gestión de Adolfo Castillo Meza (2017-2020).
En noviembre de 2020, la vivienda de Juan Phang fue allanada por disposición judical, ya que la fiscalía del caso determinó que estaba implicado en una conspiración de “Los Cuellos Blancos del Puerto” para designar a Adolfo Castillo Meza como jefe de la ONPE.
El propósito del plan era que Adolfo Castillo facilitara la inscripción del partido Podemos Perú, de José Luna Gálvez, lo que efectivamente sucedió. Como presunto responsable es señalado Juan Phang Sánchez, quien estaba a cargo de la Subgerencia de Calidad de la ONPE.
De acuerdo con el expediente del caso que obra en el Ministerio Público, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, designó en el cargo a Juan Phang para que contribuyera con el plan de inscribir el partido Podemos Perú.
Los testigos señalaron que Adolfo Castillo, por intermedio de Juan Phang, presionaba a otros funcionarios de la ONPE para alcanzar la inscripción de la organización política de José Luna.
La fiscalía le atribuye a Juan Phang los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
Sospechosos aumentos de capital
De acuerdo con Registros Públicos, Augusta Pfuyo Huamanguilla de Alvarado y Verónica Alvarado Pfuyo, madre e hija, fueron quienes fundaron la empresa Servicios Generales Galaga, el primero de diciembre de 2009.
En aquel entonces su capital fue de S/100.000: el 99% de las acciones pertenecían a Augusta Pfuyo y el 1% a Verónica Alvarado.
El 23 de marzo de 2011, Augusta Pfuyo renunció a la gerencia general y en su reemplazo fue nombrado su hijo Juan Alvarado Pfuyo. En esa misma reunión Augusta Pfuyo se convirtió en Sub Gerente.
El 11 de junio de 2012, la empresa Servicios Generales Galaga aumentó su capital a S/349.941. El primero de octubre 2019 volvió a aumentar el capital a S/1.572.091.
Más recientemente, el 04 de abril de 2025, la compañía incrementó nuevamente su capital a S/5.000.000. La fiscalía del caso no descarta disponer de un peritaje contable para determinar las fuentes de los fondos invertidos.
El empresario Juan Alvarado Pfuyo está vinculado con siete empresas, de ellas cuatro fueron fundadas por él: Sgg Mining S.A., Sonein S.A.C., Gala’Tel S.A.C y Galapharma S.A.C. En las otras tres Alvarado ejerce funciones como gerente general, como Integral Comunications S.A.C., Servicios Generales Galaga S.A.C. y Ralce S.A.C.
La ONPE adjudicó el último contrato a Servicios Generales Galaga, no obstante, con una serie de antecedentes por irregularidades.
El 20 de noviembre de 2020 y el 27 de marzo de este año, la Contraloría emitió informes observando las contrataciones de Servicios Generales Galaga porque incumplía con los términos de referencia de la ONPE. ¿Quién apadrinaba al contratista?.
Galaga ganó 80 contratos por S/50,8 millones
Desde el 21 de agosto de 2018 a la fecha, según el portal de Proveedores del Estado, la empresa Servicios Generales Galaga ha contratado con el Estado 80 veces, sumando un total de S/50,8 millones.
Las entidadades que adjudicaron contratos a Servicios Generales Galaga son el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la Dirección de Redes integradas de Salud Lima Sur y el Ejército.
También el Ministerio de Vivienda, el Programa de Educación Básica para Todos y el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, entre otros.
El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó dos denuncias contra las máximas autoridades electorales del país: el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.
Las acusaciones se basan en las graves irregularidades registradas durante las elecciones generales de este último domingo 12 de abril de 2026, cuando más de 52 mil ciudadanos se vieron impedidos de ejercer su derecho al voto por falta de material electoral en al menos 211 mesas.
La denuncia contra Corvetto
En el documento dirigido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Martínez acusa a Corvetto de «negligencia grave en el cumplimiento de sus deberes constitucionales», señalando que la ONPE no garantizó la entrega oportuna del material electoral. El congresista solicita su remoción del cargo y una suspensión preventiva mientras dure el procedimiento disciplinario.
La denuncia menciona la infracción de los artículos 31°, 39°, 176° y 177° de la Constitución, que consagran el derecho al sufragio y la obligación de las autoridades de asegurar procesos electorales transparentes y eficientes.
Denuncia Constitucional contra Corvetto.
La denuncia contra Burneo
En paralelo, Martínez presentó una acusación constitucional contra Burneo Bermejo, en su calidad de presidente del JNE, por presunta infracción de los artículos 31°, 142°, 176° y 178° de la Carta Magna. El congresista sostiene que el JNE no actuó con la diligencia necesaria para garantizar la instalación de las mesas y la protección del derecho al voto.
El pedido incluye que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inicie el procedimiento, investigue los hechos y, de ser el caso, recomiende la acusación ante la Comisión Permanente y el Pleno.
Denuncia Constitucional contra Burneo.
Las denuncias se presentan en un ambiente de fuerte cuestionamiento a la ONPE y al JNE. El domingo 12 de abril, miles de electores no pudieron sufragar por la falta de material en varios locales, especialmente en Lima. La ONPE atribuyó el problema a la empresa Servicios Generales Galaga, contratada para la distribución, que incumplió con la entrega de vehículos y materiales.
El JNE, por su parte, dispuso la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 de abril, medida que permitió que los afectados pudieran votar. Sin embargo, las críticas persisten y varios candidatos han cuestionado la legitimidad del proceso, aunque la Fiscalía descartó indicios de fraude.
Las denuncias contra Burneo y Corvetto marcan un nuevo capítulo en la crisis electoral de 2026. Mientras la ONPE intenta recuperar la confianza ciudadana con medidas como el uso de su propia flota vehicular, el Congreso abre la puerta a procesos disciplinarios y constitucionales contra las principales autoridades electorales.
ENFOQUE REAL 