La Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la eventual destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Por medio de sus redes sociales, la mencionada instancia de la ONU consideró que acciones como esta «afectarán la independencia del referido organismo».
En el mensaje se señala también que “la JNJ es un actor central para asegurar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho”.
“En vista de la próxima votación en el Congreso sobre la destitución de los miembros de la JNJ, reiteramos nuestra seria preocupación por acciones que puedan afectar su independencia”, indica la ONU.
El pleno del Congreso contempla sesionar esta semana el miércoles y el jueves, siguiendo una agenda en la que figura el informe final sobre la acusación constitucional en contra de los miembros de la Junta, por considerar que incurrieron en falta grave en el cumplimiento de sus funciones.
El documento plantea, además, la inhabilitación por diez años de todos los miembros de la JNJ en el ejercicio de la función pública.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, pretendió minimizar y desviar las conclusiones del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al señalar que las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y julio de 2023 fueron provocadas por un grupo reducido de ciudadanos.
“Las protestas que ocurrieron de diciembre a febrero, quienes las han provocado y promovido son aquellas personas, gracias a Dios, en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz”, dijo Boluarte, desde Lambayeque.
Cabe recalcar que la OACNUDH ha determinado que “hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas en Perú”.
Además, en el amplio documento se señala que los 50 civiles muertos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad procedían principalmente de las regiones del sur de Perú (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, Lima, Junín, La Libertad).
Respecto al uso de armas letales, incluidas armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de las movilizaciones, Boluarte afirmó que se trata de casos particulares que están en investigación.
La mandataria sí destacó que la OACNUDH haya manifestado que el Gobierno peruano “ha reaccionado rápidamente” para poder atender a las víctimas y a los heridos.
Boluarte no se pronunció sobre la posible remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso pese a las reiteradas preguntas de los medios. Incluso se mostró incómoda y se retiró, rodeada de un gran número de agentes de seguridad.
Sobre la investigación fiscal contra su premier Alberto Otárola por la contratación de su amiga Rosa Rivera en Devida, dijo que “cada institución, dentro de la autonomía que tiene, actúa y el resultado se aplicará”.
Informó que se reunirá con la ministra Hania Pérez de Cuéllar para pedirle un informe sobre la denuncia periodística respecto al uso de la caja chica del ministerio para comprar suplementos alimenticios.
El dato
Cita. Boluarte tendrá el 25 de octubre una reunión con el gobernador de La Libertad, César Acuña. El objetivo es que las obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) no queden truncas debido a la creación de la ANI.
La Misión en el Perú de de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un informe sobre las protestas que tuvieron lugar tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo de diciembre de 2022.
De acuerdo a dicho documento, las fuerzas del orden habrían hecho un “uso desproporcionado” de la fuerza para contener a los manifestantes, que incluso estaría “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”.
En ese sentido, la OACNUDH consideró que “hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”, aunque precisó que “algunas de estas violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas”.
No obstante, el documento saludó también ciertas iniciativas del gobierno, como la “creación de una comisión multisectorial de apoyo a las víctimas coordinada por el Ministerio de Justicia”, lo que representaría “un paso importante para adoptar e implementar medidas provisionales para brindar apoyo económico a las víctimas”.
Además, la OACNUDH señaló que “el gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y sus familias”.
Finalmente, el reporte verificó “208 casos de policías y militares heridos durante las protestas” y “74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país en el contexto de las manifestaciones”.
Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordaron solicitar a la Cancillería la salida del coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú, Igor Garafulic, quien también es el representante de dicha organización en el país. Al respecto, los integrantes del grupo de trabajo indicaron que, para ello, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán de realizar las acciones necesarias y declararlo persona no grata.
Por su parte, la parlamentaria María del Carmen Alva, quien es miembro de la comisión mencionada, se mostró a favor del retiro del funcionario de la ONU del país. En ese sentido, indicó que, según la Constitución Política, el Parlamento no solo puede indagar acerca de las instituciones del Estado, sino también promover destituciones.
A su vez, el congresista Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular, quien preside la comisión, consideró que el representante de la ONU debe de retirarse del país porque «ha demostrado intromisión en asuntos internos del Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la ONU«.
«Personajes de esta naturaleza no requerimos aquí que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas, para que vengan a violentar el respeto a la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional», añadió.
Cabe señalar que, en 2019, Igor Garafulic fue designado como coordinador residente de las Naciones Unidas por el secretario general de la ONU, António Guterres. Él asumió como el encargado de «liderar el Equipo País, conformado por los representantes de las agencias, fondos, programas y oficinas de la ONU en el Perú», según la información expuesta por esta organización en su página web.
Comunicado de la ONU sobre moción para remover a miembros de Junta Nacional de Justicia
El pedido de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de retirar al funcionario de la ONU se da luego de que el Sistema de Naciones Unidas en Perú emitiera un comunicado sobre la moción aprobada por el Parlamento, que busca investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y removerlos por «faltas graves».
Como se recuerda, las Naciones Unidas indicó que la JNJ «tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento a los jueves y fiscales de todos los niveles, así como quienes lideran los organismos electorales en el país».
El golpe que pretende dar el Congreso contra el sistema judicial y otras instituciones está en la mira de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el riesgo que esto representa para la democracia en nuestro país.
Ayer, durante su discurso de inauguración de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció sobre la investigación que realizará el Legislativo contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el objetivo de removerlos.
Alertó sobre el impacto que tendrá ese proceso sobre la independencia judicial y la separación de poderes. “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, manifestó.
Su pronunciamiento no cayó bien en los Pasos Perdidos del Parlamento. Horas después, en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, instaron al Gobierno de Dina Boluarte a que retiren al representante de la ONU en nuestro país por intromisión en asuntos internos.
“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulic, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país”, tuiteó Aguinaga.
Recordemos que en el 2018 la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, expulsó a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Fuerza Popular propone un escenario similar.
Esto ocurre a pocos días del viaje de la mandataria a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y un día antes de la visita a nuestro país del exsenador y asesor del presidente norteamericano Joe Biden, Christopher Dodd, para reunirse con funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo.
Contrarreformas
Los aliados del fujimorismo tampoco tomaron bien que el alto comisionado de derechos humanos se pronuncie contra la investigación acelerada contra los miembros de la JNJ. Un factor de esta reacción autoritaria del Legislativo, es que el comisionado Türk haya señalado ante el Consejo de Derechos Humanos que en el Congreso hay 13 proyectos de ley y cinco denuncias constitucionales que interfieren contra entidades autónomas.
De ese número de iniciativas de ley, 11 son para someter al sistema electoral, promovidas por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular (AP). La mayoría son para someter a antejuicio y juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
Al haberse cumplido un año del estado de excepción en El Salvador, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU llamó en un comunicado a que el gobierno de Nayib Bukele proteja la vida de las decenas de miles de detenidos.
“Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha asegurado este martes que las autoridades de El Salvador han tomado varias medidas que plantean “grave preocupación” durante el año que el estado de emergencia lleva vigente en el país centroamericano.
La portavoz de la Oficina señaló que “entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas” y “el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos, aseguró Marta Hurtado.
La vocera recordó que el estado de emergencia inicial, que fue decretado el 27 de marzo de 2002, ha sido renovado regularmente hasta cumplir un año y aún sigue vigente.
“Es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor, y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes”, agregó.
Hurtado recordó que, además, “los Estados tienen un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”.
La Procuraduría Nacional de Derechos Humanos de El Salvador ha recolectado hasta el momento 7900 quejas sobre violaciones de los derechos humanos contra los detenidos, informó la portavoz, que pidió a las autoridades del país que garantice que nadie sea arrestado sin la suficiente autorización legal y que asegure que los detenidos gocen de todas las garantías fundamentales exigidas por la legislación internacional de derechos humanos.
“También pedimos a las autoridades que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión”, dijo.
La Oficina de la ONU recordó a las autoridades la experiencia internacional que demuestra que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”, aunque, según analistas, es difícil que los duros pandilleros, se reinserten y no sigan en la vida delictiva, al recobrar la libertad.
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