Misión de la ONU afirma que fuerzas del orden hicieron un “uso desproporcionado” de la fuerza en protestas

La Misión en el Perú de de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un informe sobre las protestas que tuvieron lugar tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo de diciembre de 2022.

De acuerdo a dicho documento, las fuerzas del orden habrían hecho un “uso desproporcionado” de la fuerza para contener a los manifestantes, que incluso estaría “fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”.

En ese sentido, la OACNUDH consideró que “hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”, aunque precisó que “algunas de estas violaciones derivarían de asuntos estructurales relacionados con la respuesta de las autoridades a las protestas”.

No obstante, el documento saludó también ciertas iniciativas del gobierno, como la “creación de una comisión multisectorial de apoyo a las víctimas coordinada por el Ministerio de Justicia”, lo que representaría “un paso importante para adoptar e implementar medidas provisionales para brindar apoyo económico a las víctimas”.

Además, la OACNUDH señaló que “el gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y sus familias”.

Finalmente, el reporte verificó “208 casos de policías y militares heridos durante las protestas” y “74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país en el contexto de las manifestaciones”.

Congreso: piden a la Cancillería la salida del representante de la ONU en Perú

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordaron solicitar a la Cancillería la salida del coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en el Perú, Igor Garafulic, quien también es el representante de dicha organización en el país. Al respecto, los integrantes del grupo de trabajo indicaron que, para ello, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán de realizar las acciones necesarias y declararlo persona no grata.

Por su parte, la parlamentaria María del Carmen Alva, quien es miembro de la comisión mencionada, se mostró a favor del retiro del funcionario de la ONU del país. En ese sentido, indicó que, según la Constitución Política, el Parlamento no solo puede indagar acerca de las instituciones del Estado, sino también promover destituciones.

A su vez, el congresista Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular, quien preside la comisión, consideró que el representante de la ONU debe de retirarse del país porque «ha demostrado intromisión en asuntos internos del Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la ONU«.

«Personajes de esta naturaleza no requerimos aquí que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas, para que vengan a violentar el respeto a la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional», añadió.

Cabe señalar que, en 2019, Igor Garafulic fue designado como coordinador residente de las Naciones Unidas por el secretario general de la ONU, António Guterres. Él asumió como el encargado de «liderar el Equipo País, conformado por los representantes de las agencias, fondos, programas y oficinas de la ONU en el Perú», según la información expuesta por esta organización en su página web.

Comunicado de la ONU sobre moción para remover a miembros de Junta Nacional de Justicia

El pedido de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de retirar al funcionario de la ONU se da luego de que el Sistema de Naciones Unidas en Perú emitiera un comunicado sobre la moción aprobada por el Parlamento, que busca investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y removerlos por «faltas graves».

Como se recuerda, las Naciones Unidas indicó que la JNJ «tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento a los jueves y fiscales de todos los niveles, así como quienes lideran los organismos electorales en el país».

ONU: Investigación a la JNJ afecta independencia judicial

El golpe que pretende dar el Congreso contra el sistema judicial y otras instituciones está en la mira de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el riesgo que esto representa para la democracia en nuestro país.

Ayer, durante su discurso de inauguración de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció sobre la investigación que realizará el Legislativo contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el objetivo de removerlos.

Alertó sobre el impacto que tendrá ese proceso sobre la independencia judicial y la separación de poderes. “Le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes”, manifestó.

Su pronunciamiento no cayó bien en los Pasos Perdidos del Parlamento. Horas después, en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, instaron al Gobierno de Dina Boluarte a que retiren al representante de la ONU en nuestro país por intromisión en asuntos internos.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulic, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país”, tuiteó Aguinaga.

Recordemos que en el 2018 la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, expulsó a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Fuerza Popular propone un escenario similar.

Bajo ataque. Congreso busca remover a la JNJ bajo proceso sumarísimo. Foto: difusión

Esto ocurre a pocos días del viaje de la mandataria a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y un día antes de la visita a nuestro país del exsenador y asesor del presidente norteamericano Joe Biden, Christopher Dodd, para reunirse con funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo.

Contrarreformas

Los aliados del fujimorismo tampoco tomaron bien que el alto comisionado de derechos humanos se pronuncie contra la investigación acelerada contra los miembros de la JNJ. Un factor de esta reacción autoritaria del Legislativo, es que el comisionado Türk haya señalado ante el Consejo de Derechos Humanos que en el Congreso hay 13 proyectos de ley y cinco denuncias constitucionales que interfieren contra entidades autónomas.

De ese número de iniciativas de ley, 11 son para someter al sistema electoral, promovidas por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular (AP). La mayoría son para someter a antejuicio y juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

La ONU pide al el Salvador que respete los Derechos Humanos de los pandilleros detenidos

Al haberse cumplido un año del estado de excepción en El Salvador, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU llamó en un comunicado a que el gobierno de Nayib Bukele proteja la vida de las decenas de miles de detenidos.

“Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha asegurado este martes que las autoridades de El Salvador han tomado varias medidas que plantean “grave preocupación” durante el año que el estado de emergencia lleva vigente en el país centroamericano.

La portavoz de la Oficina señaló que “entiende los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas” y “el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos, aseguró Marta Hurtado.

La vocera recordó que el estado de emergencia inicial, que fue decretado el 27 de marzo de 2002, ha sido renovado regularmente hasta cumplir un año y aún sigue vigente.

“Es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor, y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes”, agregó.

Hurtado recordó que, además, “los Estados tienen un deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”.

La Procuraduría Nacional de Derechos Humanos de El Salvador ha recolectado hasta el momento 7900 quejas sobre violaciones de los derechos humanos contra los detenidos, informó la portavoz, que pidió a las autoridades del país que garantice que nadie sea arrestado sin la suficiente autorización legal y que asegure que los detenidos gocen de todas las garantías fundamentales exigidas por la legislación internacional de derechos humanos.

“También pedimos a las autoridades que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión”, dijo.

La Oficina de la ONU recordó a las autoridades la experiencia internacional que demuestra que “confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”, aunque, según analistas, es difícil que los duros pandilleros, se reinserten y no sigan en la vida delictiva, al recobrar la libertad.

Gobierno señala que brindará información a la ONU sobre acciones durante protestas

El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), anunció que brindarán la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país.

«El Estado Peruano tiene hasta 60 días para absolver estas consultas, las mismas que serán respondidas en el plazo establecido», se lee en el comunicado.

Asimismo, el gobierno señaló que el pedido de la ONU «no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta».

«Es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos«, mencionaron.

En esa línea, argumentaron que la comunicación conjunta de la ONU «se enmarca en el mandato» de los autores que suscriben el pedido y que «no son funcionarios de Naciones Unidas».

Además, precisaron que el gobierno -antes de ser notificado con el comunicado de la ONU- extendió una invitación a relatores de ejecuciones extrajudiciales y «al derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses».

Por otro lado, reiteraron que el gobierno brinda facilidades al desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público y lamentaron las pérdidas de vidas humanas durante las protestas ocurridas desde el mes de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia.

¿Qué decía el pedido?

En una carta enviada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad de Naciones Unidas solicitó hacer llegar la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las siguientes denuncias.

En el documento, alegan un uso excesivo de la fuerza que ha provocado “un elevado número de muertes ilícitas”, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones supuestamente arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.

Ya hay más de 8 000 millones de humanos y ONU advierte devastadoras consecuencias

Según datos de la ONU, el planeta Tierra alberga a más de 8 000 millones de personas, es decir, se trata de un incremento del 80% mayormente en países en desarrollo. Según dicha entidad, la principal causa son las escasas o insuficientes medidas en torno a la planificación familiar para mujeres, que a menudo no pueden decidir si quieren tener hijos y cuántos.

De acuerdo a los expertos, este incremento tendrá consecuencias devastadoras si no se satisfacen las necesidades básicas de todos los seres humanos y de los que vendrán. Por ello, la ONU ha planteado esta fecha como una “oportunidad” para poner en agenda el reto demográfico.

SISTEMAS SOSTENIBLES

De acuerdo al último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), los 46 países en vías de desarrollo son los que registran un crecimiento poblacional más acelerado en el mundo, por lo que se estima que su población se duplique entre 2022 y 2050, esto provocaría una presión adicional en el uso de recursos.

Para el asesor de economía y demografía en UNFPA, Michael Hermann, el aumento en el consumo requerirá una mayor producción y eso tendrá un enorme y dramático impacto medioambiental. Si bien algunos expertos como Luis Simoes, consultor de World Data Lab, aseguran que los consumidores aumentarán, por lo tanto, generará que más gente salga de la pobreza, no se está considerando el impacto medioambiental.

“Las industrias y Gobiernos tendrán que plantear sistemas que sean sostenibles”, opinó Hermann que considera que ese es el verdadero reto.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Para afrontar este reto no solo se trata de proponer inventos ecológicos, sino que debe estabilizarse el crecimiento poblacional. La esperanza de vida ha aumentado en nueve años más que en 1990, sin embargo, la otra cara es la desigualdad de género, que se traduce en nulas o pocas opciones para la elección por parte de las mujeres a la hora de decidir sobre la maternidad.

La presidenta del Population Institute, Mogelgaard, indicó que la mitad de los embarazos del mundo no son deseados, es decir, 121 millones de mujeres al año no querían ni planeaban tener hijos.

De acuerdo a la UNFPA, 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros por falta de acceso. Además, casi una cuarta parte de la población femenina en el mundo no tiene la opción de decir no a las relaciones sexuales, ante estas trabas, el 60% de embarazos no deseados acaban en abortos, de los que la mitad son inseguros.

Para la presidenta del Population Institute, la receta para contrarrestar el crecimiento acelerado y sin planificación de la población está en tener más educación, autonomía económica y servicios de salud sexual y reproductiva.