Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

El noticiero La Encerrona reveló este lunes los documentos y autores de los que Patricia Benavides habría copiado su tesis de grado titulado ‘El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas’. El equipo del programa identificó párrafos enteros y páginas completas tomadas sin atribución, lo que refuerza las sospechas de un plagio sistemático en el trabajo académico de la exfiscal de la Nación.

Según el reportaje, el texto de Benavides reproduce sin comillas ni referencias secciones idénticas de artículos jurídicos, tesis universitarias y publicaciones institucionales como . En algunos casos, incluso se copiaron errores tipográficos y estructuras de cita propias de los documentos originales.

El programa mostró, además, comparaciones en pantalla entre la tesis y las fuentes de las que habría sido extraída, confirmando coincidencias literales de varios párrafos consecutivos en su mayoría de blogs de estudios de abogados y páginas que por ser tan antiguas ya no registran entradas. “Son 30 páginas de copy paste”, comentó el conductor Marco Sifuentes durante la emisión.

La Encerrona ya había informado que el trabajo de Benavides presentaba un 86% de similitud con otras publicaciones. Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo de fiscal de la Nación tras una investigación por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, no ha respondido hasta el momento a las nuevas revelaciones.

Tesis de grado no ubicadas

Patricia Benavides Vargas sustentó y aprobó su tesis de maestría el 18 de julio de 2008 en la Universidad Alas Peruanas (UAP), institución que posteriormente obtuvo su licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en diciembre de 2019 debido al incumplimiento de condiciones básicas de calidad.

Más de un año después, Benavides obtuvo el grado de doctora en la misma universidad. Sin embargo, hasta la fecha, estos trabajos académicos no han sido publicados ni están disponibles en los repositorios digitales de la UAP.

La congresista Susel Paredes solicitó al Ministerio Público acceso a las tesis de posgrado de Benavides, argumentando que son fundamentales para su designación como titular del Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía negó la solicitud, indicando que la disposición de estos trabajos excede sus competencias. Además, la UAP informó que no contaba con las tesis en su repositorio digital.

Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, designó a Liz Patricia Benavides Vargas a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos Rivera, quien pasará a ocupar la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, según la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2433-2025-MP-FN que accedió La República.

Esta decisión se registra un día después de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera por mayoría no designar a Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según José Tello, especialista en procesos electorales, este cargo solo podía ser ocupado por un fiscal supremo provisional debido a un tema de quórum, ya que en abril de 2026, tanto Zoraida Ávalos como Pablo Sánchez Velarde alcanzarían la edad de jubilación.

Ahora con esta decisión, Zoraida Ávalos tendrá en sus manos el caso de Enma Benavides, quien fue acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos; mientras que Benavides tendrá a cargo la investigación contra Jerí por desobediencia tras no someterse a exámenes psicológicos.

En tanto, la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción pasó a estar a cargo de la abogada Elena Carolina Delgado tras una resolución emitida por El Peruano en edición extraordinaria. Este despacho registra 7 procesos contra Benavides, siendo algunos vinculados al caso ‘Los Cuellos Blanco del Puerto’. De igual manera, la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción -ahora liderada por Zoraida Ávalos- registra 5 investigaciones que vinculan directa e indirectamente a Patricia Benavides.

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¿Cuál fue el motivo para colocar a Patricia Benavides en el cargo de Zoraida Ávalos?

Teniendo en cuenta las investigaciones mencionadas en el documento fiscal, no era posible designar a Benavides como fiscal suprema titular de ninguno de los dos despachos que estaban libres, pues se evidenciaba un claro conflicto de intereses. La única vía disponible era cambiar de despacho a uno de los 4 miembros de la Junta de Fiscales Supremos y colocar ahí a Benavides.

De acuerdo con el documento, se indica que La Fiscalía priorizó «el objetivo de mejorar la persecución penal, prevenir el defender los derechos de los ciudadanos, con el fin de beneficiar a la sociedad. Esto se logra al agilizar el trabajo del Ministerio Público, especialmente en su función de actuar como responsable de llevar casos penales».

En este contexto, la resolución añadió que es importante que el fiscal intervenga para asegurar la rapidez en los procesos judiciales, tomando en cuenta la investigación del delito. «Debido a la situación específica del caso y las leyes vigentes, se decide designar a Liz Patricia Benavides Vargas en la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Para esto, primero se debe concluir la designación de Zoraida Ávalos Rivera, quien será trasladada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos».

Patricia Benavides investigará a José Jerí

Patricia Benavides investigará a José Jerí. La denuncia por desobediencia a la autoridad contra el presidente del Congreso, José Jerí, sigue en pie, a pesar de que la investigación por presunto abuso sexual en su contra fue archivada hace algunos días. «Son cuestiones distintas. La omisión que cometió se investigará de forma autónoma, nada influye que se haya archivado la investigación», explicó el abogado penal Joel Córdova.

Como informó este diario, Jerí fue acusado de no cumplir con una orden judicial que le exigía someterse a un tratamiento psicológico como medida preventiva. Esta denuncia estaba siendo investigada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien asumió el caso por disposición de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La paradoja es que Ávalos fue inhabilitada en 2023 por el Congreso, con el voto de Jerí, en un proceso que fue calificado como politizado por diversos sectores. Según declaraciones del exasesor de la fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, Jerí habría condicionado su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos a cambio de que se archive una investigación contra el exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, vinculado a su partido, Somos Perú.

Con las nuevas movidas y designaciones dentro del Ministerio Público, la investigación pasará a manos de la cuestionada Patricia Benavides.

Patricia Benavides se queda en la Fiscalía por acuerdo de Junta de Fiscales Supremos

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) dejó sola a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, y sus pretensiones por mantener alejada a Patricia Benavides del Ministerio Público y ayer le quitó el piso a la posibilidad de que esta última sea derivada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La sesión inició pasadas las 9:00 a.m. tras la llegada de Benavides a la sede ubicada en la avenida Abancay, donde un grupo de manifestantes a su favor y en contra se hicieron escuchar cuando la vieron arribar junto a su abogado Juan Peña.

En la reunión se dio por incorporada a Benavides Vargas a la JFS, con lo cual suman seis los miembros que integran esta instancia administrativa.

Tras ello fue Espinoza quien, según fuentes de Perú21, puso a votación si la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina se quedaba como representante de la Fiscalía en el JNE.

Dos argumentos fueron determinantes para que la mayoría de supremos rechazara esa posibilidad. El primero fue el artículo 180 de la Constitución que estipula que los integrantes del Pleno del órgano electoral son elegidos por cuatro años.

Maisch fue designada en ese puesto por la JFS en diciembre de 2023, por lo que su mandato aún concluirá en 2027.
El otro sustento fue que no se configuraban las razones que señala la ley orgánica del JNE para que uno de sus miembros sea reemplazado. El artículo 18 indica que las causales de vacancia son por renuncia, muerte, incapacidad física e impedimento sobreviniente.

Además, el artículo 16 de esa misma norma indica que el puesto es irrenunciable durante los procesos electorales, etapa en la que precisamente se encuentra el país de cara a los comicios de 2026.

Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Tomás Gálvez y Patricia Benavides defendieron esa postura. La votación quedó 5-1.

Luego de superar esa fase, la JFS pidió a su presidenta que designe un despacho a Benavides. En ese momento, la titular del Ministerio Público pidió un receso hasta el mediodía.

AÚN EN EL AIRE

Según las fuentes consultadas, al reanudarse la cita, Espinoza Valenzuela sostuvo que no decidiría aún a qué Fiscalía Suprema enviaría a su antecesora.

Si bien hay dos despachos disponibles que hoy están ocupados por fiscales supremos provisionales —la Primera y Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos—, la fiscal de la nación no quiere que Patricia Benavides asuma alguno de esos cargos.

Ambas fiscalías investigan extremos del caso Cuellos Blancos, proceso en el que Benavides fue vinculada por un presunto intercambio de favores con el abogado José Luis Castillo Alva y por llamadas telefónicas que realizó con el empresario Antonio Camayo.

Sin embargo, la máxima autoridad del Ministerio Público tiene la facultad de reacomodar el total de los despachos y cambiar a sus titulares si es necesario.

Las otras áreas son la Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo de Pablo Sánchez; la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que lidera Zoraida Ávalos; la Fiscalía Suprema de Familia, que dirige Tomás Gálvez; y la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la que se desempeña Juan Carlos Villena.

Juan Peña, abogado de Benavides, recordó ayer que interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso contra Espinoza por no acatar la restitución de su 
defendida.

“Nosotros como defensa lo que sosteníamos es que esta designación de despacho debió haberse dado ya hace días. Ella sigue incurriendo en delitos y en infracción constitucional; a la larga Delia Espinoza va a terminar inhabilitada o destituida, ya sea por el Congreso o por la Junta (Nacional de Justicia). La comisión del delito es completamente clara”, declaró a la prensa.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó el 12 de junio la reposición de la fiscal suprema tras anular su destitución. Desde esa fecha hubo movidas y decisiones legales, como la eventual suspensión de Benavides, que impidieron su regreso a la Fiscalía.

Este diario conoció que, en vista de que la fiscal suprema no tiene despacho para reasumir sus labores, su equipo legal ampliará contra Espinoza la denuncia presentada al Parlamento.

Esta historia que enfrenta a dos poderosas fiscales supremas aún tiene capítulos por escribirse.

Patricia Benavides será reincorporada como fiscal suprema al Ministerio Público

Patricia Benavides volverá como fiscal suprema al Ministerio Público, luego de que el Poder Judicial anuló su suspensión por 24 meses y en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que anuló su anterior destitución. Lo que ahora falta, de acuerdo con diferentes fuentes judiciales, es definir la fecha y hora para el reingreso de Benavides a la fiscalía y en qué despacho desempeñará sus funciones.

Para esto, deben cumplir tres condiciones. En principio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que precise los alcances jurídicos y constitucionales de su decisión. Luego, a través del Área de Presupuesto del Ministerio Público se debe definir si existen los fondos para pagar su sueldo y los gastos operativos o si ser será necesario realizar un requerimiento adicional al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por último, lo más complicado, es definir el despacho que ocupará. Hasta la fecha, ni Humberto Abanto, abogado de Benavides, ni la misma fiscal restituida saben en cuál de los siete despachos será reincorporada, teniendo en cuenta que los dos únicos disponibles -primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción- registran procesos en su contra. La otra posibilidad es que se convierta en la nueva representante de la fiscalía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La República conversó con el abogado Humberto Abanto, quien aseguró que aún no le han notificado el día ni lugar del retorno de su clienta. «Hubo un pedido de aclaración de la señora Espinoza. (…) Todo dependerá de lo que aclare la Junta Nacional de Justicia», sostuvo.

Delia Espinoza presenta nueva aclaración a la JNJ

El pasado primero de agosto, la fiscal de la Nación presentó un nuevo pedido de aclaración a la JNJ, mediante el oficio N.°270-2025-MP-FN, en el cual solicitó se aclare la interpretación del contenido de la resolución que ordena la restitución de Benavides como fiscal suprema, pues alega que contiene «inconsistencias e irregularidades».

Asimismo, aseguró que la solicitud no constituye un acto de desacato, sino que «se formula con la finalidad de evitar cualquier situación administrativa que pudiera derivar en error o en una ejecución indebida del acto emitido». En ese sentido, solo quedaría esperar la respuesta de la Junta para poder saber la designación del despacho y cómo resuelve el área de presupuesto del Ministerio Público para pagar el sueldo de Benavides.

Obstáculos para el retorno de Patricia Benavides

El Ministerio Público dispone de siete despachos, de los cuales cinco están ocupados por fiscales supremos: Delia Espinoza (fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos), Pablo Sánchez (Primera Fiscalía Suprema en lo Penal), Zoraida Ávalos (Segunda Suprema en lo Penal), Juan Carlos Villena (Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos) y Tomás Gálvez (Fiscalía Suprema de Familia).

Los dos despachos que quedan disponibles son la primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, pero ambas tienen procesos contra Benavides -caso Los Cuellos Blanco del Puerto y caso Enma Benavides, hermana de Patricia-, lo que impediría su designación por conflicto de intereses. En esa línea, la opción viable sería trasladar a uno de los fiscales de los otros despachos a un nuevo cargo, para poder ubicar allí a Benavides Vargas, o designarla como representante en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre esta última alternativa Delia Espinoza se pronunció.

«Hay una preocupación. ¿En qué ámbito? Actualmente, tenemos varias carpetas en trámite aún por esa presunta organización criminal que habría liderado la señora Benavides, pero ya hay seis denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso con elementos de convicción muy fuertes», indicó. Seguidamente, agregó que dicha preocupación deberá ser resuelta en la Fiscalía, donde se evaluará si colocar a Benavides en la JNE sería saludable para ambas instituciones.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Delia Espinoza anunció que se encuentra a la espera de que el área de presupuesto del Ministerio Público confirme si se cuenta con los recursos necesarios para «sustentar un eventual retorno de la señora Benavides».

Como se sabe, de acuerdo con la Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el Ministerio Público tiene asignado un presupuesto de S/2.921 millones. Sin embargo, Espinoza ha señalado que existe una brecha de S/12.484 millones, lo que indica una insuficiencia para cubrir todas las necesidades operativas de la institución, por lo que no se contaría con el presupuesto para pagar el sueldo de la investigada Patricia Benavides.

También, aclaró que si bien este año su gestión transformó las dos Fiscalías Supremas Transitorias Especializadas en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en Fiscalías Supremas Permanentes, esto no habría influenciado en el presupuesto aprobado por el Congreso y el Ejecutivo.

JNJ se pronuncia sobre pedido de aclaración de Delia Espinioza

La Junta Nacional de Justicia ratificó su posición a favor de la reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público. En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el organismo detalló que la sanción de suspensión de 60 días calendario aplicada a Benavides ya había sido cumplida conforme a lo dispuesto judicialmente. En el documento, la directora de procedimientos disciplinarios confirmó la conclusión de la sanción el 31 de julio, destacando que, por tanto, no existen razones legales para impedir su retorno al cargo de fiscal suprema.

Renuncia de la secretaria general de la JNJ confirmaría ilegalidad de la resolución que reponía a Patricia Benavides

La resolución con la que se intentó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación habría nacido viciada. Así lo sugiere la renuncia de la secretaria general de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Giovanna Díaz quien debía estar presente, de acuerdo con la ley, para certificar la legalidad del acta firmada durante la sesión del 9 de junio. Sin embargo, el documento fue firmado únicamente por los seis consejeros que participaron en dicha sesión reservada, que fue encabezada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos.

Díaz dejó constancia de que no fue convocada a dicha sesión, por lo que el acta no contó con su firma ni con la “convocatoria” previa, una notificación formal indispensable para garantizar la validez de las decisiones institucionales. En su lugar, por lo que se conoce, los consejeros firmaron el acta días después, cuando ya se había desatado el escándalo por la reposición de Benavides.

A esto se suma que la sesión fue calificada como extraordinaria. Sin embargo, para declarar una nulidad de oficio, como se hizo con el procedimiento disciplinario de Benavides, el reglamento exige que la decisión sea adoptada en una sesión ordinaria. Como ya lo había informado La República, este punto constituye una nueva evidencia de que la decisión carecería de legalidad.

El acta aparece registrada como sesión “061‑01” y lleva fecha del 9 de junio. Sin embargo, fuentes cercanas a la JNJ afirman que este número se asignó días después de esa fecha. La numeración normal es 061, 062, 063, etc. Cuando estalló el escándalo de la reposición de Benavides y se solicitó el acta de votación es que recién se habría preparado ese documento.

Esto se habría hecho el lunes 16 de julio, después del descanso del fin de semana. Para entonces, ya habían otras actas numeradas correlativamente, con fecha posterior. De acuerdo con información recogida por La República, en principio se planificó sacar acta con la numeración 61-A, pero finalmente quedó en 61-1.

Secretaría ausente, acta sin validez

De acuerdo con el reglamento interno de la JNJ, toda sesión que implique resoluciones debe contar con la presencia y firma de la secretaria general. Ella es la única funcionaria autorizada para certificar la validez de las actas. Su ausencia en una decisión de este calibre deja sin sustento jurídico el documento que restituye a Patricia Benavides.

La secretaria Giovanna Díaz renunció a su cargo el 16 de junio, fecha en la que la intentaron presionar para que dé validez legal al acta de una sesión en la que no había intervenido. En su carta de dimisión dejó constancia de que no fue convocada ni informada con la debida anticipación. Esta omisión es una falta grave. No es un detalle menor, pues se trata de un paso obligatorio en toda votación de este tipo.

La exclusión de Díaz no fue la única irregularidad. La ausencia de la firma de Francisco Távara, miembro de la JNJ, también evidencia la ilegalidad de dicho documento. Según señaló un consejo, cuya identidad se mantiene en reserva, el pasado 24 de junio, recibió documentos sobre Benavides en un ascensor, sin firma ni sello. Su revelación, publicada por La República, refuerza la tesis de que la decisión fue forzada y manipulada desde dentro.

Acta se firmó después del escándalo

Aunque el acta está fechada el 9 de junio, todo indica que fue elaborada y firmada después de que estalló la crisis pública por la reposición de Patricia Benavides. Solo tras el escándalo, los consejeros habrían iniciado la recolección de firmas para dotar de formalidad retroactiva a una decisión que ya estaba tomada. El acta firmada con fecha posterior no da detalles del debate y discusión que caracteriza estas sesiones. Solo se indica los participantes y los acuerdos tomados.

Este procedimiento irregular también se evidencia en la numeración. La sesión del 10 de junio figura con el número 061‑01, lo que implica que ya debía existir una sesión anterior con numeración 061 y otra 062. Fuentes al interior de la JNJ revelan que ese número fue “creado” para justificar el acta de la reunión que restituyó a Benavides.

Además de la ausencia de la secretaria y el mal uso de la categoría de sesión extraordinaria, este desfase en la elaboración y firma del acta podría comprometer a los miembros firmantes. La nulidad de oficio, adoptada en condiciones irregulares, termina siendo un argumento más para cuestionar no solo el fondo de la decisión, sino también su forma.

PJ admite a trámite el habeas corpus de Patricia Benavides para apartar a la fiscal de la Nación de las investigaciones en su contra

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de habeas corpus que presentó Patricia Benavides en contra de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que se aparte de las investigaciones en su contra y de las denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso.

Benavides Vargas, a través de su abogado Juan Peña, solicitó a la Corte Superior de Justicia de Lima declarar nulas las actuaciones fiscales y judiciales, así como los requerimientos en su contra desde el 13 de junio de 2025 hasta la fecha que se resuelva el habeas corpus.

En el recurso, la defensa legal alega una supuesta vulneración del debido proceso y falta de objetividad, en su “manifestación al principio de objetividad”, al señalar que Espinoza Valenzuela carece de “necesaria objetividad” para conducir las pesquisas.

Entre sus argumentos, el abogado Juan Peña señaló que, el 17 de septiembre de 2024, Delia Espinoza inició diligencias preliminares contra Benavides Vargas por el presunto delito de falsedad ideológica, en relación con la obtención de sus títulos de maestría y doctorado para postular al cargo de fiscal suprema en 2021.

RPP tuvo acceso a la demanda de habeas corpus.
RPP tuvo acceso a la demanda de habeas corpus.Fuente: RPP

Además, la defensa indicó que Espinoza Valenzuela participó también en la citada convocatoria y, por lo tanto, sería una “presunta parte afectada” por los hechos que investiga.

“Aun teniendo la calidad de parte afectada también asume la conducción del proceso penal, lo cual acarrearía un supuesto ilógico, ya que si se le solicita una declaración para el esclarecimiento de los hechos no podrá declarar de forma contraria a su teoría fiscal”, precisó.

Poder Judicial dispuso la suspensión de Patricia Benavides

Cabe precisar que la exfiscal de la Nación, quien había sido repuesta en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presentó este recurso después de que el juez Segismundo León declarara fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía de la Nación y ordenara su suspensión preventiva por un plazo de 24 meses, en el marco de la investigación que se le sigue por supuestamente haber interferido en las pesquisas del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Asimismo, la defensa legal de Benavides Vargas presentó una apelación para revertir el fallo del citado magistrado.