El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió este martes un procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz de la investigación que tiene por parte del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional.
Según la institución, la resolución de apertura del citado procedimiento ya fue notificada a la titular del Ministerio Público, quien no se ha pronunciado al respecto.
La Junta Nacional de Justicia informó que el procedimiento disciplinario inmediato es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando.
Benavides denuncia a Dina Boluarte
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció ayer que e presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el premier Luis Alberto Otárola por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otras víctimas de las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado.
La titular del Ministerio Público dio este único mensaje desde que se conoció la investigación en su contra por ser parte de una organización criminal en la Fiscalía. Ella aseveró que no teme a las «represalias» y «ataques premeditados» que recibe.
«Me dirijo a ustedes para informarles que esta madrugada el Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder», señaló.
El congresista de Jorge Montoya (Renovación Popular) emitió declaraciones respecto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, por muertes en protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.
“La denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación a la presidenta y algunos ministros creo que es inadecuada por varios motivos. El primero, es mi manera de pensar, cuando un mandatario de un país quiere controlar un desborde popular como el que tuvimos con una violencia exagerada tiene que usar lo que tiene su alcance para hacerlo y lo hicieron, trajeron la tranquilidad y eso no puede ser juzgado ni acusado de nada porque no se ha cometido ninguna infracción”, mencionó en declaraciones a la prensa.
Además, afirmó que la denuncia presentada por la fiscal es una táctica utilizada para distraer la atención de la investigación en su contra.
“Es una mala idea de desviar la atención de esa manera. Se está generando un problema diferente para que la pelota venga al Congreso y pueda hacer el desaforo correspondiente, pero esas cosas no van a suceder creo porque la presidenta ha declinado a su inmunidad así que ha liberado al Congreso de esa responsabilidad”, indicó.
Asimismo, el congresista sugiere que hay grupos o instituciones que están sacando partido de la situación para obtener beneficios a su favor, mencionando específicamente a la Junta Nacional de Justicia.
La ejecución de la denominada operación Valkiria V, la cual tuvo lugar durante la madrugada de este lunes 27, abrirá un nuevo capítulo —el cual deberá ser aclarado— en el Congreso de la República. En el marco de la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal desde la cúpula del Ministerio Público, para perseguir e inhabilitar a sus opositores, salió información sobre congresistas a los que se les habría prometido el archivamiento de las investigaciones en su contra a cambio de votos dentro del Pleno.
Los chats de coordinaciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la fiscal de la Nación, contra quien se dictó una detención preliminar en el marco de la investigación, fueron claves para llegar a los congresistas que habrían recibido el ofrecimiento para dirigir su voto a cambio de ser ayudados con las investigaciones que tienen pendientes a nivel de la fiscalías.
¿Para qué caso se buscó el apoyo de los congresistas?
A fines de junio de este año, el Pleno —con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones— aprobó la Resolución Legislativa 5432, que proponía la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública contra Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de exfiscal de la Nación, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú. Se le tribuyó un supuesto abandono de funciones por abrir investigación al expresidente Pedro Castillo y luego suspenderla.
Respecto a este caso en particular, Jaime Villanueva —quien se presentaba como el único autorizado a hablar en nombre de Patricia Benavides— evidenció un fuerte interés desde el Ministerio Público para inhabilitar a Zoraida Ávalos. En los chats comenta sobre su búsqueda de votos para pasar los 66 mínimos que necesitaban: “Hablamos con (Luis) Aragón, (Edwin) Martínez e Ilich (López). (…) He hablado con algunos y he conseguido a Somos (Perú), Cordero (Jon Tay) y los 4 ‘niños’ (Acción Popular). (César) Revilla me coordinó esas reuniones. ‘Patty’ Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”.
Chats de Jaime Villanueva. Foto: documento fiscal
¿Quiénes son los congresistas involucrados en la red criminal de Patricia Benavides?
De acuerdo a la información que maneja la Fiscalía, los congresistas fueron segmentados en 3 grupos de acuerdo a los procesos investigatorios que los parlamentarios tienen en trámite en el despacho de la Fiscalía de la Nación. En el grupo denominado como Niños 1 aparecen Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López. Ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
En el grupo de los Niños 2 se encuentran Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Américo Gonza. Ellos tienen una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En cuando a los Niños 3, este grupo es integrado por María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortex, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes. Todos ellos fueron denunciados por la ciudadana Liz Laberian Valencia por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, presuntamente por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, el 18 de noviembre del 2021.
Estimado de votos del MP para inhabilitación de Zoraida Ávalos. Foto: documento fiscal
En los chats de Jaime Villanueva se aprecia que en el Ministerio Público hicieron un estimado sobre qué congresistas apoyarían con sus votos y podrían ser “apoyados” con el archivamiento de sus casos. Finalmente, la carpeta 283-2022 fue archivada y con ello alrededor de 40 parlamentario se vieron beneficiados.
De acuerdo con la tesis fiscal, Patricia Benavides está siendo investigada por haber influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitación de Zoraida Ávalos por el Congreso de la República. Este operativo también apunta a Jaime Javier Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación, quien tiene una orden de detención preliminar por 10 días.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es sindicada de liderar una red criminal junto a Abel Hurtado Espinoza, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girado Isidro, asesores que la acompañan en su gestión. De acuerdo a la investigación que realiza el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, como parte de la quinta etapa de la operación ‘Valkiria’, la titular del Ministerio Público confabuló con los congresistas para promover la remoción de Zoraida Ávalos. Horas más tarde, la presidenta Dina Boluarte respaldó la investigación contra Patricia Benavides, mientras que la investigada minimizó las indagaciones en su contra y anunció que presentó una denuncia constitucional contra la jefa de Estado. En tanto, fiscales supremos exigen la salida de la fiscal de la Nación. A continuación todos los detalles.
El escándalo desatado entorno al allanamiento de las propiedades de tres asesores de la Fiscal de la Nación por pertenecer a una presunta organización criminal que encabezaría la mismísima Patricia Benavides, terminó por determinar que el Perú está sometido a la corrupción y por lo tanto vivimos bajo el manto de la desgracia, desgracia de la cual seguiremos dependiendo de una egeda que nos envuelve por tiempo indefinido.
El serio problema que nos agobia, no solo es la delincuencia, también la corrupción que ahora comprobamos esta enquistada en el mismísimo poder, porque nadie se puede explicar cómo es posible que en esa lucha interna de poderes los agentes se muevan entorno a la cúpula del Ministerio Público, incluyendo a la propia Fiscal de la Nación, comprando votos para satisfacer i intereses mezquinos, conduciendo procesos a la medida de sus intereses, presionando a algunos y postergando a otros, según conveniencia. Sin embargo, la gente de Patricia Benavides no es la única, también están quienes impulsan las denuncias de uno y otro lado, eso explica la salida de Marita Barreto o del Fiscal Vega. Ahora, como es de suponerse, algunos misiles vienen del propio Ejecutivo, razón por lo cual la Fiscal de la Nación ya denunció a la Presidenta Dina Boluarte ante el Congreso a través de una acusación constitucional.
La Fiscal de la Nación esta siendo presionada por sus propios Fiscales Supremos para que renuncie al cargo. Entretanto En el Congreso no saben qué hacer, porque si vacan a la Presidenta, las Elecciones se adelantarían y dejarían sin efecto el tema de reinstalar la bicameralidad En el Parlamento así como las pretensiones de que los Congresistas sigan prendidos de la teta del Estado, cuando apenas tienen el ocho por ciento de aprobación. Claro está que el argumento para intervenir a Fiscales esta justificada por cuanto nadie entiende cómo es que no se procede a avanzar con los procesos en contra de Keiko, del ex Ministro de Transporte, de la Sada Goray, de Los Niños y otro políticos, no obstante fácilmente se puede entender de que se trata de una encarnizada lucha de poderes donde los que pierden siempre son los pobladores.
Decimos que estamos en desgracia porque son los tres Poderes del Estado los que se enfrentan y en los tres se nota que prevalece la corrupción, por esa razón es que a veces se nota cómo es que se influye desde las altas esferas, es de donde se disemina la corrupción, policías corruptos, Fiscales y Jueces de la misma catadura, Ministros y Funcionarios que no hacen absolutamente nada por la sencilla razón de que el cáncer ya hizo mella y que todo lo que tocamos se está pudriendo. Cuidado, porque toda esta situación podría estar abonando para una dictadura que podríamos pensar que esta lejana, pero que con todo lo que pasa, se convertiría en una triste realidad en contra de la democracia.
Dina Boluarte emitirá un pronunciamiento este lunes 27 de noviembre por la tarde, luego de la denuncia constitucional que le interpuso la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas en manifestaciones contra su gestión. Más temprano, en un día cargado, la mandataria había pedido que se acabe con todo indicio de corrupción, y que su gobierno trabaja para ello.
La mandataria pide que se continúe con las investigaciones en torno a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, caiga quien caiga. “Somos enemigos de la corrupción y la impunidad venga de donde venga”, afirmó.
Sobre la denuncia constitucional en su contra señaló que “causa extrañeza”, porque se dio después de conocerse los presuntos actos de corrupción en contra de la propia fiscal. “Causa extrañeza la denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación cuando el país ha visto las graves denuncias contra la Fiscal justo esta mañana. Es sospechoso y grave que la denuncia se haga luego de que los dos fiscales supremos hayan pedido la renuncia de la Fiscal por tan graves hechos”, afirmó.
“Convoco a las autoridades políticas, jurisdiccionales, al Congreso, a la sociedad civil, a defender el estado de derecho y los derechos fundamentales”, indicó.
Más temprano, en un pronunciamiento oficial, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta, sindicada como presunta autora de la comisión por omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado durante las protestas en contra de su gobierno. También está comprendido el entonces ministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola.
Benavides resaltó que su decisión se basa en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Aseguró que continuará en su puesto defendiendo la autonomía del Ministerio Público frente a lo que considera una intromisión indebida del Ejecutivo. La titular de la fiscalía reiteró su compromiso con la justicia y la legalidad en el país, en medio de una serie de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y otros órganos del Estado peruano.
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