Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, recibe 4.000 soles mensuales del Estado por un contrato administrativo en la municipalidad de Chosica. Sin embargo, según un reportaje de Cuarto Poder, ha sido captada dedicando su horario laboral a actividades políticas en apoyo a su hermano, actualmente recluido en Barbadillo.

Las grabaciones muestran que Irma Castillo no permanece en su oficina asignada. En cambio, participa en marchas, declara ante simpatizantes y realiza coordinaciones políticas. Todo ello mientras debería cumplir funciones en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del municipio.

Documentos obtenidos por el dominical revelan que la hermana de Pedro Castillo obtuvo órdenes de servicio pese a no tener experiencia previa en el Estado. Su inscripción como proveedora fue reciente y coincidió con su rápida selección para un puesto de 4.000 soles mensuales.

El caso abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos, los criterios de contratación en la municipalidad de Chosica y la vinculación política del alcalde Oswaldo Vargas, militante de Juntos por el Perú, el mismo partido que respalda activamente al exmandatario.

Registro de ausencias y movilizaciones políticas de la hermana de Pedro Castillo

Las cámaras del dominical registraron que Irma Castillo asistió en al menos tres fechas distintas a movilizaciones en favor de Pedro Castillo, siempre durante horario de oficina. En las imágenes aparece marchando, ofreciendo declaraciones y coordinando con simpatizantes. También fue vista comprando en una farmacia luego de pasar horas en los exteriores del penal.

Cuando el equipo periodístico buscó a la funcionaria en su centro de labores, sus compañeros aseguraron que estaba “en campo”. Sin embargo, en el punto señalado tampoco la conocían. Esa ausencia reiterada evidencia que sus actividades no guardan relación con las tareas administrativas por las que fue contratada.

En las protestas también se identificó a otros personajes vinculados a la municipalidad de Chosica, como Analí Márquez Huanca, candidata de Juntos por el Perú y beneficiaria de órdenes de servicio del municipio. Estas conexiones refuerzan las sospechas sobre el uso de plazas públicas para favorecer intereses partidarios.

El expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo, reapareció en el Pleno del Congreso en medio de un pedido de inhabilitación por 10 años de la función pública por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese sentido, el exmandatario hizo uso de su derecho a la defensa junto con su abogado en el Hemiciclo y arremetió contra el Parlamento tras haber sido sentenciado.

«Ustedes el día de hoy van a defender una aberración y una barbaridad jurídica, señores congresistas. Estoy seguro de que a la hora que pidan el voto, los que marcan el botón verde, son aquellos que sí o sí, producto de una elección, no querían que un hijo del pueblo, que nosotros, los desoídos, los don nadie, los del Perú profundo, lleguen a Palacio de Gobierno», expresó.

En esa misma línea, Castillo le recordó al Congreso que en 2021 ganó las elecciones y que los parlamentarios acudieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reclamar sobre un supuesto fraude. Sin embargo, narró el expresidente, la OEA «les dijo que respeten la voluntad popular».

«Y ahora, luego de este juicio de tres años de encierro, me doy cuenta de que ustedes hicieron una trinchera para sacarme de Palacio. Algunos decían muerte a Castillo», dijo.

«Dan ustedes a demostrar que tampoco se pusieron de acuerdo. En la acusación constitucional se habla de que el poder emana del pueblo. Si el pueblo me dio el poder, ustedes me la quitaron; el pueblo me dio el poder y ustedes me lo usurparon», resaltó.

Pedro Castillo al Congreso: «Se han convertido en instrumentos del poder»

En su misma intervención, Castillo acusó a los miembros del Congreso de «haberse convertido en instrumentos de poder para mantener sumergidos a las grandes mayorías del Perú». Asimismo, rememoró que, durante su gobierno, presentó más de 64 proyectos de ley para expulsar a extranjeros del país, ingreso libre de jóvenes a las universidades y que le negaron salir del país mientras era presidente.

«Creemos que todo lo que se ha venido haciendo no es más que una conspiración que ustedes la ejercieron. El día 7 de diciembre, solo hice una lectura trasladando el clamor del pueblo peruano a través de un discurso», mencionó.

El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como la inhibición de tres magistrados a quienes acusa de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.

«La inhibición de oficio de los magistrados José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez por vulneración, parcialidad manifiesta y adelanto de opinión (…) la suspensión inmediata del dictado de sentencia», se lee.

El exmandatario reclama la suspensión inmediata de la lectura de sentencia al argumentar que el proceso tiene vicios graves que comprometen la independencia judicial y las garantías del debido proceso. Entre sus pedidos está la incorporación del registro audiovisual de una audiencia que, según sostiene el ex jefe de Estado, evidenciaría irregularidades en el trámite.

Castillo solicita que las supuestas vulneraciones queden registradas formalmente para, de ser necesario, llevar su caso ante instancias internacionales de derechos humanos. Sostiene que actúa en ejercicio de su defensa material y que las decisiones cuestionadas afectan la validez de todo el proceso penal seguido en su contra.

Fiscalía pide 34 años de prisión contra el expresidente

En este proceso, la Fiscalía ha requerido 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 años para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, al atribuirles el presunto delito de rebelión. No obstante, los magistrados también podrían optar por emitir una sentencia por conspiración, lo que reduciría las penas a 19 años y 30 días en el caso de Castillo, y a 11 años, 5 meses y 15 días para Chávez y Torres.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado que los tres exfuncionarios sean inhabilitados por tres años y medio y que asuman una reparación civil superior a los S/ 64 millones.

El Poder Judicial leerá este jueves, 27 de noviembre, la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo José Neyra Flores e integrada por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, ha programado la lectura del fallo para las 9:00 a.m.

Durante la audiencia, que se espera sea extensa debido a la complejidad del caso, se determinará si el exmandatario es culpable de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Fiscalía pide 34 años de prisión

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una pena de 34 años de prisión -rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años)- para Castillo Terrones.

La tesis fiscal sostiene que el expresidente planificó y ejecutó la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia, tal como lo anunció en su mensaje a la Nación, con el objetivo de instaurar un gobierno de excepción.

Uno de los elementos típicos para consumar el delito de rebelión es el alzamiento en armas, cuyo antecedente más significativo se remonta a la condena contra Antauro Humala por el ‘caso Andahuaylazo’.

Por tanto, la sala deberá definir si un acto de habla es suficiente para configurar el elemento típico de alzamiento en armas. 

No obstante, amparada en el inciso 2 del artículo 387 del Código Procesal Penal, la Fiscalía solicitó, alternativamente, variar el tipo penal por conspiración para rebelión, delito por el que pide 19 años y 30 días, y agrega abuso de autoridad (10 meses y 15 días) y grave perturbación (6 años y 9 meses), por lo que la prognosis de la pena quedaría en 19 años y 30 días.

Betssy Chávez y Aníbal Torres

El fallo de hoy también decidirá la suerte de los exministros de Estado incluidos en la tesis fiscal sobre los hechos en el fallido intento de golpe de Estado.

Para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión. En el caso del exjefe del Gabinete y exasesor Aníbal Torres Vásquez la pena solicitada es de 15 años.

Asimismo, la sala se pronunciará sobre la responsabilidad del exministro Willy Huerta (Interior) y el general PNP Manuel Lozada. En el caso de Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, la sala declarón fundada una excepción de improcedencia de acción y fue excluido del juicio.

El exmandatario seguirá la lectura de sentencia de manera virtual desde el penal de Barbadillo, donde cumple una orden de prisión preventiva.

El abogado Carlos Torres Caro fue retirado la mañana de este martes del hemiciclo del Parlamento, cuando hizo una comparación entre el programa de Youtube ‘Hablando huevadas’ y lo que se discute en el Congreso de la República.

Fue durante su intervención como defensa del expresidente Pedro Castillo ante la Comisión Permanente, que trató el informe final sobre las denuncias constitucionales por las que se busca inhabilitarlo. Entonces, el abogado cuestionó que el tratamiento a su patrocinado y criticó la labor de los legisladores.

“Quiero hacer referencia que hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes, que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y saben cómo lo han llenado? hablando las mismas huevadas que ustedes”, indicó antes de que le apagaran el micrófono.

Reacción desde la Mesa Directiva

De inmediato Torres Caro fue interrumpido por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, quien estaba conduciendo la sesión y le invitó a retirarse del hemiciclo, pues consideró una falta de respeto su intervención.

“Señor abogado retírese usted, se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. Se retira señor, no le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento, se retira”, señaló.

“Colegas congresistas, para precisar que el señor abogado ha salido caminando por su propia voluntad después del agravio que ha cometido con el Parlamento”, añadió López.

Luego de ello, la Comisión Permanente continuó con el debate y finalmente aprobó por mayoría el informe que inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo, a raíz del intento de golpe de Estado de 2022.

En tanto, desde el Legislativo indicaron que Torres Caro fue retirado del hemiciclo por los “constantes agravios al Parlamento Nacional”. Asimismo, indicaron que darán cuenta al Colegio de Abogados “para que tome las acciones pertinentes”.