La Primera Sala Constitucional rechazó incluir al expresidente Pedro Castillo en el proceso de demanda de amparo presentado por su homóloga Dina Boluarte contra el Congreso, con el objetivo de anular la vacancia presidencial aprobada el 10 de octubre por incapacidad moral permanente.
De acuerdo con el órgano jurisdiccional, la petición que presentó la defensa legal de Castillo fue declarada improcedente. El abogado del exmandatario solicitó participar del proceso judicial como «litisconsortes facultativos» debido a que cuenta con interés en el resultado del caso.
Según la resolución judicial informada por RPP, el exjefe supremo recordó que, en diciembre del 2022, fue vacado por 101 votos y no con 104, como estipula la ley. Asimismo, rememoró que Castillo no contó con una defensa antes de que se declarara su vacancia.
No obstante, el colegiado mencionó que, luego de revisar la documentación presentada, la demanda solo le compete a Boluarte y el Parlamento. Por ello, «no se aprecia que la parte recurrente haya tenido participación alguna en dicho procedimiento».
Es más, los magistrados afirmaron que Castillo no tiene interés legítimo en el resultado del procedimiento judicial de acción de amparo, y que esto no resultaría perjudicial para sus derechos directa o indirectamente. Por tal razón, se desestimó.
La nómina se cerró al filo de la medianoche de este martes en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Perú21 confirmó que la lista de Juntos por el Perú fue inscrita al cierre de la medianoche, y entre los invitados a la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral aparecen Yenifer Paredes y Cledin Vásquez, cuñada y sobrino del expresidente Pedro Castillo, junto a su hermana Irma Castillo.
Cledin Vásquez Castillo.César Tito y Pedro Castillo.Irma Castillo Terrones.Yenifer Paredes.
Los cuatro fueron incorporados como invitados del partido, en una movida que fue adelantada por Perú21 en agosto último, en el informe titulado: ‘Las movidas para armar la bancada de Pedro Castillo».
Imagen
Imagen
Lista de invitados a la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú.
El cuadro se completa con César Tito Rojas, dirigente de la Fenate Perú en Puno, señalado como cercano al profesor chotano y con vinculación en el pasado al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.
En mayo de 2018, viajó con Pedro Castillo y Edgar Tello a un evento del Movadef en Bolivia, organizado por el cabecilla de esa organización en ese país, Álex Chamán.
Estas candidaturas responden a un acuerdo político entre Juntos por el Perú y el partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, una coalición que empieza a consolidarse con miras a las elecciones del próximo año.
La bancada castillista
En agosto último, Perú21 publicó un informe en el que dio cuenta de que Todo con el Pueblo (TCP) y Juntos por el Perú (JP) habían cerrado un acuerdo político para que el profesor chotano, Pedro Castillo, pudiera postular al Senado, mientras algunos de sus familiares, militantes de su partido, lo hicieran como invitados a la Cámara de Diputados en la lista de JP.
Ello debido a que TCP no puede participar en las elecciones generales de 2026, al haberse inscrito como partido político después del 12 de abril, fecha límite establecida para competir en los comicios de abril del próximo año.
Entre los nombres que entonces se barajaban figuraban Irma Castillo Terrones, hermana de Pedro Castillo y secretaria nacional de la Mujer en TCP, así como su sobrino Cledin Vásquez Castillo, hijo de Adelinda Castillo —otra de sus hermanas—, quien ocupa el cargo de secretario nacional de Relaciones Internacionales del partido y es hermano de Fray Vásquez.
Según la lista de JP, Cledin Vásquez postula a diputado por el Callao, Irma Castillo por Lima y César Tito por Puno.
Como se recuerda, Fray Vásquez es investigado por la Fiscalía en el caso Puente Tarata y está vinculado al denominado caso Gabinete en la Sombra.
Este medio informó además que la nómina se completaría con otro sobrino: Gian Marco Castillo, hijo de su hermano mayor, José Mercedes Castillo, quien no milita en ningún partido político.
Gian Marco Castillo es un personaje clave en el caso Sarratea, señalado como presunto coordinador del círculo informal que operaba desde la vivienda de Breña para mover nombramientos y direccionar contratos estatales durante el gobierno de Castillo.
En abril de este año, Perú21 reveló que Gian Marco —sin militancia en TCP ni en JP— fue contratado como coordinador en el despacho del congresista Roberto Sánchez.
Sin embargo, en la lista de invitados que Juntos por el Perú presentó al filo de la medianoche de este martes, no figura Gian Marco Castillo.
En nuestro informe de agosto tampoco evaluamos la postulación de Yenifer Paredes, la hermana de la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, asilada en México tras el golpe de Estado.
No obstante, en la lista de invitados de JP sí aparece como candidata a diputada por Cajamarca.
Pedro Castillo, por su parte, tampoco pudo ser inscrito como candidato, debido a que fue sentenciado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y además se encuentra inhabilitado por dos años para ejercer función pública.
Este medio también dio cuenta de que Gian Marco Castillo fue captado en noviembre, junto al secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zúñiga, quien labora como técnico en el despacho del presidente del partido y congresista Roberto Sánchez —candidato presidencial de JP—, como parte de la portátil de apoyo al exmandatario en pleno horario laboral, según imágenes difundidas por Cuarto Poder.
Por estos hechos, Sánchez, Castillo y Zúñiga afrontan una investigación en el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1.
Mientras tanto, las listas inscritas serán evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo plazo límite para admitir candidaturas vence el 13 de febrero.
Luego vendrá la siguiente fase del proceso electoral, una que suele redefinir el tablero político: las tachas.
Por ahora, el telón recién se levanta. La historia electoral apenas comienza.
Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, recibe 4.000 soles mensuales del Estado por un contrato administrativo en la municipalidad de Chosica. Sin embargo, según un reportaje de Cuarto Poder, ha sido captada dedicando su horario laboral a actividades políticas en apoyo a su hermano, actualmente recluido en Barbadillo.
Las grabaciones muestran que Irma Castillo no permanece en su oficina asignada. En cambio, participa en marchas, declara ante simpatizantes y realiza coordinaciones políticas. Todo ello mientras debería cumplir funciones en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del municipio.
Documentos obtenidos por el dominical revelan que la hermana de Pedro Castillo obtuvo órdenes de servicio pese a no tener experiencia previa en el Estado. Su inscripción como proveedora fue reciente y coincidió con su rápida selección para un puesto de 4.000 soles mensuales.
El caso abre interrogantes sobre el uso de recursos públicos, los criterios de contratación en la municipalidad de Chosica y la vinculación política del alcalde Oswaldo Vargas, militante de Juntos por el Perú, el mismo partido que respalda activamente al exmandatario.
Registro de ausencias y movilizaciones políticas de la hermana de Pedro Castillo
Las cámaras del dominical registraron que Irma Castillo asistió en al menos tres fechas distintas a movilizaciones en favor de Pedro Castillo, siempre durante horario de oficina. En las imágenes aparece marchando, ofreciendo declaraciones y coordinando con simpatizantes. También fue vista comprando en una farmacia luego de pasar horas en los exteriores del penal.
Cuando el equipo periodístico buscó a la funcionaria en su centro de labores, sus compañeros aseguraron que estaba “en campo”. Sin embargo, en el punto señalado tampoco la conocían. Esa ausencia reiterada evidencia que sus actividades no guardan relación con las tareas administrativas por las que fue contratada.
En las protestas también se identificó a otros personajes vinculados a la municipalidad de Chosica, como Analí Márquez Huanca, candidata de Juntos por el Perú y beneficiaria de órdenes de servicio del municipio. Estas conexiones refuerzan las sospechas sobre el uso de plazas públicas para favorecer intereses partidarios.
El expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo, reapareció en el Pleno del Congreso en medio de un pedido de inhabilitación por 10 años de la función pública por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese sentido, el exmandatario hizo uso de su derecho a la defensa junto con su abogado en el Hemiciclo y arremetió contra el Parlamento tras haber sido sentenciado.
«Ustedes el día de hoy van a defender una aberración y una barbaridad jurídica, señores congresistas. Estoy seguro de que a la hora que pidan el voto, los que marcan el botón verde, son aquellos que sí o sí, producto de una elección, no querían que un hijo del pueblo, que nosotros, los desoídos, los don nadie, los del Perú profundo, lleguen a Palacio de Gobierno», expresó.
En esa misma línea, Castillo le recordó al Congreso que en 2021 ganó las elecciones y que los parlamentarios acudieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para reclamar sobre un supuesto fraude. Sin embargo, narró el expresidente, la OEA «les dijo que respeten la voluntad popular».
«Y ahora, luego de este juicio de tres años de encierro, me doy cuenta de que ustedes hicieron una trinchera para sacarme de Palacio. Algunos decían muerte a Castillo», dijo.
«Dan ustedes a demostrar que tampoco se pusieron de acuerdo. En la acusación constitucional se habla de que el poder emana del pueblo. Si el pueblo me dio el poder, ustedes me la quitaron; el pueblo me dio el poder y ustedes me lo usurparon», resaltó.
Pedro Castillo al Congreso: «Se han convertido en instrumentos del poder»
En su misma intervención, Castillo acusó a los miembros del Congreso de «haberse convertido en instrumentos de poder para mantener sumergidos a las grandes mayorías del Perú». Asimismo, rememoró que, durante su gobierno, presentó más de 64 proyectos de ley para expulsar a extranjeros del país, ingreso libre de jóvenes a las universidades y que le negaron salir del país mientras era presidente.
«Creemos que todo lo que se ha venido haciendo no es más que una conspiración que ustedes la ejercieron. El día 7 de diciembre, solo hice una lectura trasladando el clamor del pueblo peruano a través de un discurso», mencionó.
El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como la inhibición de tres magistrados a quienes acusa de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.
«La inhibición de oficio de los magistrados José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez por vulneración, parcialidad manifiesta y adelanto de opinión (…) la suspensión inmediata del dictado de sentencia», se lee.
El exmandatario reclama la suspensión inmediata de la lectura de sentencia al argumentar que el proceso tiene vicios graves que comprometen la independencia judicial y las garantías del debido proceso. Entre sus pedidos está la incorporación del registro audiovisual de una audiencia que, según sostiene el ex jefe de Estado, evidenciaría irregularidades en el trámite.
Castillo solicita que las supuestas vulneraciones queden registradas formalmente para, de ser necesario, llevar su caso ante instancias internacionales de derechos humanos. Sostiene que actúa en ejercicio de su defensa material y que las decisiones cuestionadas afectan la validez de todo el proceso penal seguido en su contra.
Fiscalía pide 34 años de prisión contra el expresidente
En este proceso, la Fiscalía ha requerido 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 años para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, al atribuirles el presunto delito de rebelión. No obstante, los magistrados también podrían optar por emitir una sentencia por conspiración, lo que reduciría las penas a 19 años y 30 días en el caso de Castillo, y a 11 años, 5 meses y 15 días para Chávez y Torres.
Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado que los tres exfuncionarios sean inhabilitados por tres años y medio y que asuman una reparación civil superior a los S/ 64 millones.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, mientras que el expremier Aníbal Torres recibió una pena de 6 años y 8 meses. Según el fallo, todos tuvieron distintos niveles de participación en la planificación y coordinación del intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022.
«La fiscalía ha pedido para Pedro Castillo 11 años 5 meses de cárcel, el tribunal considera que dicha pena es legal, proporcional y es la que debe imponerse. En lo que corresponde a la pena de inhabilitación (…) le corresponde una pena de 2 años», sostuvo la jueza Norma Carbajal.
En su resolución, los jueces sostuvieron que Castillo lideró la coordinación del intento de ruptura del orden constitucional y que sus exministros colaboraron en distintos niveles para facilitar la ejecución del plan. Además. la Sala pudo determinar que el mensaje a la Nación fue «una manifestación de que Castillo arrogó el ejercicio de poder».
Inicialmente, la Fiscalía solicitó 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betssy Chávez y Willy Huerta, el Ministerio Público pidió penas de 25 años, mientras que para Aníbal Torres requirió 15 años de cárcel.
ENFOQUE REAL 