El excongresista y actual precandidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, consideró esta mañana que el expresidente Pedro Castillo no cometió un delito, sino una infracción constitucional en su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Hasta los fujimoristas abogados dicen eso. No solamente yo, como yo soy abogado y profesor universitario, y si hubiera visto algún delito le hubiera dicho”, declaro en el bloque Precandidatos Elecciones Generales 2026.

A pesar de que Castillo Terrones anunció el cierre arbitrario del Parlamento, Lescano señaló que el profesor chotano, quien afronta un pedido de 34 años de prisión por este caso, solo cometió un “error político” que luego dejó al mando a Dina Boluarte y, finalmente, a José Jerí.

Para el aspirante presidencial, el exmandatario no incurrió en el delito de rebelión, imputado por la Fiscalía, porque no se desplegó al Ejército en las calles ni se llegaron a tomar las instituciones estatales.

“Aquí el señor Castillo hizo un discurso, nadie le hizo caso. Todos sacaron su comunicado y lo único que pasó es que lo enmarrocaron y se lo llevaron, siendo presidente de la República”, alegó.

“Castillo se ha puesto al margen de la Constitución. Eso es infracción constitucional, no es delito. Hay ladrones que están en las calles paseando, ladrones probados que estuvieron en el poder, que no les pasa nada”, agregó.

Betssy Chávez también cometió un error político, según Lescano

Al igual que su postura sobre Castillo Terrones, Lescano considero que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, también cometió un “error político” por su supuesta participación en el mensaje que Pedro Castillo leyó el día del fallido golpe de Estado.

Consultado sobre si el Gobierno peruano debería otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra asilada en la Embajada de México en Perú, Lescano respondió: “Creo que cualquier país puede dar asilo si ve y considera que una persona requiere ponerse a buen recaudo”.

Juntos por el Perú anunció la precandidatura al Senado del expresidente Pedro Castillo. Al tratarse de una persona que sigue un proceso penal por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, podría pensarse que no se encuentra habilitado para un cargo público, sin embargo no es así.

José Naupari y José Villalobos, especialistas en derecho electoral, precisaron a este diario que el estar sometido a un proceso penal no constituye un impedimento para postular a cargos de elección popular. Esto se sustenta en el artículo 34-A de la Constitución, que impide ello a personas con sentencia condenatoria en primera instancia por un delito doloso.

«El impedimento surge a partir de una sentencia condenatoria, que Pedro Castillo no tiene aún», indica Naupari. Así lo señala la referida norma que tiene por objetivo garantizar la integridad de los funcionarios públicos al impedir la candidatura de aquellos que hayan sido condenados por delitos graves.

Ambos agregan que a esto se suma el hecho de que Castillo Terrones tampoco está inhabilitado para ejercer la función pública por el Congreso.

«Si lo inhabilitan antes del 23 de diciembre no podrían inscribirlo como candidato… o si lo condenan. En su caso, ya se han realizado los alegatos de defensa, por lo que se conocerá la sentencia en unas semanas. Lo que pase primero», indicó Villalobos.

Agregó que, en caso el exmandatario no llegue a tener una sentencia condenatoria en primera instancia ni sea inhabilitado por el Congreso, podría presentarse como candidato al Senado en las Elecciones 2026. «Con condena penal firme hasta un día antes de la elección puede ser excluido», manifestó.

Congreso busca inhabilitar a Pedro Castillo

En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones, aprobó, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional e inhabilitación contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. Todos parte del proceso por el fallido autogolpe de Estado.

“Hemos determinado en la conclusión que, de conformidad con lo establecido en […] el Reglamento del Congreso y en virtud de haber seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución, al Reglamento del Congreso, la jurisprudencia y doctrina pertinente, dando el derecho a que las partes expongan sus posiciones, consideramos [que] las conclusiones arribadas […] son constitucionalmente justas, considerando los motivos expuestos y que las medidas sugeridas a adoptarse se encuentran dentro de los parámetros normativos, y a las cuales creemos efectivos para el cumplimiento de la finalidad del proceso de acusación constitucional”, sustentó la congresista Ana Zegarra, encargada de presentar el informe final.

El expresidente Pedro Castillo protagonizó este miércoles 6 de noviembre un nuevo incidente en el juicio oral que enfrenta por el delito de rebelión, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante la audiencia, el chotano ignoró las reiteradas órdenes de la jueza encargada y utilizó su turno de acreditación para lanzar un extenso discurso de tinte político, en el que volvió a presentarse como una supuesta víctima de persecución.

“El 7 de diciembre, señores jueces, cuando traslado la inquietud del pueblo peruano a un discurso, lo hice porque cuando asumí el gobierno llevé a cabo consejos de ministros descentralizados (…) El pueblo lo que pedía es que trabajemos de acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial, las autoridades, los alcaldes, los gobernadores regionales… Que eliminemos esos organismos paralelos al Gobierno”, expresó Castillo.

Castillo insistió en continuar con su discurso
Lejos de seguir el procedimiento establecido, el golpista insistió en continuar con sus palabras, pese a la advertencia clara que hizo la magistrada en un inicio.

“Como se le ha dicho en todas las sesiones, es el momento de su acreditación; de no hacerlo, se da por concluida su intervención”, le recordó la jueza en un principio.

El exmandatario, sin embargo, elevó el tono y arremetió contra las instituciones del Estado. “¡Más del 90 % del pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial!”, replicó con voz alta.

Juez lo frenó y lo llamó al orden
Ante la desobediencia del acusado, uno de los jueces del tribunal intervino para poner fin al episodio y recordarle las normas del proceso judicial.

“Tiene que esperar el momento oportuno. Acá solamente es para identificarse. Si después lo quiere hacer (hablar), lo hace. Señor Castillo, termine de hablar, acredítese, terminamos con el señor Llerena y le tomamos su examen ahora, con el procedimiento que corresponde”, indicó el magistrado.

No obstante, Castillo persistió con sus declaraciones fuera de lugar, lo que motivó una reacción firme del juez: “Va a escuchar nuestra respuesta en la sentencia que se dicte, tomando en cuenta lo que está diciendo”, advirtió el magistrado, dejando claro que las provocaciones del reo no pasarían desapercibidas en el proceso.