El coronel PNP Harvey Colchado, coordinador del equipo especial que apoya a los fiscales contra la corrupción, afirmó que el expresidente Pedro Castillo será sentenciado una vez que concluya el juicio en su contra.
“Para nosotros, la investigación es sólida. Hay elementos de convicción y seguramente en un futuro va a ser sentenciado condenatoriamente, pero ya está en el ámbito procesal”, señaló a TV Perú.
“Lo que nos compete es reunir elementos de convicción, coordinar con la fiscalía, trabajar en conjunto y todo ese resultado se ha remitido a la fiscalía suprema y ellos han denunciado. es un trámite normal”, añadió.
Colchado desestimó que Castillo Terrones haya asegurado que se encuentra “secuestrado” en las diferentes participaciones en audiencias judiciales y desde el penal de Barbadillo,
Respecto a la investigación del caso Marka Group, el coronel PNP aseguró que solo falta ubicar y capturar al exesposo de Goray, Luis Mesones.
“Ya sale su requisitoria. Seguramente va a ser objeto de estar en el programa de los más buscados”, estimó.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración.
Con esta medida se pretende que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones den cuenta a la Fiscalía «de la titularidad y el tráfico de llamadas (entrantes y salientes) con fecha, hora y tiempo de duración, del 2 al 16 de diciembre del 2022». Ello, a fin de que puedan obtener información de los días anteriores y posteriores al fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el exmandatario.
La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley y advirtió que «la ejecución de la medida por el Ministerio Público será única y exclusivamente bajo responsabilidad funcional».
¿Para qué levantar el secreto de las comunicaciones?
En el requerimiento del Ministerio Público, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza Salas señaló que pretendía no solo conocer la titularidad de 9 chips telefónicos, sino, además, verificar si hubo comunicaciones entre los exministros Betssy Chávez (extitular de la PCM), Willy Huerta (exministro del Interior), Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior y Turismo) y Aníbal Torres (exasesor de la PCM).
Meza Salas argumentó que se trataría de una medida necesaria para determinar si hubo coordinaciones entre los involucrados para la posterior ejecución del presunto delito de rebelión.
“Permitirá, llegado el momento, tener indicios para establecer que ocurrió en aquellas fechas, la elaboración, planificación, coordinación, concertación para la emisión del Mensaje a la Nación brindado por el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones”, se puede leer en el requerimiento fiscal.
El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reveló que su partido político nunca aspiró ganar las elecciones generales del 2021, por lo que fue una sorpresa ver al chotano Pedro Castillo con la banda presidencial.
El sentenciado por corrupción dijo, en una conferencia que reunió adeptos del lápiz, que solo tenían en agenda pasar la valla electoral con la finalidad de no perder la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Para terminar, hablando de las categorías dialécticas, Waldemar (su hermano) se olvidó de la siguiente: necesidad y casualidad. Nosotros tuvimos necesidad de pasar la valla y, por casualidad, ganó (Pedro) Castillo”, recordó Cerrón Rojas al culminar la actividad partidaria.
El procurador general Daniel Soria ha solicitado a la Corte Suprema el embargo de inmuebles que pertenecen al expresidente Pedro Castillo y al expremier Aníbal Torres, investigados por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Con esa medida, Soria quiere asegurar el cobro de reparación civil de S/67 millones 711 mil 48 que podrían pagar de forma solidaria Castillo, Torres, la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. El monto final lo decidirá el Poder Judicial.
El procurador general Daniel Soria ha solicitado a la Corte Suprema el embargo de inmuebles que pertenecen al expresidente Pedro Castillo y al expremier Aníbal Torres, investigados por perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Con esa medida, Soria quiere asegurar el cobro de reparación civil de S/67 millones 711 mil 48 que podrían pagar de forma solidaria Castillo, Torres, la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. El monto final lo decidirá el Poder Judicial.
En una semana, el expresidente Pedro Castillo Terrones cumplirá siete meses detenido por el golpe de Estadoque perpetró el 7 de diciembre de 2022.
Desde entonces, el exmandatario y su entorno se han encargado de empapelar la mesa de partes del sistema de justicia del Perú en un acto desesperado por conseguir su liberación. Sin embargo, su estrategia no ha tenido éxito en el Poder Judicial (PJ).
Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, se han presentado al menos 15 recursos para dejar sin efecto el encarcelamiento e incluso, restituirlo en el poder, aunque todo ha sido desestimado.
Sus recursos van entre hábeas corpus, apelaciones, acciones de amparo, tutelas de derecho, casaciones y otros (ver infografía).
Estos son los recursos que se han presentado a favor de expresidente Pedro Castillo. (Infografía: Diario Correo)
POR MONTONES
El 8 de diciembre de 2022, un día después del golpe, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López, declaró improcedente el recurso de hábeas corpus que presentó Gregorio Parco en representación de la Federación Nacional de Abogados.
El recurso intentó, sin éxito, liberar al expresidente de la prisión preliminar bajo el argumento de que su detención fue arbitraria porque no se levantó su inmunidad.
Sin embargo, el juez consideró que se no acreditó la vulneración al derecho de la libertad de Castillo.
En febrero de este año, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de Gisela Ocaña Chalco, rechazó el hábeas corpus que presentó la misma Federación de Abogados mencionaba con anterioridad.
El grupo no solo buscó liberar a Castillo, sino también restituirlo en sus funciones.
Al respecto, la magistrada Ocaña precisó en el escrito que la defensa de Castillo pretendía hacer uso de un recurso constitucional para intervenir en un proceso parlamentario. Como se recuerda, fue el Congreso el encargado de vacar a Castillo Terrones.
En el mismo sentido fueron declarados improcedentes otros recursos dehábeas corpus en Lima.
Al observar que su estrategia en la capital no tenía resultados, los defensores de Castillo optaron por acudir a las regiones.
Sus abogados presentaron un hábeas corpus en San Martín y tres en Junín, todos declarados improcedentes.
El objetivo era liberar a Castillo de los 18 meses de prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado.
Además, se presentaron tres apelaciones: Una para anular los 18 meses de prisión por el golpe, una para anular los 36 meses de prisión que se ordenó contra Castillo por presuntamente liderar una organización criminal y una última anular la investigación en su contra por los hechos de corrupción en su gestión.
Se presentaron dos cuestiones previas, en primera y segunda instancia, a fin de anular la investigación contra Castillo por el delito de rebelión. Ambas fueron declaradas infundadas.
También se declaró infundada una tutela de derechosque presentó la defensa de Castillo, al cuestionar una supuesta violación al debido proceso.
Con el recurso pretendían eliminar la investigación por el delito de rebelión. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley recordó en la resolución que el exmandatario Castillo conocía los cargos y los hechos que le imputaba la fiscalía, así como su grado de participación, por lo que no podía alegar que sus derechos fueron afectados.
El congresista de la República, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley que plantea otorgar una amnistía a todas las personas involucradas en la redacción o lectura del Mensaje a la Nación, con el cual el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de estado al disponer el cierre del Parlamento.
El P.L N° 05468/2022-CR indica que la propuesta se sustenta en la “ausencia de lesión a bienes jurídicos amparados por el marco normativo penal”.
“El beneficio será dado a todos los que se encuentren denunciados, investigados, procesados o condenados por los actos derivados u originados con ocasión y como consecuencia de la redacción o lectura del mencionado Mensaje a la Nación”, señala en el proyecto.
A través de su cuenta de Twitter, Bellido indicó que esta iniciativa “busca promover la reconciliación y la paz en nuestro país para garantizar el desarrollo económico”.
Asimismo, en el proyecto presentado por el congresista de Perú Bicentenario se indica que todos los casos derivados de este que se encuentren en trámite o en ejecución ante la Fiscalía o Poder Judicial (PJ) quedarán archivados definitivamente.
También plantea dejar sin efecto el pago por reparación civil y tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público anularán los antecedentes policiales, judiciales o penales de las personas amnistiadas con respecto a este tema.
Como otro punto, la propuesta legislativa solicita la excarcelación inmediata de quienes por este caso se encuentren arrestados, con detención, prisión o pena privativa.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/NOTLOJKUJJB6JDXERUDQCADT6A.jpg)
ENFOQUE REAL 