La Fiscalía de la Nación presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y 24 parlamentarios por supuestamente haber integrado una red criminal encargada de negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y organizaciones estatales.

La denuncia fue presentada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo Terrones fue el líder de una red criminal presuntamente compuesta por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve de las bancada izquierdista de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.

La denuncia constitucional también alcanza a sus exministros, como el prófugo Juan Silva, titular de Transportes y Comunicaciones; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción; y Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros y titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía imputa a Silva el delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, mientras que a Prado le atribuye organización criminal y negociación incompatible, y a Chávez se le acusa de negociación incompatible.

¿Cómo habría operado la red presuntamente liderada por Castillo?

Según la investigación, la supuesta red negociaba votos parlamentarios a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como en organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.

Cabe precisar que, a raíz de este caso y otros de presunta corrupción denunciados desde el inicio de su gobierno, Castillo Terrones afrontó una tercera moción de vacancia ante el Congreso y debía exponer su defensa ante el pleno el 7 de diciembre de 2022. No obstante, el exmandatario optó por anunciar el cierre arbitrario del Parlamento.
Horas después de su anuncio, el profesor chotano fue destituido del cargo y reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

Actualmente, Castillo es enjuiciado por la presunta comisión del delito de rebelión por su fallido golpe de Estado, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que también solicita que se impongan 25 años de prisión a Chávez. 

El Congreso busca impedir que el expresidente Pedro Castillo postule en las elecciones generales del 2026. La Comisión Permanente aprobó este miércoles declarar procedente dos denuncias constitucionales contra el exmandatario con el objetivo de inhabilitarlo de ejercer cargos públicos, justo cuando hay un proceso electoral en marcha.

Las dos denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes son por el supuesto intento de intervenir la Derrama Magisterial y el uso de la Fuerza Aérea para favorecer a sus familiares.

Avanza juicio político contra Pedro Castillo

Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tiene 15 días para avanzar la investigación y presentar un informe final que resuelva la inhabilitación de Pedro Castillo.

La primera acusación constitucional, referida a la intervención de la Derrama Magisterial, fue presentada por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos. La Comisión Permanente la declaró procedente con 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención.

La segunda denuncia constitucional, respecto al presunto uso irregular de los vuelos de la FF.AA para beneficio de sus sobrinos y familiares, fue interpuesta por el congresista no agrupado Edward Málaga. La Comisión Permanente la declaró procedente con 15 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, deberá elegir a dos delegados que se hagan cargo de elaborar los informes finales de las dos investigaciones contra Pedro Castillo.

Congreso pretende vengarse de Pedro Castillo

El Congreso ha demostrado que cuando se trata de desplazar a sus potenciales rivales políticos y electorales, pisa el acelerador. Sucedió con el expresidente Martín Vizcarra, quien busca ser candidato presidencial, pero lo han inhabilitado tres veces de la función pública.

Similar panorama afronta Castillo. En un contexto en que agrupaciones de izquierda, como Juntos por el Perú y el Nuevo Perú, buscan conformar una alianza electoral con él, el Congreso acelerar dos denuncias constitucionales que puedan terminar inhabilitándolo de la función pública y, por ende, de ser candidato en las elecciones generales del 2026.

El expresidente de la República, Pedro Castillo, reapareció nuevamente y protagonizó fuerte intercambio de palabras con los jueces que lideraban la audiencia judicial de este jueves, 19 de junio. Según precisó, se encuentra «secuestrado» y su familia es la que más sufre.

Pedro Castillo reitera su inocencia

Durante la audiencia de juicio oral desde el penal Barbadillo, el exmandatario no dudó en reiterar su inocencia sobre los delitos que se le imputan tras el intento de golpe de Estado en el 2022. «Los grupos de poder han hecho todo lo posible para tenerme acá», precisó Castillo.

«A raíz de todo este caso que me ha pasado, el que más se ha llevado de esta situación es mi señora madre, mis padres y mi menor hija y el resto de mi familia que los tengo lejos. No es posible que a raíz de mi encierro tengo problemas de salud», dijo Castillo.

De tal modo, Castillo inició su participación recordando que fue elegido constitucionalmente por la población peruana, mediante votación electoral. Según precisó, los grupos de poder habrían actuado en su contra e inventaron que iba a «implementar un gobierno comunista».

En tal sentido, el exmandatario invitó a los jueces presentes a entender que habría sido víctima de dichos poderes, por lo que aseguró estar gustoso de querer pasear con los magistrados, la Fiscalía y Procuraduría y así, lo puedan juzgar.

Jueza Norma Carbajal pide respetar audiencia

Además, Castillo Terrones aseguró que los que más sufren con su situación legal son los integrantes de su familia y, resaltó que a raíz de su encierro en el penal Barbadillo, tiene problemas de salud. 

En ese momento, Castillo fue interrumpido por la jueza Norma Carbajal, quien recordó que su participación debió ser breve solo para acreditarse; sin embargo, el expresidente interrumpió y continuó con su defensa. El expresidente aseguró estar secuestrado y los jueces le pidieron no no incurrir en excesos cuando se le da el uso de la palabra.

«Señor Castillo, usted tiene la oportunidad procesal, si la requiere de hablar lo que corresponda, pero estamos en un proceso penal y este es el momento de la acreditación, le estamos dando la oportunidad y usted la está utilizando y está ampliando, por favor concluya», dijo la jueza Carbajal.

De esta manera, el expresidente de la República, Pedro Castillo, protagonizó un intenso intercambio de palabras con los jueces que lideraban la audiencia judicial de este jueves, 19 de junio. 

La Confederación Suiza rechazó un pedido de cooperación judicial del Ministerio Público peruano en el juicio contra el expresidente Pedro Castillo y el teniente PNP Eder Infanzón Gómez pues consideró que los hechos vinculados al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 son un “delito político” y, según su legislación, ese país no brinda asistencia en esos casos.

La negativa fue comunicada a través del Ministerio Público suizo como respuesta a una solicitud de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía peruana, que buscaba conocer el estado migratorio y tiempo de permanencia en ese país del teniente Infanzón, declarado reo contumaz por no asistir al juicio.

La autoridad suiza argumentó que los cargos contra el oficial corresponden a delitos contra el Estado y, por tanto, son de naturaleza política, lo que impide brindar información conforme a su ley sobre asistencia judicial penal internacional.

El documento remitido por Suiza detalla que su normativa interna —específicamente el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre asistencia judicial penal internacional— prohíbe expresamente la cooperación en casos relacionados con delitos políticos.

Además, cita que el tratado bilateral vigente con Perú contempla la posibilidad de denegar asistencia si los hechos imputados son considerados como tales.

De este modo, cualquier intento de Perú por obtener información sobre la situación de Infanzón, como la fecha de ingreso al país, su paradero o si ha solicitado asilo, queda sin respuesta oficial.

Implicado

Infanzón es uno de los tres policías acusados de participar en el golpe. Según la Fiscalía, tras el mensaje de Castillo, recibió órdenes del general Manuel Lozada, entonces jefe de la VII Región Policial Lima, para impedir el ingreso de congresistas al hemiciclo. El propio Infanzón declaró que ejecutó la orden en coordinación con el comandante Justo Venero.